LA OPERACIÓN CHAVÍN DE HUÁNTAR Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Leo con preocupación los comentarios que en las redes sociales los peruanos (algunos) hacen en torno a este caso. Digo con preocupación ya que el nivel de desinformación sobre este asunto es altísimo. Incluso hay quienes aseguran que la Corte declarará inocentes a los terroristas y culpables a los comandos, afirmación que todo abogado medianamente instruido sabe que es absolutamente falsa. ¿Por qué es falsa esta afirmación? Muy simple: la Corte no tiene competencia para declarar la inocencia o culpabilidad de ninguna persona (terrorista o comando), lo que sí hace la Corte es sentenciar a los Estados (recuérdenlo) cuando estos violan los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos, el Debido Proceso.

Como se recuerda, esta historia comenzó en 2001 cuando el diplomático Hidetaka Ogura aseguró haber visto con vida al terrorista Eduardo Cruz Sánchez (Tito), y a otros dos más luego de concluido el operativo. En otras palabras, fueron tres los terroristas que a pesar de haber sido reducidos (ya se habían rendido) fueron ejecutados extrajudicialmente por personal militar. Posteriormente, a esta versión se sumaron las declaraciones ante el Ministerio Público de los Sub Oficiales de la PNP Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, quienes también manifestaron haber visto con vida a Tito.

Fue así como en 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe responsabilizando al Estado Peruano (no a los comandos, reitero) de no haber investigado los hechos de manera adecuada y de no identificar oportunamente a los responsables de la muerte de los terroristas capturados. Es decir, para la CIDH el Estado Peruano violó el derecho al Debido Proceso de los deudos al no haber investigado y procesado idóneamente este caso, a pesar de existir abundante material probatorio que exigía diligencias indagatorias profundas a efectos de esclarecer la verdad de lo ocurrido (testimonios, pericias, pruebas indiciarias, y un largo etcétera).

Es más, y como para desbaratar la tesis de los sectores que aprovechan esta coyuntura para volver a tildar de pro terrorista a la Corte, en 2012, la Corte Suprema de nuestro país determinó que, por lo menos uno de los terroristas, hablamos de Tito, había sido ejecutado extrajudicialmente luego de haber sido capturado y entregado a un efectivo militar.

Sin embargo, y a pesar de que esta información es de público conocimiento, al parecer los peruanos de las redes sociales no logran comprender (o no quieren hacerlo) que la CIDH no cuestiona la legitimidad del Operativo Chavín de Huántar ni el valor de los comandos que participaron en esta brillante acción militar de rescate de rehenes, sino la responsabilidad del Estado Peruano al no garantizar la vida de los tres terroristas –por lo menos uno de acuerdo a nuestra propia Corte Suprema-  que habiendo sido capturados y estando rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente.

Sobre este último punto, es preciso recordar que de acuerdo a diversas investigaciones realizadas (la de Umberto Jara o Edmundo Cruz, por ejemplo), no existen pruebas que señalen a los comandos como presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, para estos investigadores, lo que sí existen son pruebas que acreditan que quienes eliminaron a los terroristas (capturados y rendidos) no fueron los comandos sino personal del Escuadrón Júpiter, grupo militar vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional liderado por Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos Torres y Jesús Zamudio Aliaga.

Dicho todo ello, debería quedar claro (al menos para el peruano promedio) que lo que la Corte resolverá en este caso es si el Estado Peruano garantizó o no el derecho al Debido Proceso de los deudos (el denominado acceso a la justicia) o si este derecho fue violado, por ejemplo, cuando sometió este caso a conocimiento del fuero militar (decisión absolutamente inconstitucional) y no a los tribunales civiles, como ocurrió luego.

Además, debemos tomar en cuenta que las denuncias presentadas por los familiares de los terroristas fueron formuladas en el año 2001, es decir, han transcurrido catorce largos años sin que el Estado Peruano emita un respuesta definitiva al respecto, hecho que sin lugar a dudas, salvo algún abogado me demuestre lo contrario, viola flagrantemente el derecho al plazo razonable en la administración de justicia.

No obstante lo ya señalado, considero necesario redondear esta reflexión diciendo que salvo que los Estados Americanos que eligen a los jueces de la Corte sean pro terroristas, como algunos irresponsables señalan, quienes critican a la Corte deberían evaluar sus fallos de manera objetiva, sin apasionamientos ni sesgos ideológicos, pues eso es lo que un “crítico responsable” debería hacer en estos casos.

