jueves, 10 de abril de 2014

EL AMPARO DE ALAN GARCÍA PÉREZ (PARTE II)



El Poder Judicial, específicamente el juez Hugo Velásquez (el juez), titular del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, ha vuelto a favorecer a AGP al declarar la NULIDAD de los informes finales emitidos por la Megacomisión en los cuales se recomienda acusar al ex Presidente por diversos delitos, faltas y/o infracciones constitucionales.

En esta oportunidad, y como ya lo hiciéramos en una columna anterior en donde expliqué las razones que llevaron a este mismo juez (y a la Primera Sala Civil) a declarar fundada la demanda de Amparo que AGP presentó el año pasado en contra de la Megacomisión (el fallo que ahora comentaremos está directamente vinculado al proceso antes mencionado), trataré de exponer brevemente los argumentos constitucionales que justifican este nuevo fallo.

Sentencia de primera instancia

El 19 de Setiembre del año pasado, este mismo juzgado constitucional, declaró FUNDADA en parte la demanda interpuesta por AGP, al haberse acreditado la violación de su derecho al debido proceso por parte de la Megacomisión, declarando la NULIDAD de lo actuado por esta Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del ex Presidente.

En esa oportunidad, el juez ordenó a esta Megacomisión que “proceda a citar a AGP con el mayor detalle posible sobre los hechos que consideren pertinente respecto a las posibles conductas ilícitas, ya sean penales y/o infracciones constitucionales que deben ser materia de investigación; asimismo se le permita tener acceso a la documentación obrante en la investigación y se le ponga en conocimiento de los medios probatorios que respalden las imputaciones (excepto los reservados), a fin de ejercer su derecho a la defensa y efectúe los descargos en un plazo razonable”.


Como era de esperarse, la emisión de dicha sentencia generó una tremenda polémica política en nuestro país, llegando a señalarse que el Poder Judicial estaba blindando a AGP impidiendo que el Congreso cumpla con su labor de fiscalización. Para un sector político, particularmente para el partido de Gobierno, el Poder Judicial cubría con un manto de impunidad la gestión desempañada por el ex Presidente durante su segundo Gobierno.

En mi opinión, si uno lee este fallo, podrá darse cuenta de que estas declaraciones no tenían ningún asidero. Lo que el juez había señalado (lo mismo diría la Sala) era básicamente lo siguiente: El Congreso tiene la facultad de investigar a AGP, pero debe hacerlo respetando escrupulosamente las garantías del debido proceso. Ni más ni menos.

Sentencia de segunda instancia

Dicha decisión fue apelada por ambas partes (Congreso y AGP), por lo que la Primera Sala Civil, emitió una nueva sentencia CONFIRMANDO el fallo de este juez (el mismo que amparó la demanda del fallecido Javier Diez Canseco Cisneros en un caso similar). Lo que la Sala señaló en esa oportunidad cobra importancia pues no solo se limitó a tutelar el derecho al debido proceso de AGP sino también reconoció la facultad del Congreso para investigar al ex Jefe de Estado. La Sala, además de repetir lo ya señalado por el juez, dijo:

1)    Que la Megacomisión es competente para investigar la gestión de AGP como presidente de la República, dentro del plazo encomendado o prorrogado por el Pleno del Congreso, por tanto, AGP podrá ser sometido a dicha investigación, pero respetándose el debido proceso.

2)    Que el Presidente de la Megacomisión (por quien tengo el mayor de los respetos), y sus otros miembros, no pueden ser removidos, salvo que así lo decida el pleno del Congreso de la República, siempre velando, claro está, por la imparcialidad de los órganos de investigación.

3)    Que la Megacomisión puede incluir el asunto denominado BTR y/o Petroaudios como materia de investigación, respetándose el debido proceso.

Como se puede apreciar entonces, en ambos fallos lo que se buscaba era encontrar un equilibrio entre la defensa del derecho al debido proceso de AGP y la facultad de fiscalización (investigación) del Congreso de la República.


