miércoles, 18 de noviembre de 2015

HISTÓRICO FALLO: LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA LEGALIZÓ LA ADOPCIÓN DE MENORES PARA PAREJAS HOMOSEXUALES


El día miércoles 04 de octubre de 2015, será recordado como un día histórico para los derechos humanos en Colombia y Latinoamérica. Ese día, la Corte Constitucional de Colombia (la Corte, en adelante), al resolver una demanda de inconstitucionalidad, avaló la adopción de menores de edad por parte de parejas homosexuales, consolidando la línea jurisprudencial progresista que a lo largo de los últimos años ha venido marcando en materia de libertades y garantías individuales.
Como se sabe, durante la última década, la Corte ha emitido una serie de fallos destinados a tutelar los derechos fundamentales de la comunidad LGTBI. Primero, fue la sentencia mediante la cual se reconoció el derecho de las parejas homosexuales a formar familias. Luego, la Corte reconoció el derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños si la solicitud recaía en el hijo biológico del compañero (a) permanente. Para finalmente, como ya se señaló, reconocer jurisprudencialmente el derecho de adopción de menores de edad para las parejas homosexuales.
El fallo fue emitido luego de varias semanas de deliberación, tiempo durante el cual progresistas y conservadores, tuvieron la oportunidad de exponer públicamente sus posiciones, en un clima de apertura, tolerancia y respeto; algo que en un país machista y homofóbico como el Perú resulta impensable. Este proceso de deliberación pública hizo posible que quienes tuvieron la responsabilidad de tomar la decisión pudieran contar con la mayor información posible y estuvieran en condiciones de calibrar el peso de los argumentos constitucionales esgrimidos por las partes.
Fue así como, después de una discusión que duró más de 9 horas, la Corte tomó la decisión de respaldar, con 6 votos a favor y 2 en contra, la ponencia presentada por el magistrado Jorge Iván Palacio, jurista cuya trayectoria se ha caracterizado por su alto compromiso con los ideales del liberalismo igualitario. Ahora bien, como era de esperarse, este fallo ha generado opiniones encontradas en los sectores inmersos en este debate.
Por un lado, resulta importante mencionar que el Gobierno de Juan Manuel Santos mostró su apoyo abierto a esta decisión al señalar, por intermedio de sus voceros del Ministerio de Justicia, que a partir de ahora la homosexualidad sería irrelevante y todas las personas gozarían de las mismas condiciones cuando inicien un trámite de adopción. En esa misma línea, la Directora de la ONG Colombia Diversa, además de felicitar a la Corte, declaró que este tipo de decisiones deben tener continuidad en la sociedad, sobre todo en países como los latinoamericanos, en donde todavía hay mucho por hacer frente a la discriminación, el abuso policial, los homicidios y otros delitos de los que son víctimas los homosexuales.
En la otra orilla, encontramos a los representantes de la Iglesia Católica, que luego de conocer el fallo ratificaron lo que habían afirmado durante las semanas de debate en cuanto a que una decisión de este tipo podría acabar con las bases del Estado colombiano. Aunque sin lugar a dudas, fueron las declaraciones vertidas por el Procurador General de Colombia, las que generaron mayor rechazo entre los que defendían la tesis de la Corte, pues como se recordará, el señor Alejandro Sánchez señaló que la propuesta no era otra cosa que experimentos de ingeniería social que cierto sector quería practicar con niños en situación de vulnerabilidad.
Pero más allá de lo que puedan haber señalado progresistas y conservadores sobre el fallo, resulta fundamental dar a conocer los argumentos utilizados por la Corte para resolver este caso. Sobre este punto, es menester señalar que fue la Presidenta de la Corte, María Victoria Calle, la que informó de manera general acerca del contenido de la sentencia, el mismo que resumiremos a continuación.
En primer lugar, la Corte reformuló su análisis y en lugar de abordar la temática desde el derecho de las parejas homosexuales decidió hacerlo desde la óptica de los derechos de los menores a tener una familia. En esa línea, era lógico que la Corte terminara señalando que los niños tienen el derecho a crecer dentro de una familia independientemente de la condición sexual de sus padres adoptivos.
En segundo lugar, la Corte afirmó que según la Constitución, los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia constitucional colombiana, la orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismo indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar. Es por ello, afirma la Corte, que no se le puede negar una familia a un niño fundándose únicamente en la orientación sexual de sus padres adoptivos.
En tercer lugar, la Corte resaltó que impedir que un niño tenga una familia, basándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja, representa una restricción inaceptable de los derechos del niño y resulta contrario a su interés superior protegido por la Constitución colombiana y el marco normativo que la integra.
En cuarto lugar, la Corte expresó categóricamente que en vista de que no se encuentra acreditado de manera concluyente que los menores sufran o puedan sufrir algún tipo de afectación en su desarrollo armónico e integral por el hecho de ser adoptados o crecer en el entorno de una familia conformado por parejas homosexuales, discriminar a estas últimas, excluyéndolas del universo de potenciales adoptantes implica una violación del derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella.
En quinto lugar, la Corte manifestó que en cualquier situación, prima el derecho de los niños, especialmente de aquellos en situación de abandono, a tener una familia, y que ese derecho justamente puede concretizarse brindándoles cualquier tipo de familia que se encuentre constitucionalmente reconocida, ya sea aquellas forjadas por vínculos legales o naturales, o las que se conforman por la voluntad responsable de sus integrantes. Sobre este punto, sin lugar a dudas, influyó el hecho de que desde 2011, la Corte haya reconocido que las uniones homosexuales constituyen también una familia.
En sexto lugar, la Corte consideró cifras como la que señala que el año pasado 5,500 menores estaban en listas de espera para una familia adoptante, pero que tan sólo 1100 de esos menores consiguieron un hogar. No obstante ello, la Corte puntualizó que cualquier proceso de adopción debe estar siempre dirigido a garantizar el interés superior del menor y el restablecimiento de sus derechos. Por ello, es deber constitucional del Estado verificar si se cumplen los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, antes de determinar una adopción, más allá de la orientación sexual de los padres adoptivos.
En suma, luego de este fallo, Colombia se une al grupo de países latinoamericanos que como México, Uruguay, Argentina y Brasil, ya han reconocido el derecho de las parejas homosexuales a adoptar. Así, la comunidad LGTBI colombiana queda a la espera de que el Congreso de su país apruebe legislativamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, para con ello, ver garantizados el derecho a la protección de los bienes de pareja, el servicio de salud, las prestaciones pensionarias y el derecho a heredar.