Por ello, no creo exagerar al decir que indigna el hecho de ver cómo en las redes sociales algunos desinformados (y otros de mala fe) despotrican contra la Corte, insultan a sus jueces y desinforman a la gente, sin antes haberse tomado la molestia de leer sus decisiones, o más aún, sin saber cuáles son sus competencias y funciones. Salir a los medios a decir que la Corte es pro terrorista no sólo es una blasfemia sino una estupidez monumental que carece de todo sustento lógico. Peor aún, cuando la calumnia parte de “líderes de opinión” que en teoría son los llamados a hacer pedagogía, salvo que como dijo alguna vez Aristóteles, estos señores no actúen así por ignorancia o estupidez, sino por puro interés. 

ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA DEL PERÚ

Juan Jiménez Mayor, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos comenta las principales medidas que implementará durante su gestión. Enfatiza el rol que desempeñarán las procuradurías y reafirma la intención del régimen de promover reformas constitucionales, especialmente en el sistema de justicia. Igualmente comenta su posición sobre la propuesta de retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre las decisiones judiciales que permitieron la salida temporal del país de Lori Berenson y Laura Mellado, sentenciados por delitos de terrorismo.

RAFAEL RODRÍGUEZ CAMPOS

1. ¿Cuáles son las tareas más urgentes que deberá enfrentar como ministro de Justicia?

Bueno, tres son los temas más urgentes a trabajar. El primero, es el de la lucha contra la corrupción. El segundo, el de la eficiencia en el servicio de administración de justicia. Y el tercero, es el de facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos del Perú. Estos tres tópicos son fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático y para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Para ello es fundamental delinear claramente cuáles son las líneas de trabajo a seguir, así como los objetivos y las metas a lograr en el corto, mediano y largo plazo.

2. ¿Qué medidas han adoptado desde su sector para enfrentar esta problemática?

Estamos trabajando un Plan Nacional de acceso a la justicia que será presentado en las próximas semanas. Ahora bien, con relación al tema de la lucha contra la corrupción estamos diseñando una estructura y estrategia de persecución del delito a nivel nacional. 

En la actualidad contamos con un sistema de 30 procuradores por cada una de las regiones del país, situación que imposibilita la articulación del trabajo entre todas estas. En ese sentido, nosotros hemos agrupado a estas procuradurías en once macroregiones y vamos a delegar funciones a abogados en las diversas regiones y departamentos del país, a efectos de tener un mejor control y mejores estrategias zonales en función de tendencias delictivas. 

Otro asunto importante en torno a este tema es el de la falta de coordinación entre las procuradurías públicas más importantes. Le explico, hoy en día las procuradurías de drogas, lavado de activos y anticorrupción, que se enfrentan al crimen organizado, trabajan de manera aislada. Esta situación debe de cambiar radicalmente. Nosotros estamos implementando una serie de medidas para trabajar en conjunto, compartiendo información, porque seguramente donde hay un tema de drogas hay un tema de corrupción, donde hay un tema de lavado de activos hay también un tema de corrupción. Esta labor coordinada todavía no se ha hecho en el Perú. Nosotros estamos decididos a poner en práctica esta estrategia pues consideramos que es la salida más inteligente para luchar contra el crimen organizado.

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de reforma constitucional para que sean imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos?

Este tema, como bien Ud. señala, pasa por promover una reforma del artículo 41 de la Constitución. Este es un tema de opción y normativa constitucional que viene siendo contemplado por algunos países en la persecución de algunos delitos como por ejemplo los delitos de lesa humanidad. 

Lo que pasa es que los delitos de corrupción son delitos muy sensibles para la comunidad, sobre todo después de lo vivido durante los años noventa. En ese sentido, una propuesta de este tipo busca encuadrar de mejor manera la política de lucha contra la corrupción. En mi opinión, esta propuesta tiene dos puntos importantes. Primero, es una medida que será muy bien vista por la población y que contará con el respaldo mayoritario de la misma. Esto es importante pues muchas veces las iniciativas carecen de ese apoyo. Y segundo, esta medida puede generar un efecto disuasivo y evitar así la reproducción de actos de corrupción a nivel nacional.

4. ¿Qué nos puede decir Ud. sobre el estado de la Procuraduría Anticorrupción?

