Un nuevo Sendero en el VRAE

El pasado 9 de abril, en la localidad de Sanabamba, departamento de Ayacucho, dos patrullas del Ejército fueron cobardemente emboscadas por una columna senderista, dejando como saldo la fatídica cifra de 14 efectivos muertos y un número considerable de heridos de gravedad. Una vez más nuestro país fue testigo de la violencia terrorista, una vez más los responsables políticos y militares del orden interno y la seguridad nacional, ensayan respuestas y justificaciones de toda índole a la avalancha de críticas que llueven sobre el gobierno, desde diversos sectores de la sociedad, mediante las cuales se pretende poner en evidencia el fracaso de la estrategia implementada por el Ejecutivo en la lucha contra la subversión en las regiones del Valle de los ríos Apurímac y Ene.

Lo primero que cabe hacer en éstas circunstancias es, sin lugar a dudas, ofrecer nuestras condolencias, reconocimiento y solidaridad para con las víctimas y sus familiares, las cuales ante la pérdida del ser querido no esperan sino la sanción ejemplar a los responsables de tal delito y la gratitud y el respaldo institucional de un Estado que durante muchos años se ha mostrado indiferente para con aquéllos que en distintos lugares de nuestro país, ofrecieron su vida y expusieron su integridad, con la única finalidad de defendernos a todos los peruanos frente a un terror y una violencia, que hoy recibe el nombre de narcoterrorismo (a la fecha tenemos 3280 efectivos que han sufrido daños en alguna de sus facultades físicas o mentales, cuyos derechos, reconocidos por ley, no han sido tomados en cuenta por los últimos gobiernos).

Muchas fueron las respuestas que se ensayaron desde el gobierno para justificar el conjunto de desaciertos que tuvieron como colofón la muerte de los oficiales, finalmente, el peso de las evidencias y el diagnóstico de una pléyade de especialistas en lucha antisubversiva y lucha contra el narcotráfico, terminó por eclipsar todo intento por evadir responsabilidades en el Ejecutivo.

El primero en reconocer los errores en la lucha contra el narcoterrorismo fue, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon: es necesario replantear la política del gobierno en esta materia, señaló, anunciando además la presentación de un plan integral en un plazo no menor de 20 días, el cual será sometido a consideración del Parlamento para el estudio de las normas cuya promulgación resulten ser necesarias. A su turno, el titular del sector de Defensa, Ántero Flores Araoz, durante la exposición sobre la descripción y la estrategia general en el VRAE, señaló que era necesario hacer rectificaciones porque se han cometido muchos errores, como el reclutamiento de menores de edad al servicio militar, como el caso de Robinson Macedo, de 17 años una de las 14 víctimas de la emboscada terrorista, disponiendo una investigación y sanción ejemplar a los responsables de tamaña imprudencia (a la fecha la Defensoría del Pueblo ha recibido más de 120 denuncias sobre menores de edad reclutados por el Ejército en diversos puntos del país, en especial en Ucayali, y enviados luego, de manera arbitraria e inconsulta, a Ayacucho). A estos dos ministros se sumó la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, la misma que aprovechó la oportunidad para pedir la mejora de la capacidad operativa de la Policía incrementando los recursos humanos y los gastos comprometidos en el presupuesto, y planteando, además, la construcción de una Base Policial del Frente VRAE.

Estas tres declaraciones públicas no hacen sino confirmar aquello que muchos intuíamos y veníamos escuchando desde hace ya algún tiempo de boca de personas conocedoras de la problemática en esta región: el gobierno tiene serios problemas al momento de identificar e implementar una política integral de lucha contra el narcoterrorismo, la misma que abarque el aspecto social, político, económico del conflicto, y no sólo pretenda dirigir la mirada al ámbito militar, que sin dejar de ser importante, parece no ser suficiente a la hora de enfrentar con éxito esta batalla, que por su importancia y trascendencia debería encontrarnos unidos a todos los peruanos, mas allá de las preferencias o colores políticos que unos u otros tengamos.

El problema del narcoterrorismo en el Perú es preocupante, no sólo por el número de víctimas fatales que este cobra, sino por el daño que ocasiona al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática. Así tenemos que la ola de violencia terrorista, vinculada sin lugar a dudas al negocio de la droga, parece haber ido en ascenso durante el último año, sobre todo en lo que se refiere a ataques sufridos por las Fuerzas Armadas. Tenemos que en el año 2008 fueron 6 atentados los producidos, con al menos 25 muertos. Hoy en día las cifras reflejan que en el 2009 la acción de Sendero Luminoso se ha incrementado en casi un 100% en el número de víctimas fatales, situación que debe de preocupar no sólo a las altas esferas del gobierno sino a la ciudadanía en general.

Sin lugar a dudas, un primer paso en la solución de este problema, es justamente ese, reconocer que existe un problema, un problema que no hemos sido capaces de identificar con claridad y al cual no le hemos dado eficaz solución, por ello resultaron algo menos que bromas de mal gusto las declaraciones que en su momento ofreciera el Premier en las cuales señalaba que el VRAE, que había sido perdido totalmente en los últimos ocho años, había sido recuperado, cuando hoy en día sabemos todos que la situación descrita por el Premier no es otra cosa que una realidad deseada que sólo existe en su imaginación, más cuando en días anteriores a la emboscada, los propios senderistas habían realizado una serie de actividades de proselitismo, como pintas, en toda esa zona. Por su parte, el Presidente García, manifestó que el Perú se encuentra en una guerra y que, lamentablemente, “toda guerra tiene sus costos”. Sin lugar a dudas, toda guerra tiene sus costos, pero esos costos son más dolorosos de pagar cuando son producto de la irresponsabilidad y la incapacidad de un gobierno para enfrentar este problema con realismo y objetividad, el cual parece pretender eludir responsabilidades recurriendo a frases tan vacías como indignantes: se trató de un error humano, un error de planificación, señalaron algunos corifeos del partido de gobierno. Como si las operaciones en esa región pudiesen ser confiadas a personal que no cuenta con la mínima preparación militar para combatir en una zona que por su geografía y por las características del enemigo parece reclamar al mejor y más selecto grupo de militares con los que cuente nuestras Fuerzas Armadas (se sabe, por informes de inteligencia, que el movimiento senderista en esa zona cuenta en la actualidad con fusiles Fal, Galil, AKM, ametralladoras HK, PKT y lo que es peor, lanzagranadas y lanzacohetes RPG que pueden derribar helicópteros).