La Megacomisión vuelve a citar a AGP

De acuerdo a lo expuesto tanto por el Procurador del Congreso de la República como por el Presidente de la Megacomisión, el 04 de octubre del 2013, esta Comisión volvió a citar a AGP, y lo hizo mediante carta cuyo contenido a continuación reproducimos:

“En el marco del derecho fundamental y constitucional al debido proceso, estoy en la obligación de informarle que se le convoca por su vinculación con los hechos materia de investigación, debido a que usted ocupó el cargo de Presidente de la República en el periodo objeto de mandato asignado por el Pleno del Congreso (20006-2011). Por tanto, el interrogatorio versará sobre los procedimientos y acciones que llevó a cabo, ordenó, permitió u omitió como Presidente de la República, en el marco de las funciones y competencias inherentes al cargo en cuestión, y que estén relacionados con los casos referidos previamente. Su declaración es indispensable para identificar o descartar la existencia de presuntas irregularidades”.

AGP cuestiona el tenor de esta citación

Para el ex Presidente, esta citación no cumplió con lo dispuesto por el Poder Judicial (leer lo señalado por el juez y la Sala, respectivamente). Pero además, afirma AGP (y este es el argumentó que el juez hace suyo), la CARTA-CITACIÓN adolece de un defecto sustancial insubsanable que automáticamente conlleva a su nulidad, por cuanto en ella “no se precisó el STATUS JURÍDICO de AGP dentro de la investigación que realiza la Megacomisión”.

En otras palabras, no se señaló si AGP era citado como INVESTIGADO o como TESTIGO. Por tanto, siendo que este error vicia de nulidad a la citación, la misma también se hace extensiva a todos los informes elaborados por esta Comisión y enviados al pleno del Congreso.


Análisis del presente caso

Luego de leer con atención el tenor de la CARTA-CITACIÓN que la Megacomisión le cursara a AGP nos queda claro, como le ha quedado claro también al juez (que valientemente ha emitido este fallo), que “no se advierte que se haya precisado si AGP era citado en calidad de INVESTIGADO o TESTIGO”. La terminología utilizada es VINCULADO, la misma que resulta ser muy genérica, y por ende, no cumple con lo que en su momento ordenó el Poder Judicial para este mismo caso.

Primer argumento

Tanto para el juez, como para cualquier hombre de derecho que conozca mínimamente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional (Caso César Humberto Tineo Cabrera y otros) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso López vs Venezuela y otros), un error de este tipo es sumamente grave ya que al no conocer su STATUS JURÍDICO la persona no puede ejercer su derecho de defensa a plenitud, ya que como es razonable suponer, la defensa de una persona cambia o depende de si ésta tiene la condición de INVESTIGADO o TESTIGO. Decir lo contrario, abre la posibilidad para la violación flagrante del debido proceso, tal y como ha sucedido en este caso.

Segundo argumento

Pero además, señala el juez, en opinión que también compartimos, “si bien en la carta del 04 de octubre de 2013, sí se precisan los temas que son materia de investigación y las razones que justifican las investigaciones, sin embargo no se precisa de manera puntual la conducta ilícita que habría cometido AGP en cada tema de investigación; tampoco cuál es el presunto delito y/o infracción constitucional que se le imputa en cada tema de investigación”. Esta situación, como también se señaló en los anteriores fallos, no permite que AGP ejerza su derecho de defensa a cabalidad, vulnerando su derecho al debido proceso.


Reflexión final

Nosotros consideramos que el Parlamento tiene la facultad (poder-deber) de investigar todos los casos en los cuales presuntamente el ex Presidente haya podido incurrir en actos reprochables jurídicamente (delitos, faltas administrativas o infracciones constitucionales). Sin embargo, ello no quiere decir, que avalemos y aceptemos que en el marco de este tipo de Comisiones Investigadoras se vulneren las garantías mínimas del debido proceso, las mismas que deben ser tuteladas para todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país.

A propósito, quiero terminar esta columna llamando la atención sobre 3 máximas que el Congreso parece desconocer:

1)    En un Estado Constitucional todos los poderes públicos (también el Congreso) están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos, y cuando ello no ocurre, el Poder Judicial está obligado a corregir dicha situación de anormalidad jurídica. Como bien lo ha señalado el TC: no existen zonas exentas de control constitucional.