Finalmente, en lo personal, espero que en el Perú, más temprano que tarde, también se adopten este tipo de decisiones jurisdiccionales y/o legislativas auténticamente democráticas, libertarias e igualitarias. 

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miércoles, 11 de marzo de 2015

LAS PAREJAS HOMOSEXUALES SÍ PUEDEN ADOPTAR NIÑOS


La Corte Constitucional de Colombia (en adelante, la Corte) ha puesto punto final al intenso debate que durante las últimas semanas se generó en torno a la posibilidad de una ampliación del derecho de adopción para las parejas homosexuales, el mismo que no se limitaría al hijo biológico del compañero (a) con quien se tiene una relación estable, sino que operaría frente a cualquier niño en estado de abandono.

Así, en la noche del miércoles 18 de febrero, la Corte, luego de ocho (8) horas de debate, anunció a través de su cuenta en Twitter que “las parejas homosexuales sólo podrán adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero (a) permanente", confirmando lo señalado en la Sentencia SU-617 (2014), y ratificando su línea jurisprudencial marcada desde el año 2011 (Sentencia C-577) referida al reconocimiento y protección de los derechos de la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales).

Ahora bien, tomando como referencia lo señalado por Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa, la más importante organización que defiende los derechos de la comunidad LGTB, habría que señalar que la comunidad LGTB en Colombia, como en otros países del mundo, ha venido conquistando derechos paulatinamente. Primero fue la protección a los bienes de la pareja, luego su afiliación a la sanidad, después el derecho a recibir una pensión y el de heredar a su compañero sentimental cuando fallezca. Asimismo, las parejas homosexuales solicitaron que se les reconozca el derecho a constituir una familia, logrando que se abra la posibilidad de acudir a notarías y juzgados a legalizar sus uniones civiles.


¿Qué estableció la Corte en 2014?

El año pasado, la Corte, mediante la Sentencia SU-617, con seis votos a favor y seis en contra, en el marco de un Pedido de Tutela (equivalente a nuestro Proceso de Amparo), aprobó que Verónica Botero adopte a la hija “biológica” de Ana Leiderman, con quien sostiene una relación desde 2005.

