VENEZUELA ES UNA DICTADURA, AUNQUE LA IZQUIERDA PERUANA LO NIEGUE

La historia nos ha enseñado a los latinoamericanos a reconocer cuándo estamos frente a una dictadura. Aun cuando algunos (derechistas e izquierdistas) se esfuercen en llamar democracia a un gobierno autoritario, siempre que se trate de uno puesto al servicio de sus intereses particulares, los académicos, los políticos y, por qué no decirlo, también los ciudadanos sabemos diferenciar a una democracia de una dictadura.

De manera sencilla podríamos decir que la democracia es ante todo un Estado de derecho en el cual el Poder Ejecutivo no invade todo el poder institucional. Así lo señaló de manera admirable el artículo XVI de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no es asegurada ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.

Por lo tanto, afirma Alain Rouquié, un Estado en el cual el Parlamento no es más que una cámara de registro, la justicia es puesta al servicio del gobierno y ninguna institución está en condiciones de hacer contrapeso a las decisiones del Ejecutivo no es una democracia. Yo agregaría una característica más: todo Estado en el cual el gobierno persigue impunemente a los opositores, violando sistemáticamente sus derechos y libertades, y además, manipula las reglas electorales, negándoles a los ciudadanos el derecho a un proceso electoral justo no es una democracia.

Dicho todo ello, y aun cuando en Venezuela y en el resto de Latinoamérica (incluyendo al Perú) algunos insistan en llamar democracia al gobierno de Nicolás Maduro, a mí me queda claro que lo que en Venezuela se vive ahora no es otra cosa que una dictadura pura y dura, igual a la que padeció nuestro país durante los diez años del gobierno de Alberto Fujimori, hoy sentenciado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.

 El Autoritarismo Competitivo venezolano

Hace algunos años, la academia inició un interesantísimo debate en torno a la siguiente pregunta: ¿Es Venezuela una democracia o una dictadura? Muchos politólogos se ocuparon de este asunto, unos con mayor brillo que otros, pero fue Steven Levitsky, el reconocido profesor de Harvard, quién abordó el tema con mayor rigurosidad, describiendo las características comunes que los gobiernos autoritarios de Hugo Chávez y Alberto Fujimori presentaban.

Para Levitsky, los gobiernos de ambos autócratas no eran dictaduras, al menos no en el sentido clásico del término. Así, Venezuela y Perú, encajaban dentro de lo que se denominó: “Autoritarismo Competitivo”, ya que en este tipo de regímenes es un solo líder (Chávez o Fujimori) o un solo partido político el que tiene un dominio casi total de la política pero, al menos en teoría, la oposición puede llegar al poder a través de elecciones. Bajo tal sistema, los gobernantes autoritarios casi siempre se mantienen en el poder porque controlan y utilizan los medios del Estado para aplastar a la oposición, detener o intimidar a los opositores, controlar los medios de comunicación, o alterar los resultados de las elecciones.

Así, el gobierno de Chávez, era un autoritarismo competitivo pues cumplía con las siguientes características: 1) El partido de gobierno manipuló durante años la legislación electoral con el afán de favorecerse y permanecer de manera indefinida en el poder desconociendo los principios básicos de la república como el de sucesión temporal y alternancia en el poder; b) El partido de gobierno, con el apoyo de las instituciones que puso a su servicio, se encargó de perseguir a los más importantes representantes de la oposición de su país restándole a este sector las posibilidades de competir en igualdad de condiciones; c) El partido de gobierno se encargó de liquidar el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación que se atrevían a criticar la conducta del líder y de su administración; d) El partido de gobierno despilfarró el dinero público de los ciudadanos en financiar todas las campañas electorales en las que ha participado sin ningún tipo de control o limitación; e) El partido de gobierno sometió a todo el sector castrense y lo convirtió en su brazo político a la hora de arremeter en contra de los opositores; f) El partido de gobierno quebró la institucionalidad democrática al violar el principio de separación de poderes de manera sistemática; y g) El partido de gobierno violó de manera reiterada las libertades civiles cuando el ejercicio de estas empezó a ser visto como una amenaza para los intereses políticos del líder.

