LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DEL PERU EN 2016

El día de hoy (21DIC2015) vence el plazo para la elección de candidatos a la Presidencia de la República con miras al Proceso de Elecciones Generales 2016 (PEG 2016). Así, para este PEG 2016 tenemos a 17 organizaciones políticas (partidos y/o alianzas) que han presentado sus respectivas fórmulas presidenciales, que para el caso peruano están compuestas por un (1) candidato a la Presidencia y dos (2) candidatos a las Vicepresidencias.

Como se sabe, en nuestro país, para ser elegido Presidente se requiere ser peruano de nacimiento, mayor de 35 años, gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (rigen los mismos requisitos para el cargo de Vicepresidente), según lo establecido por la Constitución Política y la Ley Orgánica de Elecciones.

Además, es importante señalar que los candidatos a la Presidencia no pueden integrar la lista de candidatos al Congreso de la República (como si ocurría antes de la década de los noventa) pero que los candidatos a las Vicepresidencias sí pueden, simultáneamente, integrar la lista de candidatos al Parlamento Nacional.

De las 17 agrupaciones políticas que han presentado candidatos presidenciales, sólo 3 (Alianza para el Progreso, Democracia Directa y Partido Humanista) faltan designar a su tercer integrante en la fórmula presidencial. Cabe precisar que Alianza para el Progreso (APP), ha señalado que será una mujer la que asuma esta responsabilidad en su agrupación.

Entonces, tenemos 51 candidatos (entre Presidencia y Vicepresidencias), de los cuales 13 son mujeres (14 si contamos a la candidata que será incluida en la fórmula presidencial de Alianza para el Progreso). Es decir, el 27% de los candidatos son mujeres (menos del 30% que tanto se proclama como cuota afirmativa a favor de las mujeres).

Sin embargo, si revisamos el nombre de los 17 candidatos a la Presidencia, nos podremos dar cuenta que sólo 2 son mujeres. Es decir, apenas el 11% de los candidatos a la Presidencia son mujeres. Estamos hablando de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónika Mendoza (Frente Amplio).

En otras palabras, el 89% de los candidatos presidenciales en el Perú son hombres. Con lo cual, y a pesar de los enormes esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de los años para promover la participación de la mujer y reducir la brecha de desigualdad política entre hombres y mujeres, parece que en nuestro país la Presidencia de la República sigue siendo vista como un cargo eminentemente fálico.

Asimismo, tenemos a 11 candidatos que tentarán el sillón presidencial por primera vez, y 6 que ya han tenido experiencia en este tipo de procesos. Hablamos específicamente de los ex Presidentes Alan García (APRA) y Alejandro Toledo (Perú Posible), así como también la ex Congresista, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el ex Premier, Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio), el ex Congresista y Ministro, Fernando Olivera (Frente Esperanza) y el ex Alcalde de Lima, Ricardo Belmont (Siempre Unidos).

Con respecto a las edades de los candidatos, tenemos que la más joven es Verónica Mendoza con 35 años (Frente Amplio), y el más viejo es Pedro Pablo Kuczynski con 77 años (Peruanos por el Kambio). Otros candidatos como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Julio Guzmán pertenecen al grupo de los cuarentones. Por su parte, Ricardo Belmont (Siempre Unidos), Alejandro Toledo (Perú Posible) y Antero Flores (Partido Orden) superan los 70 años, respectivamente. Finalmente, Alan García (APRA), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Yehude Simon (Partido Humanista) forman el grupo de los sesentones.

Ahora bien, centrando el análisis en los 5 candidatos que según las últimas encuestas (GFK, por ejemplo) se encuentran liderando las preferencias electorales de la ciudadanía, podemos señalar que en todas las planchas presidenciales aparece una mujer: Keiko (Fuerza Popular), Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio), Lourdes Flores (APRA), Carmen Omonte (Perú Posible) y la candidata que será designada en Alianza para el Progreso.

Además, 3 de los 5 candidatos que se encuentran en la cima de los sondeos de opinión han decidido incorporar en sus respectivas planchas presidenciales a ex Gobernadores Regionales (otrora Presidentes). Tal es el caso de Vladimir Huaroc (Fuerza Popular), Martín Vizcarra (Peruanos por el Kambio) y David Salazar (APRA). La lista crece si tomamos en cuenta que Cesar Acuña, actual candidato presidencial, ha sido alcalde de Trujillo y Gobernador Regional de La Libertad. Sin lugar a dudas, ello demuestra la importancia que tendrán las redes políticas construidas a nivel regional y local para fortalecer las campañas de los principales candidatos presidenciales.

En otras palabras, y como ya viene ocurriendo en anteriores procesos nacionales, los candidatos saben que no basta con tener un buen desempeño electoral en Lima o en las más importantes ciudades del país para ganar una elección presidencial. Ahora, es fundamental contar con el apoyo de movimientos, agrupaciones, gremios y otros colectivos al interior del país que les permitan a los candidatos construir plataformas políticas capaces de fortalecer su imagen desde los lugares más profundos de nuestro país.

