viernes, 23 de julio de 2010

La legalización del matrimonio homosexual en Argentina


Hace exactamente una semana, Argentina se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego de una larga jornada de 13 horas y un durísimo debate en el cual los defensores del SI y el NO, respectivamente, se acusaron de todo, el Senado aprobó la Ley con 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones, para pesar de la ultra conservadora Iglesia Católica, la cual en todo momento se mostró en contra a dicha iniciativa por considerar que esta es contraria al “plan de dios en la tierra”.

Con esta medida, las parejas homosexuales ven igualados sus derechos en relación a las heterosexuales en temas vinculados a la adopción, la herencia y los beneficios sociales. Dicho de otro modo, hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual, podrán contraer matrimonio con la persona que elijan y gozarán de todos y cada uno de los derechos que por largos años fueron patrimonio exclusivo de la unión heterosexual.

Según el mandato expreso de la totalidad, o casi la totalidad, de Constituciones del mundo y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, todos los hombres y mujeres de la tierra somos iguales, gozamos de los mismos derechos y libertades. Mujeres y hombres ejercemos, o deberíamos hacerlo, todos y cada uno de nuestros derechos a plenitud. Los únicos límites que válidamente pueden establecerse para el goce de los mismos son aquellos que buscan la protección del derecho de los demás. Clásica es la frase: mis derechos terminan donde terminan los tuyos. Asimismo, el orden jurídico, y básicamente la Constitución de la nación establece ciertas restricciones a la libertad personal si se trata de proteger otros bienes de interés colectivo como la seguridad ciudadana, el orden o la tranquilidad pública. Siendo ello así: ¿Qué razones podrían justificar la negativa de ciertos países, como es el caso del Perú, a permitir o legalizar la unión entre personas del mismo sexo? ¿O es que los homosexuales no deberían gozar de los mismos derechos que los heterosexuales frente al matrimonio?

La Constitución de nuestro país señala claramente que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Es decir que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, religión u otra razón. Reconocer la figura del matrimonio única y exclusivamente como atributo del hombre o mujer heterosexual, no es acaso una manera de discriminación por razón de opción o identidad sexual. Tú si puedes casarte porque eres heterosexual, pero tú no por ser homosexual. Tal diferencia, desde mi modo de ver las cosas, resulta una abierta discrimación, una actitud por demás injusta y anacrónica a la luz de los nuevos tiempos, cuya única finalidad es perennizar la enorme desigualdad que aún existe en el mundo, y sobre todo en países como el nuestro, en materia de ejercicio de derechos civiles.

He tratado de encontrar, créanme que lo he hecho, razones jurídicas de peso que legitimen tal diferencia, lastimosamente la búsqueda ha sido infructuosa. Ante tal imposibilidad, me he visto obligado a escuchar y leer las declaraciones de aquellos que están en contra de esta medida, en nuestro país y en la mismísima Argentina, tratando de encontrar alguna justificación razonable, tampoco la he conseguido. Lo curioso es que en todas ellas los declarantes recurren a la figura de dios al momento de fundamentar su negativa: 1) el matrimonio es entre un varón y una mujer, así lo dice dios; 2) la biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer pues la finalidad del mismo es la reproducción; 3) los homosexuales son hijos de dios pero no gozan de los mismos derechos que los demás; 4) el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural.