 La actual dictadura venezolana

Como podemos apreciar, el gobierno de Chávez ofrecía todas las características que identifican a los “Autoritarismos Competitivos”. Sin embargo, desde el ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, el gobierno ha endurecido su posición frente a la disidencia convirtiéndose -como ya lo señalé- en una dictadura con mayúsculas, aunque la izquierda (la más cavernaria) en nuestro país trate, recurriendo a sofismas revolucionarios o anti imperialistas, de lavarle la cara a un autoritarismo que cada día pierde legitimidad ante los ojos de sus ciudadanos y de toda la comunidad internacional –salvo Cuba, y otros Estados afines a las prácticas del Chavismo-.

Decimos todo ello pues no es casualidad que 6 estudiantes hayan sido asesinados en las últimas semanas en el marco de las protestas que la oposición venezolana -cada vez más creciente- viene llevando a cabo en las principales ciudades de Venezuela. ¿Acaso Maduro no era consciente de los peligros que se avecinaban luego de que autorizara a su guardia pretoriana a emplear armas de fuego contra las manifestaciones estudiantiles en Caracas? Claro que lo era, sin embargo, para el heredero de Chávez lo más importante es mantener a raya a la oposición aun cuando eso suponga la violación sistemática de derechos como la vida, la libertad o la integridad de las personas.

El gobierno de Maduro no quiere oposición, no está acostumbrado a dialogar ni a buscar consensos, un gobierno autoritario como el suyo cree que tiene la potestad de avasallar a la oposición, incluso incurriendo en actos ilegales como el asesinato, la tortura o la detención arbitraria. Eso explica el cariz represor y abusivo de un régimen que no tiene mayor reparo en encarcelar a todos los líderes que se opongan a su prédica, acusándolos –siempre es el mismo estribillo- de ser socios del imperio norteamericano o lacayos de la derecha burguesa venezolana.

Por ello no sorprende la detención arbitraria de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, que se ha convertido en uno de los rostros visibles de la resistencia política en Venezuela. Como se recuerda, lo mismo le ocurrió el año pasado a Leopoldo López, otro de los más importantes –junto Hugo Capriles- opositores a la dictadura chavista. Ni qué decir de lo que le ha tocado vivir a María Corina Machado, congresista venezolana, a quien el gobierno de Maduro ha privado arbitrariamente de su condición de parlamentaria, luego de someterla a una persecución judicial infame.

 El silencio cómplice de la clase política latinoamericana

Ahora bien, siendo tan evidente la forma cómo el gobierno de Maduro viola los principios básicos de toda democracia -expuestos en líneas previas- cabe preguntarnos lo siguiente: ¿Por qué los gobiernos (el nuestro también) y la izquierda callan y son incapaces de denunciar la sistemática vulneración de los derechos y libertades de los venezolanos que se oponen a la dictadura? ¿O es que para la izquierda sólo los chavistas tienen derechos en Venezuela?

Sobre las preguntas antes formuladas, me parece importante recordar el apunte hecho por Levitsky hace dos años, cuando señala que los gobiernos son pragmáticos, no principistas, sobre todo en política exterior, y que sus posiciones en el plano internacional, se basan en varios motivos (seguridad, objetivos comerciales), pero que la promoción de la democracia no es uno de los principales.

Por ello, apunta Levitsky, cuando los presidentes latinoamericanos toman posiciones colectivas como las de UNASUR, suelen hacerlo en defensa no de la democracia sino de la autonomía de los gobiernos. Actúan en defensa, y no en contra, de sus pares porque no quieren crear un precedente en el cual los demás países pueden meterse en los asuntos domésticos. Esa lógica los lleva a defender los gobiernos electos tumbados por golpes militares (Venezuela en 2002, Honduras en 2009), pero también a resistir la intervención externa en los procesos electorales domésticos.

¿Dónde están los organismos de integración regional?

En esa misma línea, el ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, en opinión que compartimos, ha señalado que si bien todos los gobiernos latinoamericanos conocen bien el desastre venezolano, todos ellos guardan silencio. Apenas, Colombia ha hecho una tímida denuncia, afirma, mientras los organismos de integración que pueblan la región miran hacia otro lado. Del mismo modo, recuerda que en la OEA y en el MERCOSUR, rige una cláusula que dispone la automática suspensión del país en que no exista “la plena vigencia de las instituciones democráticas”, la misma que se le aplicó arbitrariamente a Paraguay, en junio de 2012, cuando después de un juicio político jurídicamente correcto el poder legislativo destituyó a un presidente al que nadie defendió.