Las dos mujeres se conocieron desde niñas en Medellín. En 2005 ambas optaron por formalizar su unión en Alemania. Luego, la pareja decidió tener un hijo, por lo que Ana se sometió a un tratamiento de inseminación artificial. Fue así como en 2008 nació su hija y al año siguiente Verónica inició los trámites de adopción. Finalmente, luego de 6 años de lucha jurídica y de vencer uno sin número de obstáculos procesales, la pareja logró que su caso llegue a conocimiento de la Corte, la misma que en un fallo histórico, terminó dándoles la razón, abriendo la puerta para que las parejas homosexuales puedan adoptar si alguno de los dos es el padre o la madre biológica del menor y quien quiera adoptarlo sea su pareja sentimental estable.

La Corte hizo una importante precisión

Luego de la polémica generada por este fallo, la Corte se vio en la necesidad de explicarle a la sociedad colombiana que esta decisión se refería estrictamente a los casos de Adopción Consentida. Es decir, cuando una persona quiere adoptar al hijo biológico de su compañero (a), precisando que para que esto ocurra, la pareja debía llevar por lo menos dos (2) años junta. Cabe recordar que Verónica y Ana tenían en 2014 una relación estable de nueve (9) años.


Ahora bien, dado que los sectores conservadores señalaron que este fallo habría la posibilidad para que las parejas homosexuales adopten de manera general (no sólo a los hijos biológicos sino a cualquier niño en estado de abandono), lo que se conoce con el nombre de Adopción Conjunta, la Corte aclaró que este tema sería visto en 2015, pues ya tenía conocimiento acerca de la presentación de una Demanda de Inexequibilidad (equivalente a nuestro Proceso de Inconstitucionalidad) que buscaba justamente analizar la validez constitucional de las normas legales que impiden la Adopción Conjunta.

Nuestra posición frente a la Corte

Es justamente la decisión tomada por la mayoría de la Corte (5 magistrados) en este nuevo fallo, la que ahora comentaremos, haciendo nuestro el enfoque constitucional expuesto por los magistrados (la minoría): Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, jueces que estaban a favor de reconocer el derecho de adopción a las parejas homosexuales ya sea a través de la Adopción Consentida o Adopción Conjunta, lo cual les permitiría adoptar no sólo a los hijos biológicos del compañero (a) estable, sino a cualquier niño en estado de abandono. Así, nosotros consideramos lo siguiente:

Primero:

La Corte debió avanzar hacia el reconocimiento de la igualdad de las familias conformadas por parejas heterosexuales y aquellas integradas por parejas del mismo sexo, en materia de adopción, más cuando existen elementos jurídicos y científicos suficientes para llegar a una decisión en esta dirección, los cuales derrotan ampliamente los preconceptos y estereotipos, constitucionalmente inadmisibles, en los que subrepticiamente se sostiene un trato diferenciado entre estas familias, y que termina siendo discriminatorio.



Así, la evidencia empírica, los estándares del derecho internacional vinculantes para Colombia, los precedentes del derecho comparado y los propios de la Corte Constitucional (Sentencias C-577 de 2011, T-276 de 2012 y SU-617 de 2014), así como conclusiones científicas y académicas significativamente mayoritarias, demuestran que impedir la adopción de menores por el solo hecho de la orientación sexual de las personas, implicaba no sólo un trato discriminatorio para las familias conformadas por parejas de esta condición, sino un déficit de protección para los menores en situación de adoptabilidad.

Segundo:

La posición mayoritaria no podía desconocer, como en efecto queda plasmado en la sentencia, que las familias integradas por parejas del mismo sexo se encuentran constitucionalmente reconocidas y protegidas, ya sean las conformadas por unión de hecho o las constituidas mediante la celebración de un vínculo contractual solemne formalizado ante juez o notario (Sentencia C-577 de 2011), protección que goza en la actualidad de reconocimiento constitucional. Esta protección no puede circunscribirse, a una dimensión patrimonial, o restringirse con fundamento en estereotipos o en preconceptos sociales que terminan alimentando tratos discriminatorios. De este modo, resulta incoherente que luego de acoger un concepto sociológico y pluralista de familia en el que también están comprendidas las parejas del mismo sexo, se les restrinja la posibilidad de consolidar y desarrollar su estatus de familia constitucionalmente protegido a través de la adopción conjunta.

Tercero:

La Corte no podía fijar restricciones genéricas e indeterminadas para la adopción por parte de familias conformadas por personas del mismo sexo, puesto que ello en el fondo implica un examen de idoneidad en abstracto, que toma en consideración la orientación sexual de los potenciales adoptantes. El examen de idoneidad debe efectuarse en cada caso concreto, a efecto de establecer si los miembros de la pareja, al margen de su orientación sexual, garantizan la idoneidad, física, mental, moral y social suficientes, para brindar una familia adecuada y estable a un niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad. La exclusión genérica y en abstracto, comporta un trato discriminatorio, en tanto el único fundamento es la orientación sexual de las personas.