Estamos en un escenario muy complicado. En la actualidad tenemos más de 15 mil procesos de corrupción en todo el país. Casualmente son las regiones del país que cuentan con canon minero las que presentan numerosos casos de corrupción. Ahora bien, me gustaría comentarle que hace dos semanas recibimos la cooperación del Instituto alemán Max Planck para el Derecho Penal Internacional, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo modelo de procuradurías públicas, y en especial, de la Procuraduría Anticorrupción. 

Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta que la Procuraduría Anticorrupción era solamente una especie de unidad de litigio, es decir solamente estaba para presentar denuncias, asistir a las diligencias, interponer apelaciones, presentar informes orales, o ir a los juzgados a ver el estado de los expedientes en trámite. Esta procuraduría no tenía una labor proactiva que le permitiera enfocar mejor el tema, diseñando, por ejemplo, una mejor estrategia de recuperación de activos. 

Le doy un dato, en los últimos dos años, el Estado solamente recuperó, en todo el sistema de procuradurías públicas, 29 millones de soles de los cuales el 50% correspondía a la procuraduría anticorrupción y la procuraduría de drogas. Esto denota que el sistema jurídico del Estado está muy debilitado.

Como verá, este es un sistema que no funciona, un sistema que hay que fortalecer, para lo cual vamos a unificar el sistema de defensa jurídica del Estado en un solo organismo lo cual convertiría al sistema de defensa jurídica del Estado en el estudio de abogados más importante del país, con cerca de 400 o 500 abogados prestos a desarrollar estrategias conjuntas para luchar de manera decidida y frontal contra la corrupción.

5. ¿Qué medidas concretas se han tomado?

Me gustaría mencionar tres medidas que fortalecerán el trabajo anticorrupción del Estado. La primera, el rediseño y fortalecimiento de la unidad de análisis financiero en donde estamos evaluando, identificando el patrimonio de las personas que están vinculadas a delitos de corrupción y el de sus familiares directos o personas relacionadas a estas. Segundo, la implementación del observatorio de los delitos de corrupción, a través del cual estamos fijando las tendencias que hay en esta materia en todo el país, situación que nos permitirá atacar a los grandes casos de crimen organizado. 

Finalmente, hemos fusionado la Procuraduría Ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, que encontramos desmantelada, con la procuraduría anticorrupción, ello nos permitirá recoger todo el bagaje documental de la primera y, por supuesto, aprovechar la experiencia de algunos abogados que todavía encontramos en sus labores al asumir la gestión.

6. El ministerio que Ud. dirige ha pasado a denominarse de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué cambios sustantivos en el enfoque de las políticas públicas impulsadas desde su sector traerá este nuevo término?

Lo que tiene que cambiar es esa posición dura y dogmática que hay, impulsada por algunos sectores, de que los derechos humanos son solo de los terroristas. Lo que debemos buscar es que la ciudadanía entienda que la temática de los derechos humanos no es una materia ideológica, sino que forman parte de la esencia misma del ser humano. Si logramos cambiar ese chip tan difundido, y hacemos entender que la nutrición, el derecho a la vida, el derecho a la educación, al trabajo, y a la salud son también derechos humanos que el Estado debe proteger y que las personas debemos hacer valer, habremos dado un salto cualitativo importante.

7. ¿Qué medidas se deberán adoptar para lograr ese objetivo?

Esto va a requerir de una adecuada política de comunicación por parte del Ministerio hacia fuera. También exige mejoras en nuestro servicio de acceso a la justicia interno, fortalecer las líneas de acción planteadas por el ex Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, tales como la defensa de víctimas, de personas que están en condiciones de vulnerabilidad, discapacitados, mujeres, niños, ancianos para que tengan la oportunidad de hacer valer sus derechos de manera oportuna, no es posible que un juicio en el Perú dure 10 años.

Recordemos que somos el país más quejado a nivel del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, tenemos más de 360 quejas ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, lo que demuestra dos cosas, o que el acceso al sistema internacional es muy sencillo, o que, y eso es lo más preocupante, que nuestro sistema interno de tutela de los derechos humanos no funciona adecuadamente y que debido a ello las personas se ven obligadas a recurrir a las instancias internacionales.

8. Volviendo al tema de las reformas constitucionales, una de las principales propuestas de campaña de Ollanta Humala fue promover reformas a la Constitución vigente. Sin embargo, han pasado algunos meses y pareciera que esto ha perdido vigor...