Sin embargo, ahora, todos guardan silencio. Nadie dice nada y el presidente Maduro llega a Uruguay a participar de la ceremonia de transmisión de mando presidencial. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Será porque Maduro es izquierdista? Este silencio cómplice, afirma, desnuda la falta de compromiso democrático de gobiernos importantes como el de Brasil, y el temor a chocar con los sistemas populistas, que han construido una falsificada aureola de izquierda que los inmuniza de la crítica. Por eso, señala el expresidente, todo esto da la impresión que los gobiernos de la izquierda democrática, obligados a manejar la economía con y a enterrar sus viejas consignas revolucionarias, tratan de mantener su viejo imaginario abrazándose con Cuba y Venezuela, para contemplar a sus grupos más radicales.

La incoherencia de la clase política en el Perú

Pero si la incoherencia latinoamericana –como podemos apreciar- es evidente, lo que ocurre en nuestro país no deja de lindar con el más absoluto cinismo. Decimos ello, pues resulta por demás curioso que los más duros críticos del chavismo en Lima, hayan sido, al mismo tiempo, los que durante una década justificaron todas y cada una de las tropelías cometidas por el fujimorismo. En otras palabras, los mismos que ahora piden la salida de Maduro, defienden la protesta de la oposición, y acusan los excesos del chavismo, son los que aplaudieron el golpe de Estado de 1992, negaron los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, apoyaron la reelección inconstitucional de Fujimori en el año 2000, justificaron la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional e impidieron todas las investigaciones en contra de Vladimiro Montesinos.

Del mismo modo, en la izquierda, diversas personalidades que lucharon contra la dictadura fujimorista, denunciando la violación de los derechos humanos y la corrupción, hoy “llaman criminales a los opositores venezolanos”, señalan que son golpistas y que están siguiéndole el juego al gobierno de los Estados Unidos. Más aún, en el colmo de la inmoralidad, afirman que apoyan al gobierno de Maduro pues se trata de un presidente “democráticamente elegido”, que no es responsable de los excesos que puedan haber cometido los miembros de seguridad en el control de las manifestaciones. Es decir, el típico doble rasero de la izquierda peruana a la que tantas veces se la acusa -en este caso legítimamente- de incoherente y cínica.

¿Qué posición debe tener la izquierda frente a lo que acontece en Venezuela?

La  izquierda auténticamente democrática debe luchar frontalmente contra la dictadura en Venezuela. La izquierda, debe entender que la única manera de consolidar la democracia es haciendo respetar sus instituciones (entre ellas, el derecho a la protesta), aunque ello no nos guste, aunque ello suponga criticar a gobiernos que presentan una línea ideológica afín a la nuestra.

Es muy fácil defender los derechos de la izquierda cuando esta es oposición, y la represión viene de parte de la derecha. Lo difícil es defender los derechos de quienes no piensan como nosotros, pero que tienen derecho a protestar en contra de un gobierno como el de Maduro que ha perdido toda legitimidad democrática.

Entonces, si lo que se vive en Venezuela es una dictadura, la izquierda debe apoyar la protesta en contra de un régimen que a diario viola los valores mínimos de la democracia. Luchar contra la dictadura venezolana no es un acto de golpismo, así como no lo fue salir a las calles a pedir la caída de Fujimori. La protesta en Venezuela no es otra cosa que un acto de libertad, que evidencia el hartazgo de una sociedad que no está dispuesta a soportar más atropellos y violaciones. Por eso la izquierda debe definir su postura, olvidarse de sesgos ideológicos, y defender a la democracia y no a Maduro. La izquierda no debe olvidar que ha sido gracias a la democracia que hoy en día tiene a muchos de sus referentes sentados en los palacios presidenciales de América Latina.

Nota: a propósito del tema expuesto en esta columna, quiero recomendarles el libro del profesor Alain Rouquié, titulado "A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina". Lo acabo de terminar de leer y es francamente notable. 

¿DEBEN O NO DEBEN REELEGIRSE LOS PRESIDENTES REGIONALES?

