LA NOVELA INTERMINABLE: EL CASO CHAVÍN DE HUANTAR

Cuando todo nos hacía pensar que esta novela llegaría a su fin, aparece un audio que pone en evidencia la manera cómo desde el Poder Ejecutivo se trató de presionar a la jueza Rojassi, una de las vocales encargadas de dictar sentencia en este caso, para que emita una decisión que sirva para “optimizar la defensa del Estado peruano” ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Los “intereses del Perú”

En otras palabras, lo que los protagonistas de este audio le solicitaban a la jueza era que en su decisión se dijera que en el caso Chavín de Huantar no se había presentado ninguna ejecución extrajudicial, y que por tanto, el Estado peruano no era responsable de los cargos imputados, pues ningún agente oficial (incluyendo a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Huamán Azcurra) había participado (directa o indirectamente) en el asesinato del camarada “Tito”, miembro del MRTA.

Como se sabe, las presiones no dieron sus frutos (al menos no en su totalidad) pues si bien en la sentencia se exculpó a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Huamán Azcurra, respectivamente, al mismo tiempo, se señaló que el camarada “Tito” había sido ejecutado extrajudicialmente (nadie sabe por quién y bajo qué circunstancias) y que este hecho debía seguir siendo investigado. Es decir, para el Poder Judicial el camarada “Tito” sí fue ejecutado extrajudicialmente pero al no contar con prueba suficiente que acredite la responsabilidad penal de los imputados entonces el único camino era la absolución de los mismos.

El honor de los comandos

Esa es la historia judicial en este caso, que en nuestra opinión era la más importante, pues la justicia peruana, luego de muchos años, y tras superar un cúmulo de errores cometidos por más de una década, terminaba por señalar que la acción de los Comandos Chavín de Huantar el día de la operación en la Embajada de Japón (tomada por los terroristas del MRTA) había sido una acción impecable, y que ninguno de los comandos que participaron en este operativo era responsable de delito alguno. Decisión que, sin lugar a dudas, todo el Perú debía celebrar, pues era una manera de limpiar el honor manchado de aquellos a los cuales un determinado sector (básicamente algunas ONG’s) trató siempre de hacer aparecer como crueles asesinos violadores de derechos humanos.

El Gobierno presiona

Sin embargo, una vez más, los propios agentes del Estado se encargan de enlodar la resolución de este caso, luego de que un medio de comunicación difundiese el bendito audio en el cual el entonces ministro de Justicia (Jiménez Mayor, hoy Premier), el representante del Perú ante la CIDH para este caso (Pedro Cateriano, hoy ministro de Defensa), y lo que es más grave, el entonces presidente del Poder Judicial (César San Martín, actual vocal supremo) sostenían una conversación con la jueza Rojassi, con el ánimo de “alinear conceptos” y lograr una sentencia favorable al Perú.

La debilidad de nuestras instituciones

Este es un hecho que en nuestra opinión muestra la manera cómo en nuestro país los principios de “separación de poderes e independencia judicial” siguen siendo violados de manera constante (en todos los gobiernos, en unos más que en otros) con total impunidad. Lo curioso es que estos mismos señores, sobre todo los actuales representantes del Poder Ejecutivo, se jactan, casi a diario, de ser los más grandes demócratas del Perú y de haber combatido siempre a quienes trataron de acabar con las instituciones y el Estado de Derecho en nuestro país. Yo me pregunto: ¿Acaso quien trata de interferir en un proceso judicial en curso, amedrentando o presionando “sutilmente” a uno de los miembros de una sala penal para fallar a favor o en contra de sus intereses no vulnera los principios básicos de una democracia constitucional?

Las excusas de los implicados

Los protagonistas del audio han salido a decir que se trata de un audio “editado”, que las frases han sido sacadas de contexto, que ellos no dijeron lo que todo el Perú ha escuchado, y por último, que este audio no puede servir como prueba para acreditar la injerencia política del Gobierno de turno en este caso al haber sido obtenido de manera ilegal (esto puede ser cierto, dependiendo de qué teoría de la prueba se use, por si acaso).

