LA CIDH CONDENA A VENEZUELA EN EL CASO RADIO CARACAS TELEVISIÓN

En el Perú, la derecha reaccionaria y algunos tontos útiles de los medios, suelen despotricar contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte), tildándola de comunista, estatista y socialista  (hasta de pro terrorista). También señalan que la Corte únicamente sanciona a Gobiernos de derecha, porque a los de izquierda no los condena. Eso, como muchos saben, es totalmente falso, y evidencia la irresponsabilidad y malicia de cierto sector político que lejos de leer los fallos de la Corte (para luego criticarlos), no hace otra cosa que disparar agravios e insultos contra sus miembros.

Por ello, me parece necesario comentar el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) en el que la Corte (2015) acaba de emitir una sentencia declarando responsable internacionalmente a la “comunista, estatista y socialista República Bolivariana de Venezuela” (en adelante, Venezuela) por la violación del derecho a la libertad de expresión (y otros), como consecuencia del cierre de RCTV.

Antecedentes

Como lo recuerda la Corte, RCTV operaba como una estación de televisión abierta con cobertura nacional en Venezuela desde el año 1953 en que le fue entregada una concesión. El canal transmitía programas de entretenimiento, información y opinión, y mantenía una línea editorial crítica frente al Gobierno de Hugo Chávez. Antes de su salida del aire, era el canal de televisión con la más alta sintonía en Venezuela.

Sin embargo, desde el año 2002 funcionarios del Gobierno venezolano, entre ellos el Presidente Chávez, realizaron distintas declaraciones respecto a que no serían renovadas las concesiones a algunos medios privados de comunicación social en Venezuela. Es más, a partir de diciembre de 2006, funcionarios gubernamentales pasaron a anunciar la decisión oficial de no renovar la concesión de RCTV, y en febrero de 2007, el Gobierno chavista empezó una campaña oficial para explicar la razón para no renovar la concesión a RCTV, campaña que incluía notas en los periódicos, pasacalles, pinturas en los muros, afiches en las instalaciones de las oficinas públicas, además de las infaltables declaraciones hechas por el propio Chávez.

Fue así como, el 24 de enero de 2007, el titular del Ministerio  del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MPPTI) y CONATEL comunicó la decisión final de no renovar la concesión a RCTV.

RCTV se defiende en Venezuela

Frente a esta decisión, la Corte ha comprobado que RCTV presentó en 2007 las acciones judiciales previstas en su legislación para defender sus intereses. Sin embargo, refiere la Corte, han transcurrido más de 7 años desde el inicio de estos procesos, sin que el Estado haya podido justificar el excesivo retraso de los mismos. Es más, se ha comprobado que en el proceso sobre la incautación arbitraria de los bienes de RCTV no se había realizado ninguna diligencia desde 2007. Esto, para la Corte, supone una evidente violación del derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.

El Gobierno venezolano violó el derecho a la libertad de expresión

Sobre este punto, la Corte señala que la argumentación utilizada por el Gobierno de Chávez para justificar el cierre del canal RCTV era la de “la democratización del uso del medio radioeléctrico y la pluralidad de los mensajes y contenidos”. Sobre la legitimidad de dicha finalidad, la Corte recordó la importancia del pluralismo en una sociedad democrática, razón por la cual consideró que la protección del pluralismo es no solamente un fin legítimo, sino, además, imperioso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte procedió a efectuar una valoración del recuento de las declaraciones públicas realizadas desde el año 2002 por funcionarios del Gobierno venezolano, con el fin de determinar si existieron razones por las cuales se arribó a dicha decisión distinta a la finalidad oficial declarada.

En primer lugar, la Corte resaltó que desde el año 2002 se venía advirtiendo que a los canales de televisión que no modificaran su línea editorial no se les renovaría su concesión y que este tipo de declaraciones gubernamentales se acrecentaron cuando se acercó la fecha del vencimiento de las concesiones.

En segundo lugar, a partir de 2006, en varias de dichas declaraciones se anunció que la decisión de no renovar la concesión a RCTV ya se encontraba tomada y no sería revaluada o modificada. Además, vale la pena resaltar que no solamente fueron declaraciones de funcionarios estatales en diversos medios de comunicación, sino que además se hicieron publicaciones en diarios nacionales y hasta la divulgación de un libro con el fin de anunciar y justificar la decisión de no renovar la concesión de RCTV.

En tercer lugar, la Corte concluyó que los hechos denunciados en el presente caso implicaron una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el Gobierno chavista.

En cuarto lugar, la Corte señaló que la decisión se encontraba tomada con anterioridad y que se hallaba relacionada con las molestias generadas por la línea editorial de RCTV, sumado al contexto sobre el “deterioro a la protección a la libertad de expresión” que fue absolutamente probado en este caso.

En quinto lugar, la Corte manifestó que la desviación de poder tuvo un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho, es decir, en la ciudadanía que se vio privada de tener acceso a la línea editorial que RCTV representaba.

En otras palabras, para la Corte la finalidad real de esta medida adoptada por el Gobierno de Chávez era acallar las voces críticas al régimen, las cuales se constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger.

Venezuela viola el principio de no discriminación

Al respecto, la Corte considera que en este caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de la ideas y opiniones, al decidir el Estado que se reservaría la porción del espectro y, por tanto, impedir la participación en los procedimientos administrativos para la adjudicación de los títulos o la renovación de la concesión a un medio que expresaba voces críticas contra el Gobierno de Chávez.

