EL PROCESO DE REVOCATORIA EN EL PERÚ

En el Perú, tan importante como las Elecciones Regionales y Municipales, son las Consultas Populares de Revocatoria de Autoridades (CPR). La experiencia reciente nos demuestra cómo los perdedores de un proceso electoral, muchas veces se convierten en los impulsores de las CPR de autoridades. Por tal motivo, en esta oportunidad, analizaremos el contenido del Proyecto de Ley presentado por los organismos electorales (JNE, ONPE y RENIEC) que busca mejorar el marco normativo de la CPR en nuestro país.

Así, en abril del año pasado (28/05), luego de un trabajo conjunto, los organismos electorales -JNE, ONPE y RENIEC-, presentaron una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N° 2274/2012) que tiene por objetivo fundamental incidir en los temas centrales referidos a la Consulta Popular de Revocatoria (CPR).

Del mismo modo, se advierte en la propuesta, que lo que se busca con este Proyecto es la formulación de una legislación que sea capaz de hacer compatibles dos valores fundamentales del sistema democrático: el principio de participación política y el de gobernabilidad democrática.

Para ello, los organismos electorales han llevado adelante un estudio minucioso acerca del efecto que el proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades ha tenido en nuestro sistema político durante los últimos 16 años (1997-2013).

1. Datos

Pero antes de dar a conocer el contenido de este Proyecto, creemos importante presentar algunos datos que nos permiten apreciar la magnitud de la problemática que en esta oportunidad se busca corregir con la presentación de esta iniciativa legislativa:

-       En nuestro país han sido sometidos a CPR 4712 autoridades municipales. Esta cifra convierte al Perú en el país con más CPR en el mundo (y con mayor número de autoridades revocadas).

-       En nuestro país se han revocado a 1552 autoridades municipales, ninguna regional, de ellas 279 son alcaldes y 1273 regidores.

-       De un total de 757 de circunscripciones en donde se han realizado CPR, son distritos 748 y solo 6 provincias.

-       Del total de esas circunscripciones, casi el 92% tienen menos de cinco mil electores.

-       De los 5800 kits electorales vendidos fueron aprobadas 1159 solicitudes. Es decir, el 20% de kits electorales vendidos terminan dando lugar a CPR en nuestro país.

-       El motivo que con mayor frecuencia suelen exponer quienes impulsan la CPR es el “incumplimiento de procesas electorales y plan de trabajo (16.3%), seguido de la “incapacidad de la gestión municipal” (10.7%) y la malversación de fondos (10.5%), entre otros.

-       El porcentaje mayor de circunscripciones en donde se han llevado a cabo las CPR se encuentra en la Sierra (60.5%), seguida de la Costa (30.4%) y el menor número en la Selva (9.1%).

-       El 20% de los promotores que impulsan las CPR, habían sido candidatos (dato registrado en el 2012), en las elecciones que perdieron. Es difícil conocer el número exacto de promotores que actúan bajo las órdenes o influencias de terceros, otros ex candidatos o ex alcaldes.

-       Existen distritos (San Silvestre de Cochan en Cajamarca o Curimaná en Ucayali, por ejemplo) en los que se han realizado CPR en todos los mandatos posibles. Desde 1995 entonces, en estas circunscripciones, no ha habido alcalde electo que no haya pasado por un proceso de este tipo.

2. El Proyecto

Ahora bien, luego de exponer algunos de los datos recogidos durante este periodo de implementación de este mecanismo, pasaremos a analizar el contenido del Proyecto. Formalmente, este Proyecto de una Nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, consta de la respectiva Exposición de Motivos y de un cuerpo legal compuesto por cuarenta y dos (42) artículos y cuatro (4) Disposiciones Modificatorias, Derogatorias y Finales.

A continuación, resumiremos brevemente las partes más importantes del  Proyecto: i) El diagnóstico (problemas del diseño normativo actual); y ii) Las soluciones que el Proyecto recoge.

i)             El diagnóstico (problemas del diseño normativo actual)

a)    Primer Problema: el número de firmas que se requiere para convocar a una CPR

La actual legislación dispone que para solicitar la CPR se requiere la adhesión del 25% del padrón electoral de la circunscripción, con un límite de 400 mil firmas. Sin embargo, este umbral del 25% no opera para Lima Metropolitana, ya que para esta se requiere únicamente la firma de 400 mil ciudadanos. Esto quiere decir que para Lima Metropolitana basta con que el 6.7% de los electores firme la lista de adherentes para que la convocatoria proceda.