Hasta el momento son tres los Presidentes Regionales (Ancash, Tumbes y Pasco) para quienes el Poder Judicial (PJ) ha ordenado mandato de detención preventiva. Dos de ellos (Áncash y Pasco) ya se encuentran recluidos, se espera que en las próximas horas el tercero (Tumbes) se entregue voluntariamente o sea capturado por la PNP. Eso quiere decir que en apenas 21 días, el PJ ordenó la captura de tres autoridades políticas regionales. Sin lugar a dudas, este es el momento más difícil para el proceso de descentralización en nuestro país. 

Las denuncias se han sucedido una tras otra. Primero fue un Presidente Regional (PR) acusado de asesinato y corrupción (Áncash). Luego, otro denunciado por irregulares manejos de fondos públicos (Tumbes). Finalmente, un tercero acusado de haber recibido coimas de parte de empresarios constructores. Esto ha generado un escándalo político mayúsculo y un malestar ciudadano generalizado que pretende ser utilizado por algunos sectores para acabar con el proceso de descentralización iniciado durante el Gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.

Las soluciones político-mediáticas

La primera medida lanzada por algunos políticos y medios de comunicación para acabar con los problemas de corrupción e ineficiencia en las regiones fue proponer la Interpelación y la Censura para los PR. La segunda, que es la que ahora nos interesa evaluar, es la “no reelección” de estas autoridades sub nacionales. Por lo que a continuación, procederemos a analizar esta iniciativa desde una mirada política y constitucional.

No obstante lo ya expuesto, y con cargo a desarrollar nuestra postura más adelante, debemos hacerle al lector una importante advertencia: la mayor ingenuidad de los políticos y los medios de comunicación en nuestro país es creer que los problemas estructurales se solucionan únicamente a través de la promulgación de normas prohibitivas o sancionatorias, ya sea a nivel constitucional y/o legal.

¿Reelección o no reelección?

Como bien lo ha señalado el profesor de Harvard Steven Levitsky (2014), el debate sobre la reelección presidencial -iniciado en el Congreso Constituyente Democrático de 1993- ha vuelto a cobrar a cobrar vigencia, pero esta vez para el caso de las autoridades regionales. ¿Deben o no poder reelegirse los PR? Esa es la pregunta que debemos responder.

Ahora bien, es preciso advertir que este debate sobre la reelección, ya sea presidencial o regional, no se circunscribe al ámbito nacional, de hecho hace unos meses, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, impuso la reelección en ese país, al puro estilo de Chávez en Venezuela, quien en su momento, emuló lo hecho por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori en los 90. Así, mientras en otros países de la región como Ecuador la propuesta de reelección comienza a tomar fuerza, en el nuestro, la opinión mayoritaria (académica y política) es totalmente contraria a esta medida.

¿A qué se debe ello? Muy simple, en nuestro país los proyectos reeleccionistas han estado siempre vinculados a gobiernos autoritarios (Levitsky: 2014). En otras palabras, la imagen negativa (corrupción, crimen y abuso) que la dictadura dejó en el imaginario colectivo hace que la reelección presidencial como propuesta sea casi una herejía en el Perú.

Argumentos en contra de la reelección

Quienes se oponen a esta medida, señalan que la historia latinoamericana, ha sido adversa a la reelección, porque quien quiere reelección, lo que quiere es dictadura; permanecer en el cargo. La pregunta entonces que debemos formularnos es si esa misma reflexión aplica necesariamente para el caso de los PR. Más adelante veremos que la lógica no es la misma.

Como lo apuntó en su momento el profesor Domingo García Belaúnde, la reelección inmediata (peor la indefinida) ha sido funesta en América Latina y así lo demuestra la experiencia. Basta mirar la historia del siglo XX para encontrar ejemplos terribles de lo que acabamos de decir: Juan Vicente Gómez en Venezuela, 35 años; Porfirio Díaz en México, 35 años, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, 40 años y la familia Somoza en Nicaragua, 40 años. En consecuencia, son las estructuras mentales, la falta de cultura política, las estructuras económicas atrasadas, las que hacen que la reelección inmediata sea perniciosa en el Perú y Latinoamérica (García: 2006).

