Redes de corrupción al interior del Poder Judicial

Existen redes de corrupción enquistadas al interior del Poder Judicial. Así de lapidaria fue la frase con la que el titular del Poder Judicial, César San Martín, justificó la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley de Facultades Extraordinarias Nº 424/2011-P presentado por su despacho con el respaldo de casi la totalidad de magistrados de la Corte Suprema para luchar contra la corrupción al interior de este poder del Estado.

Los esfuerzos del pasado

Durante la última década, a partir del año 2001 para ser más precisos, se han ido elaborando una serie de estudios e informes destinados a diagnosticar y evaluar la marcha de la justicia en nuestro país. Luego de casi diez años de gobierno autoritario, y con la llegada de la democracia, diversos sectores del país tomaron la decisión de encarar de manera frontal la lucha contra la corrupción al interior de los órganos de justicia. Es en ese escenario, donde surgieron diversas iniciativas, alentadas muchas de ellas por la sociedad civil, cuyo objetivo era brindar a las autoridades competentes la información necesaria para el diseño de políticas públicas que lleven adelante la tantas veces promocionada reforma de la administración de justicia.

Lastimosamente, con el transcurrir del tiempo, este impulso fue perdiendo fuerza. Los órganos encargados de llevar adelante estas iniciativas perdieron interés en las mismas, y poco a poco la situación judicial volvió a ser la misma. Escándalos, denuncias y actos irregulares llegaron a conocimiento de la ciudadanía, generando malestar y frustración en todos aquellos que habían cifrado sus expectativas en esta nueva etapa de nuestra república.

La lucha contra la corrupción es una tarea impostergable

Ante esta situación, ha sido el propio Presidente del Poder Judicial (eso es lo más destacable) quien de manera pública ha señalado que el problema de la corrupción en la judicatura es un mal institucionalizado, que las nefastas consecuencias que este genera no podrán ser superadas si no se toman acciones inmediatas, que la corrupción se expande y no se detiene, que los actos irregulares son moneda común en los pasillos de las cortes, y que todo ello ocurre gracias a la anuencia y el silencio cómplice de quienes en teoría deberían ser los contralores de la honestidad y la transparencia en esta institución

En ese sentido, resulta saludable que el tema de la lucha contra la corrupción en la administración de justicia vuelva a cobrar interés, que las soluciones e iniciativas para hacerle frente cobren mayor protagonismo en los medios, que se vuelva a debatir sobre este asunto, y que ello ocurra gracias a la actitud de César San Martín y de la mayoría de sus colegas, quienes al parecer están decididos a llevar adelante esta dura batalla. Sin embargo, esta iniciativa, este proyecto de ley, bautizado con el título de “Proyecto San Martín”, no ha estado exento de críticas al interior del propio Poder Judicial.

La corrupción no es un mal institucionalizado

Algunos de sus colegas han salido a los medios a señalar que las declaraciones del Presidente del Poder Judicial no se ajustan a la verdad, que incurre en una exageración, que en los juzgados no existen redes de corrupción, ya que si bien existen denuncias y escándalos, estos se tratarían de casos aislados y no de una práctica sistemática al interior de la judicatura. Este ánimo por restarle importancia a las declaraciones del vocal San Martín, este interés por negar lo innegable, esta costumbre tan nuestra de culpar a los antecesores para justificar la inacción presente frente a los problemas, resulta por demás incomprensible y preocupante, sobre todo cuando son varios los estudios e informes elaborados por el propio Poder Judicial que avalan lo dicho por el presidente de esta entidad.

Más allá de la confrontación y las pugnas que al interior del Poder Judicial existan, las cuales estamos seguros trascienden el ámbito de lo estrictamente jurisdiccional, en esta oportunidad queremos dar a conocer algunas de las propuestas que se han hecho con el objetivo de luchar contra la corrupción judicial. Siendo ello así, debemos saludar la iniciativa del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien hace algunos días ha hecho público un informe especial, en el cual aborda esta temática, recogiendo los aportes más importantes realizados durante los últimos años, muchos de los cuales fueron consolidados y presentados oficialmente en el informe de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) en el 2004.