No, en absoluto, las reformas ya vienen. Yo soy un ministro que va a empujar una serie de propuestas de proyectos de reforma de la Constitución, sobre todo en aquellas materias vinculadas a la reforma de la justicia, que anunciaremos oportunamente, pues es un tema que personalmente me preocupa, por ser de altísimo interés para nosotros. Creemos que la justicia necesita el esfuerzo no solamente del Poder Judicial sino también del gobierno para poder involucrarse. Es un tema que no corresponde estrictamente a los jueces, la reforma de la justicia nos corresponde a todos.

9. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la propuesta del retorno a la bicameralidad o la implantación del voto facultativo? 

Yo no creo que el problema de la representación del país pase por la bicameralidad, yo no apostaría los recursos del país o centraría el debate político del país en una reingeniería constitucional sobre el tema de la bicameralidad, lo dicen todos los constitucionalistas pero yo creo que no es un tema central. El problema que tenemos es uno de representación en general, un Congreso muy pequeño para la población actual y además no contamos con un sistema de partidos fuerte e institucionalizado. En lo personal, no creo que el retorno a la fórmula bicameral sea el tema central a discutir en este campo. 

Con respecto a la implantación del voto facultativo estoy totalmente de acuerdo. El voto es ante todo un derecho, una facultad que nos debe permitir participar libremente, no podemos obligar a la gente a votar. Es un auténtico derecho. Y los abogados deberíamos dar el primer paso con respecto a los comicios para la elección del Decano del Colegio de Abogados.

10. Hace algunas semanas personalidades vinculadas al fujimorismo y a las Fuerzas Armadas han propuesto el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Mire Ud., ni siquiera durante el Gobierno de Fujimori, esos mismos sectores pudieron retirar al Perú de la competencia de la Corte. Entonces, si no lo hicieron ellos, menos lo vamos a hacer nosotros. Digámoslo claramente, no existen antecedentes en este campo, la propuesta es jurídicamente inviable, los países que han intentado hacer esto han fracasado y creemos que el Perú, como un país que es respetuoso del ordenamiento internacional, no se va a retirar de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y, por el contrario, lo que sí hará es defender firmemente sus derechos, sobre todo en los casos en donde consideramos que tenemos la razón.

11. En todo caso, ¿las sentencias de la Corte IDH se acatarán sean favorables o no al Estado peruano?

Sí, sin duda, lo que pasa es que allí viene el tema de la ponderación de la asignación de las reparaciones. Tenemos reparaciones más urgentes que otras. Ahora bien, debo dejar muy en claro que nosotros como Gobierno no vamos a cumplir reparaciones vinculadas a terroristas que le deban dinero al Estado por concepto de reparación civil. Eso lo tenemos clarísimo, la ley civil lo permite. Además, ya hemos hecho las coordinaciones con la Corte sobre esta materia y el asunto está zanjado.

12. Recientemente el Poder Judicial ha permitido la salida temporal del país de los condenados por terrorismo Lori Berenson y Lautaro Mellado. ¿Qué opinión tiene Ud. al respecto?

Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar, en nombre del Gobierno, nuestro más absoluto rechazo a esta medida. Para nosotros, se trata de una orden judicial que desnaturaliza la figura de la liberación condicional pues se equipara la libertad de un condenado sujeta a restricciones a la de cualquier ciudadano. Pero esta medida además de ser equivocada es ilegal porque el Decreto Legislativo N° 927 establece claramente que no proceda este tipo de beneficios para estos casos. 

Nosotros estamos sumamente preocupados, hemos hablado con el Presidente del Poder Judicial sobre la materia, le hemos dicho que no es prudente, que no es lo propio, que la decisión es ilegal; pero el Poder Judicial es independiente, y ellos deberán asumir su responsabilidad. 

Nosotros tenemos todo el derecho de criticar las resoluciones judiciales como cualquier ciudadano, que es lo que estamos haciendo, no ofendemos a nadie al señalar que estas resoluciones son muy mal fundamentadas, además de haber sido emitidas sin tomar en consideración el principio de previsión de consecuencias tantas veces utilizado por el Tribunal Constitucional, pues una decisión judicial por más legal que esta sea, o ilegal como en este caso, debe evaluar el impacto de esta en la opinión pública, que en este caso, a partir de esta orden judicial, advierte que existe una especie de ablandamiento en la lucha contra el terrorismo.

13. Días atrás, el presidente Humala deslizó la posibilidad de eliminar el voto a policías y militares o restaurar el servicio militar obligatorio. ¿Usted comparte esas propuestas?

Bueno, son iniciativas que ha propuesto el presidente para la discusión nacional. No lo hemos discutido en el gabinete y no se todavía cuál va a hacer la posición finalmente del Gobierno. Es un planteamiento del presidente que como cualquier otro planteamiento que realiza el jefe de Estado será evaluado. Entiendo que hay un gran debate en el país sobre esto, en su momento si es que esto se da, si se confirma la propuesta lo veremos, pero por el momento me parece que es una iniciativa que hay que evaluar simplemente.

14. Finalmente, ¿Qué opina Ud. de la propuesta de despenalizar los delitos de prensa?

Yo estoy en desacuerdo con esa propuesta. Lo he dicho públicamente, creo que la solución de los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión no pasa por la despenalización de los delitos de prensa, porque si los despenalizamos tendríamos que ir a la vía civil para resolver la controversia. La medida en la vía civil sería la indemnización por daño moral, lo que puede ocasionar que en el Perú se generen altísimos costos a las empresas editoriales y periodísticas, las que tendrían que pagar altísimas indemnizaciones, lo que puede hacer quebrar a cualquier medio periodístico en el Perú, pues muchos de ellos son muy pequeños y de muy poco capital. Lo que debemos tener presente es que los bienes jurídicos como la libertad de expresión o información, así como la intimidad, el honor o la buena reputación, merecen el mismo grado de protección.

Esta entrevista fue publicada en el Nº 49 de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA (DICIEMBRE 2011)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso Chavín de Huantar

Nuevamente las decisiones asumidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a nuestro país han desatado una encendida polémica en la opinión pública nacional. Como se dio a conocer hace algunos días, la CIDH tomó conocimiento de este caso a partir de la denuncia planteada por la ONG Aprodeh en contra del Estado peruano respecto a la operación militar Chavín de Huantar llevada a cabo en 1997, la misma que tuvo como objetivo el rescate de los más de 70 rehenes secuestrados en la embajada de Japón en Lima a manos del grupo terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).

¿Qué es lo que está solicitando puntualmente la CIDH? La CIDH, y eso lo debemos tener muy en claro, emitió un informe en el cual afirma que el Estado peruano habría omitido dar cumplimiento a las recomendaciones que esta diera para llegar a un acuerdo de solución amistosa en la denuncia promovida por la ONG Aprodeh, sobre la supuesta violación de derechos humanos de tres terroristas que tomaron por asalto la embajada japonesa y a los cuales un grupo de militares habrían ejecutado extrajudicialmente.

¿Por qué el Estado peruano no habría dado cumplimiento a estas recomendaciones si como afirman algunos este asunto ya fue dirimido por los tribunales nacionales?

Muy simple. En la demanda presentada por la CIDH en contra del Perú se señala que el Estado si bien cumplió con procesar a los presuntos implicados en estos asesinatos lo hizo de manera irregular. Esto es así pues en opinión de la CIDH los comandos debieron ser juzgados en el fuero civil y no en el fuero militar, tal como ocurrió. Dicho de otro modo, para la CIDH el fuero militar no era competente para conocer de esta controversia. No lo era, pues tal y como lo señalan importantes especialistas en la materia, el fuero militar opera para el juzgamiento de militares que hayan cometido delitos de función, y dado que en este caso la imputación versaba sobre ejecuciones extrajudiciales (asesinatos) debía ser la justicia civil la encargada de determinar la responsabilidad penal de estos presuntos implicados violándose de ese modo el derecho al debido proceso de los deudos.

Estas son las consideraciones jurídicas que los ciudadanos debemos tener en cuenta al momento de formarnos un juicio propio en torno a este tema. Esta es la discusión que algunos sectores pretenden ocultar y pasar por alto con la única finalidad y objetivo de arremeter violentamente contra el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué esa actitud? Muy sencillo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos puso en evidencia, tanto a nivel nacional como internacional, las innumerables violaciones a los derechos fundamentales cometidas en el Perú durante la década oscura de los noventa y parte de los ochenta. Como se puede prever, y para ello no se necesita ser muy perspicaz, tenemos en el Perú a un importante y poderoso sector interesado en desprestigiar la labor de los organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Es este mismo sector el que no pierde oportunidad para tildar a la CIDH y a la Corte de San José de Costa Rica de haberse convertido en tribunas pro terroristas o pro comunistas, como si en los casos en los cuales el Perú recibió condena no se hubiera acreditado fehacientemente todas y cada una de las imputaciones hechas por violación de derechos humanos (36 casos).