Sumado a todo ello, recientes investigaciones, como la llevada a cabo por el politólogo Javier Corrales demuestran que lo expuesto por García Belaúnde parece tener vigencia. Así, entre los años 1984 y 2013, 18 de los 20 presidentes latinoamericanos que buscaron la reelección fueron reelectos. Ello sugiere una tasa de reelección del 90%. ¿Por qué la tasa es tan alta? Muy sencillo: el poder del presidente en América Latina es tan fuerte que cuando este compite en una contienda electoral es muy difícil que sea vencido (muchas veces abusando de ese poder). Además, no es coincidencia que de 9 países latinoamericanos en donde se permitió la reelección entre 1990 y 2010, 6 (el Perú de Fujimori y la Venezuela de Chávez, entre otros) hayan terminado convertidos en auténticos autoritarismos competitivos.

La reelección no siempre socava la democracia

A pesar de lo ya señalado, la experiencia latinoamericana reciente, también registra casos en los cuales los presidentes que decidieron postular a la reelección no quebraron el orden democrático, sino más bien lo fortalecieron consolidando a sus instituciones políticas. Ese ha sido el caso de Cardoso (1994-2002) y Lula (2002-2010), en Brasil, y ese también será el caso de Santos en Colombia.

Entonces: ¿No era acaso que la reelección es siempre dañina para la democracia? Al parecer no. Existen países a nivel mundial que cuentan con esta figura en sus constituciones y que no podrían ser catalogados de antidemocráticos o autoritarios. ¿En dónde radica la diferencia? Politólogos como Nholen (2006) o Lanzaro (2001) afirman que la clave está en la fortaleza de las instituciones democráticas.

Es decir, reconociendo que en América Latina (en USA también) el poder del presidente es muy grande, cuando un país presenta instituciones legislativas, judiciales y electorales sólidas, capaces de limitar o corregir los abusos del poder político, entonces los costos del quiebre democrático son tal altos que ningún presidente, por muy popular que sea, se atrevería a optar por una alternativa autoritaria para prolongar su mandato. La clave entonces está en la fortaleza de las instituciones y en la existencia de mecanismos de control político eficaces.

¿En el Perú los Presidentes Regionales se reeligen?

A quienes creen que la prohibición de la reelección de los PR es una propuesta necesaria para resolver los problemas políticos subnacionales, debemos decirles que las estadísticas demuestran todo lo contrario. ¿Por qué afirmamos esto? En el año 2006, por ejemplo, solo 2 de los 25 PR fueron reelectos. En 2010, solo 6 fueron reelectos. Eso quiere decir que en el Perú (2002-2010) la reelección de los PR es la excepción y no la regla, ya que apenas el 16% logró ese cometido, y ninguno lo hizo por partida doble.

Entonces, si la propia realidad política nos dice que en nuestro país es casi imposible que un PR logre su reelección: ¿Tiene sentido prohibir esta posibilidad a nivel constitucional cuando en la realidad dicha práctica no se verifica? Nosotros creemos que no. Por eso a nuestro parecer, esta propuesta, tal y como ha sido planteada, resulta totalmente innecesaria.

¿Por qué no debemos prohibir la reelección de los Presidentes Regionales?

Yo diría que básicamente por 4 razones: 1) Los gobiernos necesitan tiempo suficiente para lograr sus objetivos (4 años es muy poco), especialmente para sacar adelante proyectos y reformas de largo plazo; 2) Es más democrático que los ciudadanos cuenten con una mayor posibilidad de alternativas políticas entre las cuales elegir que prohibir per se a una de ellas; 3) Si el PR tiene la opción de reelegirse tendrá mayores incentivos para “portarse bien” y hacer una gestión más eficiente (si eliminamos este incentivo institucional, el político puede optar por la fórmula “robar más y mejor en menor tiempo”); y 4) Los PR no tienen el poder que ostenta el Presidente de la República, el mismo que le ha permitido quebrar, en más de una oportunidad, el orden democrático sometiendo a las instituciones públicas y a la sociedad.