Asimismo, la decisión mayoritaria, pese a que teóricamente lo pregone, no es consecuente con la concepción de familia plasmada en la Constitución en la que ni la heterosexualidad ni la consanguinidad constituyen características que la definan o identifiquen. Si se parte del concepto amplio, pluralista y comprehensivo de familia previsto en el mencionado precepto superior, como corresponde a un tribunal encargado de garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, los elementos que sí identifican, definen y caracterizan a todos los tipos de familia son los lazos de amor, el respeto y la solidaridad. Son estos factores, frente a los que la orientación sexual resulta irrelevante, los que deben contar a la hora de evaluar el entorno ideal para el desarrollo integral de un menor de 18 años.

Por tanto, este reconocimiento parcial, incompleto y precario, además de desconocer el carácter diverso y pluralista de las familias colombianas, conduce a nuevas inequidades, que quizás la mayoría no advirtió, como la de poner en un plano desventajoso y de exclusión al hijo adoptivo de uno de los miembros de la pareja, frente al hijo biológico, único que podrá ser objeto de la adopción consentida, según la postura mayoritaria. Estos reconocimientos parciales e incompletos perpetúan escenarios de exclusión, e impiden avances significativos en la lucha contra la discriminación.

Cuarto:

La mayoría admite, por una parte, que la Constitución ordena y protege la adopción consentida del hijo biológico del compañero o compañera permanente, con independencia de si este es del mismo o de distinto sexo que el adoptante. Aceptar esto implica necesariamente asumir que el hecho de estar conformada una pareja por personas del mismo sexo no comporta su falta de idoneidad como padres o madres adoptantes. Si una pareja del mismo sexo, puede criar a una hija o hijo biológico de uno de sus integrantes, es porque el hecho de la conformación sexual de la familia no determina su aptitud como padres o madres. Luego, si se acepta la adopción consentida del hijo biológico de uno de los miembros de la pareja del mismo sexo, pero al mismo tiempo se excluye a esa misma pareja, o a otra que no tenga hijos biológicos, de la posibilidad de adoptar conjuntamente, se abre paso a obvios problemas y paradojas.

Quinto:

La Corte parece sostener que la Constitución condiciona la posibilidad de adoptar, por parte de parejas del mismo sexo, a que sea sobre el hijo biológico de uno o una de las integrantes de la familia. Esto puede interpretarse de dos maneras: o bien como una forma de protección al menor de edad, o bien como un modo de identificar un criterio que determine la aptitud de la pareja para criar al niño, niña o adolescente. Sin embargo, en cualquiera de estas dos alternativas habría inconsistencias profundas, radicales y extensas que demuestran la irrazonabilidad de la decisión tomada en este caso por la Corte.


En todo caso, cabría preguntarse por qué la Corte circunscribe la adopción consentida a que el hijo sea biológico. La cuestión es que una mujer o un hombre, de forma individual y sin tener pareja, pueden adoptar a un menor de edad. Si eso ocurre, y su relación paterno filial trascurre en condiciones perfectamente acordes con el ordenamiento jurídico, se ha creado una situación igual a la que tiene un hijo con su madre o padre biológico. ¿Acaso un menor que por desventura está por fuera del seno de sus padres biológicos pero es adoptado inicialmente por un individuo, no puede ser luego adoptado, por consentimiento, por la pareja del mismo sexo de su adoptante inicial, aun cuando tenga igual confianza, arraigo familiar y amor que un hijo biológico? La decisión diferenciada de la Corte introduce, como se ve, una discriminación fundada en el origen familiar del menor, que está expresamente prohibida por la Constitución.

Sexto:

La mayoría de la Corte “dice” tomar una decisión sobre la base de unos principios (dignidad, libertad e igualdad), pero luego se abstiene de llevarlos hasta sus consecuencias lógicas. La mayoría basó su condicionamiento en el principio de igualdad. Por ese motivo, al decidir que las parejas del mismo sexo pueden adoptar al hijo biológico de uno de ellos, acepta explícitamente que no hay razones para un trato diferenciado e implícitamente que los niños y niñas no sufren por ello consecuencias negativas, pues de haberlo considerado así no habría efectuado el condicionamiento. Concedidas esas premisas, es entonces incomprensible que la mayoría concluya su argumentación con una distinción entre hijos biológicos y no biológicos. Si, por una parte, las parejas del mismo sexo no representan peligro para los biológicos, ¿por qué no aceptar expresamente que tampoco lo son por ese hecho para ningún otro menor de edad?