b)   Segundo Problema: el momento en el que se puede llevar a cabo una CPR

Actualmente, la revocatoria puede ser convocada en el segundo y tercer año del mandato. Ahora bien, si la finalidad de este mecanismo es evaluar el desempeño de las autoridades municipales, y ese desempeño debe ser merituado en función al programa de gobierno municipal propuesto durante la campaña electoral, ¿Qué evaluación objetiva puede llevarse a cabo a la mitad del periodo? Recordemos que muchos kits electorales son comprados el primer día útil del segundo año de gestión; es decir, cuando es casi imposible saber si la gestión será o no exitosa.

c)    Tercer Problema: el número de votos necesarios para revocar a una autoridad

Ahora, se requiere la mitad más uno de los votos válidos. Pero además se señala que para que la revocatoria proceda se necesita la participación del 50% de los electores. Como podemos darnos cuenta, esta lógica es absolutamente irracional pues puede conducirnos a un escenario totalmente absurdo en cual la autoridad democráticamente elegida termina siendo revocada con un número de votos inferior al que obtuvo para ganar las elecciones.

d)   Cuarto Problema: la convocatoria a Nuevas Elecciones Municipales (NEM)

El actual diseño señala que si se revoca a un tercio del concejo municipal o regional, se debe convocar a NEM. Como se ha podido constatar a lo largo de los años, esta posibilidad de convocar a NEM se ha convertido en un incentivo pernicioso para solicitar la revocatoria. Pareciera que lo único que les interesa a quienes promueven la revocatoria (que son básicamente los que perdieron en la elección pasada o los enemigos políticos de la autoridad) es abrirse un nuevo camino para llegar al gobierno municipal o regional. 

e)    Quinto Problema: la fiscalización del financiamiento invertido por las agrupaciones política en los procesos de revocatoria

Actualmente, no existe una norma expresa que obligue a las organizaciones políticas (oficialistas y opositores) que participan en la CPR a rendir cuentas sobre sus fuentes de financiamiento ante la autoridad electoral competente. Esta situación genera dudas en torno al origen del dinero, público y privado, con el que se financian estas campañas.

ii)            Las soluciones que el Proyecto recoge

La propuesta presentada por los organismos electorales presenta 5 soluciones para la problemática antes descrita. Estas son:

1. Sobre el número de firmas que se requiere para convocar a una CPR

La propuesta busca establecer un único criterio aplicable a todos los casos (25%), teniendo en cuenta que ese porcentaje está en función del aumento o disminución de la población electoral. Esto evitará que el fundamento mismo del principio democrático se vea vulnerado, pensemos: ¿Por qué sólo el 6.7% de la población electoral en Lima puede obligar al 93,3% restante a acudir a las urnas? Este es el problema puntual que se pretende corregir con esta propuesta.

2. Sobre el periodo en el que se puede llevar a cabo una CPR

La propuesta establece que la CPR proceda una vez en el periodo, y siempre el tercer domingo del mes de noviembre del tercer año (así los ciudadanos tendrán un mayor tiempo para evaluar a la gestión). Eso además permitirá que las entidades estatales calendaricen y programen de mejor manera los procesos electorales en nuestro país.

3. Sobre el número de votos necesarios para revocar a una autoridad

La propuesta señala que la cantidad de votos para la revocación nunca puede ser menor a la cantidad de votos con los que la autoridad en consulta fue elegida. Además, la opinión del JNE, la misma que compartimos, señala que para revocar a las autoridades se requiere el voto aprobatorio de la mitad más uno de los electores hábiles del padrón de la circunscripción, y no de tan sólo el 50% de los votos válidos, como ocurre ahora.

4. Sobre la convocatoria a Nuevas Elecciones Municipales (NEM)

La propuesta busca eliminar las NEM y pasar a un sistema de sucesión. Es decir, si se revoca a una autoridad quien lo remplaza es el suplente de esa lista. Con lo cual, lograríamos eliminar la transitoriedad que actualmente padecemos, con autoridades cuyo periodo de mandato es bastante efímero, situación que genera inestabilidad e ingobernabilidad para nuestro sistema político.

5. Sobre la fiscalización del financiamiento invertido por las agrupaciones política en las CPR

La propuesta plantea dotar a la ONPE de las competencias necesarias para efectuar dicha labor de fiscalización. En un país con índices de corrupción tan altos como el nuestro, resulta fundamental identificar el origen de los fondos y la identidad de los aportantes privados, pues ello nos permitirá conocer a las personas, empresas, gremios y movimientos que respaldan el proceso y sus posibles intereses.