Todas estas afirmaciones resultarían válidas, o en todo caso menos discutibles, si todos en la sociedad compartiésemos las mismas creencias. En primer lugar, qué ocurre con aquellas personas que no creen o que cuestionan la existencia de dios, también a ellas debería obligárselas a adoptar esta creencia. En segundo lugar, quién ha dicho que la finalidad del matrimonio es la procreación. La procreación es una decisión única y exclusiva de la pareja. La finalidad del matrimonio, creo, es la búsqueda de la felicidad al lado de la persona a la cual uno ama, y para ello no importa, o no debería importar, si esta persona es mujer u hombre, así como no importa si es blanco, negro o chino, o católico, mormón o testigo de Jehová. En tercer lugar, y esta es una pregunta para los católicos, por qué si todos somos hijos de dios, al menos eso dicen ellos, unos tiene más derechos que otros, por qué los hombres, por ejemplo, gozan de mayores libertades que las mujeres en su religión. En cuarto lugar, porque la unión afectiva entre dos personas del mismo sexo es antinatural. Lo antinatural es que parejas que de amor no saben absolutamente nada sigan juntas, lo antinatural es que el varón que recibió la bendición sacerdotal el día de su matrimonio masacre a golpes a su esposa y la Iglesia y sociedad no hagan nada, lo antinatural es que la Iglesia que se autodenomina defensora de los derechos de los más vulnerables haya ocultado, de la manera más vil y cómplice posible, los miles de actos de pedofilia y abuso sexual de menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo. Eso es lo realmente antinatural. Lo otro es pura constatación de la realidad, las personas, hombres o mujeres, se unen entre sí porque así deciden hacerlo, y nadie tiene el derecho de juzgar o satanizar a esa unión. O es que alguien cree estar capacitado para fungir de juez de la moral terrenal y decirnos qué está bien y qué mal. Acaso, Cipriani sería un buen juez, me pregunto yo.

Lo peligroso de esta forma de encarar el problema, es que hace del Estado y del orden jurídico un medio para imponer las ideas o dogmas de un sector de la sociedad, que por más mayoritario que sea, no puede, ni debe lesionar el derecho de las minorías. Usar al Derecho para legalizar o prohibir conductas, bajo el fundamento que las mismas son contrarias al plan de dios o a la doctrina de la Iglesia Católica, es algo francamente intolerable en una sociedad democrática y un Estado laico, en donde lo que se busca es justamente lo contrario, es decir, la apertura, la pluralidad, el respeto y la tolerancia por las diferentes formas de pensar y vivir.

La preocupación por la intolerancia vista en estos días en torno al tema no es una exageración, la preocupación por el impacto que un discurso dogmático como el católico pueda tener entre sus seguidores es algo que debe llamar poderosamente nuestra atención. Tres hechos corroboran esta preocupación: El primero da cuenta de la negativa de una jueza de paz argentina que ha declarado que no accederá a casar a una pareja homosexual pues dios lo prohíbe, es decir, para esta jueza la sola invocación del nombre de dios le da carta abierta para desconocer una ley de la república y con ello violar los derechos de las personas. El segundo, vincula a otro juez argentino que declaró que prefiere casar a Alfredo Astiz, más conocido como “el ángel de la muerte” (se le imputa el asesinato, secuestro y tortura de decenas de personas durante la dictadura 1976-1983) que cumplir la ley y casar a una pareja homosexual, es decir, como juez prefiere casar a un tipo que mató, vejó y martirizó a seres humanos que reconocer el derecho de otros por el solo hecho de no compartir sus gustos de alcoba. Y el tercero, y más preocupante, da cuenta de la paliza de la cual fue víctima un grupo de lesbianas y gays en Polonia, donde durante una marcha en la cual exigían el respeto por sus derechos civiles de los gays, fueron agredidos cobardemente por un grupo de fanáticos católicos, quienes los acusaban de ser enviados del demonio.

Sin lugar a dudas, tal y como lo ha señalado Cristina Fernández, presidenta de Argentina, esta ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo marca un hito en al hemisferio. Se convierte en una apuesta por el reconocimiento y continua ampliación en el goce de derechos y libertades para todos y cada uno de los ciudadanos argentinos. Resulta en ese sentido, poco responsable y hasta ridículo que la Iglesia Católica argentina señale que esta medida no es sino el resultado de la imposición ideológica de aquellos que pretenden destruir la fe y la imagen de dios de los argentinos. Tanto la Iglesia Católica, como el sector a favor de la medida, han tenido la posibilidad de exponer sus ideas públicamente, de tratar de convencer a la ciudadanía y a los representantes políticos de votar a favor o en contra de la ley. Esta vez la suerte no la favoreció, como tantas veces sí lo hizo, y no por ello se puede llamar delincuentes, inmorales o agentes del mal, a todos los que no comparten su línea de pensamiento. En una democracia las ideas se exponen, no se imponen por la fuerza o el amedrentamiento, ello es así porque en una democracia no existen discursos únicos, no existen verdades inamovibles, y es a partir del debate que se alcanzan acuerdos.