En esa misma línea, la Corte constató que para la fecha de expiración de la concesión de RCTV, existían otras estaciones de televisión que compartían algunas características similares con RCTV y cuya concesión también vencía en 2007, y que todas las licencias de estos canales fueron renovadas, salvo la de RCTV.

Esta constatación llevó a la Corte a señalar que la decisión de reservarse el uso del espectro asignado inicialmente a RCTV y no la de otro canal generó un trato discriminatorio en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Es más, la Corte reafirmó la importancia de la prohibición de discriminación basada en las opiniones políticas de una persona o un grupo de personas, y el consiguiente deber de los Estados de respetar y garantizar los derechos sin discriminación de ningún tipo, menos la posición política de un medio frente al Gobierno de turno.

Breve conclusión

La Corte con la emisión de esta sentencia reafirma su línea jurisprudencial de defensa del derecho a la libertad de expresión, garantía y principio básico de toda sociedad democrática, que todos los Gobiernos de Latinoamérica, sean de derecha o izquierda, están obligados a respetar de conformidad con el conjunto de obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de derechos humanos. 

VENEZUELA ES UNA DICTADURA, AUNQUE LA IZQUIERDA PERUANA LO NIEGUE

La historia nos ha enseñado a los latinoamericanos a reconocer cuándo estamos frente a una dictadura. Aun cuando algunos (derechistas e izquierdistas) se esfuercen en llamar democracia a un gobierno autoritario, siempre que se trate de uno puesto al servicio de sus intereses particulares, los académicos, los políticos y, por qué no decirlo, también los ciudadanos sabemos diferenciar a una democracia de una dictadura.

De manera sencilla podríamos decir que la democracia es ante todo un Estado de derecho en el cual el Poder Ejecutivo no invade todo el poder institucional. Así lo señaló de manera admirable el artículo XVI de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no es asegurada ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.

Por lo tanto, afirma Alain Rouquié, un Estado en el cual el Parlamento no es más que una cámara de registro, la justicia es puesta al servicio del gobierno y ninguna institución está en condiciones de hacer contrapeso a las decisiones del Ejecutivo no es una democracia. Yo agregaría una característica más: todo Estado en el cual el gobierno persigue impunemente a los opositores, violando sistemáticamente sus derechos y libertades, y además, manipula las reglas electorales, negándoles a los ciudadanos el derecho a un proceso electoral justo no es una democracia.

Dicho todo ello, y aun cuando en Venezuela y en el resto de Latinoamérica (incluyendo al Perú) algunos insistan en llamar democracia al gobierno de Nicolás Maduro, a mí me queda claro que lo que en Venezuela se vive ahora no es otra cosa que una dictadura pura y dura, igual a la que padeció nuestro país durante los diez años del gobierno de Alberto Fujimori, hoy sentenciado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.

 El Autoritarismo Competitivo venezolano

Hace algunos años, la academia inició un interesantísimo debate en torno a la siguiente pregunta: ¿Es Venezuela una democracia o una dictadura? Muchos politólogos se ocuparon de este asunto, unos con mayor brillo que otros, pero fue Steven Levitsky, el reconocido profesor de Harvard, quién abordó el tema con mayor rigurosidad, describiendo las características comunes que los gobiernos autoritarios de Hugo Chávez y Alberto Fujimori presentaban.

Para Levitsky, los gobiernos de ambos autócratas no eran dictaduras, al menos no en el sentido clásico del término. Así, Venezuela y Perú, encajaban dentro de lo que se denominó: “Autoritarismo Competitivo”, ya que en este tipo de regímenes es un solo líder (Chávez o Fujimori) o un solo partido político el que tiene un dominio casi total de la política pero, al menos en teoría, la oposición puede llegar al poder a través de elecciones. Bajo tal sistema, los gobernantes autoritarios casi siempre se mantienen en el poder porque controlan y utilizan los medios del Estado para aplastar a la oposición, detener o intimidar a los opositores, controlar los medios de comunicación, o alterar los resultados de las elecciones.

Así, el gobierno de Chávez, era un autoritarismo competitivo pues cumplía con las siguientes características: 1) El partido de gobierno manipuló durante años la legislación electoral con el afán de favorecerse y permanecer de manera indefinida en el poder desconociendo los principios básicos de la república como el de sucesión temporal y alternancia en el poder; b) El partido de gobierno, con el apoyo de las instituciones que puso a su servicio, se encargó de perseguir a los más importantes representantes de la oposición de su país restándole a este sector las posibilidades de competir en igualdad de condiciones; c) El partido de gobierno se encargó de liquidar el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación que se atrevían a criticar la conducta del líder y de su administración; d) El partido de gobierno despilfarró el dinero público de los ciudadanos en financiar todas las campañas electorales en las que ha participado sin ningún tipo de control o limitación; e) El partido de gobierno sometió a todo el sector castrense y lo convirtió en su brazo político a la hora de arremeter en contra de los opositores; f) El partido de gobierno quebró la institucionalidad democrática al violar el principio de separación de poderes de manera sistemática; y g) El partido de gobierno violó de manera reiterada las libertades civiles cuando el ejercicio de estas empezó a ser visto como una amenaza para los intereses políticos del líder.

 La actual dictadura venezolana

Como podemos apreciar, el gobierno de Chávez ofrecía todas las características que identifican a los “Autoritarismos Competitivos”. Sin embargo, desde el ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, el gobierno ha endurecido su posición frente a la disidencia convirtiéndose -como ya lo señalé- en una dictadura con mayúsculas, aunque la izquierda (la más cavernaria) en nuestro país trate, recurriendo a sofismas revolucionarios o anti imperialistas, de lavarle la cara a un autoritarismo que cada día pierde legitimidad ante los ojos de sus ciudadanos y de toda la comunidad internacional –salvo Cuba, y otros Estados afines a las prácticas del Chavismo-.

Decimos todo ello pues no es casualidad que 6 estudiantes hayan sido asesinados en las últimas semanas en el marco de las protestas que la oposición venezolana -cada vez más creciente- viene llevando a cabo en las principales ciudades de Venezuela. ¿Acaso Maduro no era consciente de los peligros que se avecinaban luego de que autorizara a su guardia pretoriana a emplear armas de fuego contra las manifestaciones estudiantiles en Caracas? Claro que lo era, sin embargo, para el heredero de Chávez lo más importante es mantener a raya a la oposición aun cuando eso suponga la violación sistemática de derechos como la vida, la libertad o la integridad de las personas.

El gobierno de Maduro no quiere oposición, no está acostumbrado a dialogar ni a buscar consensos, un gobierno autoritario como el suyo cree que tiene la potestad de avasallar a la oposición, incluso incurriendo en actos ilegales como el asesinato, la tortura o la detención arbitraria. Eso explica el cariz represor y abusivo de un régimen que no tiene mayor reparo en encarcelar a todos los líderes que se opongan a su prédica, acusándolos –siempre es el mismo estribillo- de ser socios del imperio norteamericano o lacayos de la derecha burguesa venezolana.

Por ello no sorprende la detención arbitraria de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, que se ha convertido en uno de los rostros visibles de la resistencia política en Venezuela. Como se recuerda, lo mismo le ocurrió el año pasado a Leopoldo López, otro de los más importantes –junto Hugo Capriles- opositores a la dictadura chavista. Ni qué decir de lo que le ha tocado vivir a María Corina Machado, congresista venezolana, a quien el gobierno de Maduro ha privado arbitrariamente de su condición de parlamentaria, luego de someterla a una persecución judicial infame.

 El silencio cómplice de la clase política latinoamericana

Ahora bien, siendo tan evidente la forma cómo el gobierno de Maduro viola los principios básicos de toda democracia -expuestos en líneas previas- cabe preguntarnos lo siguiente: ¿Por qué los gobiernos (el nuestro también) y la izquierda callan y son incapaces de denunciar la sistemática vulneración de los derechos y libertades de los venezolanos que se oponen a la dictadura? ¿O es que para la izquierda sólo los chavistas tienen derechos en Venezuela?

Sobre las preguntas antes formuladas, me parece importante recordar el apunte hecho por Levitsky hace dos años, cuando señala que los gobiernos son pragmáticos, no principistas, sobre todo en política exterior, y que sus posiciones en el plano internacional, se basan en varios motivos (seguridad, objetivos comerciales), pero que la promoción de la democracia no es uno de los principales.

Por ello, apunta Levitsky, cuando los presidentes latinoamericanos toman posiciones colectivas como las de UNASUR, suelen hacerlo en defensa no de la democracia sino de la autonomía de los gobiernos. Actúan en defensa, y no en contra, de sus pares porque no quieren crear un precedente en el cual los demás países pueden meterse en los asuntos domésticos. Esa lógica los lleva a defender los gobiernos electos tumbados por golpes militares (Venezuela en 2002, Honduras en 2009), pero también a resistir la intervención externa en los procesos electorales domésticos.

¿Dónde están los organismos de integración regional?

En esa misma línea, el ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, en opinión que compartimos, ha señalado que si bien todos los gobiernos latinoamericanos conocen bien el desastre venezolano, todos ellos guardan silencio. Apenas, Colombia ha hecho una tímida denuncia, afirma, mientras los organismos de integración que pueblan la región miran hacia otro lado. Del mismo modo, recuerda que en la OEA y en el MERCOSUR, rige una cláusula que dispone la automática suspensión del país en que no exista “la plena vigencia de las instituciones democráticas”, la misma que se le aplicó arbitrariamente a Paraguay, en junio de 2012, cuando después de un juicio político jurídicamente correcto el poder legislativo destituyó a un presidente al que nadie defendió.

Sin embargo, ahora, todos guardan silencio. Nadie dice nada y el presidente Maduro llega a Uruguay a participar de la ceremonia de transmisión de mando presidencial. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Será porque Maduro es izquierdista? Este silencio cómplice, afirma, desnuda la falta de compromiso democrático de gobiernos importantes como el de Brasil, y el temor a chocar con los sistemas populistas, que han construido una falsificada aureola de izquierda que los inmuniza de la crítica. Por eso, señala el expresidente, todo esto da la impresión que los gobiernos de la izquierda democrática, obligados a manejar la economía con y a enterrar sus viejas consignas revolucionarias, tratan de mantener su viejo imaginario abrazándose con Cuba y Venezuela, para contemplar a sus grupos más radicales.