A modo de conclusión

Nos parece oportuno tomar la opinión expuesta por el ex  magistrado de esta Corte, Carlo Gaviria Díaz en la Sentencia T-290 de 1995, para redondear con total nitidez la posición que nosotros tenemos frente a esta temática: “negarle a una persona la posibilidad de adoptar o cuidar un niño, por la sola razón de ser homosexual, constituiría ciertamente un acto discriminatorio contrario a los principios que inspiran nuestra Constitución”. Además, este magistrado nos recuerda que “el comportamiento ético de una persona nada tiene que ver con sus predilecciones amorosas y es aquél, y no estas, el que ha de evaluarse para decidir si un adulto es o no competente para educar a un niño”.


Por lo tanto, y apelando a la vigencia de la posición expuesta por Gaviria Díaz hace más de veinte años, nosotros creemos, siguiendo al juez Luis Ernesto Vargas Silva, que en esta oportunidad la Corte, en ejercicio del control abstracto y de efectos generales que le correspondía en sede de constitucionalidad, debió avanzar hacia el reconocimiento de la posibilidad de adoptar, por parte de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, independientemente del origen biológico o adoptivo del niño, e incluso hacia la posibilidad de adoptar conjuntamente como familia que convoca el reconocimiento y la protección constitucional, en condiciones de igualdad.

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viernes, 23 de julio de 2010

La legalización del matrimonio homosexual en Argentina


Hace exactamente una semana, Argentina se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego de una larga jornada de 13 horas y un durísimo debate en el cual los defensores del SI y el NO, respectivamente, se acusaron de todo, el Senado aprobó la Ley con 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones, para pesar de la ultra conservadora Iglesia Católica, la cual en todo momento se mostró en contra a dicha iniciativa por considerar que esta es contraria al “plan de dios en la tierra”.

Con esta medida, las parejas homosexuales ven igualados sus derechos en relación a las heterosexuales en temas vinculados a la adopción, la herencia y los beneficios sociales. Dicho de otro modo, hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual, podrán contraer matrimonio con la persona que elijan y gozarán de todos y cada uno de los derechos que por largos años fueron patrimonio exclusivo de la unión heterosexual.

Según el mandato expreso de la totalidad, o casi la totalidad, de Constituciones del mundo y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, todos los hombres y mujeres de la tierra somos iguales, gozamos de los mismos derechos y libertades. Mujeres y hombres ejercemos, o deberíamos hacerlo, todos y cada uno de nuestros derechos a plenitud. Los únicos límites que válidamente pueden establecerse para el goce de los mismos son aquellos que buscan la protección del derecho de los demás. Clásica es la frase: mis derechos terminan donde terminan los tuyos. Asimismo, el orden jurídico, y básicamente la Constitución de la nación establece ciertas restricciones a la libertad personal si se trata de proteger otros bienes de interés colectivo como la seguridad ciudadana, el orden o la tranquilidad pública. Siendo ello así: ¿Qué razones podrían justificar la negativa de ciertos países, como es el caso del Perú, a permitir o legalizar la unión entre personas del mismo sexo? ¿O es que los homosexuales no deberían gozar de los mismos derechos que los heterosexuales frente al matrimonio?

La Constitución de nuestro país señala claramente que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Es decir que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, religión u otra razón. Reconocer la figura del matrimonio única y exclusivamente como atributo del hombre o mujer heterosexual, no es acaso una manera de discriminación por razón de opción o identidad sexual. Tú si puedes casarte porque eres heterosexual, pero tú no por ser homosexual. Tal diferencia, desde mi modo de ver las cosas, resulta una abierta discrimación, una actitud por demás injusta y anacrónica a la luz de los nuevos tiempos, cuya única finalidad es perennizar la enorme desigualdad que aún existe en el mundo, y sobre todo en países como el nuestro, en materia de ejercicio de derechos civiles.

He tratado de encontrar, créanme que lo he hecho, razones jurídicas de peso que legitimen tal diferencia, lastimosamente la búsqueda ha sido infructuosa. Ante tal imposibilidad, me he visto obligado a escuchar y leer las declaraciones de aquellos que están en contra de esta medida, en nuestro país y en la mismísima Argentina, tratando de encontrar alguna justificación razonable, tampoco la he conseguido. Lo curioso es que en todas ellas los declarantes recurren a la figura de dios al momento de fundamentar su negativa: 1) el matrimonio es entre un varón y una mujer, así lo dice dios; 2) la biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer pues la finalidad del mismo es la reproducción; 3) los homosexuales son hijos de dios pero no gozan de los mismos derechos que los demás; 4) el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural.