De este modo, la nación Argentina, se une al grupo de otros países en los cuales esta medida ya había asido adoptada, países tales como Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia. Espero, dadas mis convicciones libertarias y democráticas, que esta medida poco a poco vaya adquiriendo mayor fuerza en la región, espero que llegue el día en que todos en nuestro país puedan unirse en matrimonio con la persona a la cual elijan, eso nos convertirá en una sociedad más civilizada, en la que todos podamos gozar de los mismos derechos y libertades.

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jueves, 3 de diciembre de 2009

La Iglesia Católica y las minorías sexuales


Una vez más las altas autoridades del Vaticano, en este caso su ex Ministro de Salud, cardenal Javier Lozano Barragán, sorprenden al mundo con declaraciones que ponen de manifiesto el clima de intolerancia y homofobia aún presentes en el seno de la Iglesia Católica. “Los homosexuales y transexuales no entrarán jamás en el reino de los cielos”, manifestó el cardenal.


A renglón seguido, tratando de justificar sus alucinantes declaraciones, no tuvo mejor idea que recurrir a lo dicho por San Pablo hace casi 2000 años para señalar que “uno no nace homosexual, sino que se convierte. Por razones diferentes, de educación o porque la propia identidad no se desarrolló durante la adolescencia. Puede que ellos no sean culpables, pero actuar contra la naturaleza y la dignidad del cuerpo no les garantiza entrar en el reino de los cielos”, manifestó el afiebrado cardenal.


Pero las declaraciones fueron más allá, luego de señalar el homosexualismo es un desorden, dijo también que los homosexuales son unos pecadores, y que es justamente ello lo que no les garantiza su ingreso en el reino del señor. No obstante ello, y como para que su intervención no sea catalogada como intolerante a la luz de los nuevos tiempos, instó a los hombres y mujeres del mundo a no cometer actos de discriminación contra ellos ya que el deber de los católicos es tratarlos con respeto y compasión.


Seguramente, al igual que yo, todos nos preguntaremos ¿Cómo un hombre con este tipo de complejos y limitaciones espirituales pudo haber llegado a ser una voz autorizada en las altas esferas del Vaticano, desempeñándose como Ministro de Salud?¿Cómo alguien que llama pecadores y tilda de desviados a personas que presentan una opción sexual distinta a la heterosexual puede luego hacer una llamado contra la discriminación de las minorías sexuales? ¿Cómo alguien puede decir que las puertas del cielo están cerradas para algunos hombres llamándolos pecadores y al mismo tiempo hablar de compasión y respeto por esos mismos hombres?


Sin lugar a dudas son preguntas que nos deben de invitar a una profunda reflexión en torno a la relación existente entre la religión, sus principios y dogmas, y la compatibilidad de estos con la construcción de una sociedad libre y democrática, en la cual las personas sean tratadas con dignidad, más allá de las diferencias sociales, religiosas, étnicas, o sexuales existentes. En un mundo en el cual los índices de violencia y discriminación parecen no descender, en un mundo en el cual la posibilidad de identificarse con el prójimo y colaborar de manera solidaria con su desarrollo y progreso es una tarea pendiente, en un mundo en el cual las diferencias interpersonales han servido para construir muros insalvables entres los seres humanos; declaraciones como las vertidas por este anacrónico cardenal no parecen contribuir con la concreción del mensaje de Cristo basado en el amor y respeto por el prójimo.