2)    Las investigaciones parlamentarias deben respetar escrupulosamente el derecho al debido proceso no solo cuando la persona tenga la condición de acusado sino también de investigado. Sobre todo, si tomamos en cuenta que muchas veces el citado (vinculado) puede pasar de testigo a investigado en un abrir y cerrar de ojos.

3)    El derecho de defensa aparece y debe poder ejercerse desde la primera citación. Decir lo contrario, supone un grave recorte al ejercicio de esta garantía, y pone en peligro la libertad y los derechos fundamentales de la persona.


Cierro con una frase: “Creo que existen razones más que suficientes para investigar a AGP y a muchos de sus más cercanos colaboradores. Pero si el Congreso, o cualquier otra instancia desean hacerlo, deben respetar todas y cada una de las garantías del debido proceso. Son estas investigaciones (garantistas) las que fortalecen verdaderamente a la democracia. Lo otro, es persecución política pura”. 

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jueves, 27 de marzo de 2014

PENA DE MUERTE (POLÍTICA) PARA ALAN GARCÍA


La demagogia de Alan García (AG), sus palabras vacías, sus conceptos trillados, y sus frases intrascendentes, así como sus libros mal escritos y peor editados, ya no son novedad. Al menos, para ese grupo de ciudadanos que nos hemos dado cuenta, hace mucho tiempo, que lo único que sabe hacer AG es lanzar fuegos artificiales para el entretenimiento de algunos (la mayoría) de los medios de “desinformación” que día a día tratan de consolidar su figura política, respaldando, cada vez con más descaro, su candidatura presidencial para el 2016, a pesar de las enormes críticas y cuestionamientos que pesan sobre su Gobierno, las mismas que ni él ni sus adulones han sabido responder. Si no me creen, busquen las entrevistas (franela pura), que periodistas como Beto Ortiz le suelen hacer.

Lo realmente preocupante en todo este asunto, es que en nuestro país, las ideas delirantes de un ex presidente, tienen un impacto mediático y generan una polémica, que en una sociedad con mejores niveles de educación que la nuestra, no serían otra cosa que “las opiniones de un payaso” (para citar el título de la gran novela de Heinrich Boll).

En otras palabras, lo que me ofusca y desquicia, es que algunos peruanos, sobre todo los más jóvenes, le otorguen cierto nivel de validez y seriedad a una medida totalmente populista (gana votos) como la que ahora propone: pena de muerte para combatir la criminalidad. Si señores, así como lo escuchan, la misma persona que les abrió las puertas de las cárceles a miles de peligrosos delincuentes (narcotraficantes por montón), concediendo indultos a diestra y siniestra, ahora nos viene a decir que ya encontró la fórmula para frenar la criminalidad: ejecutar a los delincuentes peligrosos. El colmo del cinismo, no les parece.


Son las opiniones de un payaso

En todo caso, y con el único afán de demostrar, a quienes tengan interés en este tema, que la propuesta de AG es totalmente inútil, trataré de exponer los argumentos que a nivel de la academia se han expuesto con la finalidad de evidenciar por qué la implementación de la pena de muerte no sólo no resulta eficaz al momento de combatir reducir la criminalidad, sino también por qué se afirma que esta medida (de ser adoptada) significaría un serio retroceso en el proceso de reconocimiento de derechos y consolidación democrática.

Empecemos señalando que la justificación moral y ética de la pena de muerte depende, en parte, de los principios que permiten justificar las sanciones penales en general. Por ello, conviene encarar el tema de la justificabilidad de la pena de muerte, a partir de las dos grandes corrientes filosóficas que han servido para justificar la validez ética de las penas en general: el retribucionismo y el utilitarismo. Para luego, demostrar que ninguna de ellas puede por sí misma justificar la imposición de una pena capital al interior de una sociedad democrática. Algo que la ignorancia de AG (y seguidores) no logra comprender.

