ALBERTO FUJIMORI: EL FINANCISTA DE LOS “DIARIOS CHICHA”

Esta historia se inició en noviembre del año 2012, fecha en la cual la Corte Suprema de Chile decidió aprobar la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori (AF), por el caso de los “diarios chicha”. En aquella oportunidad, la justicia chilena encontró razones suficientes para determinar que las pruebas aportadas por el Estado peruano, arrojaban indicios que acreditaban fehacientemente la responsabilidad penal de AF por la comisión del delito de peculado.

El día de hoy (08ENE2015), la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia en contra de AF por el delito de peculado a 8 años de pena privativa de la libertad, 3 años de inhabilitación y también al pago de 3 millones de soles como reparación civil a favor del Estado. Con lo cual, queda claro, que la lectura penal que la justicia chilena hizo del caso de los diarios chicha en 2012 era el correcto.

Como se recuerda, el Ministerio Público en su acusación señaló que para el caso de los “diarios chicha”, fue la condición de Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió a AF intervenir directamente en diversos órganos y ordenar a una pluralidad de autoridades y funcionarios la comisión de diversos actos ilegales relacionados todos ellos con el financiamiento de los “diarios chicha”, llevados a cabo con la finalidad de alcanzar su inconstitucional re-reelección.

Entonces, lo que ha hecho la Corte Superior con este fallo no es otra cosa que ratificar la tesis de la fiscalía respecto a la implementación de un operativo ilegal con miras a la elección presidencial de AF en el año 2000, y que para lograr dicho cometido, AF dispuso el desvió de S/. 122 millones de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional.

Eso quiere decir que fueron S/. 122 millones de soles los que AF puso en manos de Vladimiro Montesinos para posicionar su candidatura presidencial y destruir la imagen de los candidatos opositores. En otras palabras, el dinero de todos los peruanos fue usado para engendrar a un diverso grupo de “diarios chicha” encargados de respaldar su régimen autoritario y acabar con la imagen pública de los políticos no alineados recurriendo a actos criminales como la difamación, calumnia e injuria, respectivamente.

Basta recordar las portadas nauseabundas que estos diarios chicha (“El Chino”, “El Chato”, El Tío”, “El Men”, “La Yuca”, “El Mañanero”, “La Razón”, entre otros) publicaban en contra de Alberto Andrade Carmona, Luis Castañeda Lossio, Alejandro Toledo, y tantos otros líderes incómodos para AF y su entorno criminal. Como también, el nombre de los cómplices de AF: el ex Ministro de Defensa, José Villanueva Ruesta, el ex Comandante General de la Fuerza Aérea Elesván Bello y su asesor, Vladimiro Montesinos, todos ellos sentenciados en el año 2005 en este mismo caso por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado.

Tampoco debemos olvidar a los empresarios corruptos que pusieron al servicio de la dictadura fujimorista la línea editorial de sus “diarios chicha”, hablamos de los hermanos Moisés y Álex Wolfenson (“El Chino”, “El Men” y “La Razón”), Pablo Documet (“El Chato”, “La Yuca” y “Conclusión”) y Alejandro Estrenos (“El Mañanero”).

Ahora bien, lo importante de este fallo judicial por el caso de los “diarios chicha” es que se trata del último proceso que se llevará en contra de AF, al menos mientras el Estado peruano no solicite una ampliación de los procesos por los cuales el ex dictador fue extraditado de Chile. Con lo cual, esta sentencia se convierte en la quinta condena impuesta a AF desde que fue extraditado de Chile en 2007, país desde el cual postuló al senado japonés, después de haber renunciado por fax a la Presidencia del Perú en el año 2000.

Entonces, resulta válido señalar que AF se ha convertido en un ex Presidente de la República, que desde el año 2007 viene construyendo un verdadero prontuario judicial en su contra, el mismo que pretende ser ocultado por algunos medios de comunicación, interesados en favorecer la candidatura de Keiko Fujimori en el año 2016. Por eso es importante que los ciudadanos tengan presente -sobre todo los más jóvenes- lo que fue la década de 1990, años durante los cuales desde el poder palaciego se tejió una red de corrupción y crimen que logró enquistarse en todo el aparato público, cometiendo, como veremos luego, una gran cantidad de actos criminales, que al ser judicializados, dieron lugar, como ya dijimos, a cuatro sentencias condenatorios en contra de AF.

CASO ALLANAMIENTO ILEGAL

El 11 de diciembre de 2007, AF recibió su primera condena a seis años de cárcel efectiva por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. Como quedó comprobado en este caso,  AF ordenó a un militar suplantar a un fiscal para llevar a cabo el mencionado allanamiento. Se presume que lo hizo para apoderarse de material (vídeos) que podía incriminarlo en una serie de otros delitos.

CASO BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA/ SÓTANOS DEL SIE

El 07 de abril de 2009, AF recibió su segunda condena a 25 años de cárcel efectiva por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta (universidad pública). Además, se lo encontró responsable del delito de secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército durante los días siguientes al autogolpe de Estado del año 1992.

Para este caso, la Sala Suprema, presidida por el destacado procesalista penal y profesor universitario, César San Martín Castro, aplicó la teoría de la “autoría mediata”, señalando que los autores materiales de las matanzas habían sido los miembros del Grupo Colina y que los dos secuestros formaron parte de una política de Estado dirigida por el propio AF.

CASO 20 MILLONES DE DÓLARES A FAVOR DE VLADIMIRO MONTESINOS

El 20 de julio de 2009, AF recibió su tercera condena a 7 años y medio de cárcel efectiva al haber sido encontrado culpable por la comisión de los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. En este caso, el propio AF reconoció haberse apropiado de US$ 15 millones de dólares para entregárselos a su ex asesor Vladimiro Montesinos como parte de su compensación por tiempo de servicios (CTS). Cabe señalar, que por más de una década, el Gobierno de AF nos dijo a todos los peruanos que Vladimiro Montesinos no era funcionario público y que trabaja Ad Honoren.

CASO TRÁNSFUGAS, CHUPONEO TELEFÓNICO Y CABLE CANAL DE NOTICIAS

El 30 de setiembre de 2009, AF recibió su cuarta condena a seis años de cárcel efectiva por la comisión de delitos de corrupción en tres casos emblemáticos: el pago a congresistas tránsfugas para que le aseguren una mayoría no electoral en el parlamento, el chuponeo telefónico a periodistas y líderes de la oposición y, finalmente, la compra de Cable Canal de Noticias con dinero asignado a las Fuerzas Armadas.

Finalmente, y más allá de la estrategia judicial que la defensa de AF ensaye en este caso, es preciso que los peruanos –sobre todo los electores- no perdamos la memoria, que recordemos lo que representó para el país los diez años durante los cuales la agrupación de AF envileció la política nacional, con el único propósito de no volver a cometer en el futuro los mismos errores del pasado. Acá no se trata de desatar una persecución contra de una persona o de proscribir de manera perpetua a una agrupación política.

De lo que se trata es de tener muy en claro cuáles son los valores que deben inspirar la conducta de los gobernantes, pues sólo así, desterraremos del imaginario colectivo, frases tan profundamente indignantes como “es ladrón pero hizo obra”, o peor aún, “es asesino pero acabó con el terrorismo”. Debemos darnos cuenta, de una vez por todas, que la política es algo más que pérfidas ambiciones, y que nuestro país, jamás merecerá ser gobernado por ladrones o asesinos. Yo jamás me resignaré a agachar la cabeza y caer en ese terrible conformismo.