Llegando al término de esta columna, me parece oportuno anotar dos datos adicionales sobre esta lista de 17 candidatos presidenciales. En primer lugar, decir que Perú Posible es el único partido político cuya fórmula presidencial está compuesta por tres militantes propios: Alejandro Toledo (Ex Presidente), Marcial Ayaipoma (Ex Presidente del Congreso) y Carmen Omonte (Congresista y ex Ministra). En segundo lugar, que nuevamente Gregorio Santos, Gobernador Regional de Cajamarca, electo en el último proceso de elecciones regionales y locales llevado a cabo el 05 de octubre de 2014, volverá a candidatear por un puesto de elección popular desde la cárcel, ya que como es de público conocimiento, el mencionado candidato cuenta con una orden de detención preventiva emitida en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra por la presunta comisión de delitos de corrupción.

Finalmente, y luego de conocida esta lista de 17 candidatos presidenciales, conviene recordar que serán los ciudadanos y ciudadanas del Perú quienes deberán asumir con sensatez la enorme responsabilidad de elegir a quien gobernará nuestro país durante los próximos 5 años. Esperemos que esta vez, los peruanos y peruanas nos esforcemos por conocer las propuestas y planes de gobierno que los candidatos presentan.

En esa misma línea, es fundamental que los electores procuremos investigar la hoja de vida, las credenciales democráticas, la experiencia académica y profesional de quienes consideran tener la suficiente capacidad como para convertirse en nuestro próximo Jefe de Estado. Es cierto que los políticos tienen la gran tarea de ofrecerle al país un programa de Gobierno coherente y sólido, pero es cierto también que somos los ciudadanos los que construimos nuestra democracia, por ello es importante que el día de las elecciones vayamos a las urnas con la convicción de emitir un voto realmente informado. 

EL GIRO HACIA LA DERECHA EN EL PERÚ

En un artículo titulado “Perú 2012, continuidad y cambio en una democracia sin partidos”, el politólogo Eduardo Dargent afirma lo siguiente: “La elección del candidato reformista Ollanta Humala en 2011 hizo pensar que podían haber cambios sustanciales en la política peruana. Sin embargo, el nivel de institucionalización del sistema político aún se mantiene muy bajo, con instituciones desprestigiadas y partidos débiles que dificultan las reformas”. Han pasado 3 años desde que el Presidente de la República fue elegido, y todo indica que mantendrá un rumbo similar al de sus tres últimos antecesores.

En este mismo artículo el autor recuerda que Alberto Fujimori (1990) se corrió a la derecha al día siguiente de su elección. Alejandro Toledo (2001) gobernó un poco más a la derecha del centro ofrecido. Alan García (2006) lo hizo más a la derecha de lo prometido en su campaña del “cambio responsable”, y el actual Presidente, de acuerdo a lo señalado por varios analistas, terminará por hacerlo más a la derecha de su posición centrista de la segunda vuelta expuesta en la “hoja de ruta”. ¿Qué explica este giro hacia la derecha una vez que los presidentes empiezan a gobernar en el Perú?

Electorado conservador versus agenda reformista

El análisis del electorado en el Perú (casi el 70% suele apoyar cambios moderados y es renuente a los radicalismos) nos permite afirmar que se trata de una ciudadanía mayoritariamente conservadora, y que por tanto ofrece una base social que limita agendas de izquierda radicales. Esto último, si bien grafica el comportamiento electoral de los peruanos en las últimas décadas, no basta para explicar, por qué los presidentes elegidos terminan gobernando bastante más a la derecha que su posición ofrecida durante la campaña, la misma que con ciertos matices puede definirse como de centro-izquierda.

¿Cómo explicar el giro hacia la derecha de los presidentes electos? Es una pregunta que varios politólogos han tratado de responder para el caso de muchos otros países de América Latina en donde el comportamiento de los presidentes electos ha sido bastante similar al que han presentado los mandatarios en nuestro país (por no decir el mismo).

Como ya se señaló en el párrafo anterior, muchos presidentes electos de América Latina han violado sus mandatos electorales, es decir, han hecho promesas durante las campañas y luego las han incumplido al asumir el gobierno. En algunos casos estos políticos (o sus partidos) fueron castigados en la elección siguiente, pero en otros, contrariamente a lo que uno pueda presumir, fueron recompensados, y en ciertos casos se apeló a reformas constitucionales para hacer viable su reelección.