Señor Alan García: lea usted sobre retribucionismo

La concepción retribucionista sostiene que es intrínsecamente justo que el que ha hecho un mal sufra otro mal de entidad equivalente, cualesquiera que sean las consecuencias para los individuos involucrados en el hecho o para la sociedad en su conjunto. Visto de ese modo, esta teoría no sólo parece validar sino exigir la pena de muerte para un único caso: el homicidio, ya que en pocas situaciones como en ésta se vislumbra con alguna claridad la equivalencia requerida entre el delito o daño causado por el criminal y la pena o castigo que recibirá por ello.


Señor Alan García: no se puede instrumentalizar la vida de los hombres

Sin embargo, el problema radica en que muchas veces, los Estados, como el Perú por ejemplo, han pretendido ampliar este supuesto a la sanción de otro tipo de delitos como la violación sexual, iniciativa que desde un punto retribucioncita es a todas luces inválida (esto también lo propuso AG). No obstante ello, esta concepción olvida que existen principios éticos como el principio kantiano que prescribe tratar a los hombres como fines en sí mismo y no como meros medios para ciertos fines, en virtud de los cuales ningún sistema que se precie de ser auténticamente democrático puede utilizar a las penas o sanciones con la única finalidad de mostrarlas ante los demás como ejemplo tangible de la ferocidad del poder punitivo del Estado al momento de combatir el delito.

Señor Alan García: el Estado no es una máquina de matar

Es decir, estatalizar a la frase “ojo por ojo y diente por diente”, no es sino un retroceso en la evolución de las sociedades, ya que convierte a la sanción (pena de muerte) en un sistema de venganza a gran escala organizado en forma monopólica por el Estado. Asimismo, estudios demuestran que la pena de muerte genera una banalización del valor vida, motivando al ciudadano a hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué si el Estado puede matar bajo determinadas circunstancias, yo no puedo hacer lo mismo bajo esas mismas circunstancias? Ello genera, sin lugar a dudas, el aumento de los índices de violencia ya existentes en la sociedad contemporánea. Por tanto, es lógico pensar que existen razones más que suficientes para sustentar una posición contraria a la pena capital vista desde el retribucionismo.

Señor Alan García: lea usted sobre utilitarismo

Por su parte, la concepción utilitarista sostiene que el castigo estatal es justificable solo si el balance de sus consecuencias es más beneficioso que perjudicial para el conjunto de la sociedad. Esto se da sólo cuando la pena logra prevenir males mayores que los que ella involucra, sin que sea posible evitar aquellos males por medios menos nocivos. Esta teoría exige que para que una pena (la de muerte) sea un medio racional de protección social: a) ella debe implicar un mal menor que el que intenta prevenir; b) debe ser eficaz para prevenir ese mal; y c) debe ser necesaria para evitar el mal en el sentido de no ser sustituible por un medio menos costoso e igualmente eficaz.


Esto implica que, bajo la justificación utilitarista de la pena, las principales dificultades para legitimar la prescripción de la pena de muerte para el homicidio, como sucede en el caso de Estados como Texas, en los Estados Unidos, son de índole empírica: ¿Es la pena de muerte eficaz para prevenir un número de homicidios mayor que el de gente ejecutada?¿No podrían ser prevenidos esos homicidios por medios menos cruentos?¿ La posible ventaja en eficacia preventiva de la pena de muerte compensa posibles efectos colaterales nocivos que ella puede tener? Esas son las preguntas que se deben absolver, y que el señor AG, estamos seguros, está lejos de responder racionalmente.

Señor Alan García: la pena de muerte no reduce la criminalidad

Del mismo modo, estudios a nivel mundial demuestran que no existe relación directa entre la implementación de la pena de muerte y la reducción del índice de crímenes que esta pretende prevenir. En estos estudios se concluye que no hay pruebas claras, en ninguna de las estadísticas examinadas, de que la abolición de la pena de muerte haya conducido a un incremento en el índice de homicidios, o que su reintroducción haya conducido a una caída de tal índice. Asimismo, también se afirma que no se ha demostrado en forma convincente que la pena de muerte tenga una eficacia preventiva significativamente mayor que otras penas menos nocivas.