Pero como en todo conflicto, lo primero que debemos de hacer es identificar con claridad al enemigo. En ese sentido, queda claro que el día de hoy nos enfrentamos a un nuevo Sendero Luminoso, un Sendero Luminoso que dejó de lado la prédica mesiánica y milenarista de reinvindicación de los postulados ideológicos de Marx, Lenin o Mao, a través de la interpretación que sobre ellos realizara la llamada cuarta espada del marxismo, su líder Abimael Guzmán Reynoso, para convertirse en una firma más del narcotráfico, que reclama para sí, y sin el menor rubor, la propiedad y la autoridad sobre las zonas del VRAE, ya no con la finalidad de utilizarlas como campos de adoctrinamiento político o instrucción militar para la lucha contra las fuerzas de la reacción del Estado Burgués al cual querían desaparecer para instalar la dictadura del proletariado, sino con la mafiosa intención de mantener intacto su real y lucrativo negocio de la droga.

Es este cambio, esta mutación en el interior de Sendero Luminoso el que torna mucho más complejo el fenómeno narcoterrorista y el que hace mucho más difícil la tarea de diseñar un plan antisubversivo coherente que logre vencer al enemigo en todos los frentes.

Hoy en día Sendero convive amigablemente con la población de esa zona. Hoy en día Sendero se mimetiza de una manera cordial entre los lugareños. Hoy en día hace lo que en décadas pasadas hacían las Fuerzas Armadas o policiales en su afán de ganar el apoyo de la población. Hoy Sendero ofrece recursos para poner agua potable, construir canchas deportivas o pintar colegios. Hoy Sendero, incluso paga para que la gente se una a ellos, no la fuerza, no les roba su comida o sus animales, no se muestra beligerante frente a ellos, utiliza el discurso político o ideológico como una fuente de legitimidad ante el pueblo. Pero sobre todo, hoy Sendero trata a los pobladores no como a sus enemigos a los cuales condenaba a muerte en los juicios populares por soplones o por brindar información a los agentes del Estado, hoy Sendero entiende que debe ser cómplice de esa población, a la cual le compra la producción ilegal de la coca que ellos cultivan.

Sin embargo, la estructura de Sendero Luminoso también presenta fisuras. Sendero, hoy en día, es una organización que convive con dos grupos antagónicos en su interior: El Comité Regional Principal, encabezado por el camarada José (Compañía Norte), Alipio (Compañía Centro) y Raúl (Compañía Sur) y el Comité Regional del Huallaga, encabezado por Artemio. Este último comité avala las propuestas del llamado acuerdo de paz o solución política de los problemas derivados de la guerra, que son la base de la propaganda que propala Sendero tanto en el Perú como en el extranjero. A diferencia de Artemio, los cabecillas del denominado Comité Regional Principal, no reconocen la autoridad real de Guzmán, utilizan su nombre para el discurso político, pero han decidido seguir su propio camino, un camino al cual han bautizado con el nombre de Guerra Popular, la misma que focaliza su accionar militar en la región del VRAE, un camino que está marcado por el polvo blanco de la droga.

Es justamente esta facción, instalada en el VRAE, la cual mantiene lazos estrechos con el narcotráfico. El Comité Regional Principal se ha convertido en el guardián, en la seguridad privada de los narcotraficantes en esa región, no sólo porque apoyan el traslado de la droga hacia Lima, protegiendo el paso de los denominados mochileros, sino porque además, ellos mismos, son dueños de campos de cultivo de coca, pozas de maceración e insumos químicos para la elaboración de la droga (hoy nuestro país es visto no sólo como productor de hoja de coca a gran escala sino como exportador de pasta básica de cocaína y drogas plásticas, procesadas y elaboradas en nuestro territorio).

Por todo ello, el gobierno debe de tomar un nuevo rumbo en la lucha antisubversiva, debe redefinir su accionar, debe tener en cuenta la problemática social, económica y política que se encuentra inmersa en el tema del narcoterrorismo, debe ser capaz de reconocer el nuevo rostro del enemigo, de un enemigo que cuenta con el dinero suficiente para comprar armas y voluntades, capaz de silenciar con los dólares del narcotráfico, la voluntad de aquellos que no tienen y no conocen otra manera de sobrevivir sino mediante el cultivo ilegal de la hoja de coca. Por ello, creo que la estrategia debe tener como eje central de lucha, el desarrollo social y económico de la zona, el cual debe buscarse mediante la presencia real y efectiva de las instituciones del Estado. Es el Estado el que debe de llevar educación, salud, vivienda y bienestar a esa población, no Sendero, es el Estado y sus instituciones el que tiene el enorme reto de volver a ganarse el afecto de la población, porque la lucha contra Sendero sólo se gana cuando el Estado cuenta con dos factores a su favor: apoyo de la población y un servicio de inteligencia operativo (sólo como dato final, debemos tener presente que el Servicio de Inteligencia del Ejército fue desactivado en el año 2001).


Rafael Rodríguez Campos