EL PROBLEMA NO ES EL AUMENTAZO

Los políticos, incluso los que tienen un tremendo rabo de paja en este asunto, han criticado ferozmente el aumento de sueldo aprobado por este Gobierno que duplica los salarios de los ministros y de la alta burocracia. Por su parte, los defensores de la impopular medida (el rechazo ciudadano es casi unánime) defienden esta decisión argumentando que se trata de un paso fundamental para la reforma del Estado.

El problema con este intento de defensa es que en nuestro país siempre se ha creído que la reforma del Estado pasa básicamente por mejorar los sueldos a los trabajadores públicos (funcionarios y/o servidores), dejando de lado otros aspectos que son tan o más importantes que el remunerativo. Cierto es que un salario atractivo genera incentivos y le permite al Estado captar un número mayor de profesionales calificados, pero ese no es el único factor que debe tomarse en cuenta al momento de abordar esta problemática.

¿Cuánto voy a ganar mensualmente si trabajo para el Estado?

No es la única pregunta que se hace un profesional al momento de evaluar si decide o no laborar en el sector público. De hecho, en mi caso, esa pregunta fue la última que me hice cuando opté por volver al Estado, a pesar de que en el sector privado las cosas “remunerativamente hablando” me pudieran ir mucho mejor.

Pero, antes de exponer algunas ideas sobre los problemas de fondo por los que atraviesa la burocracia peruana, y ensayar algunas propuestas de solución, es preciso que tengamos claro de qué hablamos cuando nos referimos a la “burocracia”. Hoy en día escucho a periodistas, políticos y ciudadanos, señalar que no es posible que una burocracia tan precaria como la nuestra exija una mejora salarial cuando en realidad no se la merece. Por eso, creo importante aclarar algunos conceptos que ayudarán a comprender mejor el problema.

La burocracia, como bien se señala en el “Informe Progreso Económico y Social en América Latina” (2006) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, es más que una planta de recursos humanos (personas) que forman parte de un aparato organizativo o un sistema de empleo.

¿Qué es la burocracia?

La burocracia es ante todo un conjunto articulado de reglas y pautas de funcionamiento que se insertan en el Poder Ejecutivo con la finalidad de dar continuidad, coherencia y relevancia a las políticas públicas, y al mismo tiempo asegurar el ejercicio, neutral, imparcial, objetivo y no arbitrario de los poderes públicos. Eso es la burocracia, ni más ni menos.

Entonces, el rol primordial que le corresponde llevar a cabo a la burocracia es el de materializar o concretizar los acuerdos políticos adoptados por los órganos deliberativos, con la finalidad de darles continuidad en el tiempo. En buena cuenta, el éxito y/o fracaso de las políticas de Estado depende directamente del desempeño de la burocracia. De allí la necesidad que tienen los países de contar con una burocracia neutra y profesional que impida la adopción de medidas oportunistas, limite el poder de los agentes que buscan “privatizar” la agenda pública, y vele por el interés general de los ciudadanos.

Sin embargo, cuando uno mira la experiencia de nuestra región llega a la conclusión (ver el Informe antes citado) de que América Latina en general ha sido considerada tradicionalmente como una región con Estados grandes pero débiles, con muy poca capacidad de respuesta a las necesidades más urgentes de la gente.

La debilidad del Estado es la debilidad de su burocracia

¿A qué se debe esta debilidad? En parte, esta falencia se ha asociado a la falta de una burocracia profesional y estable. Si a ello le sumamos que en casi todos los países los gobernantes convirtieron a la burocracia en un sistema de empleo (para amigos, familiares y correligionarios), y que además, esos mismos gobernantes pusieron a la burocracia al servicio de los intereses corporativos, no resulta extraño afirmar que nuestra burocracia está a años luz del modelo weberiano ideal, caracterizado por “procedimientos regularizados e impersonales y decisiones de empleo basadas en calificaciones técnicas y mérito”.

¿Por qué la debilidad de la burocracia genera tantos problemas para una democracia? Lo que al parecer no advierten nuestros políticos, es que la debilidad de nuestra burocracia representa y pone en evidencia la fragilidad e ineficiencia del Poder Ejecutivo frente a otros poderes políticos y a los intereses de los grandes grupos de poder económico (corporaciones, empresas, gremios, etcétera).

Por tanto, si el Poder Ejecutivo, concebido como el actor principal en la implementación de las políticas de desarrollo, no es capaz de salvaguardar el carácter público de sus decisiones, entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que el Gobierno al que este elige cada 5 años, no se convertirá en el guardián de los intereses de quienes siempre han creído que el Estado es su feudo y que pueden hacer lo que se les venga en gana? En nuestro país, los ciudadanos, hace mucho hemos perdido esa garantía. Le duela a quien le duela.

 

El Poder Ejecutivo y la burocracia

¿Quién es el gran responsable del descalabro de nuestra burocracia? Para responder esta pregunta, debemos tener presente que de acuerdo al diseño constitucional de nuestro Estado (pasa lo mismo en toda América Latina), la burocracia no es un poder autónomo y/o independiente que puede actuar sin rendirle cuentas a nadie de sus actos. La burocracia siempre ha sido parte (subordinada) del Gobierno de turno.

Eso quiere decir que es el Gobierno el que debe hacer todos los esfuerzos posibles por profesionalizar a su burocracia, pues es ésta la que ayuda a “tecnificar y racionalizar” el proceso de toma de decisiones políticas. El problema está en que tanto en nuestro país,  como en el resto de la región (salvo honrosas excepciones: Brasil, Chile y Costa Rica), la subordinación de la burocracia al poder político del Gobierno ha generado en muchas oportunidades retrocesos clientelistas y patrimonialistas.

¿A qué se debe ello? La respuesta es muy simple, el gobernante de turno usa el empleo público como un recurso para premiar con puestos de trabajo a los colaboradores y amigos de campaña. Como bien lo apuntan autores como Iacoviello y Zuvanic (2005), los gobernantes en nuestros países sienten la necesidad de reducir los espacios de autonomía técnica que los funcionarios normalmente obtienen en ciertos sectores de la administración, y así evitar que sus decisiones políticas (absurdas muchas de ellas) se vean limitadas por la acción de profesionales calificados quienes técnicamente evidencian la irracionalidad de las mismas.

Aumento salarial y meritocracia

Pero volvamos al tema puntual que nos convoca, ¿El aumento de salarios en el sector público garantiza la mejora de la burocracia? No, mil veces no. Para analizar la problemática de la burocracia es necesario analizar primero el estado del “empleo público en general”. Como ya lo señalé en líneas previas, cuando una persona toma la decisión de trabajar para el Estado, además del salario, evalúa básicamente lo siguiente: 1) Si existen garantías efectivas de profesionalismo en el servicio civil; y 2) Si hay protección efectiva de los funcionarios frente a la arbitrariedad, la politización y la búsqueda de beneficios privados.

En tal sentido, si lo que se busca con el aumento de salarios a los ministros y a la alta burocracia es dar el primer paso para una reforma del Estado integral, esta medida debe ir acompañada de muchas otras destinadas a garantizar básicamente la observancia de principios meritocráticos en las decisiones de selección, ascenso y despido de los trabajadores del sector público. Además, urge una política de racionalización y categorización (cuantitativa y cualitativa) general del personal que trabaja para el Estado. No es posible que dos personas que realizan las mismas labores, asumen las mismas responsabilidades, reciben las mismas órdenes, y están sujetas a las mismas limitaciones, perciban salarios diferentes, dependiendo de la generosidad del “padrino” que les abrió una plaza a su justa medida.

El problema de la burocracia y el empleo público no pasa necesariamente por el nivel remunerativo de sus trabajadores, todos estamos de acuerdo en que un profesional calificado debe ganar un sueldo acorde con su hoja de vida y capacidad académica, lo que no podemos permitir es que los salarios se dupliquen mientras el ingreso, ascenso y salida del sector público sigue dependiendo de la voluntad de quienes creen que el Estado es una agencia de empleos, convirtiendo a la planilla estatal en un recurso para darle trabajo a familiares, compañeros de promoción, ahijados, etcétera. Si quieren solucionarle la vida a los suyos que lo hagan. Eso está muy bien, pero no con el dinero de todos los peruanos.