jueves, 12 de marzo de 2015

VENEZUELA ES UNA DICTADURA, AUNQUE LA IZQUIERDA PERUANA LO NIEGUE


La historia nos ha enseñado a los latinoamericanos a reconocer cuándo estamos frente a una dictadura. Aun cuando algunos (derechistas e izquierdistas) se esfuercen en llamar democracia a un gobierno autoritario, siempre que se trate de uno puesto al servicio de sus intereses particulares, los académicos, los políticos y, por qué no decirlo, también los ciudadanos sabemos diferenciar a una democracia de una dictadura.
De manera sencilla podríamos decir que la democracia es ante todo un Estado de derecho en el cual el Poder Ejecutivo no invade todo el poder institucional. Así lo señaló de manera admirable el artículo XVI de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no es asegurada ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.
Por lo tanto, afirma Alain Rouquié, un Estado en el cual el Parlamento no es más que una cámara de registro, la justicia es puesta al servicio del gobierno y ninguna institución está en condiciones de hacer contrapeso a las decisiones del Ejecutivo no es una democracia. Yo agregaría una característica más: todo Estado en el cual el gobierno persigue impunemente a los opositores, violando sistemáticamente sus derechos y libertades, y además, manipula las reglas electorales, negándoles a los ciudadanos el derecho a un proceso electoral justo no es una democracia.
Dicho todo ello, y aun cuando en Venezuela y en el resto de Latinoamérica (incluyendo al Perú) algunos insistan en llamar democracia al gobierno de Nicolás Maduro, a mí me queda claro que lo que en Venezuela se vive ahora no es otra cosa que una dictadura pura y dura, igual a la que padeció nuestro país durante los diez años del gobierno de Alberto Fujimori, hoy sentenciado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.


 El Autoritarismo Competitivo venezolano
Hace algunos años, la academia inició un interesantísimo debate en torno a la siguiente pregunta: ¿Es Venezuela una democracia o una dictadura? Muchos politólogos se ocuparon de este asunto, unos con mayor brillo que otros, pero fue Steven Levitsky, el reconocido profesor de Harvard, quién abordó el tema con mayor rigurosidad, describiendo las características comunes que los gobiernos autoritarios de Hugo Chávez y Alberto Fujimori presentaban.
Para Levitsky, los gobiernos de ambos autócratas no eran dictaduras, al menos no en el sentido clásico del término. Así, Venezuela y Perú, encajaban dentro de lo que se denominó: “Autoritarismo Competitivo”, ya que en este tipo de regímenes es un solo líder (Chávez o Fujimori) o un solo partido político el que tiene un dominio casi total de la política pero, al menos en teoría, la oposición puede llegar al poder a través de elecciones. Bajo tal sistema, los gobernantes autoritarios casi siempre se mantienen en el poder porque controlan y utilizan los medios del Estado para aplastar a la oposición, detener o intimidar a los opositores, controlar los medios de comunicación, o alterar los resultados de las elecciones.
Así, el gobierno de Chávez, era un autoritarismo competitivo pues cumplía con las siguientes características: 1) El partido de gobierno manipuló durante años la legislación electoral con el afán de favorecerse y permanecer de manera indefinida en el poder desconociendo los principios básicos de la república como el de sucesión temporal y alternancia en el poder; b) El partido de gobierno, con el apoyo de las instituciones que puso a su servicio, se encargó de perseguir a los más importantes representantes de la oposición de su país restándole a este sector las posibilidades de competir en igualdad de condiciones; c) El partido de gobierno se encargó de liquidar el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación que se atrevían a criticar la conducta del líder y de su administración; d) El partido de gobierno despilfarró el dinero público de los ciudadanos en financiar todas las campañas electorales en las que ha participado sin ningún tipo de control o limitación; e) El partido de gobierno sometió a todo el sector castrense y lo convirtió en su brazo político a la hora de arremeter en contra de los opositores; f) El partido de gobierno quebró la institucionalidad democrática al violar el principio de separación de poderes de manera sistemática; y g) El partido de gobierno violó de manera reiterada las libertades civiles cuando el ejercicio de estas empezó a ser visto como una amenaza para los intereses políticos del líder.
 La actual dictadura venezolana
Como podemos apreciar, el gobierno de Chávez ofrecía todas las características que identifican a los “Autoritarismos Competitivos”. Sin embargo, desde el ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, el gobierno ha endurecido su posición frente a la disidencia convirtiéndose -como ya lo señalé- en una dictadura con mayúsculas, aunque la izquierda (la más cavernaria) en nuestro país trate, recurriendo a sofismas revolucionarios o anti imperialistas, de lavarle la cara a un autoritarismo que cada día pierde legitimidad ante los ojos de sus ciudadanos y de toda la comunidad internacional –salvo Cuba, y otros Estados afines a las prácticas del Chavismo-.