Medidas para combatir la corrupción (propuesta recogida por el Instituto de Defensa Legal en su Informe Nº 61)

Tomando como referencia los lineamientos expuestos por IDL damos a conocer las siguientes medidas para luchar contra la corrupción al interior del Poder Judicial.

1. Crear la Unidad Especializada y Multidisciplinaria de análisis de la corrupción: pues es necesario actualizar los diagnósticos sobre el estado de la corrupción dentro de la judicatura, identificando los problemas más graves.
2. Crear una Comisión Especial de lucha contra la corrupción: compuesta por diversos órganos (Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Colegios de Abogados), para fijar políticas coordinadas a todo nivel, pues las redes de corrupción llegan a otras instituciones.
3. Concentrar las responsabilidades de control disciplinario: pues en la actualidad dicho control recae sobre diversos órganos, situación que conspira contra este esfuerzo. La tarea en este campo es concentrar esta labor en menos órganos evitando la demora y los procedimientos engorrosos.
4. Adoptar medidas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas: las cuales suponen el cumplimiento cabal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizando la información del portal web del Poder Judicial y de otras entidades del sistema de justicia.
5. Promover la denuncia de actos de corrupción: para evitar la impunidad y revertir la percepción negativa que la ciudadanía tiene respecto a los funcionarios judiciales: de lo que se trata es de minimizar los costos de las denuncias, ofreciendo recompensas por denuncias consistentes y brindando protección a los testigos que brindan información sobre estos hechos.
6. Crear medios para contrarrestar la intimidación: pues una de las armas que la corrupción emplea es el amedrentamiento de magistrados que están a cargo de juzgar casos relevantes. Se deben crear mecanismos de protección para los magistrados y sus familiares contra las bandas vinculadas a la corrupción política y económica.
7. Crear “zonas liberadas de corrupción dentro del Poder Judicial”: mediante la incorporación de nuevo personal o de trayectoria impecable en la judicatura para que integren oficinas encargadas de emitir informes continuos sobre el ambiente en que se encuentran (monitoreo permanente).
8. Promover la fiscalización desde los colegios de abogados: a través de la suspensión o retiro de la colegiatura a los agremiados en actos públicos que contravengan las reglas de la ética del colegio de abogados u otras normas relacionadas a la conducta de todo profesional del Derecho.
9. Eliminar la competencia de la Sala Plena para imponer sanciones menores a los vocales supremos: pues cuando el CNM encuentra que un vocal supremo no ha incurrido en una infracción que amerite la sanción de destitución, y deriva el caso a la Sala Plena, en muy pocas oportunidades esta impone una sanción por la comisión de faltas menores, aun cuando el caso así lo amerite, generando un clima de impunidad al más alto nivel.
10. Crear en todas las sedes judiciales módulos anticorrupción: estos órganos estarían integrados por jueces, fiscales y policías cuya labor sería orientar a la ciudadanía en la interposición de denuncias vinculadas a actos de corrupción, como cobros indebidos, dádivas o ventajas solicitados por algún funcionario judicial a cambio de algún favor o ayuda.

Esperemos que este conjunto de propuestas sea tomado en cuenta por las autoridades del Poder Judicial al momento de diseñar la política anticorrupción al interior de su institución. Como señaláramos en su momento, se trata de una serie de iniciativas que gozan de gran consenso y legitimidad, pues son el producto del esfuerzo de investigadores y académicos que a lo largo de los años se han encargado de estudiar esta problemática.

No podemos terminar esta nota sin antes destacar que todas y cada una de estas ideas no requieren sino del compromiso y la voluntad institucional de las propias autoridades jurisdiccionales para su implementación, pues como se puede apreciar, se trata de medidas cuya puesta en ejecución no requiere del concurso del Parlamento o del Poder Ejecutivo. En otras palabras, y como tantas veces se reclamó, la reforma de la administración de justicia corre a cargo, principalmente, de nuestro Poder Judicial y de su titular, quien al parecer está dispuesto a asumir este reto aun cuando para ello deba vencer las presiones que desde fuera y dentro de la institución ya se comienzan a sentir.

Este artículo será publicado en el Nº 52 de LA LEY, publicación mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA.