El caso César San Martín

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó por unanimidad abrir una investigación preliminar contra el Presidente del Poder Judicial, César San Martín, luego de las denuncias hechas por diversos medios de comunicación sobre su vínculo laboral no finalizado con el Banco de Crédito del Perú.

Hace algunas semanas, el semanario del conocido periodista César Hildebrandt reveló que San Martín figuraba como apoderado legal de la mencionada entidad financiera desde febrero de 2003 hasta el mes de enero del presente año, tal y como quedó acreditado con la publicación del asiento de Registros Públicos correspondiente.

Como se sabe, esta situación es irregular e incompatible con las labores que los magistrados desempeñan. Basta señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que todo magistrado, antes de asumir funciones, debe dar por finalizado todo tipo de nexo laboral existente entre él y cualquier entidad privada. La razón de esta disposición es muy sencilla, los magistrados, autoridades encargadas de administrar justicia, no pueden, al mismo tiempo, aparecer como apoderados, representantes, asesores o consejeros de entidades que como el Banco de Crédito del Perú tienen litigios en el Poder Judicial, ya que de ser así se podría configurar un supuesto de conflicto de intereses.

Conocida la denuncia, el vocal San Martín señaló que todo esto se había generado debido a la falta de diligencia del propio banco, quien debió comunicarse oportunamente con los Registros Públicos a fin de modificar el asiento registral en el cual él aparecía como su representante legal, ya que como era conocido por todos, César San Martín había vuelto a la magistratura en el año de 2003.

Días después de haber hecho estas primeras declaraciones, el Presidente del Poder Judicial declaró que, si bien había podido haberse incurrido en una falta de diligencia, de ningún modo podía hablarse de incompatibilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional o conflictos de intereses. Más aún, el propio San Martín repitió una y otra vez, que desde su retorno a la magistratura no había participado directamente en ningún caso en el cual el Banco de Crédito haya tenido la condición de parte en un proceso.

Sin embargo, en un informe reciente publicado por el citado semanario se han hecho públicas dos resoluciones, correspondientes a los años 2004 y 2005, respectivamente, de la Sala Penal Permanente que favorecen al Banco de Crédito del Perú, las mismas que llevan la firma, de puño y letra de César San Martín.

Ante estos hechos, el Doctor Vladimir Paz de la Barra, actual miembro del CNM, presentó ante esta institución un pedido formal para que se abra investigación contra San Martín para que que se aclare la relación existente entre San Martín y el BCP, y la posible repercusión judicial que esta haya tenido al momento de impartir justicia.

Sobre este hecho, el excongresista fujimorista Rolando Sousa consideró que el alto funcionario habría cometido una falta grave que podría finalizar con la vacancia en el cargo del Presidente de la Corte Suprema. Para Sousa, como para muchos otros, llama la atención el silencio y la falta de claridad con la que San Martín ha actuado en este caso, conducta que en nada favorece a la entidad a la cual representa y que pone severamente en cuestión su imagen y liderazgo.

A su turno, mediante comunicado propalado por la Oficina de Prensa de la Corte Suprema, el juez San Martín se puso a disposición del CNM, asegurando que nada tiene que temer pues su comportamiento ha sido “jurídica y éticamente irreprochable”.

Por su parte, el CNM informó que la Comisión Permanente de Procesos disciplinarios encargada de analizar este caso estará conformada por Luz Marina Guzmán Díaz, Pablo Talavera Elguera y Máximo Herrera Bonilla, quienes cuentan con un plazo de 30 días para emitir su informe final.

Independientemente de los resultados de dicha investigación, resulta positivo que el CNM haya asumido la responsabilidad de investigar este caso, pues este logrará determinar si la conducta de San Martín debe ser considerada como una falta grave o simplemente una omisión o falta de diligencia que no merece mayor reproche.

Los magistrados deben recordar que nadie está por encima de la ley, que la ciudadanía exige honestidad y veracidad en quienes tienen la delicada misión de administrar justicia. No obstante ello, y dada la importancia del caso, es necesario que quienes están a cargo de la investigación lo hagan de la manera más objetiva y transparente posible, no debemos olvidar que el prestigio personal y profesional de un hombre y su familia pueden verse seriamente dañados si no se procede con rigor y responsabilidad.

Al mismo tiempo, hace algunos días, el vocal supremo y expresidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein ha hecho públicas sus diferencias con San Martín sobre el pedido de delegación de facultades que este último ha solicitado al Congreso de la República, para remover a jueces cuestionados por corrupción. Para Villa Stein, este pedido resulta ilegal y arbitrario, y además constituye una afrenta directa a todos los magistrados del Perú a quienes en su opinión ha tildado de incapaces y corruptos.

Para Villa Stein, este afán de San Martín de pasar por encima de las instituciones competentes constituye una abierta vulneración al orden constitucional y legal. Si el problema es la corrupción, afirma Villa Stein, entonces que se hagan las denuncias correspondientes ante la OCMA y el CNM, lo otro, pretender que el Presidente del Poder Judicial y un consejo de asesores dispongan el cese de un magistrado constituye una injerencia inaceptable y un atentado contra la institucionalidad del Poder Judicial.

Tiempos difíciles se avecinan para el Presidente del Poder Judicial, a su proceso de investigación abierto ante el CNM se suman los problemas al interior de la institución a la cual representa. Esta historia recién comienza, seguramente muchas otras cosas más se sabrán en las próximas semanas. La polémica ya se ha instalado y parece que continuará durante los próximos meses, coincidentemente a poco tiempo de darse inicio al proceso de elección del nuevo presidente del Poder Judicial.

Nota: este artículo ha sido publicado en el Nº 51 de “LA LEY”, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica. Del 1 al 30 de abril pasado.