Decimos todo ello pues no es casualidad que 6 estudiantes hayan sido asesinados en las últimas semanas en el marco de las protestas que la oposición venezolana -cada vez más creciente- viene llevando a cabo en las principales ciudades de Venezuela. ¿Acaso Maduro no era consciente de los peligros que se avecinaban luego de que autorizara a su guardia pretoriana a emplear armas de fuego contra las manifestaciones estudiantiles en Caracas? Claro que lo era, sin embargo, para el heredero de Chávez lo más importante es mantener a raya a la oposición aun cuando eso suponga la violación sistemática de derechos como la vida, la libertad o la integridad de las personas.
El gobierno de Maduro no quiere oposición, no está acostumbrado a dialogar ni a buscar consensos, un gobierno autoritario como el suyo cree que tiene la potestad de avasallar a la oposición, incluso incurriendo en actos ilegales como el asesinato, la tortura o la detención arbitraria. Eso explica el cariz represor y abusivo de un régimen que no tiene mayor reparo en encarcelar a todos los líderes que se opongan a su prédica, acusándolos –siempre es el mismo estribillo- de ser socios del imperio norteamericano o lacayos de la derecha burguesa venezolana.
Por ello no sorprende la detención arbitraria de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, que se ha convertido en uno de los rostros visibles de la resistencia política en Venezuela. Como se recuerda, lo mismo le ocurrió el año pasado a Leopoldo López, otro de los más importantes –junto Hugo Capriles- opositores a la dictadura chavista. Ni qué decir de lo que le ha tocado vivir a María Corina Machado, congresista venezolana, a quien el gobierno de Maduro ha privado arbitrariamente de su condición de parlamentaria, luego de someterla a una persecución judicial infame.
 El silencio cómplice de la clase política latinoamericana
Ahora bien, siendo tan evidente la forma cómo el gobierno de Maduro viola los principios básicos de toda democracia -expuestos en líneas previas- cabe preguntarnos lo siguiente: ¿Por qué los gobiernos (el nuestro también) y la izquierda callan y son incapaces de denunciar la sistemática vulneración de los derechos y libertades de los venezolanos que se oponen a la dictadura? ¿O es que para la izquierda sólo los chavistas tienen derechos en Venezuela?

Sobre las preguntas antes formuladas, me parece importante recordar el apunte hecho por Levitsky hace dos años, cuando señala que los gobiernos son pragmáticos, no principistas, sobre todo en política exterior, y que sus posiciones en el plano internacional, se basan en varios motivos (seguridad, objetivos comerciales), pero que la promoción de la democracia no es uno de los principales.
Por ello, apunta Levitsky, cuando los presidentes latinoamericanos toman posiciones colectivas como las de UNASUR, suelen hacerlo en defensa no de la democracia sino de la autonomía de los gobiernos. Actúan en defensa, y no en contra, de sus pares porque no quieren crear un precedente en el cual los demás países pueden meterse en los asuntos domésticos. Esa lógica los lleva a defender los gobiernos electos tumbados por golpes militares (Venezuela en 2002, Honduras en 2009), pero también a resistir la intervención externa en los procesos electorales domésticos.
¿Dónde están los organismos de integración regional?
En esa misma línea, el ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, en opinión que compartimos, ha señalado que si bien todos los gobiernos latinoamericanos conocen bien el desastre venezolano, todos ellos guardan silencio. Apenas, Colombia ha hecho una tímida denuncia, afirma, mientras los organismos de integración que pueblan la región miran hacia otro lado. Del mismo modo, recuerda que en la OEA y en el MERCOSUR, rige una cláusula que dispone la automática suspensión del país en que no exista “la plena vigencia de las instituciones democráticas”, la misma que se le aplicó arbitrariamente a Paraguay, en junio de 2012, cuando después de un juicio político jurídicamente correcto el poder legislativo destituyó a un presidente al que nadie defendió.
Sin embargo, ahora, todos guardan silencio. Nadie dice nada y el presidente Maduro llega a Uruguay a participar de la ceremonia de transmisión de mando presidencial. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Será porque Maduro es izquierdista? Este silencio cómplice, afirma, desnuda la falta de compromiso democrático de gobiernos importantes como el de Brasil, y el temor a chocar con los sistemas populistas, que han construido una falsificada aureola de izquierda que los inmuniza de la crítica. Por eso, señala el expresidente, todo esto da la impresión que los gobiernos de la izquierda democrática, obligados a manejar la economía con y a enterrar sus viejas consignas revolucionarias, tratan de mantener su viejo imaginario abrazándose con Cuba y Venezuela, para contemplar a sus grupos más radicales.