Siendo ello así, la experiencia práctica no nos brinda razones suficientes que nos permitan justificar la validez de la pena capital, pues las dudas que existen sobre su eficiencia frente a otro tipo de penas, como la cadena perpetua, por ejemplo, y frente a la reducción del delito (homicidios), hacen que esta medida resulte ser totalmente contraria a valores como la vida, libertad y dignidad, todos ellos principios fundamentales de una sociedad democrática.


Señor Alan García: el error judicial en este caso es irreparable

Además de ello, es necesario tomar en cuenta que el riesgo personal que esta medida trae consigo, es que inocentes sean alcanzados por el error judicial, por la falla del sistema de enjuiciamiento y sanción del Estado, riesgo que en el caso de la pena de muerte es mayor, pues se trata de un error irreversible. Este temor, no es producto de la fantasía, o de una campaña de desinformación y mentira desatada por los movimientos contrarios a la pena capital, como algunos suelen decir. Por ejemplo, el ministro de Justicia de Alemania Federal declaró ante el Consejo de Europa de 1953  que en el último siglo hubo en su país 27 condenas a muerte producto de errores judiciales.

Señor Alan García: la pena de muerte estigmatiza al entorno del ejecutado

Asimismo, debe tomarse en cuenta el grave impacto que una ejecución tiene en el círculo de familiares y amigos más cercano de la persona ejecutada, estigmatizándolos de por vida, ello debido a la extensa publicidad que las ejecuciones desencadenan (en la mayoría de los casos, tanto el proceso, las pruebas, los testimonios, y la vida misma del condenado, son expuestos a la luz pública sin mayor pudor). Este estigma acompaña a estas personas a lo largo de sus vidas, entorpeciendo su propio desarrollo y la posibilidad de construir nuevos lazos sociales. ¿Habrá reflexionado sobre esto AG? Estoy seguro que no.

Señor Alan García: usted no ha leído la Constitución

Además, es importante señalar que el Estado peruano ha asumido obligaciones jurídicas en esta materia que le impiden implementar la pena de muerte o ampliar los supuestos de aplicación de la misma, tanto a nivel nacional como internacional. Basta recordar, por ejemplo, que nuestra Constitución señala expresamente que “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” (artículo 139°). Entonces, si ello es así, me gustaría preguntarle al ex presidente: ¿Cómo se reeducada a un ejecutado? Quizás AG nos diga que eso se puede hacer mediante sesiones de espiritismo.


Señor Alan García: usted no ha leído el Pacto de San José

Sumando a ello, tenemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone que los países firmantes de la misma no pueden extender su aplicación a supuestos que no estuvieron previstos al momento de su suscripción (artículo 4°). Eso quiere decir (anote bien esto señor ex presidente) que la implementación de su propuesta no sólo resulta ser inconstitucional, sino también supone una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú en materia de Derechos Humanos. ¿Puede el Perú denunciar este tratado y salirse del sistema interamericano de protección de derechos Humanos? Sí (eso es lo que quiso hacer Alberto Fujimori), pero el costo político es altísimo, pues nuestro país se convertiría en un verdadero paria internacional.

Señor Alan García: prometa no indultar (sin razón objetiva) a tantos narcotraficantes

En suma, lo que debe quedarnos claro a todos los peruanos, es que la propuesta de AG de implementar la pena de muerte en nuestro país, no solo carece de sustento ético y político, sino también resulta absolutamente inviable desde un punto de vista práctico y jurídico. En todo caso, si realmente desean combatir la criminalidad, los Jefes de Estado debieran evitar conceder indultos a criminales, asesinos, sicarios y narcotraficantes, como en su oportunidad lo hizo, y por miles, el ex presidente AG. Hoy promotor de la pena de muerte en nuestro país.


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jueves, 25 de julio de 2013

NADA QUE CELEBRAR: LA PATRIA ESTÁ ENFERMA




Porque el señor Ollanta Humala, alias “Presidente de la República”, ha convertido al Perú en un barco a la deriva.

Porque el señor Juan Jiménez Mayor, alias “Primer Ministro”, no es otra cosa que un alma en pena.

Porque el señor Alan García Pérez, alias “mis engreídos son los narcos”, le abrió las puertas de la cárcel a miles de  peligrosos delincuentes  repartiendo indultos por doquier.

