miércoles, 30 de septiembre de 2009

Fujimori culpable: pagó a congresistas tránsfugas, compró indebidamente Cable Canal de Noticias y violó el secreto de las telecomunicaciones



Hace dos días, el ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, reconocía su responsabilidad por los sonados casos que lo implicaban con el pago a los congresistas tránsfugas, la compra de Cable Canal de Noticias y el espionaje telefónico a personalidades que se oponían a su régimen.

“Señor, estoy conforme con la acusación”, fueron las palabras con las que Fujimori culminó su intervención frente a la Sala Penal Especial, acogiéndose a la figura de la conclusión anticipada de juicio, tal y como sucediese en el proceso que afrontó por el pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por concepto de CTS.

Más allá de las consideraciones jurídicas que se puedan hacer en torno a la manera como Fujimori utilizó esta figura procesal (conclusión anticipada de juicio), el tema de fondo pasa por analizar las razones políticas que llevaron al ex dictador a declararse culpable en estos casos. La respuesta, en ese sentido, es más que evidente, Fujimori quiso evitar la presencia de diversas personalidades- 155 en total- que habían sido citadas en calidad de testigos en este proceso, con la finalidad de evitar que la ciudadanía recuerde, a través de los testimonios de éstas y la actuación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, cómo durante su gobierno se mal utilizó el dinero de todos los peruanos en comprar a congresistas tránsfugas para obtener mayoría en el congreso para darle estabilidad a su ilegal tercer periodo presidencial, cómo durante su gobierno se compró un canal de noticias de cable que fue utilizado para beneficio del propio presidente, resaltando su figura y demoliendo a cuanto opositor se le ponía en frente, o cómo se interceptó las comunicaciones de importantes personajes de la escena política y periodística de nuestro país, todos ellos opositores a su régimen corrupto y autoritario.

Sin lugar a dudas, la apuesta de Fujimori es evitar un efecto negativo en la campaña presidencial que su hija Keiko ha iniciado con miras a las elecciones del 2011, la cual, en más de una oportunidad ha señalado que una vez instalada en la presidencia de la república, procederá a concederle el indulto a su padre. Y esa es la posición que han expuesto los defensores del ex presidente, tanto su abogado como los congresistas fujimoristas, han salido a los medios ha señalar que Fujimori se acoge a la figura de la conclusión anticipada por desconfiar de la imparcialidad del tribunal que lo ha juzgado, un tribunal al cual el propio abogado de Fujimori calificó en su momento como imparcial, probo, compuesto por jueces de gran trayectoria y reconocido desempeño jurisdiccional (cabe apuntar que dichos calificativos fueron expuestos antes de la lectura de sentencia de los casos de Barrios Altos, la Cantuta y el secuestro de los señores Samuel Dyer y Gustavo Gorriti).


Es decir, una vez más, Fujimori intenta tomarnos el pelo a todos peruanos, pretende presentarse como la víctima de una conspiración política y judicial desatada en su contra con la finalidad de eclipsar su enorme figura y la desbordante presencia electoral de su hija. Nada más ajeno a la verdad, si la discusión en el caso Barrios Altos y Cantuta y la defensa de Fujimori, se basaba en la ausencia de prueba directa que incrimine a Fujimori como autor de esos delitos, la situación fue completamente diferente para el caso de los 15 millones de pago a Montesinos, así como también para los casos de este nuevo juicio.

Por eso no sorprende que el día de hoy, miércoles 30 de septiembre, la Sala Penal Especial encargada de juzgar en primera instancia a Fujimori lo haya declarado culpable de los delitos antes mencionados, imponiéndole la pena de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación política de 2 , respectivamente. El sin número de pruebas presentadas por el Ministerio Público relevan de todo tipo de sospecha a la decisión adoptada por este tribunal. A continuación cabe recordar algunos detalles de estos tres casos.

En el año 2000, luego de haber sido reelecto de manera inconstitucional, y tras varias sospechas de fraude electoral, el fujimorismo se vio debilitado con la pérdida de la mayoría parlamentaria en el congreso. En ese escenario, Fujimori y Montesinos, diseñaron el denominado “Plan Reclutamiento”, que consistió en obtener una mayoría post electoral, mediante el pago a congresistas de otras tiendas políticas para que se afiliasen al partido oficialista (los denominados tránsfugas) o lograr el apoyo de éstos desde sus propios partidos, apoyando de manera encubierta cuanta moción oficialista se presentase en el pleno (los denominados topos). Cabe recordar que el escándalo estalló en el mes de septiembre de ese mismo año, tras la emisión del video Kouri Montesinos, en el cual el entonces congresista recibía una suma de 15 mil dólares de manos del ex asesor. En este caso, tal y como se aprecia en los fundamentos de la sentencia, el tribunal estima acreditada la responsabilidad de ex presidente, el abundante material probatorio, al cual hemos hecho referencia, acredita la existencia del denominado plan , acredita la calidad de autor del delito de Fujimori y acredita el origen público del dinero utilizado para el pago de tránsfugas y topos (el dinero provenía del los ministerios del Interior, Economía y Defensa, los mismos que derivaban partidas mensuales al Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por Vladimiro Montesinos).