La incoherencia de la clase política en el Perú
Pero si la incoherencia latinoamericana –como podemos apreciar- es evidente, lo que ocurre en nuestro país no deja de lindar con el más absoluto cinismo. Decimos ello, pues resulta por demás curioso que los más duros críticos del chavismo en Lima, hayan sido, al mismo tiempo, los que durante una década justificaron todas y cada una de las tropelías cometidas por el fujimorismo. En otras palabras, los mismos que ahora piden la salida de Maduro, defienden la protesta de la oposición, y acusan los excesos del chavismo, son los que aplaudieron el golpe de Estado de 1992, negaron los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, apoyaron la reelección inconstitucional de Fujimori en el año 2000, justificaron la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional e impidieron todas las investigaciones en contra de Vladimiro Montesinos.
Del mismo modo, en la izquierda, diversas personalidades que lucharon contra la dictadura fujimorista, denunciando la violación de los derechos humanos y la corrupción, hoy “llaman criminales a los opositores venezolanos”, señalan que son golpistas y que están siguiéndole el juego al gobierno de los Estados Unidos. Más aún, en el colmo de la inmoralidad, afirman que apoyan al gobierno de Maduro pues se trata de un presidente “democráticamente elegido”, que no es responsable de los excesos que puedan haber cometido los miembros de seguridad en el control de las manifestaciones. Es decir, el típico doble rasero de la izquierda peruana a la que tantas veces se la acusa -en este caso legítimamente- de incoherente y cínica.
¿Qué posición debe tener la izquierda frente a lo que acontece en Venezuela?
La  izquierda auténticamente democrática debe luchar frontalmente contra la dictadura en Venezuela. La izquierda, debe entender que la única manera de consolidar la democracia es haciendo respetar sus instituciones (entre ellas, el derecho a la protesta), aunque ello no nos guste, aunque ello suponga criticar a gobiernos que presentan una línea ideológica afín a la nuestra.
Es muy fácil defender los derechos de la izquierda cuando esta es oposición, y la represión viene de parte de la derecha. Lo difícil es defender los derechos de quienes no piensan como nosotros, pero que tienen derecho a protestar en contra de un gobierno como el de Maduro que ha perdido toda legitimidad democrática.
Entonces, si lo que se vive en Venezuela es una dictadura, la izquierda debe apoyar la protesta en contra de un régimen que a diario viola los valores mínimos de la democracia. Luchar contra la dictadura venezolana no es un acto de golpismo, así como no lo fue salir a las calles a pedir la caída de Fujimori. La protesta en Venezuela no es otra cosa que un acto de libertad, que evidencia el hartazgo de una sociedad que no está dispuesta a soportar más atropellos y violaciones. Por eso la izquierda debe definir su postura, olvidarse de sesgos ideológicos, y defender a la democracia y no a Maduro. La izquierda no debe olvidar que ha sido gracias a la democracia que hoy en día tiene a muchos de sus referentes sentados en los palacios presidenciales de América Latina.

Nota: a propósito del tema expuesto en esta columna, quiero recomendarles el libro del profesor Alain Rouquié, titulado "A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina". Lo acabo de terminar de leer y es francamente notable. 

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