Todas estas afirmaciones resultarían válidas, o en todo caso menos discutibles, si todos en la sociedad compartiésemos las mismas creencias. En primer lugar, qué ocurre con aquellas personas que no creen o que cuestionan la existencia de dios, también a ellas debería obligárselas a adoptar esta creencia. En segundo lugar, quién ha dicho que la finalidad del matrimonio es la procreación. La procreación es una decisión única y exclusiva de la pareja. La finalidad del matrimonio, creo, es la búsqueda de la felicidad al lado de la persona a la cual uno ama, y para ello no importa, o no debería importar, si esta persona es mujer u hombre, así como no importa si es blanco, negro o chino, o católico, mormón o testigo de Jehová. En tercer lugar, y esta es una pregunta para los católicos, por qué si todos somos hijos de dios, al menos eso dicen ellos, unos tiene más derechos que otros, por qué los hombres, por ejemplo, gozan de mayores libertades que las mujeres en su religión. En cuarto lugar, porque la unión afectiva entre dos personas del mismo sexo es antinatural. Lo antinatural es que parejas que de amor no saben absolutamente nada sigan juntas, lo antinatural es que el varón que recibió la bendición sacerdotal el día de su matrimonio masacre a golpes a su esposa y la Iglesia y sociedad no hagan nada, lo antinatural es que la Iglesia que se autodenomina defensora de los derechos de los más vulnerables haya ocultado, de la manera más vil y cómplice posible, los miles de actos de pedofilia y abuso sexual de menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo. Eso es lo realmente antinatural. Lo otro es pura constatación de la realidad, las personas, hombres o mujeres, se unen entre sí porque así deciden hacerlo, y nadie tiene el derecho de juzgar o satanizar a esa unión. O es que alguien cree estar capacitado para fungir de juez de la moral terrenal y decirnos qué está bien y qué mal. Acaso, Cipriani sería un buen juez, me pregunto yo.

Lo peligroso de esta forma de encarar el problema, es que hace del Estado y del orden jurídico un medio para imponer las ideas o dogmas de un sector de la sociedad, que por más mayoritario que sea, no puede, ni debe lesionar el derecho de las minorías. Usar al Derecho para legalizar o prohibir conductas, bajo el fundamento que las mismas son contrarias al plan de dios o a la doctrina de la Iglesia Católica, es algo francamente intolerable en una sociedad democrática y un Estado laico, en donde lo que se busca es justamente lo contrario, es decir, la apertura, la pluralidad, el respeto y la tolerancia por las diferentes formas de pensar y vivir.

La preocupación por la intolerancia vista en estos días en torno al tema no es una exageración, la preocupación por el impacto que un discurso dogmático como el católico pueda tener entre sus seguidores es algo que debe llamar poderosamente nuestra atención. Tres hechos corroboran esta preocupación: El primero da cuenta de la negativa de una jueza de paz argentina que ha declarado que no accederá a casar a una pareja homosexual pues dios lo prohíbe, es decir, para esta jueza la sola invocación del nombre de dios le da carta abierta para desconocer una ley de la república y con ello violar los derechos de las personas. El segundo, vincula a otro juez argentino que declaró que prefiere casar a Alfredo Astiz, más conocido como “el ángel de la muerte” (se le imputa el asesinato, secuestro y tortura de decenas de personas durante la dictadura 1976-1983) que cumplir la ley y casar a una pareja homosexual, es decir, como juez prefiere casar a un tipo que mató, vejó y martirizó a seres humanos que reconocer el derecho de otros por el solo hecho de no compartir sus gustos de alcoba. Y el tercero, y más preocupante, da cuenta de la paliza de la cual fue víctima un grupo de lesbianas y gays en Polonia, donde durante una marcha en la cual exigían el respeto por sus derechos civiles de los gays, fueron agredidos cobardemente por un grupo de fanáticos católicos, quienes los acusaban de ser enviados del demonio.