La incoherencia de la clase política en el Perú

Pero si la incoherencia latinoamericana –como podemos apreciar- es evidente, lo que ocurre en nuestro país no deja de lindar con el más absoluto cinismo. Decimos ello, pues resulta por demás curioso que los más duros críticos del chavismo en Lima, hayan sido, al mismo tiempo, los que durante una década justificaron todas y cada una de las tropelías cometidas por el fujimorismo. En otras palabras, los mismos que ahora piden la salida de Maduro, defienden la protesta de la oposición, y acusan los excesos del chavismo, son los que aplaudieron el golpe de Estado de 1992, negaron los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, apoyaron la reelección inconstitucional de Fujimori en el año 2000, justificaron la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional e impidieron todas las investigaciones en contra de Vladimiro Montesinos.

Del mismo modo, en la izquierda, diversas personalidades que lucharon contra la dictadura fujimorista, denunciando la violación de los derechos humanos y la corrupción, hoy “llaman criminales a los opositores venezolanos”, señalan que son golpistas y que están siguiéndole el juego al gobierno de los Estados Unidos. Más aún, en el colmo de la inmoralidad, afirman que apoyan al gobierno de Maduro pues se trata de un presidente “democráticamente elegido”, que no es responsable de los excesos que puedan haber cometido los miembros de seguridad en el control de las manifestaciones. Es decir, el típico doble rasero de la izquierda peruana a la que tantas veces se la acusa -en este caso legítimamente- de incoherente y cínica.

¿Qué posición debe tener la izquierda frente a lo que acontece en Venezuela?

La  izquierda auténticamente democrática debe luchar frontalmente contra la dictadura en Venezuela. La izquierda, debe entender que la única manera de consolidar la democracia es haciendo respetar sus instituciones (entre ellas, el derecho a la protesta), aunque ello no nos guste, aunque ello suponga criticar a gobiernos que presentan una línea ideológica afín a la nuestra.

Es muy fácil defender los derechos de la izquierda cuando esta es oposición, y la represión viene de parte de la derecha. Lo difícil es defender los derechos de quienes no piensan como nosotros, pero que tienen derecho a protestar en contra de un gobierno como el de Maduro que ha perdido toda legitimidad democrática.

Entonces, si lo que se vive en Venezuela es una dictadura, la izquierda debe apoyar la protesta en contra de un régimen que a diario viola los valores mínimos de la democracia. Luchar contra la dictadura venezolana no es un acto de golpismo, así como no lo fue salir a las calles a pedir la caída de Fujimori. La protesta en Venezuela no es otra cosa que un acto de libertad, que evidencia el hartazgo de una sociedad que no está dispuesta a soportar más atropellos y violaciones. Por eso la izquierda debe definir su postura, olvidarse de sesgos ideológicos, y defender a la democracia y no a Maduro. La izquierda no debe olvidar que ha sido gracias a la democracia que hoy en día tiene a muchos de sus referentes sentados en los palacios presidenciales de América Latina.

Nota: a propósito del tema expuesto en esta columna, quiero recomendarles el libro del profesor Alain Rouquié, titulado "A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina". Lo acabo de terminar de leer y es francamente notable. 

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

Venezuela no es una democracia. Hace mucho dejó de serlo. En una democracia (espero que mis amigos izquierdistas lo recuerden) se respetan las libertades civiles de asociación, reunión, expresión e información. En una democracia se garantiza la libertad de prensa, y los que critican al Gobierno no son perseguidos. En una democracia la oposición tiene el derecho a competir en elecciones limpias y justas. Estas condiciones que definen a una democracia desaparecieron en Venezuela hace varios años.

La doble moral de la izquierda

Por eso me sorprende que algunos amigos, con los cuales salí a las calles a criticar y enfrentar a la dictadura fujimorista, hoy en día defiendan y justifiquen la feroz represión desatada por el chavismo en Venezuela. Ok, algunos dirán que Chávez está muerto, y que el dictador es Maduro y no el Comandante. A ellos les digo que la democracia llanera se desplomó por acción directa de Chávez y no de Maduro. Este último ha demostrado en poco tiempo, que sin el liderazgo de Chávez, la caída y el fin de la Revolución Bolivariana está cada vez más cerca. Maduro no es otra cosa que un ignaro político que tuvo la suerte de recibir la bendición del líder muerto.

Me dicen esos mis amigos izquierdistas, que lo que ocurre en Venezuela es producto de la acción de una oposición golpista que se ha puesto al servicio de los intereses imperialistas. A ellos les digo que están absolutamente equivocados, y que sus afirmaciones son peligrosas, sobre todo para la propia izquierda. Pretender deslegitimar cínicamente la protesta de la oposición en Venezuela, tildándola de golpista y pro yanqui, no es otra cosa que buscar la legitimación de la represión y la violencia criminal del chavismo.

Al parecer, mis amigos izquierdistas han olvidado que la criminalización de la protesta ha sido siempre una táctica usada por la derecha, por las fuerzas conservadoras y militaristas de la sociedad. Recuerden queridos amigos izquierdistas, que cuando la protesta deja de ser un derecho de las mayorías, los primeros caídos son siempre los más pobres e indefensos de la patria. Por eso los progresistas y liberales debemos siempre defender el derecho a levantar la voz, a decir basta, independientemente del color político del dictador a quien se repudia públicamente por sus crímenes y atrocidades.