Dos primeras explicaciones

Sería largo enumerar las diversas hipótesis que desde la academia se han formulado con respecto a este fenómeno. No obstante ello, dos son las que en esta oportunidad me interesan destacar:

-       El premio a los políticos que faltaron a sus promesas fue el resultado de que éstos, a pesar de haber faltado a su palabra, hicieron lo que creían mejor para los ciudadanos, y optaron por un control o evaluación política post mandato, en el cual los electores pudieran juzgar su desempeño y comprobar que habían actuado en su beneficio. Estos políticos prefirieron correr el riesgo de ir contra la opinión pública antes que mantener unas promesas de campaña que consideraban equivocadas, afirma el politólogo Stokes.

-       Los políticos de la región pueden incumplir sus promesas electorales porque lo que existe en América Latina no es una democracia representativa sino una democracia delegativa, en la que los políticos eligen que pueden hacer lo que quieran una vez que llegan al poder, afirma el politólogo Guillermo O´donnel.

El vínculo programático entre electores y partidos

Es el título de un interesante artículo publicado por la politóloga Patricia Marenghi (Universidad de Salamanca) en el cual la autora ensaya una novedosa hipótesis explicativa que responde a la pregunta ¿Por qué los presidentes electos giran hacia la derecha en América Latina?

Muchos presidentes electos, sostiene Marengui, han violado sus mandatos electorales, unos fueron duramente castigados por los electores, otros, por el contrario, fueron recompensados (ellos o sus partidos). La hipótesis que esta autora plantea es la siguiente: el electorado castiga o premia a los presidentes que han violado sus mandatos electorales dependiendo del vínculo que los electores establecen con los partidos políticos.

Entonces, propone Marengui: 1) Los partidos que han desarrollado vínculos programáticos tienen menos posibilidades de violar sus mandatos electorales sin ser castigados y que, contrariamente 2) Los partidos que han desarrollado vínculos clientelares o vínculos carismáticos tiene más posibilidades de violar sus mandatos sin ser castigados.

Tres tipos de vínculos entre electores y partidos políticos

En síntesis, lo que propone Marengui puede resumirse en tres grandes postulados:

-          Los partidos políticos que tienen vinculaciones programáticas con el electorado tienen más dificultades para cambiar de políticas (violar el mandato) sin poner en peligro su apoyo electoral; es decir, tienen más posibilidades de no ser reelegidos: ¿Por qué? Esto se debe a que las organizaciones partidistas con un fuerte componente ideológico, cuyo apoyo electoral se basa principalmente en el componente programático de la organización, cuentan con mandatos fuertes que deben respetar sino quieren ser sancionados electoralmente en los siguientes comicios. Los votantes castigarán o premiarán a estos políticos evaluando que tanto han respetado éstos los compromisos asumidos.

-          Los partidos políticos que tienen vinculaciones clientelistas con el electorado tienen menos dificultades para cambiar de políticas (violar el mandato) sin ser castigados en las siguientes elecciones; es decir, tienen más posibilidades de ser reelegidos. ¿Por qué? Esto se debe a que en el caso de las organizaciones que establecen vinculaciones clientelares con sus electores, los votantes examinarán menos el cumplimiento de las promesas. El intercambio de votos por favores mantiene el apoyo político a la hora de rendir cuentas por políticas impopulares.

-          Los partidos políticos que tienen vinculaciones carismáticas, al igual que los que construyen vínculos clientelares, tienen más posibilidades de incumplir las promesas de campaña sin ser castigados por ello en los siguientes comicios. ¿Por qué? Esto se debe a que una relación basada solamente en el carisma, donde “el líder es el creador e intérprete indiscutido de un conjunto de símbolos políticos que llegan a ser inseparables de su persona”, facilita la persuasión de los electores a cerca de las causas del incumplimiento de las promesas.

El giro hacia la derecha en el Perú

A la luz de lo expuesto por Marengui, podemos señalar que en el Perú, los presidentes (partidos) electos violan sus mandatos electorales pues el vínculo que estos establecen con el electorado ha sido (casi siempre) de tipo clientelar y/o carismático, y por tanto, no tienen mayores incentivos para “cumplir sus promesas de campaña”.

Este último apunte, nos lleva a reflexionar sobre un asunto que de manera recurrente suele abordarse en cada proceso electoral en nuestro país, sobre todo cuando el político que resulta vencedor en la elección, no goza de las preferencias de los medios de comunicación o del statu quo político del país.

Cuando un político que no es parte del establishment (limeño) alcanza el triunfo electoral (nacional o regional), de manera inmediata, periodistas y opinólogos suelen decir lo siguiente: “El elector en el Perú es irracional (electarado, según Aldo Mariátegui), pues no analiza las propuestas y planes de gobierno, dejándose llevar por sus emociones y frustraciones”. 

En otras palabras, lo que este sector le reclama a la ciudadanía es lo siguiente: ¿Por qué los peruanos no ejercen un voto programático y, en cambio, apuestan por discursos populistas y/o radicales? Bueno, y con cargo a volver sobre este mismo tema en una próxima columna, ensayaremos una posible respuesta que toma como base, además de lo ya señalado, la opinión del politólogo de Harvard Steven Levitsky.