Sin lugar a dudas, tal y como lo ha señalado Cristina Fernández, presidenta de Argentina, esta ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo marca un hito en al hemisferio. Se convierte en una apuesta por el reconocimiento y continua ampliación en el goce de derechos y libertades para todos y cada uno de los ciudadanos argentinos. Resulta en ese sentido, poco responsable y hasta ridículo que la Iglesia Católica argentina señale que esta medida no es sino el resultado de la imposición ideológica de aquellos que pretenden destruir la fe y la imagen de dios de los argentinos. Tanto la Iglesia Católica, como el sector a favor de la medida, han tenido la posibilidad de exponer sus ideas públicamente, de tratar de convencer a la ciudadanía y a los representantes políticos de votar a favor o en contra de la ley. Esta vez la suerte no la favoreció, como tantas veces sí lo hizo, y no por ello se puede llamar delincuentes, inmorales o agentes del mal, a todos los que no comparten su línea de pensamiento. En una democracia las ideas se exponen, no se imponen por la fuerza o el amedrentamiento, ello es así porque en una democracia no existen discursos únicos, no existen verdades inamovibles, y es a partir del debate que se alcanzan acuerdos.

De este modo, la nación Argentina, se une al grupo de otros países en los cuales esta medida ya había asido adoptada, países tales como Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia. Espero, dadas mis convicciones libertarias y democráticas, que esta medida poco a poco vaya adquiriendo mayor fuerza en la región, espero que llegue el día en que todos en nuestro país puedan unirse en matrimonio con la persona a la cual elijan, eso nos convertirá en una sociedad más civilizada, en la que todos podamos gozar de los mismos derechos y libertades.

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jueves, 3 de septiembre de 2009

El matrimonio en el siglo XXI


Uno de los temas más polémicos en nuestros días, tanto en el Perú como en el mundo, es la posibilidad de ampliar las fronteras de la institución matrimonial y permitir que personas del mismo sexo contraigan nupcias. Hace algunos años a nadie en la ciudad de Lima se le hubiera ocurrido siquiera la posibilidad de que una propuesta de este tipo cobre viabilidad tanto desde el punto de vista social como jurídico. Hoy en día, la sociedad peruana, y en especial la limeña, ha cambiado de manera de pensar, ha sido capaz de ampliar sus horizontes mentales y percibir con una mayor apertura la presencia cada vez más continua de personas que presentando una opción sexual no tradicional (heterosexualidad) tienen el pleno derecho de elegir y desarrollar cabalmente su propio proyecto de vida, el cual incluye, sin lugar a dudas, la posibilidad de elegir una pareja, vivir con ella, establecer lazos de afecto a lo largo del tiempo y gozar, en alguna medida, de la protección legal que las parejas heterosexuales reciben de parte de la Constitución y las leyes de nuestro país.

Una reciente encuesta elaborada por el grupo Apoyo revela cifras que avalan a plenitud el diagnóstico antes descrito. Según este estudio el 80% de entrevistados (de un universo de 1000 personas) respondió que tolera a los homosexuales y más del 60 % señaló estar de acuerdo en que la homosexualidad es una opción sexual distinta pero válida. Estos datos grafican el cambio que la sociedad peruana ha venido experimentando en los últimos años, al parecer, el índice de tolerancia hacia lo diferente y la aceptación de que lo distinto o inusual no es necesariamente malo es una tendencia que no parece menguar y que, de acuerdo a la opinión de analistas y expertos en el tema, en los próximos años tenderá a generalizarse con una mayor fuerza y convicción.

Pero no todas las preguntas de la mencionada encuesta recibieron respuestas tan progresistas y liberales. Tenemos que el 61% considera peligroso para los niños que un homosexual sea profesor escolar y un 51% afirma que no compartiría una habitación con un homosexual. Sin lugar a dudas, el sondeo completo nos habla de una sociedad que se encuentra en permanente cambio de mentalidad, cambio que no puede darse de manera abrupta y gradual, sobre todo cuando este trae consigo la modificación de patrones mentales y condicionamientos sociales que han estado inmersos en el discurso colectivo durante muchísimos años (la homosexualidad es una enfermedad, los homosexuales son más promiscuos que los heterosexuales, los niños no estarán a salvo en manos de una persona homosexual, etc.). Sobre el particular, el psicoanalista Moisés Lemlij afirma: Las cifras nos hablan de una ambiente social que empuja a la gente a ser más liberal” aunque no todos estén convencidos de ellos. Además, no todos los cambios se dan en paralelo, una cosa es la tolerancia en abstracto, y otra cosa es aceptar que sus hijos les confiesen que son homosexuales o dejarlos al cuidado de uno”.