El final se está cerca

Lo que se vive en Venezuela hoy en día, no es otra cosa que la “Crónica de una muerte anunciada” (por citar el título de la gran novela de otro pro chavista como Gabriel García Márquez). Como se sabe, pocos regímenes autoritarios (personalistas) sobreviven después de la salida (enfermedad o muerte) de su líder. Recordemos que de los 51 regímenes personalistas que existieron entre 1945 y 1998, solo cuatro duraron después de la muerte del dictador, tal y como se lee en la notable investigación realizada por la politóloga Barbara Geddes sobre la estabilidad de los regímenes autoritarios. Venezuela no será la excepción. El Gobierno chavista caerá (ahora con Maduro). De eso no tengo dudas.

Como lo apuntó hace algún tiempo Levitsky, la sucesión en un Gobierno autoritario como el de Venezuela genera serios problemas al interior del partido o movimiento del autócrata. Ahora nos damos cuenta de que la opinión del politólogo de Hardvard era algo más que la voz profética de un académico informado. Levitsky señala que la sucesión es menos traumática en los regímenes con un partido institucionalizado. De hecho, países como México (con el PRI), Malasia, Vietnam y China,  con la presencia de un partido oficialista (hegemónico e institucionalizado), lograron implementar mecanismos para renovar liderazgos y solucionar pugnas internas. He allí su éxito. Les recomiendo leer sobre el “dedazo” en México.

Pero el problema en Venezuela es que el régimen autoritario del chavismo no contó nunca con instituciones sólidas. De hecho, la vida institucional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estuvo marcada siempre por el sello personalista de Chávez. Por eso muchos se animaron a vaticinar, hace ya algunos años, que la Revolución Bolivariana era insostenible. Uno de ellos fue justamente Levitsky, para quien el régimen político y el modelo del Socialismo del Siglo XXI, estaban condenados al fracaso, porque se construyeron sobre dos elementos muy precarios que hacían imposible la consolidación e institucionalización del régimen: el personalismo y el petróleo. Lo explico brevemente.

El personalismo chavista y el petróleo

Si el proyecto chavista está herido de muerte en estos días, es porque durante casi 14 años Hugo Chávez hizo todo menos adoptar políticas para la consolidación de un partido político sólido que le garantizase estabilidad al régimen una vez que este ya no estuviera entre los vivos. ¿Le interesó a Chávez despersonalizar su movimiento? No. Al contrario. Chávez buscó siempre ser la única voz política en Venezuela, él, y sólo él, era la carta de triunfo de la revolución. Caudillismo y mesianismo puros.

Por eso llama la atención cuando algunos izquierdistas peruanos llaman a Chávez “el último revolucionario de Latinoamérica”, ya que si uno revisa la historia política venezolana de los últimos años podrá darse cuenta (con mucha facilidad) que el chavismo fue sobre todo un movimiento populista, que logró tejer una red clientelar y una masa de “agradecidos” que le sirvieron para asegurar victorias electorales en contiendas injustas. Pero que jamás se tomó en serio la tarea histórica de llevar adelante un proyecto revolucionario como el cubano. Así, y espero que lo que voy a decir a continuación no ofenda la sensibilidad de mis amigos fujimoristas, para mí Chávez terminó pareciéndose más a Fujimori, que al octogenario Fidel Castro.

Como ya lo señalamos en líneas anteriores, cuando un régimen no se institucionaliza, está siempre expuesto a los vaivenes de la política y al sacudón de la economía mundial. Venezuela es el más claro ejemplo de cómo la extrema dependencia de los ingresos generados por la explotación de petróleo pueden terminar paralizando al Estado. El petróleo (su renta astronómica) trajo problemas de corrupción, ineficiencia y clientelismo a gran escala, que terminaron minando la estabilidad del régimen.

Un régimen sin instituciones

El problema es que Chávez, más allá del despilfarro fiscal que desató en cada proceso electoral, no hizo nada durante sus años como gobernante para romper esa dependencia. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen los años de las vacas flacas? ¿Qué pasará cuando tengan que limitarse los subsidios? ¿Qué sucederá cuando la inflación crezca y la escasez comience a pasar factura? Eran preguntas que muchos nos hacíamos cuando analizábamos el proceso venezolano.

Ahora todos estamos siendo testigos del descalabro político y económico por el cual está atravesando Venezuela gracias a la irresponsabilidad de un gobernante autoritario y de sus secuaces (entre ellos el actual presidente Maduro) que creyeron que una revolución se hacía repartiendo prebendas entre los que menos tienen, usufructuando la pobreza de la gente, avivando la confrontación y la polarización entre hermanos. Hoy, la violencia desatada en Venezuela, no es otra cosa que el resultado de un conjunto de acciones llevadas a cabo por un Gobierno que decidió arremeter ferozmente contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionar su política.

La historia de nuestro continente nos ha enseñado que ningún Gobierno autoritario quiere dejar el poder (sino preguntémosle al fujimorismo). Eso no quiere decir que llegado el momento estos Gobiernos no caerán. De hecho, todas las dictaduras, ya sea debido a factores externos, o por pugnas desatadas al interior de sus cúpulas, terminan desplomándose. El Gobierno de Maduro caerá también. Maduro está herido de muerte, es un líder muy débil, y con muy poco talento político para salir bien librado de situaciones de crisis.

¿Qué ocurrirá con el chavismo?