¿Por qué los peruanos no ejercen un voto programático?

Una característica de las elecciones en el Perú, afirma Levitsky, es la “irracionalidad del voto”. Para muchos, el voto programático –votar por el candidato que propone implementar las políticas públicas que uno quiere– es lo más racional e inteligente.  Pero en el Perú eso es casi imposible.  El voto programático exige que el electorado: 1) Tenga información creíble sobre las diferencias programáticas entre los candidatos; y 2) Confía que el ganador cumplirá con su programa.

Ambas condiciones no existen en el Perú, pero otro factor –quizá el más importante- que mina al voto programático es la desconfianza.  Los peruanos no creen que los candidatos vayan a cumplir con sus programas.  No porque sean desconfiados por naturaleza, sino por una razón muy sencilla: los candidatos no cumplen con sus programas, tal y como lo anotó Dargent al referirse a los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, respectivamente.

Discurso de centro-izquierda versus gobierno de derecha

Entonces, afirma Levitsky, si queremos elevar el nivel de la política en nuestro país, en vez de denigrar a los ciudadanos cuyo comportamiento electoral no entendemos, sería mejor tratar de entenderlos. Por ejemplo, en vez de contentarse con la floja explicación mariateguista (el “electarado”), la derecha debería estudiar por qué un sector del electorado en el interior sigue votando por candidatos radicales antisistema.

El votante peruano no es ni irracional ni estúpido, la gente, como afirma Carlos Meléndez, vota por muchas razones, basado en diversas identidades, intereses, y expectativas.  Lo que sí queda claro (y debería preocuparnos) es constatar que para muchos peruanos, el voto programático ha sido totalmente devaluado pues la experiencia les ha enseñado que el voto no sirve para cambiar las políticas del gobierno. Más, cuando el presidente a quien los peruanos eligieron ofreció una agenda de centro-izquierda para luego, una vez instalado en Palacio de Gobierno, girar hacia la derecha sin mayor explicación.

ALAN GARCÍA EN EL PODER (PERÚ 1985-1990)

Después de casi 30 años de su primera elección como Presidente de la República (el único aprista), Alan García Pérez (AGP) sigue siendo una de las figuras estelares de la política en el Perú. Como bien lo apuntó Jhon Crabtree (JC), autor del libro cuyo título tomamos para esta columna, tanto su pasado como su presente provocan sentimientos encontrados y separan en campos opuestos a los que lo apoyan de los que se le oponen.

Esa oposición, ese resentimiento antiaprista capaz de movilizar a sectores de la izquierda y de la derecha políticas en contra suya, se ve incrementado con la llegada de un nuevo proceso electoral (2016) en el cual se cree que AGP volverá a competir.

¿Por qué los rivales de AGP le tienen tanto miedo? Quizás la respuesta la tenga JC al señalar que en todos estos años, él ha demostrado no haber perdido nada de su talento para la táctica política ni de su capacidad retórica, pues como líder del más antiguo y quizás el único partido de masas del Perú, se eleva muy por encima de la mayoría de los políticos de la actualidad.

Fantasmas del pasado

Sin embargo, es claro que, a pesar de su performance durante su segundo gobierno (2006-2011), la herencia de su primera gestión (1985-1990), sigue constituyendo una mancha indeleble, un pasivo político, una página negra en su biografía que sus rivales de turno siempre le enrostran en el fragor de la contienda electoral.

Entonces, parece oportuno, a casi dos años de las próximas elecciones generales, examinar, con la mayor dosis de objetividad posible, el desempeño de AGP durante su primer Gobierno, al que muchos han catalogado como el peor de nuestra historia republicana. Para ello, tomaremos como referencia el análisis hecho por JC, en el libro ya citado, obra en la cual este inglés, analista e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, reconstruye de manera cuidadosa la escena nacional vivida en ese quinquenio, al haber sido un testigo privilegiado de esa etapa de nuestra patria por su trabajo como corresponsal de The Guardian y The Economist.

El libro de JC fue escrito a inicios de 1990, durante las elecciones que llevaron al poder a Alberto Fujimori, según el autor, uno de los que más se esforzó por subrayar los errores del líder aprista. El libro, como es de suponerse, se publicó primero en inglés en el año 1992, poco después del autogolpe de Fujimori y del inicio de la persecución general en contra de la clase política, y de AGP en especial. La edición en castellano que ahora comentaremos es del año 2005.