Sobre el particular, habría también que decir lo siguiente. Esta polémica nos ha permitido apreciar y constatar el profundo desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre el tema de los derechos humanos y de los organismos internacionales de protección de los mismos. Algunos periodistas, que desinforman a diario, han incluso tildado a la CIDH de ser una especia de ONG internacional que cuenta con filiales en cada país. Esto es absolutamente falso. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocido por la Carta de la OEA y por la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocido y legitimado por los países de la región, entre ellos el Perú. Asimismo, habría que señalar públicamente que la labor de la CIDH no es otra que la promoción del respeto y protección de los derechos humanos en la región, y no la de perseguir a las instituciones castrenses que se enfrentan al terrorismo en nuestro suelo, como falsamente afirman algunos medios parcializados. Además, con respecto a sus miembros, estos son personalidades que gozan de la mayor consideración académica y moral a nivel regional, y no defensores encubiertos de terroristas o empleados de segundo orden de alguna ONG, como interesadamente afirman las voces de siempre. La CIDH está compuesta por 7 miembros los cuales son elegidos por la Asamblea General de la OEA, es decir por los propios estados que después pueden ser procesados ante la Corte de San José, luego de haber sido denunciados por la CIDH. En esa medida, podemos todos reflexionar de manera aguda y hacernos la siguiente pregunta ¿Acaso todos los países de la OEA eligen a defensores de terroristas para asumir funciones como miembros de la CIDH? Evidentemente no. Por eso este argumento es absolutamente descabellado y absurdo.

Hecha esta aclaración en torno a la naturaleza, función y composición de la CIDH. Corresponde ahora hacer algunas reflexiones de tipo jurídico y político sobre el tema que ahora nos convoca. En esa línea, es importante destacar la opinión de algunos juristas nacionales que sobre el particular han afirmado que la denuncia de la CIDH carece de todo sustento, pues en primer lugar para acceder a la jurisdicción internacional se requiere agotar la vía interna, situación que en opinión de este grupo de notables no ha ocurrido en el caso Chavín de Huantar, por lo que dicha denuncia debiera ser declarada inadmisible; y que aún cuando esta fuese admitida por la Corte debería ser declarada infundada pues el proceso seguido en el fuero militar en nuestro país contra algunos comandos arrojó una decisión legal y legítima. Si ello es así, si opiniones como la del juez ad hoc de la corte Fernando Vidal son tan sólidas, entonces porqué tanto revuelo en torno al tema. Si las razones favorecen al Perú, si los argumentos de nuestro Estado son tan contundentes porqué el temor o la incomodidad en torno a la presentación de esta denuncia.

Creo que el tema de la denuncia de la CIDH, más allá del análisis jurídico que sobre el mismo debe realizarse, está siendo utilizado maquiavélicamente con el único objetivo de cuestionar las bondades del Sistema de protección Internacional de los Derechos Humanos, además de servir de pretexto perfecto para la confrontación, colocando a la ciudadanía, a través de la desinformación, el embuste y la mentira, en contra de las ONG de derechos humanos. Sobre este último punto me permitiré decir dos cosas.

La primera, las ONG´s de derechos humanos son instituciones privadas cuya labor y fuentes de financiamiento son supervisadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, por tanto, las posibles irregularidades en las que puedan incurrir pueden ser fácilmente detectadas por el Estado, no se trata pues de entidades que actúen sin mayor control o supervisión.

La segunda, las ONG´s de derechos humanos son entidades privadas que tienen la más absoluta libertad para destinar sus recursos y esfuerzos en la actividad que ellas mismas elijan. En tal sentido, no podemos obligar a estas entidades a defender causas que ellas no hayan elegido libremente. Digo esto último, pues no resulta raro escuchar a diversas personalidades criticar a las ONG´s de defender a terroristas, campesinos, comuneros, líderes sindicales, y no asumir la defensa de policías o militares. Utilizar este argumento para descalificar la labor desarrollada por estas instituciones resulta ser bastante poco inteligente. ¿Quiénes deben defender a los militares o policías implicados en casos de violación de derechos humanos? Muy simple. El Estado. Es el Estado y no las organizaciones civiles el principal y único obligado a llevar adelante la defensa de sus uniformados.