Sobre este último punto, debemos reconocer que casos como el del Gobierno Regional de Áncash pueden poner en duda la firmeza de nuestro argumento, ya que al parecer se trata de una autoridad que ha sido capaz de doblegar a las autoridades y medios de comunicación de su localidad. Sin embargo, es cierto también que cuando este caso adquirió notoriedad nacional, han sido las instituciones de control (Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República) las primeras en iniciar las investigaciones del caso. Eso quiere decir que si bien los PR (no todos) tienen poder a nivel local, esa fuerza no es tal cuando se la enfrenta a todo el aparato público (más presión mediática).

Las élites regionales y la renovación política

Pocos se han puesto a pensar en los costos políticos e institucionales que una prohibición de este tipo le demanda a nuestro sistema político. El más importante de ellos es el debilitamiento de las élites regionales. En un país como el nuestro que carece de un sistema de partidos sólido, con agrupaciones capaces de articular políticamente a toda la nación, las regiones deben servir como espacios en donde nuevos cuadros surjan y se consoliden a través de los años.

Por tanto, si prohibimos la reelección de los PR estaríamos eliminando uno de los incentivos más importantes que tienen los líderes y las agrupaciones sub nacionales para organizarse y competir electoralmente. De hecho, si uno mira con atención la experiencia latinoamericana podrá darse cuenta que en muchos otros países, los grandes nombres de la política nacional fueron primero importantes líderes y cuadros locales salidos del interior del país.

En el Perú en cambio, muy pocos son los alcaldes o PR que han sido capaces de dar el salto al plano nacional. De hecho, la historia nos dice que ningún alcalde, ni siquiera el de la capital (Bedoya, Barrantes, Belmont, Castañeda o Andrade) logró la Presidencia de la República cuando decidió competir por ella. En tal sentido, si consideramos que las regiones deben ser un semillero para la renovación de la política nacional, que nos libre de los mismos rostros y candidatos de siempre, entonces aceptemos que una propuesta de este tipo no hace sino entorpecer este camino. No olvidemos que nuestro país cuenta con hombres y mujeres de bien que a nivel regional y local llevan a cabo una gran labor, y no es justo que todos sean llamados corruptos o incapaces.

A modo de conclusión

Nosotros creemos, parafraseando a Levitsky, que abolir la reelección regional es fácil, pero soluciona poco. La tasa de reelección ya es baja, y prohibirlo debilitaría aún más a la clase política regional. Además, no debemos olvidar que la construcción de alianzas y redes de apoyo político subnacional es un arma fundamental a la hora de tentar una opción nacional.

Por lo ya planteado, consideramos, como lo señalamos en la columna pasada, que lo fundamental para solucionar el problema de la corrupción en las regiones es fortalecer a organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, cuya finalidad es justamente investigar, denunciar, procesar y sancionar a quienes incurren en delitos y/o faltas. Por ello, antes de llevar adelante reformas constitucionales prohibitivas, lo primero que debe hacerse es asumir la responsabilidad de reformar y fortalecer a las instituciones de control político ya existentes.

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

Venezuela no es una democracia. Hace mucho dejó de serlo. En una democracia (espero que mis amigos izquierdistas lo recuerden) se respetan las libertades civiles de asociación, reunión, expresión e información. En una democracia se garantiza la libertad de prensa, y los que critican al Gobierno no son perseguidos. En una democracia la oposición tiene el derecho a competir en elecciones limpias y justas. Estas condiciones que definen a una democracia desaparecieron en Venezuela hace varios años.

La doble moral de la izquierda

Por eso me sorprende que algunos amigos, con los cuales salí a las calles a criticar y enfrentar a la dictadura fujimorista, hoy en día defiendan y justifiquen la feroz represión desatada por el chavismo en Venezuela. Ok, algunos dirán que Chávez está muerto, y que el dictador es Maduro y no el Comandante. A ellos les digo que la democracia llanera se desplomó por acción directa de Chávez y no de Maduro. Este último ha demostrado en poco tiempo, que sin el liderazgo de Chávez, la caída y el fin de la Revolución Bolivariana está cada vez más cerca. Maduro no es otra cosa que un ignaro político que tuvo la suerte de recibir la bendición del líder muerto.