Una mirada desapasionada

El libro se divide en dos partes. En la primera el autor examina la situación que heredó AGP y repasa los primeros dos años (los felices) de su Gobierno, durante los cuales la implementación de una política económica heterodoxa arrojó como resultado niveles importantes de crecimiento, situación que le permitió gozar de apoyo popular y legitimidad para sus decisiones. En la segunda, la atención se centra en analizar la “bajada”, la crisis económica boyante desatada en 1988, y el impacto político, económico y social que esta trajo consigo.

En ambas partes, y esta es justamente una de las fortalezas de la reflexión expuesta por JC, se analizan tres elementos claves: el clima político, las decisiones sobre política económica y las consecuencias que de ellas se derivaron, y el problema de la violencia política más allá de los límites del sistema político establecido. Este es un apunte metodológico que el autor hace y que todos los que se acerquen a la lectura de este libro deben tomar en cuenta, pues son tres elementos que no deben separarse sino tratar de relacionarse entre sí.

El objetivo del libro

El autor afirma que el objetivo de su libro ha sido intentar una evaluación de lo hecho por la administración de AGP a la luz de los problemas enfrentados por el Perú. Por ello destaca que los extremos entre riqueza y pobreza, la falta de integración política y económica entre las regiones, la articulación relativamente fuerte de las demandas sociales, y la debilidad del Estado como mediador en los conflictos e impulsor de reformas, hacían del Perú un país particularmente difícil para gobernar, no solo para AGP, sino para cualquier otro político que hubiese estado en su lugar. De hecho, el país se tornó más convulsionado durante el desfavorable clima económico externo de los años 1980. Por tanto, es probable que cualquier presidente, bajo las mismas circunstancias hubiera sufrido similar  desgaste como resultado de ejercer cinco años el poder en el Perú de aquellos años.

No todo estaba en su contra

Sin embargo, señala el autor, las circunstancias políticas que enfrentaba AGP al llegar a la presidencia no eran enteramente desfavorables. Él  había llegado al poder demoliendo a sus adversarios como una reacción al conservadurismo de su predecesor. Esto le permitió contar con un fuerte respaldo popular para su primer paquete de reformas heterodoxas (hacia la izquierda). Asimismo, su partido ganó la mayoría de curules en las dos cámaras del Congreso de la República, contando además, con el apoyo de un partido con una fuerte tradición de disciplina y lealtad. Si a eso le sumamos que las principales fuerzas de oposición en el Parlamento estaban desarticuladas, y que gracias al diseño constitucional peruano, el Poder Ejecutivo contaba (y cuenta) con un amplio espacio para gobernar mediante Decretos Supremos, queda claro que AGP no era precisamente un presidente carente de poder, sino todo lo contrario.

La ilusión efímera

Para el autor, en 1985, existía entre la gente la gran esperanza de que AGP fuera quien podía conducir el país hacia un mejor futuro, con mayor prosperidad, menor desigualdad social y política, y un desarrollo sub nacional más equilibrado. Este clima de optimismo se fue consolidando con los éxitos de los dos primeros años de Gobierno durante los cuales se logró bajar la inflación, incentivar el crecimiento, establecer autoridad constitucional sobre el fuero militar, y recuperar algo de orgullo nacional, especialmente en relación con la banca extranjera.

Pero el sueño duró muy poco, AGP que había recogido la investidura de quien quizás ha sido el líder político peruano más importante del siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre, y al mismo tiempo reivindicó la importancia de la reforma social iniciada por Juan Velasco Alvarado, desperdició esta oportunidad histórica, hundiendo al Perú en una de las más grandes crisis de su historia.

Según el autor, es posible que la equivocación de creer que el giro económico iniciado en 1985 –y junto con ello la supremacía política del propio AGP- podía extenderse por un periodo más largo que el que finalmente tuvo (Argentina y Brasil ya habían fracasado en este mismo intento heterodoxo) haya sido el factor determinante en el descalabro de su Gobierno.

Cinco puntos sobre el desempeño de AGP

Visto en retrospectiva, afirma el autor, hubo una serie de errores y olvidos cruciales que aceleraron el desplome del Gobierno de AGP. Cabe señalar, que muchos de estos desaciertos fueron en su momento reconocidos por funcionarios del propio Gobierno, incluso por él mismo. La lista de yerros en los que incurrió la su administración es numerosa, pero para el autor estos pueden condensarse en 5 puntos generales que explican el fracaso de este Gobierno.

En primer lugar, dada la situación política heredada, era indispensable contar con una estrategia económica de mediano y largo plazo, así como un plan de estabilización de corto plazo. Sin embargo, el Gobierno de AGP inició (y finalizó) su mandato desprovisto de una estrategia cuidadosamente preparada que le otorgue coherencia a sus políticas. Esta necesidad era aún mayor debido a la naturaleza innovadora y poco ortodoxa de las políticas económicas empleadas. El resultado de esta carencia fue la inconsistencia entre muchas de las medidas adoptadas.