En esa misma época, meses antes de la elección del año 2000, Fujimori tomó la decisión de encargarle a su ex asesor la tarea de comprar Cable Canal de Noticias y el diario Expreso, todo ello con la finalidad de asegurar el triunfo en las elecciones de ese año, mediante la emisión de reportajes, documentales y opiniones, todos ellos favorables al régimen de Fujimori, tildando a los opositores del mismo de cobardes, de incapaces, de ladrones; todos recordamos la infame campaña de desprestigio sufrida por los candidatos presidenciales de esa época, Alberto Andrade Carmona y Luis Castañeda Lossio, actual alcalde Metropolitano de Lima. Como primer paso, en la ejecución de dicho plan, se negoció con Manuel Ulloa Van Peborg, la compra del 75 % de las acciones de Cable Canal de Noticias, por la suma de 2 millones de dólares, dinero que tal y como se acredita en la sentencia provino de las arcas del Ministerio de Defensa, y a su turno, se negoció con Eduardo Calmell del Solar, la línea editorial de Expreso.

Con respecto a la interceptación de las telecomunicaciones, tenemos que una vez instalado el gobierno de Fujimori en el año 1990, Alberto Fujimori y compañía, diseñó el denominado plan “Emilio”, que consistía en escuchar las comunicaciones de políticos y opositores al régimen. Cabe recordar, que el hecho fue denunciado en el año de 1997, en un programa de televisión donde se difundió la conversación sostenida entre Anel Towsend y Javier Pérez de Cuellar, denuncia que no tuvo mayor acogida por parte del Ministerio Público, capturado durante todos esos años por el Fujimorismo, basta recordar a la siniestra y corrupta figura de la ex Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien durante muchos años puso al servicio del poder a una institución tan importante como la que encabezaba, haciendo de está un medio de amedrentamiento de políticos y personajes que durante esa época trataban de resistir la persecución del régimen. Tal y como lo ha señalado el tribunal en su fallo, entre los personajes chuponeados tenemos a figuras tales como César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Fernando Rospigliosi, Henry Pease, Javier Diez Canseco, Javier Pérez de Cuellar, Mario Vargas Llosa, e incluso, la ex esposa y primera dama de Fujimori, Susana Higuchi.

Ha sido este comportamiento gánsteril y antidemocrático lo que Fujimori pretendió ocultar acogiéndose a la conclusión anticipada de sentencia, es este pasado oprobioso el que los fujimoristas no quieren que el Perú recuerde, sobre todo los jóvenes y aquellos desmemoriados que no recuerdan el grave daño que Fujimori y todos los cacacenos que lo rodearon le ocasionaron al país, no se trata de ningún tipo de persecución o venganza política los procesos llevados en su contra, al contrario, son una prueba evidente del interés que se ha tenido por respetar los derechos que todo ciudadano tiene, como el derecho a la defensa y al debido proceso, derechos que muchas, incontables veces, fueron pisoteados por un Ministerio Público y un Poder Judicial, al cual Fujimori y Montesinos sometieron, digitando su accionar desde las salas del SIN, persiguiendo a toda persona que se atrevía a llamar las cosas por su nombre, a decir que en el Perú se vivía una dictadura y que su presidente no era más que un bribón, un ladrón y un cacaceno.

Por eso es importante que ante la imposibilidad que tenemos ahora de recordar en televisión nacional el profundo daño que Fujimori le hizo al país, sean los medios de comunicación social, los partidos políticos, la sociedad civil y los líderes de opinión, los encargados de hacer docencia entre los ciudadanos, mostrando, con evidencia tangible, la andanada de crímenes y conductas inmorales que el ex mandatario cometió durante sus diez años de dictadura, sobre todo en estos tiempos, en estos años en los cuales muchos medios de comunicación prefieren hacer borrón y cuenta nueva, tratando con guantes de seda la figura de la hija de un ex presidente, que no tiene mayor objetivo o plan de gobierno, que no sea indultar a un ex presidente acusado y sentenciado por homicidio calificado, secuestro, peculado, corrupción de funcionarios, interceptación telefónica; ese es el líder, la figura, que ahora el fujimorismo pretende reinvindicar, no lo olvidemos, sobre todo el 2011, cuando estemos frente a un ánfora de votación, y el Perú se vuelva a jugar su destino.


Rafael Rodríguez Campos

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