¿Qué debe de hacer nuestro país ante este panorama? Yo creo que el Perú debe defender con absoluta contundencia sus intereses y su posición en torno al tema en dos frentes. El Estado debe batallar en dos campos.

Primero, en el campo jurídico, debe fortalecer a los órganos encargados de llevar adelante la defensa del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los últimos años hemos perdido la oportunidad de consolidar nuestro sistema, con profesionales de alto nivel académico y ético capaces de llevar adelante una defensa exitosa de los intereses patrios. Además, si la denuncia de la CIDH es tan descabellada como señalan algunos, es una “patinada” para usar sus términos, el Perú no debería tener mayores problemas en salir victorioso en esta contienda. Pero debemos tener cuidado, miremos el pasado y revisemos el récord de nuestro país ante la Corte. La CIDH nos ha llevado ante la Corte en 36 oportunidades. En todas ellas el Estado peruano recibió condena. ¿Por qué? No debido a la tendencia ideológica o pro terrorista de los jueces, como afirman los hombres que antaño negaban la existencia el Grupo Colina, muy por el contrario, el Estado peruano recibió condena porque la gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado fue de tal magnitud que cualquier juez sobre la tierra hubiera tenido el mismo criterio.

Segundo, en el campo político, el Estado peruano, a través de su cancillería, y en estricto cumplimiento de la normativa internacional, debe proseguir con la iniciativa planteada en el año 2007, fecha en la cual el Perú planteara una serie de propuestas ante la OEA para que los países sometidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos le hagan ajustes al mismo con la finalidad de dotar de mayor imparcialidad e independencia a la labor de la CIDH y de la Corte misma. Esto es muy sencillo de entender, el Perú como cualquier otro país de la OEA, tiene la facultad de formular propuestas de reforma al sistema en caso considere que estas son necesarias. Esto es lo que corresponde en una democracia, este es el comportamiento que todos le debemos exigir a un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos y del sistema democrático. Lo otro, volver a plantear tesis delirantes e inviables como el retiro del Perú de la competencia de la Corte, es volver al discurso populista, instaurado por el fujimorismo decadente de los noventa, bajo el cual todo defensor de los derechos humanos es un “sospechoso” y todo fallo que condene al Estado peruano es un atentado contra su soberanía o su dignidad nacional. Como diría el viejo refrán, “cuando las ideas escasean, los disparates cobran fuerza”.

Sólo antes de culminar este análisis quisiera decir también lo siguiente. Este es un dato que debemos tener muy presente. El Perú es el país que cuenta con el mayor número de quejas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la actualidad están siendo analizadas 360 quejas contra el Estado peruano. Si ello es así, debemos preguntarnos por la situación de los derechos humanos en nuestro país. Qué hace que un número tan importante de denuncias sean presentadas ante organismos internacionales. Es muy fácil culpar a las ONG´s de este descalabro judicial. Lo difícil, creo yo, es aceptar, es asumir la responsabilidad política del descalabro de nuestro sistema de justicia. Los peruanos han recurrido y acuden al sistema internacional pues en nuestro país se sienten en la más absoluta y completa indefensión, sobre todo los peruanos de escasos recursos, los olvidados, los invisibilizados. No niego el hecho de que existan algunas (las menos) ONG´s de derechos humanos que ocultan tras esta fachada oscuros intereses, negar ello sería una candidez de mi parte, pero no podemos meter a todas en el mismo saco y tildar a todo activista de derechos humanos de terrorista o traidor a la patria.

Finalmente, quiero dejar muy en claro que comparto y entiendo la indignación de los familiares de los comandos y de policías que han sido o están siendo injustamente procesados por la supuesta violación de los derechos humanos. El Perú y la sociedad debe defenderlos, debe valorar su trabajo, debe reconocerlos como auténticos héroes. Lo que no puede hacer el Estado, ni ningún gobierno democrático es pretender cubrir con un manto de impunidad actos atroces como la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, las violaciones. Lo que no puede, ni debe hacer un gobierno democrático es defender a asesinos disfrazados de militares o policías.