¿Qué autoridad tiene este mortal para decirle al mundo entero quién debe o quién no entrar en el reino de los cielos? Ninguna ¿Qué autoridad tiene este prócer de la discriminación para tildar de desviados o anormales a quienes viven de manera heterodoxa? Ninguna ¿Algún católico que cree en el mensaje de amor de Jesucristo puede estar de acuerdo con declaraciones que lo único que hacen es perpetuar las diferencias entre los seres humanos a partir de un conservadurismo rancio y una homofobia contraria a todo principio de pluralismo y tolerancia propios de las sociedades libres e igualitarias? No ninguno.


Evidentemente estas declaraciones traerán consigo una enorme polémica, el sentimiento de rechazo y repulsión hacia éstas ha sido tal que el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha tenido que salir a tratar de bajarle la temperatura al problema señalando que la iglesia no promueve ningún tipo de acción discriminatoria contra esta minoría sexual, instando a todos los hombres a tratarse con respeto. Me pregunto si éstas declaraciones responden a una reflexión sincera por parte de la máxima autoridad católica o no son más que un recurso mediático para frenar la andanada de críticas que semejante absurdo le ha ocasionada a la imagen del catolicismo en el mundo.


Lo preocupante del tema es que este tipo de opiniones no forman parte de la corriente de pensamiento minoritaria dentro de la Iglesia, de tiempo en tiempo todos somos testigos de una serie de hechos que ponen en tela de juicio el nivel de apertura del catolicismo para adaptar sus preceptos más añejos a las necesidades de los nuevos tiempos. Quizá este factor sea el que explique el éxodo masivo que desde hace algunas décadas atraviesa la Iglesia Católica, con la migración continua de sus fieles hacia otras iglesias o confesiones. Prueba de ello es el continuo fortalecimiento de la Iglesia Cristiana o Evangélica en nuestro continente, teniendo como ejemplo emblemático el caso de Brasil, país en el cual la Iglesia Evangélica ha experimentado un crecimiento exponencial en cuanto al número de seguidores.


Como no puede ser de otro modo, nuestro país también forma parte de este fenómeno, durante las últimas décadas el número de católicos que ha decidido migrar hacia otros credos ha ido en aumento, la posición intolerante del catolicismo en temas como la unión civil entre personas del mismo sexo, la eutanasia, la legalización del aborto por razones terapéuticas y/o eugenésicas, las políticas de planificación familiar, la difusión de la educación sexual en los colegios, es vista como un factor que disuade a los peruanos y peruanas al momento de adscribir su fe a una iglesia que permaneciendo ciega y sorda frente a una realidad que la desborda pretende regular la conducta humana apelando a principios que han dejado de tener vigencia hace mucho tiempo atrás.


En todo caso, y esta opinión es la de alguien que ejerce su derecho democrático a cuestionar la existencia de cualquier divinidad, sea católica, musulmana, israelí o hindú, creo que la pregunta que debemos de hacernos todos los latinoamericanos gira en torno a la labor o el rol que en los últimos años una institución tan importante como la Iglesia Católica ha desarrollado en el proceso de consolidación democrática de nuestra América Latina. Debemos preguntarnos si este tipo de autoridades religiosas, que profesan un discurso que genera un mayor antagonismo en nuestras sociedades, resultan positivas no sólo para la construcción de una sociedad mucho más libre, inclusiva y justa, sino también para la difusión del mensaje de amor que Dios, en caso este exista, quiso difundir entre los hombres a través de Jesucristo.




Rafael Rodríguez Campos

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sábado, 24 de octubre de 2009

Reflexiones sobre la prohibición de la "píldora del día siguiente"


En noviembre del año 2006, el Tribunal Constitucional peruano, mediante la sentencia 7435-2005PC/TC, ordenó al Ministerio de Salud que cumpla con las políticas de planificación familiar, entre ellas, la referida específicamente a la distribución gratuita de la denominada “píldora del día siguiente” (anticoncepción oral de emergencia AOE), en atención a un conjunto de informes científicos presentados por importantes instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS) , que señalaban el efecto anticonceptivo y no abortivo del producto.