En segundo lugar, el Partido Aprista no tuvo la voluntad (sino hasta 1988) de establecer alianzas políticas con otros sectores (la izquierda y el empresariado, sobre todo). La alta votación alcanzada en 1985 se convirtió en su debilidad, en tanto hizo creer a AGP que él y su partido podían conducir el país por sí solos. Pero la soberbia, que siempre es mala consejera en política, le terminó pasando la factura en el momento más importante de su Gobierno: la pretendida nacionalización de la banca. Ni la izquierda, ni mucho menos el empresariado, estuvieron dispuestos a respaldar la medida. La ambivalencia ideológica del aprismo en su historia - al moverse de la izquierda hacia la derecha en el pasado -  generó muchas dudas entre sus posibles aliados, quienes no estuvieron dispuestos a extenderle la mano.

En tercer lugar, la principal tarea del nuevo Gobierno era la pacificación del país. Para ello, AGP acertó (al inicio) haciendo hincapié en la necesidad de combatir a Sendero no sólo por medios militares, sino políticamente, a través de una estrategia de desarrollo para los departamentos más pobres del Perú, que beneficie a los productores campesinos. Pero al poco tiempo, el Gobierno mostró su incapacidad para implementar medidas y programas que dinamicen la economía campesina de manera efectiva, especialmente dadas las condiciones generadas por la presencia de Sendero. Fue justamente la frustración y el descontento generado por esta situación, lo que explica el crecimiento y expansión de Sendero en zonas como el Alto Huallaga, lugar en el cual reinaba la desconfianza entre productores e instituciones oficiales, sobre todo en cuanto a la erradicación y sustitución de cultivos de coca.

En cuarto lugar, el Gobierno de AGP no supo aprovechar la tranquilidad de sus dos primeros años de administración (era un presidente muy popular) para impulsar las reformas fiscales y tributarias que el país necesitaba. Sin un rediseño del sistema tributario era imposible creer que el Gobierno sería capaz de elevar el nivel de intervención estatal con el ánimo de promover el desarrollo económico y la equidad social. Además, AGP jamás entendió que el tipo de políticas heterodoxas que buscaba implementar exigían la presencia de una burocracia eficiente. Sin embargo, durante su Gobierno, él no hizo nada por profesionalizar y mejorar las condiciones de trabajo de la administración pública. Sin ello, sus políticas estaban condenadas al fracaso. Y así fue.

Finalmente, el Gobierno de AGP no tuvo la capacidad para mirar con atención el conjunto de demandas provenientes desde las regiones. De hecho, durante sus 3 primeros años de gestión, poco se hizo por llevar adelante programas destinados a promover una descentralización política, administrativa y económica más profunda. Fue recién en los dos últimos años de su administración que él asumió el tema de la regionalización con mayor energía. Pero ya era demasiado tarde, el Gobierno se topó con desafíos y demandas sub nacionales mucho más violentas y radicales. Estas, sumadas al escaso nivel de institucionalización del sistema político y a la casi nula capacidad del mismo para procesar y dar respuesta a estas demandas, generaron un escenario de inestabilidad, crisis y confrontación constantes.

El autor reconoce algunas omisiones

El libro (en la edición 2005) finaliza con un post scriptum que vale la pena comentar. Los juicios de la historia, señala JC, se modifican inevitablemente con el transcurso de los años, pues el tiempo permite enfocar nítidamente algunos temas que antes eran menos claros. Eso quiere decir que si el libro hubiese sido escrito hoy, con todas las ventajas de la mirada retrospectiva, habría enfatizado en varios aspectos que no se percibieron adecuadamente en el momento.

Según lo señala el propio autor, seguramente habría puesto mayor énfasis en la corrupción gubernamental del Gobierno aprista. Pues más allá del supuesto enriquecimiento ilícito de AGP, sobrevive en el imaginario colectivo una fuerte percepción popular de que los apristas de todos niveles se aprovecharon de sus puestos y utilizaron los recursos del Estado para llenar sus bolsillos.

De igual manera, especial atención habría merecido el tema de la violación de los derechos humanos, pues fue recién luego de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, que se pudo apreciar claramente la enormidad de las matanzas llevadas a cabo durante esos años, sobre todo en la región de Ayacucho. La cifra, para el autor, resulta estremecedora (70000 muertos) y exige una evaluación mucho más profunda.

Estabilidad económica e inclusión social

En la actualidad, los gobiernos de América Latina de centro izquierda enfrentan el reto de buscar un equilibrio político entre la estabilidad económica y la búsqueda de equidad e inclusión social. Esta es una tarea que la clase política en nuestro país también deberá afrontar, pues la experiencia comparada nos demuestra que son justamente los países menos desiguales, que cuentan con fuertes clases medias, los que logran consolidar y fortalecer a sus democracias. Siendo ello así, compartimos la opinión del autor al señalar que una asimilación objetiva de lo acontecido durante el período 1985-1990 podría servir como útil punto de partida para la construcción de un mejor futuro.