Me dicen esos mis amigos izquierdistas, que lo que ocurre en Venezuela es producto de la acción de una oposición golpista que se ha puesto al servicio de los intereses imperialistas. A ellos les digo que están absolutamente equivocados, y que sus afirmaciones son peligrosas, sobre todo para la propia izquierda. Pretender deslegitimar cínicamente la protesta de la oposición en Venezuela, tildándola de golpista y pro yanqui, no es otra cosa que buscar la legitimación de la represión y la violencia criminal del chavismo.

Al parecer, mis amigos izquierdistas han olvidado que la criminalización de la protesta ha sido siempre una táctica usada por la derecha, por las fuerzas conservadoras y militaristas de la sociedad. Recuerden queridos amigos izquierdistas, que cuando la protesta deja de ser un derecho de las mayorías, los primeros caídos son siempre los más pobres e indefensos de la patria. Por eso los progresistas y liberales debemos siempre defender el derecho a levantar la voz, a decir basta, independientemente del color político del dictador a quien se repudia públicamente por sus crímenes y atrocidades.

El final se está cerca

Lo que se vive en Venezuela hoy en día, no es otra cosa que la “Crónica de una muerte anunciada” (por citar el título de la gran novela de otro pro chavista como Gabriel García Márquez). Como se sabe, pocos regímenes autoritarios (personalistas) sobreviven después de la salida (enfermedad o muerte) de su líder. Recordemos que de los 51 regímenes personalistas que existieron entre 1945 y 1998, solo cuatro duraron después de la muerte del dictador, tal y como se lee en la notable investigación realizada por la politóloga Barbara Geddes sobre la estabilidad de los regímenes autoritarios. Venezuela no será la excepción. El Gobierno chavista caerá (ahora con Maduro). De eso no tengo dudas.

Como lo apuntó hace algún tiempo Levitsky, la sucesión en un Gobierno autoritario como el de Venezuela genera serios problemas al interior del partido o movimiento del autócrata. Ahora nos damos cuenta de que la opinión del politólogo de Hardvard era algo más que la voz profética de un académico informado. Levitsky señala que la sucesión es menos traumática en los regímenes con un partido institucionalizado. De hecho, países como México (con el PRI), Malasia, Vietnam y China,  con la presencia de un partido oficialista (hegemónico e institucionalizado), lograron implementar mecanismos para renovar liderazgos y solucionar pugnas internas. He allí su éxito. Les recomiendo leer sobre el “dedazo” en México.

Pero el problema en Venezuela es que el régimen autoritario del chavismo no contó nunca con instituciones sólidas. De hecho, la vida institucional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estuvo marcada siempre por el sello personalista de Chávez. Por eso muchos se animaron a vaticinar, hace ya algunos años, que la Revolución Bolivariana era insostenible. Uno de ellos fue justamente Levitsky, para quien el régimen político y el modelo del Socialismo del Siglo XXI, estaban condenados al fracaso, porque se construyeron sobre dos elementos muy precarios que hacían imposible la consolidación e institucionalización del régimen: el personalismo y el petróleo. Lo explico brevemente.

El personalismo chavista y el petróleo

Si el proyecto chavista está herido de muerte en estos días, es porque durante casi 14 años Hugo Chávez hizo todo menos adoptar políticas para la consolidación de un partido político sólido que le garantizase estabilidad al régimen una vez que este ya no estuviera entre los vivos. ¿Le interesó a Chávez despersonalizar su movimiento? No. Al contrario. Chávez buscó siempre ser la única voz política en Venezuela, él, y sólo él, era la carta de triunfo de la revolución. Caudillismo y mesianismo puros.

Por eso llama la atención cuando algunos izquierdistas peruanos llaman a Chávez “el último revolucionario de Latinoamérica”, ya que si uno revisa la historia política venezolana de los últimos años podrá darse cuenta (con mucha facilidad) que el chavismo fue sobre todo un movimiento populista, que logró tejer una red clientelar y una masa de “agradecidos” que le sirvieron para asegurar victorias electorales en contiendas injustas. Pero que jamás se tomó en serio la tarea histórica de llevar adelante un proyecto revolucionario como el cubano. Así, y espero que lo que voy a decir a continuación no ofenda la sensibilidad de mis amigos fujimoristas, para mí Chávez terminó pareciéndose más a Fujimori, que al octogenario Fidel Castro.