El problema con este tipo de excusas es que no terminan por desbaratar la acusación que desde diversos sectores se ha hecho (es curioso ver cómo ahora el fujimorismo se quiere convertir en el defensor de la independencia judicial, cuando todos recordamos la manera infame como durante una década lo pusieron a su servicio gracias a los millones de dólares que Fujimori y Montesinos repartían entre jueces y fiscales), la misma que se puede resumir básicamente así: el Poder Ejecutivo (con la ayuda del presidente del Poder Judicial) presionó a uno de los vocales encargados de analizar el caso para favorecer los intereses del Estado peruano y señalar que en el caso Chavín de Huantar no hubo ninguna “ejecución extrajudicial”.

El Estado volverá a perder

Lo preocupante en este caso, es que gracias a esta torpeza (se deberá investigar a fondo para determinar si los participantes en esta conversación cometieron algún tipo de falta funcional o delito), el Estado le vuelve a poner la mesa servida a quienes (Aprodeh se frota las manos) durante todos estos años han acusado a los comandos de haber asesinado al camarada “Tito” luego de que este fuese apresado, para que en esta oportunidad cuestionen la transparencia y legalidad del proceso.

No me queda la menor duda de que estos señores solicitarán ante el sistema interamericano de Derechos humanos la nulidad de este juicio (es muy probable que les den la razón) y con ello, obligarán al Estado peruano a volver a juzgar a nuestros valerosos comandos dando continuidad a una novela interminable que debió llegar a su término pero cuyo capítulo final aún está por escribirse debido a la falta de vocación institucional de nuestras autoridades.

Defendamos a los comandos y sancionemos a los asesinos

Finalmente, esperemos que en estos días el Estado defina una estrategia de defensa inteligente para este caso, que sirva para cerrar este capítulo de nuestra historia, dejando a salvo el honor de los comandos que durante años vienen siendo procesados, pero al mismo tiempo, asumiendo la responsabilidad por la ejecución extrajudicial del terrorista “Tito”, pues querámoslo o no, en una democracia, todos, absolutamente todos, tenemos el derecho a ser juzgados por nuestras faltas y delitos, y a no ser asesinados a mansalva por agentes del Estado. Ya es hora de que el Estado reconozca la acción valerosa de los comandos, y a su vez, haga todos sus esfuerzos por sancionar y encontrar a los responsables de esta ejecución extrajudicial.

El Perú, como lo dijo alguna vez el maestro Manuel Vicente Villarán, cambiará el día que todos respetemos las reglas del Estado de Derecho, dos de las cuales son la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Mientras eso no ocurra, nuestro país no será otra cosa que un “proyecto mal diseñado de República”.

El caso César San Martín

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó por unanimidad abrir una investigación preliminar contra el Presidente del Poder Judicial, César San Martín, luego de las denuncias hechas por diversos medios de comunicación sobre su vínculo laboral no finalizado con el Banco de Crédito del Perú.

Hace algunas semanas, el semanario del conocido periodista César Hildebrandt reveló que San Martín figuraba como apoderado legal de la mencionada entidad financiera desde febrero de 2003 hasta el mes de enero del presente año, tal y como quedó acreditado con la publicación del asiento de Registros Públicos correspondiente.

Como se sabe, esta situación es irregular e incompatible con las labores que los magistrados desempeñan. Basta señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que todo magistrado, antes de asumir funciones, debe dar por finalizado todo tipo de nexo laboral existente entre él y cualquier entidad privada. La razón de esta disposición es muy sencilla, los magistrados, autoridades encargadas de administrar justicia, no pueden, al mismo tiempo, aparecer como apoderados, representantes, asesores o consejeros de entidades que como el Banco de Crédito del Perú tienen litigios en el Poder Judicial, ya que de ser así se podría configurar un supuesto de conflicto de intereses.

Conocida la denuncia, el vocal San Martín señaló que todo esto se había generado debido a la falta de diligencia del propio banco, quien debió comunicarse oportunamente con los Registros Públicos a fin de modificar el asiento registral en el cual él aparecía como su representante legal, ya que como era conocido por todos, César San Martín había vuelto a la magistratura en el año de 2003.

Días después de haber hecho estas primeras declaraciones, el Presidente del Poder Judicial declaró que, si bien había podido haberse incurrido en una falta de diligencia, de ningún modo podía hablarse de incompatibilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional o conflictos de intereses. Más aún, el propio San Martín repitió una y otra vez, que desde su retorno a la magistratura no había participado directamente en ningún caso en el cual el Banco de Crédito haya tenido la condición de parte en un proceso.

Sin embargo, en un informe reciente publicado por el citado semanario se han hecho públicas dos resoluciones, correspondientes a los años 2004 y 2005, respectivamente, de la Sala Penal Permanente que favorecen al Banco de Crédito del Perú, las mismas que llevan la firma, de puño y letra de César San Martín.

Ante estos hechos, el Doctor Vladimir Paz de la Barra, actual miembro del CNM, presentó ante esta institución un pedido formal para que se abra investigación contra San Martín para que que se aclare la relación existente entre San Martín y el BCP, y la posible repercusión judicial que esta haya tenido al momento de impartir justicia.

Sobre este hecho, el excongresista fujimorista Rolando Sousa consideró que el alto funcionario habría cometido una falta grave que podría finalizar con la vacancia en el cargo del Presidente de la Corte Suprema. Para Sousa, como para muchos otros, llama la atención el silencio y la falta de claridad con la que San Martín ha actuado en este caso, conducta que en nada favorece a la entidad a la cual representa y que pone severamente en cuestión su imagen y liderazgo.

A su turno, mediante comunicado propalado por la Oficina de Prensa de la Corte Suprema, el juez San Martín se puso a disposición del CNM, asegurando que nada tiene que temer pues su comportamiento ha sido “jurídica y éticamente irreprochable”.

Por su parte, el CNM informó que la Comisión Permanente de Procesos disciplinarios encargada de analizar este caso estará conformada por Luz Marina Guzmán Díaz, Pablo Talavera Elguera y Máximo Herrera Bonilla, quienes cuentan con un plazo de 30 días para emitir su informe final.

Independientemente de los resultados de dicha investigación, resulta positivo que el CNM haya asumido la responsabilidad de investigar este caso, pues este logrará determinar si la conducta de San Martín debe ser considerada como una falta grave o simplemente una omisión o falta de diligencia que no merece mayor reproche.

Los magistrados deben recordar que nadie está por encima de la ley, que la ciudadanía exige honestidad y veracidad en quienes tienen la delicada misión de administrar justicia. No obstante ello, y dada la importancia del caso, es necesario que quienes están a cargo de la investigación lo hagan de la manera más objetiva y transparente posible, no debemos olvidar que el prestigio personal y profesional de un hombre y su familia pueden verse seriamente dañados si no se procede con rigor y responsabilidad.

Al mismo tiempo, hace algunos días, el vocal supremo y expresidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein ha hecho públicas sus diferencias con San Martín sobre el pedido de delegación de facultades que este último ha solicitado al Congreso de la República, para remover a jueces cuestionados por corrupción. Para Villa Stein, este pedido resulta ilegal y arbitrario, y además constituye una afrenta directa a todos los magistrados del Perú a quienes en su opinión ha tildado de incapaces y corruptos.

Para Villa Stein, este afán de San Martín de pasar por encima de las instituciones competentes constituye una abierta vulneración al orden constitucional y legal. Si el problema es la corrupción, afirma Villa Stein, entonces que se hagan las denuncias correspondientes ante la OCMA y el CNM, lo otro, pretender que el Presidente del Poder Judicial y un consejo de asesores dispongan el cese de un magistrado constituye una injerencia inaceptable y un atentado contra la institucionalidad del Poder Judicial.

Tiempos difíciles se avecinan para el Presidente del Poder Judicial, a su proceso de investigación abierto ante el CNM se suman los problemas al interior de la institución a la cual representa. Esta historia recién comienza, seguramente muchas otras cosas más se sabrán en las próximas semanas. La polémica ya se ha instalado y parece que continuará durante los próximos meses, coincidentemente a poco tiempo de darse inicio al proceso de elección del nuevo presidente del Poder Judicial.