A pesar de la polémica que el mencionado fallo ocasionó en su momento al interior de los sectores más conservadores de la sociedad como la iglesia o algunas ONG´s autodenominadas defensoras de la vida, la mayoría de peruanos y peruanas quedamos conformes con el sentido del fallo, ya que considerábamos a éste como un importante aporte en el desarrollo y protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y un compromiso por parte de las instituciones del Estado por difundir de manera mucho más eficaz las políticas de planificación familiar a todos los ciudadanos, en especial a los ciudadanos de menores recursos económicos.

Así, y durante aproximadamente dos años desde la emisión de la mencionada sentencia, el Estado, a través del Ministerio de Salud, se encargó de asegurar el derecho a la información y libre elección de la opción anticonceptiva de preferencia por parte de las mujeres, la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, y la información y distribución de la píldora como método anticonceptivo de emergencia, fortaleciendo, como ya hemos señalado líneas arriba, las políticas de planificación familiar, difundiéndolas a nivel nacional y con mayor impacto en los sectores más pobres.

Sin embargo, hace dos días, el jueves 22 del presente mes, el Tribunal Constitucional nos sorprende con la emisión de un nuevo fallo (sentencia 2005-2009-PA/TC) en el cual sin explicación razonable o racional alguna, y a partir de argumentación carente de todo sustento jurídico y científico decide dar marcha atrás en lo señalado en el año 2006 ordenándole al Ministerio de Salud (al mismo al que años anteriores le había ordenado todo lo contrario) dejar de desarrollar como política pública de salud la distribución gratuita de la “píldora del día siguiente”.

Frente a este panorama, sin lugar a dudas, no nos queda más que preguntarnos por las razones que nuestro tribunal ha tomado en consideración al momento de fundamentar tan nefasto fallo, sobre todo cuando en la sentencia del año 2006, apoyándose en la opinión especializada de la OMS, OPS, Sociedad de Obstetricia y Ginecología, Colegio Médico del Perú y el propio Ministerio de Justicia, resaltó el efecto anticonceptivo y no abortivo de la píldora, en tal sentido, es lógico que un fallo de esta naturaleza genere suspicacias en la comunidad jurídica y la ciudadanía en general, ya que dichos informes no han sido rebatidos explícitamente del 2006 a la fecha, y además por la presencia de un dato curioso en este tema: si uno revisa la parte resolutiva del fallo del 2006 que dio luz verde para la distribución de la píldora, encontrará que dos de los magistrados del tribunal, que en su momento apoyaron esta política de planificación familiar, deciden el día de hoy dar vuelta atrás, deciden prohibir lo que antes promovieron sin otra explicación que la pura y absoluta discrecionalidad que les otorga el cargo, es decir, sin mayor elemento de juicio jurídico o científico decidieron prohibir la distribución de un fármaco que se había convertido en una pieza fundamental en las políticas de planificación familiar en nuestro país.

Digo todo ello, porque si uno lee con atención el fundamento 53 de la sentencia del día jueves, en el que al parecer se sustenta el fallo el tribunal, uno puede colegir que en este se afirma que no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo, la inhibición de la implantación del óvulo fecundado del endometrio, en el uso de la píldora. Es decir, para el tribunal, la píldora del día siguiente puede poner en serio riesgo el derecho a la vida del concebido. Sin embargo, en el punto dos del fallo, el tribunal dispone que en el caso que este producto sea distribuido por el sector privado, éste se encuentra obligado a indicar en el producto el posible efecto abortivo del mismo. Es decir, para el tribunal la píldora puede afectar el derecho a la vida del concebido cuando es distribuida por el Estado, sin embargo, para este mismo tribunal eso no es necesariamente así cuando la distribución está en manos del sector privado, ya que a las farmacias no les prohíbe la venta, sólo les establece la obligación de indicar este presunto efecto en la posología del producto con la finalidad de alertar a los consumidores.