Nota: en mi opinión, este es un libro de necesaria consulta para todos aquellos que estén interesados en el estudio y análisis de este periodo de nuestra historia. Pero sobre todo, este es un libro que debe ser leído por los más jóvenes, aquellos que no tuvieron la “fortuna” de conocer al AGP de 1985, y que en el año 2016 serán seducidos por la retórica del líder aprista.  

EL AMPARO DE ALAN GARCÍA PÉREZ (PARTE II)

El Poder Judicial, específicamente el juez Hugo Velásquez (el juez), titular del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, ha vuelto a favorecer a AGP al declarar la NULIDAD de los informes finales emitidos por la Megacomisión en los cuales se recomienda acusar al ex Presidente por diversos delitos, faltas y/o infracciones constitucionales.

En esta oportunidad, y como ya lo hiciéramos en una columna anterior en donde expliqué las razones que llevaron a este mismo juez (y a la Primera Sala Civil) a declarar fundada la demanda de Amparo que AGP presentó el año pasado en contra de la Megacomisión (el fallo que ahora comentaremos está directamente vinculado al proceso antes mencionado), trataré de exponer brevemente los argumentos constitucionales que justifican este nuevo fallo.

Sentencia de primera instancia

El 19 de Setiembre del año pasado, este mismo juzgado constitucional, declaró FUNDADA en parte la demanda interpuesta por AGP, al haberse acreditado la violación de su derecho al debido proceso por parte de la Megacomisión, declarando la NULIDAD de lo actuado por esta Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del ex Presidente.

En esa oportunidad, el juez ordenó a esta Megacomisión que “proceda a citar a AGP con el mayor detalle posible sobre los hechos que consideren pertinente respecto a las posibles conductas ilícitas, ya sean penales y/o infracciones constitucionales que deben ser materia de investigación; asimismo se le permita tener acceso a la documentación obrante en la investigación y se le ponga en conocimiento de los medios probatorios que respalden las imputaciones (excepto los reservados), a fin de ejercer su derecho a la defensa y efectúe los descargos en un plazo razonable”.

Como era de esperarse, la emisión de dicha sentencia generó una tremenda polémica política en nuestro país, llegando a señalarse que el Poder Judicial estaba blindando a AGP impidiendo que el Congreso cumpla con su labor de fiscalización. Para un sector político, particularmente para el partido de Gobierno, el Poder Judicial cubría con un manto de impunidad la gestión desempañada por el ex Presidente durante su segundo Gobierno.

En mi opinión, si uno lee este fallo, podrá darse cuenta de que estas declaraciones no tenían ningún asidero. Lo que el juez había señalado (lo mismo diría la Sala) era básicamente lo siguiente: El Congreso tiene la facultad de investigar a AGP, pero debe hacerlo respetando escrupulosamente las garantías del debido proceso. Ni más ni menos.

Sentencia de segunda instancia

Dicha decisión fue apelada por ambas partes (Congreso y AGP), por lo que la Primera Sala Civil, emitió una nueva sentencia CONFIRMANDO el fallo de este juez (el mismo que amparó la demanda del fallecido Javier Diez Canseco Cisneros en un caso similar). Lo que la Sala señaló en esa oportunidad cobra importancia pues no solo se limitó a tutelar el derecho al debido proceso de AGP sino también reconoció la facultad del Congreso para investigar al ex Jefe de Estado. La Sala, además de repetir lo ya señalado por el juez, dijo:

1)    Que la Megacomisión es competente para investigar la gestión de AGP como presidente de la República, dentro del plazo encomendado o prorrogado por el Pleno del Congreso, por tanto, AGP podrá ser sometido a dicha investigación, pero respetándose el debido proceso.

2)    Que el Presidente de la Megacomisión (por quien tengo el mayor de los respetos), y sus otros miembros, no pueden ser removidos, salvo que así lo decida el pleno del Congreso de la República, siempre velando, claro está, por la imparcialidad de los órganos de investigación.

3)    Que la Megacomisión puede incluir el asunto denominado BTR y/o Petroaudios como materia de investigación, respetándose el debido proceso.

Como se puede apreciar entonces, en ambos fallos lo que se buscaba era encontrar un equilibrio entre la defensa del derecho al debido proceso de AGP y la facultad de fiscalización (investigación) del Congreso de la República.