Nota: este artículo ha sido publicado en el Nº 51 de “LA LEY”, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica. Del 1 al 30 de abril pasado.

El caso del Fiscal Avelino Guillén y el Consejo Nacional de la Magistratura

De acuerdo a lo que señala nuestra Constitución Política, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de selección y el nombramiento de los jueces y fiscales de la república. En estos últimos días numerosos han sido los cuestionamientos que se han venido haciendo a la manera como el CNM llevó a cabo el último proceso en el cual debía de elegir a tres fiscales y dos vocales supremos. Finalmente, el día de ayer, luego de que el diario el Comercio hiciera pública una denuncia periodística que involucra a uno de sus miembros, el consejero Efraín Anaya en un presunto pedido de dinero a uno de los postulantes en el concurso para magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió dejar en suspenso este proceso.

Pero, si bien es cierto la mencionada denuncia periodística fue el detonante en este caso, no deja de sorprender la manera como el reconocido Fiscal Avelino Guillén, el mismo que junto con el Fiscal Supremo José Antonio Peláez consiguiera sentenciar a Fujimori por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, era dejado fuera de carrera al desaprobar una evaluación de la que nadie sabe absolutamente nada, ni quién la elaboró, ni quién la calificó, ni mucho menos los criterios que se tomaron en cuenta para calificar a los postulantes.

Es posible que un postulante, independientemente de si es Avelino Guillén o Perico Pérez desapruebe un examen de conocimiento. Sí, si es posible. Lo curioso es que la evaluación que se le planteó a Guillén fue la realización de una sustentación jurídica para el caso Kouri- Montesinos, caso en el cual el propio Guillén fungió como fiscal logrando la condena de los ambos implicados y una reparación civil en beneficio del Estado. En ese sentido, no deja de generar dudas el hecho de que el CNM decida desaprobar a Guillén en la sustentación de un caso que él condujo con éxito.

Pero es importante preguntarnos por cuál ha sido la trayectoria de Guillén ya que es posible que el CNM haya considerado que por más éxito que haya tenido en el caso Kouri-Montesinos el fiscal Guillén no de la talla para convertirse en Fiscal Supremo. Si ese es el cuestionamiento, los números hablan por sí mismos. En el 98% de los casos en los cuales participó Guillén representando al Ministerio Público este obtuvo una sentencia condenatoria para los implicados y reparaciones civiles a favor del Estado. Cabe entonces hacernos algunas preguntas: ¿Resulta lógico que un fiscal con los números de Guillén sea desaprobado de la manera como este fue desaprobado? ¿Puede alguien desaprobar en la sustentación de un caso en el cual con anterioridad demostró destreza y conocimiento logrando la sentencia para los denunciados como Kouri y Montesinos? Por los menos estas preguntas nos deben llevar a reflexionar en torno al diseño institucional y la manera como el CNM lleva a cabo el proceso de selección y nombramiento de jueces y fiscales.

A pesar de todos estos cuestionamientos, representantes del propio consejo como César Mansilla, presidente, y Edwin Vegas, vicepresidente, se aferraron a la tesis de que se trata de un examen de conocimiento jurídico, el cual Guillén simplemente desaprobó. Sin embargo, no supieron dar respuesta a la pregunta ¿Quién se encargó de elaborar las pruebas y de calificar las mismas? Una vez más fue una denuncia periodística difundida en un programa televisivo y en un medio escrito la que nos traía la respuesta a esta interrogante, oscureciendo y desacreditando aún más la manera como el CNM llevó a cabo el proceso.