Porque el señor Alejandro Toledo, alias “soy el engreído de mi suegra”, alquila su apoyo al partido de gobierno a cambio de un blindaje político y jurisdiccional rastrero e infame.

Porque el señor Alberto Fujimori, dictador sentenciado por corrupto y asesino, alias “mi vacilón es el saqueo”, vive a cuerpo de rey y se da el lujo de seguir complotando contra nuestra democracia.

Porque los partidos políticos en el Congreso de la República se comportan como mafias deseosas de repartirse el botín a toda costa.

Porque Perú Posible, otrora partido de gobierno, nos ha demostrado a todos los peruanos que los verdaderos enemigos de la democracia son algunos “falsos demócratas”.

Porque Fuerza Popular (portátil de Keiko y Kenyi Fujimori) sigue representando al sector más autoritario y reaccionario de este país, y a pesar de ello, cuenta con el apoyo de aquellos que canjean su voto por algunas cuántas prebendas clientelistas cada 5 años.

Porque Gana Perú (el partido de gobierno) se ha convertido en un coro de estúpidos adulones de la primera dama y de sus secretarias.

Porque el Partido Popular Cristiano demostró que más importante que la ética y la decencia  política es el cumplimiento de “viles acuerdos”.

Porque los ministros de Estado gozan y se sienten felices asumiendo el rol de felpudos y payasos al servicio de la pareja presidencial (reparten muy bien los bocaditos cuando les dan “luz verde”).

Porque los medios de comunicación siguen embruteciendo a la población a diario con total impunidad apostando por calabacitas (os) que exponen sus miserias sin ninguna vergüenza.

Porque las instituciones públicas están al servicio de los poderes fácticos independientemente de quién gane las elecciones.

Porque en nuestro país a nadie le interesa la conservación del medio ambiente y la búsqueda de un desarrollo sostenible (sequemos las lagunitas, dicen los más estúpidos).

Porque los políticos siguen creyendo que nuestros hermanos campesinos y nativos son “perros del hortelano”.

Porque han pasado 10 años desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y nuestro país todavía no cuenta con una política nacional de reparaciones efectiva.

Porque los crímenes contra la comunidad LGTB siguen en aumento y a la sociedad parece no importarle (maten a los maricones, dicen los más imbéciles).

Porque la violencia contra la mujer es terrible y el Estado no tiene ni la menor idea de cómo enfrentarla, dejando libre a los maridos psicópatas  que gozan con el dolor de sus parejas (la mujer tiene la culpa, dicen los defensores de este horror).

Porque tenemos una izquierda bullera y trasnochada, que defiende autoritarismos regionales, cuando años atrás marchaba en contra de la dictadura fujimorista.

Porque nuestro Estado ha sido capturado por los grandes grupos de poder económico y se arrodilla ante banqueros, mineros y otros grandes “señores”.

Porque tenemos una derecha autoritaria, reaccionaria y egoísta, que habiendo capturado al Estado le exige imponer su voluntad a sangre y fuego.

Porque nuestros policías, profesores, médicos y enfermeros, siguen ganando sueldos miserables que no les permiten vivir con dignidad.

Porque nuestro país sigue siendo el principal exportador de cocaína en el mundo.

Porque los títulos profesionales emitidos por nuestras universidades (salvo escasas excepciones) no sirven ni para envolver pescado.

Porque nuestra burocracia es una de las más corruptas e indolentes de la región.

Porque nuestros ciudadanos no confían en la democracia, y muchos añoran la vuelta al pasado autoritario.

Porque nuestro país sigue siendo profundamente desigual e injusto (cómo no, si nos encanta cholear).

Porque el machismo, racismo y otros complejos siguen delineando la conducta de un importante sector de nuestra población (cómo no, si para algunos el dinero blanquea).

Porque los jóvenes que terminan la escuela secundaria son en su mayoría unos “analfabetos funcionales”.

Porque a este paso, el 2016 volveremos a jugar nuestra democracia y a votar por el mal menor, para así evitar que otro populista autoritario, de derecha o izquierda, se apropie de Palacio de Gobierno (como si en el Perú, el Presidente electo gobernara).


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