Evidentemente se trata de un fallo contradictorio en sí mismo, absurdo, y arbitrario, no sólo por sus defectos de orden jurídico y argumentativo sino sobre todo por basar su decisión en ningún tipo de evidencia científica seria que rebata de manera contundente lo que en su momento expusieron las entidades que hemos mencionado anteriormente, al parecer, el tribunal pretende que todos los informes científicos y médicos señalen el efecto anticonceptivo y no abortivo para autorizar su distribución gratuita por parte del Estado, si ello es así, pues esperaremos 1000 años para que ello suceda, ya que todos sabemos que los informes presentados por una de las partes en cualquier proceso siempre tendrán cierto sesgo, en cambio el informe de terceros imparciales como la OMS o la OPS gozan de una mayor credibilidad, el mismo que desde mi punto de vista no ha sido rebatido.

Ahora bien, cabe preguntarnos por el impacto que este fallo tendrá en la vida nacional, sobre todo, en la vida de las mujeres de nuestro país, en especial de las mujeres más pobres y necesitadas. Las mujeres pobres de nuestro país merecen tener a su disposición los mismos métodos anticonceptivos de aquellas que tienen la suerte de gozar de una situación económica y social más favorable, por ello, el Ministerio de Salud, a partir del primer fallo del tribunal sobre el tema, se encargó de distribuir gratuitamente la píldora, con la finalidad de reducir la tasa de embarazos no deseados, y con ello, reducir la tasa de abortos clandestinos que se dan día a día en nuestro país, con una mayor incidencia en los sectores populares y además, ser un mecanismo de control del embarazo en casos extremos como los de una violación, por ejemplo. Ahora, con este fallo, tenemos que el uso de la píldora se convierte en una práctica elitista, a la cual sólo podrán acceder las mujeres que cuenten con recursos para adquirir el producto en instituciones privadas. Sin lugar a dudas, la sentencia, sin quererlo explícitamente, lesiona el derecho a la igualdad y los derechos reproductivos de las mujeres más pobres del país, ya que coloca a ésta en una situación de disparidad frente a aquellas que sí podrán adquirir el producto previo pago, menoscabando su derecho a decidir libremente cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, y cómo tenerlos. Estas consideraciones, al parecer no han sido tomadas en cuenta por el tribunal, ya que si este tribunal considera que la píldora puede lesionar el derecho a la vida del concebido, debió de prohibir su distribución a nivel nacional y no solamente cuando dicha distribución corre a cargo del Ministerio de Salud ¿O es que el efecto o peligro es mayor en la madre que carece de recursos y recurre el Ministerio en búsqueda de la píldora y no en la mujer que compra el producto en la farmacia de la esquina de su casa?

Por todas estas consideraciones, creemos que esta sentencia no hace sino confirmar la profunda crisis por la cual está atravesando este tribunal, con fallos impresentables que se suceden uno tras otro como es el caso de esta sentencia. En todo caso esperemos que la situación antes descrita se corrija, que el Estado renueve su compromiso de promoción, difusión y distribución de la píldora como mecanismo de emergencia de planificación familiar, ya que ello se encuentra íntimamente ligado al reconocimiento y protección que el Estado debe de conceder a la mujer en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación reproductiva, en especial, a la mujer más pobre y por ende más vulnerable, esta es una exigencia en una sociedad democrática que comprende que la sexualidad y la decisión en torno a la maternidad forman parte de la esfera más intima de la persona y de la pareja, esfera en la cual el Estado no puede intervenir de manera arbitraria, favoreciendo a unos y desprotegiendo a otros, sin mayor argumento que los ya conocidos discursos dogmáticos y fundamentalistas del catolicismo y otros sectores igual de retrógrados.