Ahora bien, la polémica sobre la posibilidad de consagrar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo sigue siendo el debate que mayores enfrentamientos suscita en los diversos círculos de la sociedad. Debemos tener en cuenta que durante casi 2000 años, la religión ha tenido gran influencia en la manera como las instituciones jurídicas han sido diseñadas y consagradas en los diversos ordenamientos jurídicos del mundo. En ese sentido, en sociedades como la nuestra en las cuales la influencia de los dogmas católicos tiene una presencia muy fuerte, hablar de la posibilidad de un matrimonio civil entre personas del mismo sexo se torna un sacrilegio. Recordemos que para la Iglesia Católica el matrimonio sólo es posible entre personas de diferente sexo, entre un varón y una mujer, ya que la finalidad del mismo es la reproducción humana y la educación de los niños y niñas de acuerdo a los planes que dios ha revelado en las santas escrituras.

El problema de argumentar en favor o en contra de una propuesta de este tipo a partir de las consideraciones morales o religiosas que el grupo mayoritario de una sociedad profesa (los católicos) radica en el desconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos de profesar otras creencias y otros cultos, estableciendo una suerte de preferencia a favor de la mayoría, vulnerando el derecho de un sector de la población que goza del derecho a reclamarle al Estado el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de los mismos en condiciones de igualdad y con plena libertad. El Estado, a través de su legislación, ya sea penal o civil, no puede imponer un modelo de realización personal a seguir, no puede obligarnos o conminarnos a elegir un modelo de vida y una opción que no es la nuestra, no puede hacerlo de manera directa (hay todavía 80 países en los cuales ser homosexual es ilegal) o indirecta (desconociendo el derecho de las personas del mismo sexo a un tipo de unión civil que les garantice derechos como el seguro médico o la herencia), el Estado , en cambio, en una sociedad democrática y plural, debe reconocer, promover y velar por el ejercicio pleno y cabal de los derechos de todos sus ciudadanos, sin distinciones absurdas que traigan consigo conductas discriminatorias entre unos y otros.

Las voces que se oponen a esta iniciativa señalan que resulta antinatural que dos personas del mismo sexo se unan civilmente, me pregunto quién define lo que es natural o antinatural en la sociedad contemporánea, que la homosexualidad es una enfermedad, cuando ya en 1973 la Asociación Psiquiátrica de EE.UU retiró la homosexualidad de su lista de patologías mentales, que resulta peligroso reconocer el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo ya que el paso siguiente será el reconocerles el derecho de adopción, situación que no se ha presentado en ninguno de los 17 países (España, Holanda, Argentina) en los cuales se permite algún tipo de unión civil.

Personalmente creemos que no existen razones jurídicas, y de ningún tipo, que imposibiliten la figura de algún tipo de unión civil entre personas del mismo sexo, ellas tienen derecho a elegir libremente su plan de vida, a compartir su vida con el ser que mejor prefieran, a ejercer sus derechos con tanta libertad como las parejas heterosexuales, y a recibir por parte del Estado y la sociedad un trato que no suponga una discriminación encubierta que entorpezca o menoscabe su derecho al libre desarrollo de su personalidad.

En tal sentido, recomendamos la incorporación de la figura de la unión civil entre parejas del mismo sexo, la modificación del artículo 5º de la Constitución el cual sólo admite la posibilidad de uniones de hecho que originen comunidad de bienes en los casos de las uniones entre un varón y una mujer, ya que entendemos que la finalidad de la unión entre dos seres humanos, la decisión de hacer una vida en común, no pasa por el hecho de traer hijos al mundo o no, sino por el deseo de compartir una vida al lado del ser querido y que esta goce del aval y la protección de la sociedad y del Estado, en temas tan cruciales como la herencia, el seguro médico y todo el conjunto de beneficios y garantías que el matrimonio civil le otorga a la pareja.

Finalmente, no podemos terminar el presente artículo sin hacer mención a la problemática de la adopción en las parejas del mismo sexo, ya que la controversia que se suscita en torno a este tema, y los temores que se desatan en la sociedad merecen una respuesta que va mas allá del ámbito estrictamente jurídico, ya que debemos de tener en cuenta que en este supuesto el bien jurídico y el valor que está en juego es la tutela de los derechos del menor, en ese sentido, deberá de considerarse el impacto psicológico que esta figura tenga en el desarrollo de la personalidad del niño, por ello somos de la idea que si bien se debe de reconocer la posibilidad de legalizar la unión o matrimonio civil entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que esta pareja adopte es una tema que merece una mayor discusión ya no en el ámbito jurídico, sino en al ámbito médico, y psicológico particularmente.

Rafael Rodríguez Campos



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