UNIÓN CIVIL: ¿POR QUÉ NO SEGUIMOS EL CAMINO DE CHILE?

El miércoles de la semana pasada (28ENE2015), el Congreso de la República de Chile aprobó el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) creando el Acuerdo de Unión Civil, el mismo que podrá ser suscrito por parejas heterosexuales como homosexuales, convirtiéndose en el séptimo país de América del Sur en promulgar una legislación que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a unirse civilmente bajo el reconocimiento oficial del Estado.

Al respecto, son gráficas las palabras de la presidenta del Senado, Isabel Allende, quien calificó de “paso histórico” la aprobación de esta ley, que a su juicio, permite “avanzar en el respeto, derechos y dignidad de las personas, pues garantiza que hoy en día nadie sea discriminado por su identidad sexual”.

Como se recuerda, desde 2003, diversas propuestas fueron presentadas en el Congreso chileno con el objetivo de garantizar el derecho de las parejas del mismo sexo a universo civilmente. De hecho, en 2006 y 2010, los principales candidatos presidenciales se comprometieron a presentar propuestas normativas sobre esta materia, señalando públicamente que apoyaban la lucha de la comunidad LGTB por alcanzar este objetivo.

En declaraciones a la prensa, el ex presidente chileno Sebastián Piñera declaró que estaba a favor de legalizar una forma de unión civil para parejas heterosexuales y homosexuales (por igual), ya que su intención era la de “proteger y salvaguardar la dignidad de todas las parejas”, reconociendo a las segundas, una serie de derechos que hasta la fecha eran disfrutados exclusivamente por las parejas casadas: herencia, bienestar y/o asistencia social, seguro médico, pensiones, entre otros.

Fue así como en 2011, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó ante el Parlamento chileno el proyecto de ley que creaba el AVP, el mismo que pese a la idea de que Chile es un país “fuertemente conservador”, recibió -desde su presentación- el apoyo creciente y entusiasta de la opinión pública, la misma que hoy en día ha respaldado esta Ley por considerar que se trata de una medida que reconoce y tutela los derechos de una minoría históricamente discriminada.

De hecho, recientes estudios de opinión pública revelan que la mayor parte de la población chilena está a favor de este tipo de iniciativas que reconocen y garantizan los derechos de las parejas homosexuales, para que los mismos sean ejercidos en condiciones de respeto e igualdad. Así, casi el 70% de los chilenos está a favor de esta Ley de Unión Civil. Además, según el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), siete (7) de cada diez (10) jóvenes en Chile apoyan el matrimonio homosexual y un 64% aprueba la adopción por parte de homosexuales. Asimismo, la encuesta titulada “Percepciones en torno a la Diversidad Sexual” muestra que del 70% de apoyo al matrimonio homosexual, son más mujeres (75%) que hombres (65%) las que lo aprueban.

Como ya lo señalé en líneas anteriores, Chile ya forma parte del grupo de países (casi todos) en Sudamérica que cuenta con una legislación que reconoce el derecho de las parejas homosexuales a unirse civilmente. Así, en esta parte de Latinoamérica, sólo tres países carecen de este tipo de normativa: Bolivia, Paraguay, y lastimosamente, Perú. ¿Hasta cuándo? Yo creo que más temprano que tarde nuestro país también dará este paso, sobre todo, si tomamos en cuenta que entre la población juvenil, menos machista y homofóbica, el respaldo a esta medida es cada vez mayor. La aprobación de la Unión Civil –luego el matrimonio homosexual, de eso estoy seguro- es tan sólo cuestión de tiempo, ya que como se dice: “uno no puede oponerse al avance y peso de la historia”.

¿Por qué sostengo ello? Una encuesta de Apoyo (2014) reveló que el 31% de los peruanos apoya el Proyecto de Ley de Unión Civil para parejas del mismo sexo presentado por el Congresista Carlos Bruce, y al paso que vamos, creo que este porcentaje aumenta cada día. Esta es una tendencia global que se presenta en casi todo el mundo -occidental- (el Perú no es la excepción). Para ello, basta recordar, por ejemplo, que en el año 1996, solo el 27% de los estadounidenses apoyaba el matrimonio gay, y que hoy ese porcentaje es de 54%. Como bien lo apunta Levitsky: “la opinión pública cambia rápidamente en estos temas, algo que también pone en evidencia la creciente marginalidad política de la Iglesia católica”.

El respaldo a esta nueva figura civil, lo dije en una anterior columna, crece debido a que en el Perú, como en los demás países de occidente, la igualdad de derechos entre personas heterosexuales y homosexuales ya es vista como parte del canon constitucional y democrático que toda sociedad moderna hace suyo. Por tanto, así como a nivel legislativo, empiezan a aparecer leyes destinadas a proteger los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, y otros sectores históricamente excluidos e invisibilizados, no es extraño que en un país mayoritariamente católico y conservador como el nuestro, este tipo de iniciativas recién se empiecen a discutir en la segunda década del siglo XXI, más cuando históricamente en el Perú, a los políticos les ha costado muchísimo -mueren de miedo- enfrentarse a la jerarquía eclesial.

Por eso creo que el futuro de este tipo de iniciativas: unión civil, matrimonio homosexual, aborto o eutanasia, entre otras, dependerá mucho de la presión política y mediática que ejerzan los sectores conservadores de nuestra sociedad, encabezados, como es de suponer, por la Iglesia católica. Sin embargo, no es menos cierto que la Iglesia católica ha perdido –paulatinamente, con el transcurso de los años- el enorme poder fáctico que otrora ostentaba, situación que debe ser aprovechada por quienes desde la sociedad civil impulsan este tipo de iniciativas que apuntar a construir una sociedad libre e igualitaria para todos los ciudadanos, sin importar la identidad sexual que éstos presenten. En otras palabras, si la Iglesia católica presiona, la sociedad civil debe estar preparada para responder a nivel político y mediático, para ello, la calle siempre es una opción.

En todo caso, la aprobación de esta Ley de Unión Civil en Chile ha logrado que el debate sobre este tema en nuestro país vuelva a cobrar impulso. El mismo que a mi juicio pasa únicamente por analizar si la Constitución y/o la Ley establecen algún impedimento que imposibilite la aprobación de esta iniciativa. En mi opinión, no existen razones jurídicas para oponerse a este propósito, salvo se considere que en un Estado No Confesional como el peruano, la cita de versículos bíblicos u opiniones arzobispales bastan para negarle a una minoría –las cifras más conservadoras hablan de un 10% de la población peruana- su libertad para ejercer plenamente sus derechos.

A modo de conclusión, debo decir que me complace que un país hermano como Chile, se haya sumado a la lista de naciones en el mundo que reconocen el derecho de todas las parejas a unirse civilmente, sin importar la identidad sexual de las mismas. La clase política chilena nos ha dado una lección de cómo en un país mayoritariamente católico, el Estado republicano asume su laicidad y legista en función de razones jurídicas los temas vinculados al reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (heterosexuales y homosexuales), separando lo religioso de lo político.

En nuestro país, como lo anoté en una reflexión previa, solo el tiempo nos dirá si los parlamentarios en el año 2015 aprobaron la Ley de Unión Civil, adoptando una posición política auténticamente democrática y republicana, inspirada en los valores de libertad e igualdad, o si por el contrario, decidieron someterse –por temor o conveniencia- a lo que el “vocero de Dios” proclama todos los domingos desde el púlpito de la Catedral de Lima.