Ahora bien, ¿La caída de Maduro marcará el fin del chavismo? No. Yo creo que con el chavismo pasará lo mismo que ha ocurrido en Argentina con el peronismo, o lo que hemos vivido en el Perú con el fujimorismo. El chavismo sentó sus bases y echó raíces en la sociedad venezolana. Esa es una verdad innegable. La fuerza del chavismo está básicamente en los sectores populares venezolanos. El chavismo, cuenta con una identidad muy fuerte, una militancia comprometida presente en casi todos los rincones de Venezuela, y con una ideología que los convoca y cohesiona.

Recordemos que Venezuela ha sido por muchos años un Gobierno autoritario que contaba con apoyo mayoritario. ¿Por qué una dictadura recibe apoyo por parte de la población, sobre todo de los sectores populares? La razón es muy simple: Si bien es cierto los proyectos sociales de participación popular del chavismo fueron creados de manera vertical, y estuvieron marcados por el clientelismo y la politización de sus objetivos, no podemos negar que estos lograron importantes logros como la extensión del acceso a servicios básicos como la educación, vivienda, pensión y salud. Ello trajo consigo una reducción importante de la pobreza y la desigualdad. Y con ello, un mayoritario respaldo popular, el mismo que durante muchos años se tradujo en millones de votos.

Los retos de una democracia en transición

Por tanto, la caída inminente de un Gobierno autoritario como el chavista, y la apertura hacia una transición, deben ser vistos por los partidos y las fuerzas de oposición venezolanos como la oportunidad para sentar las bases de una democracia institucional que apueste por la acción social, la misma que sea capaz de garantizar no sólo el respeto por las reglas de la democracia constitucional, sino también la tutela de derechos económicos y sociales.

Así, el gran reto para la democracia en América Latina es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Mientras nuestras democracias no sean capaces de solucionar ambos problemas, siempre correremos el riesgo de caer en manos de líderes populistas y autoritarios, que busquen perpetuarse en el poder, violando sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Como diría el viejo maestro Raúl Ferrero Rebagliati: “Nos toca a los demócratas, nos toca a los latinoamericanos extender, la democracia del campo político al económico y social, haciendo partícipes de la renta a las clases medias y populares”. 

VENEZUELA: DEMODURA O DICTACRACIA

La última elección presidencial en Venezuela ha sido una de las más reñidas de su historia. Según las cifras finales, Nicolás Maduro, el heredero político de Hugo Chávez, ganó los comicios con el 50.75% de los votos, frente al 48.98% obtenido por Henrique Capriles Radonski, el candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Los resultados finales han sido los más ajustados de los últimos tiempos. Como se recuerda, Venezuela no vivía un proceso similar desde que en 1968, Rafael Caldera, el candidato socialcristiano, derrotara al partido oficialista Acción Democrática con un margen de apenas 33,000 votos.

Es así como luego de 14 años de chavismo, la oposición de ese país estuvo a punto (quizá lo logró) de derrotar al partido de Gobierno. Para los defensores del chavismo esta elección ha vuelto a demostrar que el pueblo venezolano sigue apostando por el proyecto del Socialismo del siglo XXI que Hugo Chávez impulsó desde el momento en el que asumió la presidencia por primera vez en el año de 1998. En otras palabras, para los chavistas, haber ganado 17 de los últimos 18 comicios electorales es una señal clara de que a esta revolución nadie la para. Por el lado de los opositores, la reacción ha sido completamente distinta. Para ellos, este proceso marca un punto de quiebre en la historia política reciente de Venezuela. Nunca antes la oposición había logrado alcanzar casi el 50% de los votos en este país. Esto hace que muchos hablen ya del inicio de una transición democrática.

Los resultados han dado como ganador al partido oficialista. Nicolás Maduro fue proclamado como el nuevo presidente de Venezuela por la Comisión Nacional Electoral (a pesar de que la OEA pidió el recuento de los votos). Pero las cifras alcanzadas por el chavismo más que tranquilidad han generado una profunda preocupación entre su militancia. Imagínense, han transcurrido largos 14 años de gobierno “socialista” y casi la mitad del pueblo venezolano ha expresado en las urnas sus deseos de cambio en la conducción política de su país. ¿Qué clase de revolución “popular” es esta que tiene a la mitad de la población deseando que la revolución termine? Esta es la pregunta que muchos en Latinoamérica nos hacemos hace mucho pues estamos seguros de que el descontento con la manera cómo el chavismo entiende la política y ejerce el poder ha ido creciendo rápidamente durante los últimos años.

Sin embargo, lo más importante de estos comicios no han sido los resultados finales, sino lo que vino después de que estos fueran conocidos. Durante las semanas previas a este proceso electoral (sucedió lo mismo en las últimas elecciones pasadas en las que participó Hugo Chávez) diversos líderes, personalidades y medios de comunicación (los que han logrado sobrevivir a la persecución chavista) fueron denunciando la presencia de una serie de irregularidades que distorsionaban el proceso electoral inclinando la balanza en favor del partido de gobierno. Estos son los antecedentes que hoy en día hacen que ante un escenario de suma polarización como el que se está viviendo, y con cifras tan ajustadas, los rumores de FRAUDE cobren fuerza tanto dentro como fuera de Venezuela.

Para nadie, a estas alturas de la historia, es novedad de que en Venezuela el chavismo tiene el “monopolio casi absoluto” sobre los medios de comunicación. También se sabe, y eso es algo que ni siquiera los propios chavistas se pueden atrever a refutar, que el partido de gobierno ha logrado copar a todas las instituciones públicas, incluyendo al Poder Judicial y al órgano electoral de ese país, situación que le ha dado una enorme ventaja frente a los partidos de oposición en cualquier contienda electoral en la que han participado.