La Megacomisión vuelve a citar a AGP

De acuerdo a lo expuesto tanto por el Procurador del Congreso de la República como por el Presidente de la Megacomisión, el 04 de octubre del 2013, esta Comisión volvió a citar a AGP, y lo hizo mediante carta cuyo contenido a continuación reproducimos:

“En el marco del derecho fundamental y constitucional al debido proceso, estoy en la obligación de informarle que se le convoca por su vinculación con los hechos materia de investigación, debido a que usted ocupó el cargo de Presidente de la República en el periodo objeto de mandato asignado por el Pleno del Congreso (20006-2011). Por tanto, el interrogatorio versará sobre los procedimientos y acciones que llevó a cabo, ordenó, permitió u omitió como Presidente de la República, en el marco de las funciones y competencias inherentes al cargo en cuestión, y que estén relacionados con los casos referidos previamente. Su declaración es indispensable para identificar o descartar la existencia de presuntas irregularidades”.

AGP cuestiona el tenor de esta citación

Para el ex Presidente, esta citación no cumplió con lo dispuesto por el Poder Judicial (leer lo señalado por el juez y la Sala, respectivamente). Pero además, afirma AGP (y este es el argumentó que el juez hace suyo), la CARTA-CITACIÓN adolece de un defecto sustancial insubsanable que automáticamente conlleva a su nulidad, por cuanto en ella “no se precisó el STATUS JURÍDICO de AGP dentro de la investigación que realiza la Megacomisión”.

En otras palabras, no se señaló si AGP era citado como INVESTIGADO o como TESTIGO. Por tanto, siendo que este error vicia de nulidad a la citación, la misma también se hace extensiva a todos los informes elaborados por esta Comisión y enviados al pleno del Congreso.

Análisis del presente caso

Luego de leer con atención el tenor de la CARTA-CITACIÓN que la Megacomisión le cursara a AGP nos queda claro, como le ha quedado claro también al juez (que valientemente ha emitido este fallo), que “no se advierte que se haya precisado si AGP era citado en calidad de INVESTIGADO o TESTIGO”. La terminología utilizada es VINCULADO, la misma que resulta ser muy genérica, y por ende, no cumple con lo que en su momento ordenó el Poder Judicial para este mismo caso.

Primer argumento

Tanto para el juez, como para cualquier hombre de derecho que conozca mínimamente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional (Caso César Humberto Tineo Cabrera y otros) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso López vs Venezuela y otros), un error de este tipo es sumamente grave ya que al no conocer su STATUS JURÍDICO la persona no puede ejercer su derecho de defensa a plenitud, ya que como es razonable suponer, la defensa de una persona cambia o depende de si ésta tiene la condición de INVESTIGADO o TESTIGO. Decir lo contrario, abre la posibilidad para la violación flagrante del debido proceso, tal y como ha sucedido en este caso.

Segundo argumento

Pero además, señala el juez, en opinión que también compartimos, “si bien en la carta del 04 de octubre de 2013, sí se precisan los temas que son materia de investigación y las razones que justifican las investigaciones, sin embargo no se precisa de manera puntual la conducta ilícita que habría cometido AGP en cada tema de investigación; tampoco cuál es el presunto delito y/o infracción constitucional que se le imputa en cada tema de investigación”. Esta situación, como también se señaló en los anteriores fallos, no permite que AGP ejerza su derecho de defensa a cabalidad, vulnerando su derecho al debido proceso.

Reflexión final

Nosotros consideramos que el Parlamento tiene la facultad (poder-deber) de investigar todos los casos en los cuales presuntamente el ex Presidente haya podido incurrir en actos reprochables jurídicamente (delitos, faltas administrativas o infracciones constitucionales). Sin embargo, ello no quiere decir, que avalemos y aceptemos que en el marco de este tipo de Comisiones Investigadoras se vulneren las garantías mínimas del debido proceso, las mismas que deben ser tuteladas para todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país.

A propósito, quiero terminar esta columna llamando la atención sobre 3 máximas que el Congreso parece desconocer:

1)    En un Estado Constitucional todos los poderes públicos (también el Congreso) están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos, y cuando ello no ocurre, el Poder Judicial está obligado a corregir dicha situación de anormalidad jurídica. Como bien lo ha señalado el TC: no existen zonas exentas de control constitucional.

2)    Las investigaciones parlamentarias deben respetar escrupulosamente el derecho al debido proceso no solo cuando la persona tenga la condición de acusado sino también de investigado. Sobre todo, si tomamos en cuenta que muchas veces el citado (vinculado) puede pasar de testigo a investigado en un abrir y cerrar de ojos.

3)    El derecho de defensa aparece y debe poder ejercerse desde la primera citación. Decir lo contrario, supone un grave recorte al ejercicio de esta garantía, y pone en peligro la libertad y los derechos fundamentales de la persona.

Cierro con una frase: “Creo que existen razones más que suficientes para investigar a AGP y a muchos de sus más cercanos colaboradores. Pero si el Congreso, o cualquier otra instancia desean hacerlo, deben respetar todas y cada una de las garantías del debido proceso. Son estas investigaciones (garantistas) las que fortalecen verdaderamente a la democracia. Lo otro, es persecución política pura”.