Rafael Rodríguez Campos

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jueves, 3 de septiembre de 2009

El matrimonio en el siglo XXI


Uno de los temas más polémicos en nuestros días, tanto en el Perú como en el mundo, es la posibilidad de ampliar las fronteras de la institución matrimonial y permitir que personas del mismo sexo contraigan nupcias. Hace algunos años a nadie en la ciudad de Lima se le hubiera ocurrido siquiera la posibilidad de que una propuesta de este tipo cobre viabilidad tanto desde el punto de vista social como jurídico. Hoy en día, la sociedad peruana, y en especial la limeña, ha cambiado de manera de pensar, ha sido capaz de ampliar sus horizontes mentales y percibir con una mayor apertura la presencia cada vez más continua de personas que presentando una opción sexual no tradicional (heterosexualidad) tienen el pleno derecho de elegir y desarrollar cabalmente su propio proyecto de vida, el cual incluye, sin lugar a dudas, la posibilidad de elegir una pareja, vivir con ella, establecer lazos de afecto a lo largo del tiempo y gozar, en alguna medida, de la protección legal que las parejas heterosexuales reciben de parte de la Constitución y las leyes de nuestro país.

Una reciente encuesta elaborada por el grupo Apoyo revela cifras que avalan a plenitud el diagnóstico antes descrito. Según este estudio el 80% de entrevistados (de un universo de 1000 personas) respondió que tolera a los homosexuales y más del 60 % señaló estar de acuerdo en que la homosexualidad es una opción sexual distinta pero válida. Estos datos grafican el cambio que la sociedad peruana ha venido experimentando en los últimos años, al parecer, el índice de tolerancia hacia lo diferente y la aceptación de que lo distinto o inusual no es necesariamente malo es una tendencia que no parece menguar y que, de acuerdo a la opinión de analistas y expertos en el tema, en los próximos años tenderá a generalizarse con una mayor fuerza y convicción.

Pero no todas las preguntas de la mencionada encuesta recibieron respuestas tan progresistas y liberales. Tenemos que el 61% considera peligroso para los niños que un homosexual sea profesor escolar y un 51% afirma que no compartiría una habitación con un homosexual. Sin lugar a dudas, el sondeo completo nos habla de una sociedad que se encuentra en permanente cambio de mentalidad, cambio que no puede darse de manera abrupta y gradual, sobre todo cuando este trae consigo la modificación de patrones mentales y condicionamientos sociales que han estado inmersos en el discurso colectivo durante muchísimos años (la homosexualidad es una enfermedad, los homosexuales son más promiscuos que los heterosexuales, los niños no estarán a salvo en manos de una persona homosexual, etc.). Sobre el particular, el psicoanalista Moisés Lemlij afirma: Las cifras nos hablan de una ambiente social que empuja a la gente a ser más liberal” aunque no todos estén convencidos de ellos. Además, no todos los cambios se dan en paralelo, una cosa es la tolerancia en abstracto, y otra cosa es aceptar que sus hijos les confiesen que son homosexuales o dejarlos al cuidado de uno”.

Ahora bien, la polémica sobre la posibilidad de consagrar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo sigue siendo el debate que mayores enfrentamientos suscita en los diversos círculos de la sociedad. Debemos tener en cuenta que durante casi 2000 años, la religión ha tenido gran influencia en la manera como las instituciones jurídicas han sido diseñadas y consagradas en los diversos ordenamientos jurídicos del mundo. En ese sentido, en sociedades como la nuestra en las cuales la influencia de los dogmas católicos tiene una presencia muy fuerte, hablar de la posibilidad de un matrimonio civil entre personas del mismo sexo se torna un sacrilegio. Recordemos que para la Iglesia Católica el matrimonio sólo es posible entre personas de diferente sexo, entre un varón y una mujer, ya que la finalidad del mismo es la reproducción humana y la educación de los niños y niñas de acuerdo a los planes que dios ha revelado en las santas escrituras.