Si a eso le sumamos que el chavismo ha utilizado a toda la maquinaria estatal a su antojo y empleado ingentes cantidades de dinero público en su afán releccionista, es lógico pensar que en “este tipo de elecciones” el chavismo ha tenido siempre todas las cartas ganadoras en su poder, y que la participación de la oposición, únicamente servía para legitimar plebiscitariamente la continuidad de su proyecto autocrático y populista.

Creo que nadie puede tener la certeza, ni siquiera los líderes de la oposición venezolana, de que se ha producido un fraude al momento de computar los votos (recordemos que el voto es electrónico en este país). Quizá sea cierto que Nicolás Maduro logró vencer a Capriles por aproximadamente 265 mil votos. No obstante ello, cabría preguntarnos si para que un proceso electoral sea catalogado como democrático basta con que el conteo de votos sea fiel reflejo de la voluntad popular, o si además de ello, los actores involucrados (oficialismo y oposición) deben observar una serie de reglas expresas (también tácitas) que hacen que el vencedor de una elección goce de una legitimidad indiscutible al haber competido de manera transparente y justa.

Un proceso electoral, como el que se ha vivido en Venezuela (con Chávez y ahora como Maduro como protagonistas), o como el que se vivió en el Perú en el año 2000, no puede ser catalogado de ninguna manera como democrático por las siguientes razones:

a) El partido de gobierno manipuló durante los últimos años la legislación electoral con el afán de favorecerse y permanecer de manera indefinida en el poder desconociendo los principios básicos de la república como el de sucesión temporal y alternancia en el poder; b) El partido de gobierno, con el apoyo de las instituciones que puso a su servicio, se encargó de perseguir a los más importantes representantes de la oposición de ese país restándole a este sector las posibilidades de competir en igualdad de condiciones; c) El partido de gobierno se encargó de liquidar el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación que se atrevían a criticar la conducta de Hugo Chávez y de su administración; d) El partido de gobierno ha despilfarrado el dinero público de todos los venezolanos en financiar todas las campañas electorales en las que ha participado sin ningún tipo de control o limitación; e) El partido de gobierno ha sometido a todo el sector castrense y lo ha convertido en su brazo político a la hora de arremeter en contra de los opositores; f) El partido de gobierno ha quebrado la institucionalidad democrática en Venezuela al violar el principio de separación de poderes de manera sistemática durante los últimos años; y g) El partido de gobierno ha violado de manera reiterada las libertades civiles y fundamentales cuando el ejercicio de estas empezó a ser visto como una amenaza para los intereses políticos del chavismo.

Por estas razones, creemos que es muy preocupante que nuestro Gobierno, y el de los diversos países de la Unasur, terminen respaldando y reconociendo la victoria electoral de Nicolás Maduro, cuando saben que este proceso estuvo plagado de una serie de ilegalidades que lo convierten en el más claro ejemplo de lo que las autocracias modernas hacen para legitimar su poder en el mundo. En palabras de Steven Levitsky, profesor de Harvard, lo que caracteriza a estos “autoritarismos competitivos” como el de Venezuela es que un solo líder (antes Hugo Chávez) o un solo partido político tiene un dominio casi total de la política pero que, al menos en teoría, la oposición puede llegar al poder a través de elecciones. Bajo tal sistema, los gobernantes autoritarios casi siempre se mantienen en el poder porque controlan y utilizan los medios del Estado para aplastar a la oposición, detener o intimidar a los opositores, controlar los medios de comunicación, o alterar los resultados de las elecciones.

En otras palabras, las autocracias competitivas como la venezolana pueden no necesitar de un fraude al momento de contabilizar los votos para alcanzar la victoria, pues ese fraude lo fueron gestando poco a poco desde el gobierno, usando todo el poder que el manejo del sector público les ofrece, inclinando la balanza a su favor, para entrar a competir con la certeza de que no podrán ser vencidos, y de que si lo fuesen, los árbitros de la competencia les terminarán por dar el triunfo en mesa, cueste lo que cueste. Porque para las demoduras o dictacracias como la de Venezuela lo más importante es perpetuarse en el poder aun cuando el 50% de la población ya no crea en su prédica revolucionaria vacía y mentirosa. Estas son las elecciones a las cuales nuestro presidente Ollanta Humala y los jefes de Estado del Unasur, consideran democráticas y legítimas. ¿Qué les parece?

La esquizofrenia de la izquierda peruana

Seguro al leer el título de este artículo algún izquierdista bruto y achorado (dogmáticos tenemos en ambos bandos) afilará su puntería y llenará su arma con balas de odio y estiércol. Lo mismo haría un derechista en el otro bando, si el tenor fuese otro. El título pudo ser también “hipocresía zurda” o “la doble moral progresista”. En fin, el encabezado pudo ser cualquiera, pero en modo alguno cambiaría lo que muchos hemos sentido y pensado al escuchar a algunas voces de nuestra izquierda pronunciándose sobre los resultados en las últimas elecciones presidenciales llevadas a cabo en Venezuela.