Como ya lo señalamos en líneas anteriores, cuando un régimen no se institucionaliza, está siempre expuesto a los vaivenes de la política y al sacudón de la economía mundial. Venezuela es el más claro ejemplo de cómo la extrema dependencia de los ingresos generados por la explotación de petróleo pueden terminar paralizando al Estado. El petróleo (su renta astronómica) trajo problemas de corrupción, ineficiencia y clientelismo a gran escala, que terminaron minando la estabilidad del régimen.

Un régimen sin instituciones

El problema es que Chávez, más allá del despilfarro fiscal que desató en cada proceso electoral, no hizo nada durante sus años como gobernante para romper esa dependencia. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen los años de las vacas flacas? ¿Qué pasará cuando tengan que limitarse los subsidios? ¿Qué sucederá cuando la inflación crezca y la escasez comience a pasar factura? Eran preguntas que muchos nos hacíamos cuando analizábamos el proceso venezolano.

Ahora todos estamos siendo testigos del descalabro político y económico por el cual está atravesando Venezuela gracias a la irresponsabilidad de un gobernante autoritario y de sus secuaces (entre ellos el actual presidente Maduro) que creyeron que una revolución se hacía repartiendo prebendas entre los que menos tienen, usufructuando la pobreza de la gente, avivando la confrontación y la polarización entre hermanos. Hoy, la violencia desatada en Venezuela, no es otra cosa que el resultado de un conjunto de acciones llevadas a cabo por un Gobierno que decidió arremeter ferozmente contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionar su política.

La historia de nuestro continente nos ha enseñado que ningún Gobierno autoritario quiere dejar el poder (sino preguntémosle al fujimorismo). Eso no quiere decir que llegado el momento estos Gobiernos no caerán. De hecho, todas las dictaduras, ya sea debido a factores externos, o por pugnas desatadas al interior de sus cúpulas, terminan desplomándose. El Gobierno de Maduro caerá también. Maduro está herido de muerte, es un líder muy débil, y con muy poco talento político para salir bien librado de situaciones de crisis.

¿Qué ocurrirá con el chavismo?

Ahora bien, ¿La caída de Maduro marcará el fin del chavismo? No. Yo creo que con el chavismo pasará lo mismo que ha ocurrido en Argentina con el peronismo, o lo que hemos vivido en el Perú con el fujimorismo. El chavismo sentó sus bases y echó raíces en la sociedad venezolana. Esa es una verdad innegable. La fuerza del chavismo está básicamente en los sectores populares venezolanos. El chavismo, cuenta con una identidad muy fuerte, una militancia comprometida presente en casi todos los rincones de Venezuela, y con una ideología que los convoca y cohesiona.

Recordemos que Venezuela ha sido por muchos años un Gobierno autoritario que contaba con apoyo mayoritario. ¿Por qué una dictadura recibe apoyo por parte de la población, sobre todo de los sectores populares? La razón es muy simple: Si bien es cierto los proyectos sociales de participación popular del chavismo fueron creados de manera vertical, y estuvieron marcados por el clientelismo y la politización de sus objetivos, no podemos negar que estos lograron importantes logros como la extensión del acceso a servicios básicos como la educación, vivienda, pensión y salud. Ello trajo consigo una reducción importante de la pobreza y la desigualdad. Y con ello, un mayoritario respaldo popular, el mismo que durante muchos años se tradujo en millones de votos.

Los retos de una democracia en transición

Por tanto, la caída inminente de un Gobierno autoritario como el chavista, y la apertura hacia una transición, deben ser vistos por los partidos y las fuerzas de oposición venezolanos como la oportunidad para sentar las bases de una democracia institucional que apueste por la acción social, la misma que sea capaz de garantizar no sólo el respeto por las reglas de la democracia constitucional, sino también la tutela de derechos económicos y sociales.

Así, el gran reto para la democracia en América Latina es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Mientras nuestras democracias no sean capaces de solucionar ambos problemas, siempre correremos el riesgo de caer en manos de líderes populistas y autoritarios, que busquen perpetuarse en el poder, violando sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Como diría el viejo maestro Raúl Ferrero Rebagliati: “Nos toca a los demócratas, nos toca a los latinoamericanos extender, la democracia del campo político al económico y social, haciendo partícipes de la renta a las clases medias y populares”.