ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA DEL PERÚ

Juan Jiménez Mayor, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos comenta las principales medidas que implementará durante su gestión. Enfatiza el rol que desempeñarán las procuradurías y reafirma la intención del régimen de promover reformas constitucionales, especialmente en el sistema de justicia. Igualmente comenta su posición sobre la propuesta de retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre las decisiones judiciales que permitieron la salida temporal del país de Lori Berenson y Laura Mellado, sentenciados por delitos de terrorismo.

RAFAEL RODRÍGUEZ CAMPOS

1. ¿Cuáles son las tareas más urgentes que deberá enfrentar como ministro de Justicia?

Bueno, tres son los temas más urgentes a trabajar. El primero, es el de la lucha contra la corrupción. El segundo, el de la eficiencia en el servicio de administración de justicia. Y el tercero, es el de facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos del Perú. Estos tres tópicos son fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático y para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Para ello es fundamental delinear claramente cuáles son las líneas de trabajo a seguir, así como los objetivos y las metas a lograr en el corto, mediano y largo plazo.

2. ¿Qué medidas han adoptado desde su sector para enfrentar esta problemática?

Estamos trabajando un Plan Nacional de acceso a la justicia que será presentado en las próximas semanas. Ahora bien, con relación al tema de la lucha contra la corrupción estamos diseñando una estructura y estrategia de persecución del delito a nivel nacional. 

En la actualidad contamos con un sistema de 30 procuradores por cada una de las regiones del país, situación que imposibilita la articulación del trabajo entre todas estas. En ese sentido, nosotros hemos agrupado a estas procuradurías en once macroregiones y vamos a delegar funciones a abogados en las diversas regiones y departamentos del país, a efectos de tener un mejor control y mejores estrategias zonales en función de tendencias delictivas. 

Otro asunto importante en torno a este tema es el de la falta de coordinación entre las procuradurías públicas más importantes. Le explico, hoy en día las procuradurías de drogas, lavado de activos y anticorrupción, que se enfrentan al crimen organizado, trabajan de manera aislada. Esta situación debe de cambiar radicalmente. Nosotros estamos implementando una serie de medidas para trabajar en conjunto, compartiendo información, porque seguramente donde hay un tema de drogas hay un tema de corrupción, donde hay un tema de lavado de activos hay también un tema de corrupción. Esta labor coordinada todavía no se ha hecho en el Perú. Nosotros estamos decididos a poner en práctica esta estrategia pues consideramos que es la salida más inteligente para luchar contra el crimen organizado.

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de reforma constitucional para que sean imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos?

Este tema, como bien Ud. señala, pasa por promover una reforma del artículo 41 de la Constitución. Este es un tema de opción y normativa constitucional que viene siendo contemplado por algunos países en la persecución de algunos delitos como por ejemplo los delitos de lesa humanidad. 

Lo que pasa es que los delitos de corrupción son delitos muy sensibles para la comunidad, sobre todo después de lo vivido durante los años noventa. En ese sentido, una propuesta de este tipo busca encuadrar de mejor manera la política de lucha contra la corrupción. En mi opinión, esta propuesta tiene dos puntos importantes. Primero, es una medida que será muy bien vista por la población y que contará con el respaldo mayoritario de la misma. Esto es importante pues muchas veces las iniciativas carecen de ese apoyo. Y segundo, esta medida puede generar un efecto disuasivo y evitar así la reproducción de actos de corrupción a nivel nacional.

4. ¿Qué nos puede decir Ud. sobre el estado de la Procuraduría Anticorrupción?

Estamos en un escenario muy complicado. En la actualidad tenemos más de 15 mil procesos de corrupción en todo el país. Casualmente son las regiones del país que cuentan con canon minero las que presentan numerosos casos de corrupción. Ahora bien, me gustaría comentarle que hace dos semanas recibimos la cooperación del Instituto alemán Max Planck para el Derecho Penal Internacional, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo modelo de procuradurías públicas, y en especial, de la Procuraduría Anticorrupción. 

Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta que la Procuraduría Anticorrupción era solamente una especie de unidad de litigio, es decir solamente estaba para presentar denuncias, asistir a las diligencias, interponer apelaciones, presentar informes orales, o ir a los juzgados a ver el estado de los expedientes en trámite. Esta procuraduría no tenía una labor proactiva que le permitiera enfocar mejor el tema, diseñando, por ejemplo, una mejor estrategia de recuperación de activos. 

Le doy un dato, en los últimos dos años, el Estado solamente recuperó, en todo el sistema de procuradurías públicas, 29 millones de soles de los cuales el 50% correspondía a la procuraduría anticorrupción y la procuraduría de drogas. Esto denota que el sistema jurídico del Estado está muy debilitado.

Como verá, este es un sistema que no funciona, un sistema que hay que fortalecer, para lo cual vamos a unificar el sistema de defensa jurídica del Estado en un solo organismo lo cual convertiría al sistema de defensa jurídica del Estado en el estudio de abogados más importante del país, con cerca de 400 o 500 abogados prestos a desarrollar estrategias conjuntas para luchar de manera decidida y frontal contra la corrupción.

5. ¿Qué medidas concretas se han tomado?

Me gustaría mencionar tres medidas que fortalecerán el trabajo anticorrupción del Estado. La primera, el rediseño y fortalecimiento de la unidad de análisis financiero en donde estamos evaluando, identificando el patrimonio de las personas que están vinculadas a delitos de corrupción y el de sus familiares directos o personas relacionadas a estas. Segundo, la implementación del observatorio de los delitos de corrupción, a través del cual estamos fijando las tendencias que hay en esta materia en todo el país, situación que nos permitirá atacar a los grandes casos de crimen organizado. 

Finalmente, hemos fusionado la Procuraduría Ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, que encontramos desmantelada, con la procuraduría anticorrupción, ello nos permitirá recoger todo el bagaje documental de la primera y, por supuesto, aprovechar la experiencia de algunos abogados que todavía encontramos en sus labores al asumir la gestión.

6. El ministerio que Ud. dirige ha pasado a denominarse de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué cambios sustantivos en el enfoque de las políticas públicas impulsadas desde su sector traerá este nuevo término?

Lo que tiene que cambiar es esa posición dura y dogmática que hay, impulsada por algunos sectores, de que los derechos humanos son solo de los terroristas. Lo que debemos buscar es que la ciudadanía entienda que la temática de los derechos humanos no es una materia ideológica, sino que forman parte de la esencia misma del ser humano. Si logramos cambiar ese chip tan difundido, y hacemos entender que la nutrición, el derecho a la vida, el derecho a la educación, al trabajo, y a la salud son también derechos humanos que el Estado debe proteger y que las personas debemos hacer valer, habremos dado un salto cualitativo importante.

7. ¿Qué medidas se deberán adoptar para lograr ese objetivo?

Esto va a requerir de una adecuada política de comunicación por parte del Ministerio hacia fuera. También exige mejoras en nuestro servicio de acceso a la justicia interno, fortalecer las líneas de acción planteadas por el ex Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, tales como la defensa de víctimas, de personas que están en condiciones de vulnerabilidad, discapacitados, mujeres, niños, ancianos para que tengan la oportunidad de hacer valer sus derechos de manera oportuna, no es posible que un juicio en el Perú dure 10 años.

Recordemos que somos el país más quejado a nivel del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, tenemos más de 360 quejas ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, lo que demuestra dos cosas, o que el acceso al sistema internacional es muy sencillo, o que, y eso es lo más preocupante, que nuestro sistema interno de tutela de los derechos humanos no funciona adecuadamente y que debido a ello las personas se ven obligadas a recurrir a las instancias internacionales.

8. Volviendo al tema de las reformas constitucionales, una de las principales propuestas de campaña de Ollanta Humala fue promover reformas a la Constitución vigente. Sin embargo, han pasado algunos meses y pareciera que esto ha perdido vigor...

No, en absoluto, las reformas ya vienen. Yo soy un ministro que va a empujar una serie de propuestas de proyectos de reforma de la Constitución, sobre todo en aquellas materias vinculadas a la reforma de la justicia, que anunciaremos oportunamente, pues es un tema que personalmente me preocupa, por ser de altísimo interés para nosotros. Creemos que la justicia necesita el esfuerzo no solamente del Poder Judicial sino también del gobierno para poder involucrarse. Es un tema que no corresponde estrictamente a los jueces, la reforma de la justicia nos corresponde a todos.

9. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la propuesta del retorno a la bicameralidad o la implantación del voto facultativo? 

Yo no creo que el problema de la representación del país pase por la bicameralidad, yo no apostaría los recursos del país o centraría el debate político del país en una reingeniería constitucional sobre el tema de la bicameralidad, lo dicen todos los constitucionalistas pero yo creo que no es un tema central. El problema que tenemos es uno de representación en general, un Congreso muy pequeño para la población actual y además no contamos con un sistema de partidos fuerte e institucionalizado. En lo personal, no creo que el retorno a la fórmula bicameral sea el tema central a discutir en este campo. 

Con respecto a la implantación del voto facultativo estoy totalmente de acuerdo. El voto es ante todo un derecho, una facultad que nos debe permitir participar libremente, no podemos obligar a la gente a votar. Es un auténtico derecho. Y los abogados deberíamos dar el primer paso con respecto a los comicios para la elección del Decano del Colegio de Abogados.

10. Hace algunas semanas personalidades vinculadas al fujimorismo y a las Fuerzas Armadas han propuesto el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Mire Ud., ni siquiera durante el Gobierno de Fujimori, esos mismos sectores pudieron retirar al Perú de la competencia de la Corte. Entonces, si no lo hicieron ellos, menos lo vamos a hacer nosotros. Digámoslo claramente, no existen antecedentes en este campo, la propuesta es jurídicamente inviable, los países que han intentado hacer esto han fracasado y creemos que el Perú, como un país que es respetuoso del ordenamiento internacional, no se va a retirar de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y, por el contrario, lo que sí hará es defender firmemente sus derechos, sobre todo en los casos en donde consideramos que tenemos la razón.

11. En todo caso, ¿las sentencias de la Corte IDH se acatarán sean favorables o no al Estado peruano?

Sí, sin duda, lo que pasa es que allí viene el tema de la ponderación de la asignación de las reparaciones. Tenemos reparaciones más urgentes que otras. Ahora bien, debo dejar muy en claro que nosotros como Gobierno no vamos a cumplir reparaciones vinculadas a terroristas que le deban dinero al Estado por concepto de reparación civil. Eso lo tenemos clarísimo, la ley civil lo permite. Además, ya hemos hecho las coordinaciones con la Corte sobre esta materia y el asunto está zanjado.

12. Recientemente el Poder Judicial ha permitido la salida temporal del país de los condenados por terrorismo Lori Berenson y Lautaro Mellado. ¿Qué opinión tiene Ud. al respecto?

Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar, en nombre del Gobierno, nuestro más absoluto rechazo a esta medida. Para nosotros, se trata de una orden judicial que desnaturaliza la figura de la liberación condicional pues se equipara la libertad de un condenado sujeta a restricciones a la de cualquier ciudadano. Pero esta medida además de ser equivocada es ilegal porque el Decreto Legislativo N° 927 establece claramente que no proceda este tipo de beneficios para estos casos. 

Nosotros estamos sumamente preocupados, hemos hablado con el Presidente del Poder Judicial sobre la materia, le hemos dicho que no es prudente, que no es lo propio, que la decisión es ilegal; pero el Poder Judicial es independiente, y ellos deberán asumir su responsabilidad. 

Nosotros tenemos todo el derecho de criticar las resoluciones judiciales como cualquier ciudadano, que es lo que estamos haciendo, no ofendemos a nadie al señalar que estas resoluciones son muy mal fundamentadas, además de haber sido emitidas sin tomar en consideración el principio de previsión de consecuencias tantas veces utilizado por el Tribunal Constitucional, pues una decisión judicial por más legal que esta sea, o ilegal como en este caso, debe evaluar el impacto de esta en la opinión pública, que en este caso, a partir de esta orden judicial, advierte que existe una especie de ablandamiento en la lucha contra el terrorismo.

13. Días atrás, el presidente Humala deslizó la posibilidad de eliminar el voto a policías y militares o restaurar el servicio militar obligatorio. ¿Usted comparte esas propuestas?

Bueno, son iniciativas que ha propuesto el presidente para la discusión nacional. No lo hemos discutido en el gabinete y no se todavía cuál va a hacer la posición finalmente del Gobierno. Es un planteamiento del presidente que como cualquier otro planteamiento que realiza el jefe de Estado será evaluado. Entiendo que hay un gran debate en el país sobre esto, en su momento si es que esto se da, si se confirma la propuesta lo veremos, pero por el momento me parece que es una iniciativa que hay que evaluar simplemente.

14. Finalmente, ¿Qué opina Ud. de la propuesta de despenalizar los delitos de prensa?

Yo estoy en desacuerdo con esa propuesta. Lo he dicho públicamente, creo que la solución de los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión no pasa por la despenalización de los delitos de prensa, porque si los despenalizamos tendríamos que ir a la vía civil para resolver la controversia. La medida en la vía civil sería la indemnización por daño moral, lo que puede ocasionar que en el Perú se generen altísimos costos a las empresas editoriales y periodísticas, las que tendrían que pagar altísimas indemnizaciones, lo que puede hacer quebrar a cualquier medio periodístico en el Perú, pues muchos de ellos son muy pequeños y de muy poco capital. Lo que debemos tener presente es que los bienes jurídicos como la libertad de expresión o información, así como la intimidad, el honor o la buena reputación, merecen el mismo grado de protección.

Esta entrevista fue publicada en el Nº 49 de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA (DICIEMBRE 2011)