Celebran y felicitan la victoria “democrática” del sátrapa Hugo Chávez, es una nueva forma de hacer la revolución, dicen algunos. Otros, con menos pudor y con más talento para la lisonja interesada y la adulación rastrera, dicen que Chávez es la mismísima encarnación de Simón Bolívar, y que su pueblo lo ha premiado por ser la única voz en América del Sur capaz de denunciar los abusos del imperio norteamericano (se olvidan que ese mismo imperio es el principal importador de su petróleo).

Chávez tiene sus amigos en el barrio, mejor dicho, tiene un grupo de mandatarios que con la misma prédica, pero con menos dólares, pretenden hacer la revolución socialista del siglo XXI en base a clientelismo y populismo puros. Ser generoso es muy fácil, sobre todo cuando la generosidad es financiada con el dinero de todos los ciudadanos. Ningún venezolano, hasta los más chavistas, puede negar el brutal despilfarro que Chávez hace de las reservas de su país, financiando programas “populares” que tienen como único objetivo la formación de milicias que pueblan las calles y visten un  polo rojo por el temor a perder las dádivas que desde el poder reciben.

He marchado hace algunos años con muchos hombres y mujeres que con convicción nos oponíamos a la tercera elección del reo Alberto Fujimori. En ese momento las razones jugaban a nuestro favor, el dictador y su partido aprovechando la miseria de la población, desarrollaban un plan de asistencialismo a gran escala, financiado con el dinero de todos los peruanos, el cual les permitía transformar al autócrata en Papá Noel los doce meses del año. Pero el asunto era más complejo, el shogunato fujimorista había copado todo el aparato público, y hacía lo mismo con los medios de comunicación. Frente a ese escenario la respuesta era unánime: no es posible hablar de elecciones democráticas en un país en donde las libertades son conculcadas y los opositores son perseguidos.

Pero al cabo de algunos años, esos mismos defensores de la democracia, hoy convertidos en publicistas del chavismo, o silentes organizaciones no gubernamentales que prefieren mirar a otro lado, tiran al tacho toda esa prédica democrática, y se afanan en justificar una barbarie incalificable. Decir que las elecciones en Venezuela son un ejemplo de civismo democrático es atentar e insultar la inteligencia de todo latinoamericano medianamente informado.

El problema de este sector de la izquierda (no quiero referirme a toda ella) es que bajo su tesis la palabra democracia se reduce únicamente al acto electoral en el cual los ciudadanos depositan su voto. Si ello es así, el continente corre un grave riesgo, pues en otro país, y usando las mismas prácticas, el gobernante puede modificar la Constitución y las leyes electorales a su antojo, dilapidar los fondos públicos en su campaña, manipular a toda la burocracia convirtiéndola en portátil, quebrar el principio de separación de poderes, cerrar los medios de comunicación incómodos, perseguir a los opositores, y finalmente proclamarse “tirano electoralmente elegido” en una competencia cuya transparencia no pudo ser supervisada por ningún organismo internacional serio.

Qué curioso, esta izquierda fracasada y trasnochada, que cada cinco años va de tumbo en tumbo buscando a algún partido inscrito para fagocitar de sus entrañas, es la misma izquierda que criticó y sentenció políticamente a Fujimori por hacer todo aquello que hoy en día le perdona al tirano Hugo Chávez. Eso se llama hipocresía, acomodo, doble moral, incoherencia, o únicamente sesgo ideológico. Hablan de libertad, democracia y derechos humanos cuando se trata de descalificar a los jinetes negros de la derecha, pero callan, cierran los ojos, adulan, incluso ríen, cuando el tirano es uno de los suyos, cuando el autócrata se declara anti-imperialista  aunque todos estos sepan que ese mismo enemigo del colonialismo invierte miles de dólares en el financiamiento de grupos que en cada país inoculan su ideología anti-democrática.

Chávez venció en una competencia en la que no podía perder. El esfuerzo de Enrique Capriles ha sido enorme y merece por ello nuestro reconocimiento. Pero, ¿cómo competir con Goliat si a David ni siquiera se le permite tener una piedra? Basta con medir la presencia mediática de uno y otro candidato para darnos cuenta de la falsedad de las palabras de aquellos que afirman que la oposición tuvo las mismas posibilidades de vencer en esta elección.

Es cierto que en Venezuela existe un importante número de electores (la mitad de Venezuela quizá) que seguramente votó por Chávez. Es cierto que muchos de ellos prefieren a Chávez que a los grupos tradicionales de poder que representados por AD y COPEI, se encargaron de invisibilizarlos durante décadas mientras ponían el país al servicio de sus intereses. Chávez es visto  por ellos como el héroe que descabezó a esa derecha oligárquica, egoísta y corrupta. Todo eso es cierto.

Pero con igual contundencia, podemos decir que Chávez ha convertido a Venezuela en un país donde el plebiscito sirve para justificar la destrucción de los principios básicos de la democracia. No hemos querido hablar de la brutal crisis social, política y económica por la que atraviesa Venezuela, pues razones de tiempo nos lo impiden. Lo que debe quedarnos claro es que el discurso populista y autoritario sigue siendo exitoso en nuestros pueblos, y lo seguirá siendo mientras la “democracia” no sea capaz de llevar bienestar y desarrollo a la mayor parte de latinoamericanos. Debe quedarnos claro también que tenemos una clase política que más allá de comprometerse con la defensa de ciertas reglas que transparenten la dinámica política, como el rechazo a la reelección indefinida, aparecen en el escenario para justificar autoritarismos de derecha o izquierda, dependiendo de los apetitos e intereses que estos defiendan.