El problema de argumentar en favor o en contra de una propuesta de este tipo a partir de las consideraciones morales o religiosas que el grupo mayoritario de una sociedad profesa (los católicos) radica en el desconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos de profesar otras creencias y otros cultos, estableciendo una suerte de preferencia a favor de la mayoría, vulnerando el derecho de un sector de la población que goza del derecho a reclamarle al Estado el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de los mismos en condiciones de igualdad y con plena libertad. El Estado, a través de su legislación, ya sea penal o civil, no puede imponer un modelo de realización personal a seguir, no puede obligarnos o conminarnos a elegir un modelo de vida y una opción que no es la nuestra, no puede hacerlo de manera directa (hay todavía 80 países en los cuales ser homosexual es ilegal) o indirecta (desconociendo el derecho de las personas del mismo sexo a un tipo de unión civil que les garantice derechos como el seguro médico o la herencia), el Estado , en cambio, en una sociedad democrática y plural, debe reconocer, promover y velar por el ejercicio pleno y cabal de los derechos de todos sus ciudadanos, sin distinciones absurdas que traigan consigo conductas discriminatorias entre unos y otros.

Las voces que se oponen a esta iniciativa señalan que resulta antinatural que dos personas del mismo sexo se unan civilmente, me pregunto quién define lo que es natural o antinatural en la sociedad contemporánea, que la homosexualidad es una enfermedad, cuando ya en 1973 la Asociación Psiquiátrica de EE.UU retiró la homosexualidad de su lista de patologías mentales, que resulta peligroso reconocer el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo ya que el paso siguiente será el reconocerles el derecho de adopción, situación que no se ha presentado en ninguno de los 17 países (España, Holanda, Argentina) en los cuales se permite algún tipo de unión civil.

Personalmente creemos que no existen razones jurídicas, y de ningún tipo, que imposibiliten la figura de algún tipo de unión civil entre personas del mismo sexo, ellas tienen derecho a elegir libremente su plan de vida, a compartir su vida con el ser que mejor prefieran, a ejercer sus derechos con tanta libertad como las parejas heterosexuales, y a recibir por parte del Estado y la sociedad un trato que no suponga una discriminación encubierta que entorpezca o menoscabe su derecho al libre desarrollo de su personalidad.

En tal sentido, recomendamos la incorporación de la figura de la unión civil entre parejas del mismo sexo, la modificación del artículo 5º de la Constitución el cual sólo admite la posibilidad de uniones de hecho que originen comunidad de bienes en los casos de las uniones entre un varón y una mujer, ya que entendemos que la finalidad de la unión entre dos seres humanos, la decisión de hacer una vida en común, no pasa por el hecho de traer hijos al mundo o no, sino por el deseo de compartir una vida al lado del ser querido y que esta goce del aval y la protección de la sociedad y del Estado, en temas tan cruciales como la herencia, el seguro médico y todo el conjunto de beneficios y garantías que el matrimonio civil le otorga a la pareja.

Finalmente, no podemos terminar el presente artículo sin hacer mención a la problemática de la adopción en las parejas del mismo sexo, ya que la controversia que se suscita en torno a este tema, y los temores que se desatan en la sociedad merecen una respuesta que va mas allá del ámbito estrictamente jurídico, ya que debemos de tener en cuenta que en este supuesto el bien jurídico y el valor que está en juego es la tutela de los derechos del menor, en ese sentido, deberá de considerarse el impacto psicológico que esta figura tenga en el desarrollo de la personalidad del niño, por ello somos de la idea que si bien se debe de reconocer la posibilidad de legalizar la unión o matrimonio civil entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que esta pareja adopte es una tema que merece una mayor discusión ya no en el ámbito jurídico, sino en al ámbito médico, y psicológico particularmente.

Rafael Rodríguez Campos



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