Según los medios periodísticos, mediante información que no ha sido desmentida por los propios implicados, e incluso ha sido confirmada por alguno de ellos. En esta oportunidad, el CNM decidió tercerizar la labor de evaluación de jueces y fiscales, y no tuvo mejor idea que encargar dicha misión a un grupo de abogados y profesores universitarios, muchos de los cuales patrocinan casos en los cuales deberán enfrentarse a aquéllos fiscales a los cuales ellos mismos evalúan. No es necesario ser muy astuto para pensar que se trata de un evidente caso de conflicto de intereses, en el cual quien tiene la misión de evaluar a un fiscal es la persona que en un futuro tendrá que sustentar una defensa frente a esta misma persona.

Se trata entonces, desde nuestro modesto punto de vista, de un sistema de evaluación perverso que no garantiza la transparencia ni la independencia en la manera cómo se lleva a cabo el proceso de calificación, más cuando nadie, absolutamente nadie sabe la identidad de las personas encargadas de evaluar a los fiscales y jueces, los criterios de evaluación o el contenido de los exámenes ya que estos son incinerados a los poco días de haberse realizado la prueba. Es decir, se trata de un sistema que impide que la ciudadanía ejerza un control efectivo sobre el proceder del CNM dejando campo abierto para la arbitrariedad y la corrupción.

Juzguen ustedes mismos. En la misma evaluación en la que el récord de 98% de casos ganados por Guillén no le valieron de nada a éste para aprobar la prueba de conocimiento, el CNM le otorgó nada menos que 100 puntos al actual presidente de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza Pariachi. Es decir, Pariachi, obtuvo una calificación mayor a la obtenida por el mismísimo doctor César San Martín, para muchos, entre los que me incluyo, el más importante procesalista penal de nuestro país, de una trayectoria académica y jurisdiccional inmaculada y por demás exitosa. Ante dicha situación, qué explicaciones dio Mansilla, presidente del CNM, ninguna. Este resultado puede tener alguna explicación, yo creo que no. Creo que no ya que el sistema empleado y la manera cómo se ha procedido en esta oportunidad han sido un monumento a la incapacidad institucional de un órgano que resulta fundamental al momento de garantizar la capacidad e independencia de los magistrados de nuestro país.

Con respecto a Guillén quisiera dejar en claro dos ideas. La primera es que se trata de un profesional capaz y honesto, un profesional que ha probado y ha demostrado con hechos tangibles un alto grado de compromiso en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. En segundo lugar, su honestidad y sus logros en los casos que libró contra personajes vinculados a los delitos de corrupción cometidos durante el gobierno de Fujimori lo convirtieron en un personaje incómodo, y hoy en día, curiosamente, esos mismos ampones que se levantaron en peso nuestro país, le pasan la factura. El problema es que el verdadero perdedor en este caso no es Guillén, sino el Ministerio Público, y con él, todos los peruanos, quienes vemos como un profesional honesto es maltratado sin razón alguna y con la complacencia del mismísimo partido de gobierno, que sin hacer mayor deslinde le otorga con su silencio cómplice cierto respaldo a las atrocidades verbales a las cuales el fujimorismo, a través de su vocero Carlos Raffo, ya nos tiene acostumbrados, el mismo que en esta oportunidad se atrevió a decir que gracias a Fujimori es que Guillén se hizo de un nombre en el país. Me pregunto quién era Raffo antes de convertirse en el titiritero de las campañas electorales de la peor dictadura que ha tenido nuestro país. Nadie, Raffo no era nadie, pero eso ya todos los sabemos.

Solo para finalizar, debo decir que este penoso incidente sucedido en el CNM con motivo del proceso de selección de 5 magistrados supremos debe invitarnos a repensar la manera como este órgano fue diseñado en la Constitución de 1993, la labor que éste realiza, los requisitos exigidos para ser consejero, y la manera cómo estos son elegidos, a fin de hacer de este un órgano capaz de hacerle frente a las presiones económicas y políticas propias de sociedades como la nuestra en las cuales el respeto al principio de separación de poderes y la institucionalidad democrática aún no logran consolidarse como verdaderos pilares del Estado de Derecho. Y con respecto al presente proceso, compartimos la opinión de uno de lo consejeros, el doctor Aníbal Torres, quién ha propuesto la nulidad del mismo, debido a las serias irregularidades a las que ya hemos hecho mención.

Rafael Rodríguez Campos