Homofobia en la Policía Nacional del Perú

Una nueva polémica ha generado la publicación del nuevo régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP) por parte del poder Ejecutivo. En mi opinión, muchos son los temas que ponen en cuestión la constitucionalidad de la mencionada norma. Sin embargo, la disposición más descabellada es la que sanciona a los efectivos policiales que tengan relaciones sexuales homosexuales “que causen escándalo y dañen la imagen de la institución”, pues lejos de ser una medida que busque consolidar democráticamente a esta entidad termina convirtiéndola en un espacio en donde la discriminación y la homofobia son el signo distintivo de la misma.

Un primer dato que debe llamarnos poderosamente la atención es el tipo de sanción que recibiría aquél policía que “incurra en una conducta de este tipo”. Esta no es otra que la expulsión definitiva de la institución. La sanción es a todas luces desproporcional, pues únicamente actos como la tortura y la pertenencia a una banda criminal merecen un castigo tan grave como el antes descrito. Es decir, para la PNP, o mejor dicho, para quienes redactaron esta norma, mantener relaciones homosexuales es tan grave como cometer delitos como la tortura o ser miembro de una organización criminal. ¿No les parece esto un verdadero exceso?

Un segundo asunto que merece algún apunte, pues evidencia el talante discriminatorio y homofóbico de las autoridades en la PNP, es el tratamiento que estos mismos actos reciben cuando quienes los cometen son “parejas heterosexuales”. La misma norma señala que los policías que sostengan “relaciones extramatrimoniales heterosexuales con compañeros” (acá el supuesto a diferencia del anterior se reduce porque exige una relación de “compañerismo) y que generen escándalo recibirán una sanción de dos a seis días. Es decir, si yo “hago escándalo con mi pareja heterosexual” me llaman la atención y me dan la oportunidad de enmendar mi camino, pero si yo “incurro en el mismo comportamiento pero con una pareja del mismo sexo” me voy directo a la calle. ¿Acaso este proceder no es una abierta conducta discriminatoria?

Pero lo absurdo de esta norma no termina allí, pues peor es el tratamiento que este reglamento le da a otras conductas que siendo (estas sí) realmente graves parecen no merecer el mismo nivel de reproche jurídico por parte de la PNP. Estableceré dos ejemplos que corroboran lo que acabo de afirmar: ¿Cuál es la sanción que recibe el policía que maltrata psicológica y físicamente a su familia? ¿Cuál es la sanción que recibe el policía que no cumple con pagar la pensión de alimentos a su hijo? Para ambos casos, el reglamento prevé un castigo de once  a quince días.

Dicho de otro modo, para la PNP sostener relaciones homosexuales que generen escándalo (¿cuál será la moral de quienes deban definir qué cosa es un escándalo?) es una falta que genera un desprestigio institucional mayor que el tener entre sus filas a un efectivo que incumple su deber de padre con su hijo o que incurre, por ejemplo, en actos de violencia contra su esposa o conviviente. ¿No les parece eso un absurdo?

Parece que quienes redactaron y elaboraron este “sin sentido jurídico” no han tenido en consideración la reiterada y uniforme jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha señalado para este tipo de casos en los cuales evidenció la existencia de prácticas homofóbicas al interior de la PNP. El supremo tribunal ya había establecido en casos anteriores que “el ser humano es libre de autodeterminarse”, por lo que no es posible admitir que las opciones personales en torno a su sexualidad puedan ser pasibles de sanciones discriminatorias como la que se ha previsto en este reglamento. Eso quiere decir que tanto los homosexuales como los heterosexuales, así como cualquier otra persona tenemos el derecho a desarrollarnos libremente, y por tanto, debemos compartir los mismos deberes y obligaciones.

¿Qué quiere decir esto exactamente? Eso quiere decir que el Estado no puede, mediante su aparato coercitivo, sancionar conductas por el solo hecho de considerarlas ilegítimas o inapropiadas. No lo puede hacer, dado que la decisión en torno a cómo y con quién sostiene uno relaciones afectivas, amorosas o sexuales le corresponde únicamente a cada una de las personas.  Por tanto, como bien señaló el tribunal en su momento, la condición sexual de una persona no puede ni debe ser vista como una disminución en su calidad moral, profesional o física.

La opción sexual, y esto parece que no quiere ser entendido por las autoridades a cargo de este reglamento, no puede considerarse un menoscabo o un impedimento para portar armas o cumplir con el mandato constitucional de la PNP. Sostener lo contrario, o dejar en entredicho la capacidad de una persona para vestir el uniforme policial por su condición sexual, no solo resulta absurdo sino contrario al principio de dignidad de la persona, situación que es inadmisible en una sociedad que trata de ser cada día más justa, libre y tolerante. Esperemos que el Gobierno rectifique este tremendo error.

Nota: este artículo ha sido publicado en http://elcristalroto.pe/, portal institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico (sección constitucional). Recomiendo visitar este espacio pues contiene artículos de gran interés para todos los ciudadanos.

¿Quién defiende a los policías en el Perú?

Las cartas están jugadas y la pita se volverá a romper por el lado más débil. Las palabras del ministro del Interior y del actual director de la PNP, Raúl Salazar, han sido contundentes: acá el único responsable del desastroso operativo del día jueves 25 de octubre en el ex Mercado Mayorista de Lima (La Parada) será el coronel Hernán Valdivieso Carpio. Una vez más la cobardía se apoderó de quienes en teoría deberían poner el pecho en defensa del personal policial que recibe órdenes del comando y sale a las calles a protegernos de delincuentes y matones.

Pero lo más indignante de todo esto (porque algunos todavía no perdemos esa capacidad), además de la muerte de personas ese día, las pérdidas económicas de los comerciantes de Gamarra o la manera cómo nuestros policías fueron enviados al sacrificio para ser humillados por una turba de criminales a los cuales “no se sabe quién” les pagó 100 soles por agarrar a palos y piedras a la autoridad, ha sido, y ese es el sentir general, la forma cómo las autoridades de nuestro país se encubren entre ellas para terminar diciendo que en realidad ese día ni el ministro del sector, ni mucho menos el director de la PNP, tenían conocimiento del operativo que estaba llevándose a cabo; y que por tanto, no existen razones para relevarlos de sus respectivos cargos.

En el colmo de la desvergüenza y falta de criterio, el señor director de la PNP pretende tomarnos el pelo a todos los peruanos al afirmar que él nunca estuvo informado del operativo pues estaba de viaje en Paramonga. No es necesario ser un especialista en temas policiales para saber que en una institución jerárquicamente organizada como la PNP un operativo de esta envergadura debe contar con el amén del comando. En las instituciones castrenses las cosas funcionan así, las órdenes se acatan y la obediencia al superior es regla santa, nos guste o no. Si lo que dice el director de la PNP es cierto, pues entonces todos los peruanos crucemos los dedos y elevemos una oración, pues eso quiere decir que el jefe de la PNP no es otra cosa que un maniquí o un cuadro colgado en la pared.

Si esto es así, no debe sorprender que la autoridad política del sector, llámese el ministro, haya repetido ese mismo discurso ante la representación nacional sin que se le haya movido un pelo o sonrojado las mejillas. No se supone acaso que un ministro diligente y con alguito de pericia en estos menesteres debería estar al tanto de estos asuntos, sobre todo cuando el operativo se llevaría a cabo en la capital de la República. Esto es sumamente grave, lo que pasó el día jueves no fue un operativo mal diseñado en el VRAEM, sierra central, o algún lugar en el interior del país. El día jueves los ampones organizados pusieron de vuelta y media a una de las zonas con mayor movimiento económico y comercial del país; y los ciudadanos fuimos testigos por televisión de cómo las fuerzas del orden eran maniatadas de la manera más salvaje.

Ahora, ese mismo director de la PNP nos anuncia que siete miembros de su institución han sido relevados de sus cargos por lo sucedido el día jueves en La Parada. Y en el colmo de la desfachatez señala que “tomó esa medida a partir de lo que pudo ver por televisión ese día”. ¿Acaso no era pertinente iniciar una investigación interna profunda para determinar responsabilidades funcionales y administrativas? Al parecer, para el jefe de la PNP, las imágenes televisivas demuestran la responsabilidad de siete generales de su institución. Esa actitud es francamente absurda, y sólo se puede explicar a partir de la necesidad de este señor de culpar y acabar con la carrera policial de todos menos la suya.

El ministro del Interior ha dicho que él asume la responsabilidad política de lo sucedido. Bueno, si ello es así, cómo se traduce esa asunción de responsabilidad en la práctica. Pues en estos casos, cuando un ministro dice ello es porque presentará su carta de renuncia al cargo (no lo creo) o porque removerá del suyo al director de la PNP (tampoco lo creo). 

Ninguno de esos dos escenarios se dará, y ello es así por dos razones fundamentales. Primero, porque todo el mundo sabe (el ministro sobre todo) que Raúl Salazar es el protegido de Ollanta Humala y Nadine Heredia (recordemos el incidente en “Las Brujas de Cachiche”). Segundo, porque para ser ministro del Interior se necesitan dos cosas que los ministros de nuestro Presidente no tienen: conocimiento y compromiso con la institución a la cual representan. Así de cruel y dura es la situación de nuestra PNP.