3. Un pesimismo justificado

En la academia existe un consenso, más o menos general y estable, en torno al diagnóstico de la problemática hecha por los organismos electorales sobre esta materia y a las soluciones propuestas en el Proyecto. Sin embargo, -esa es la pregunta que me hacen alumnos y colegas- ¿Es posible que este Proyecto sea aprobado por el Congreso de la República? Leo la columna de Carlos Meléndez (25/08/2014), y debo confesar que la misma me ayuda a responder la pregunta que acá planteamos.

Este politólogo dice lo siguiente: “En el Perú, disculpen la crueldad, el intelectual está condenado a ser pesimista. Existe una división natural entre intelectuales (pesimistas por naturaleza) y políticos y tecnócratas (optimistas por obligación)”. No obstante ello, espero que los políticos hagan que me coma mi pesimismo, y aprueben este Proyecto que es –por muchas razones- mejor que la actual Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Nota: Resulta necesario reconocer el esfuerzo hecho por los tres organismos electorales -JNE, ONPE y RENIEC- en el diseño, elaboración y presentación de este Proyecto de Ley. 

Los interesados en el tema, pueden revisar el artículo del profesor Fernando Tuesta Soldevilla titulado: “Las revocatorias en el Perú: entre la participación y la gobernabilidad en el Perú”.

LA REVOCATORIA: PROPUESTAS DE REFORMA

Luego de haber analizado el efecto que el proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades ha tenido en nuestro sistema político durante los últimos 16 años, resulta necesario abrir un espacio para el debate jurídico y político en torno a las posibles reformas legislativas que deben llevarse a cabo con el ánimo de mejorar el diseño normativo actual de esta importante institución de nuestro sistema constitucional.

En esa medida, resulta saludable que las tres entidades electorales de nuestro país: JNE, ONPE Y RENIEC, se hayan puesto de acuerdo para la presentación de una propuesta de reforma de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos que optimice este mecanismo de democracia directa convirtiéndolo en un auténtico instrumento de fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

Como ya lo habían anotado algunos especialistas en materia electoral, entre ellos Fernando Tuesta Soldevilla, existe la necesidad de reflexionar sobre 5 temas puntuales que por su importancia merecen nuestra especial atención. Por razones de espacio no podremos desarrollar en extenso estos 5 tópicos que forman parte de la propuesta presentada por nuestros organismos electorales. Sin embargo, y con cargo a volver a tocar el tema en una futura oportunidad, pasaremos rápida revista a estas 5 importantes reformas que nuestras instituciones electorales plantean:

¿Cuántas firmas se requieren para convocar a un proceso de revocatoria?  

La actual legislación dispone que para solicitar la consulta popular de revocatoria se requiere la adhesión del 25% del padrón electoral de la circunscripción, con un límite de 400 mil firmas. Sin embargo, este umbral del 25% no opera para Lima Metropolitana, ya que para esta se requiere únicamente la firma de 400 mil ciudadanos. Esto quiere decir que para Lima Metropolitana basta con que el 6.7% de los electores firme la lista de adherentes para que la convocatoria proceda.

La propuesta entonces busca establecer un único criterio aplicable a todos los casos (25%), teniendo en cuenta que ese porcentaje está en función del aumento o disminución de la población electoral. Esto evitará que el fundamento mismo del principio democrático se vea vulnerado, pensemos: ¿Por qué sólo el 6.7% de la población electoral en Lima puede obligar al 93,3% restante a acudir a las urnas? Este es el absurdo que se pretende corregir con esta propuesta.

¿En qué momento se puede llevar a cabo un proceso de revocatoria?

Actualmente, la revocatoria puede ser convocada en el segundo y tercer año del mandato. Ahora bien, si la finalidad de este mecanismo es evaluar el desempeño de las autoridades municipales, y ese desempeño debe ser merituado en función al programa de gobierno municipal propuesto durante la campaña electoral, ¿Qué evaluación seria puede llevarse a cabo a la mitad del periodo? Recordemos que muchos kits electorales son comprados el primer día útil del segundo año de gestión; es decir, cuando es casi imposible saber si la gestión será o no exitosa.

La propuesta establece que la revocatoria proceda una vez en el periodo, y siempre el tercer domingo del mes de noviembre del tercer año (así tendremos un mayor tiempo para evaluar a la gestión). Eso además permitirá que las entidades calendaricen y programen de mejor manera los procesos electorales en nuestro país. 

¿Cuántos votos se necesitan para revocar a una autoridad?

Ahora, se requiere la mitad más uno de los votos válidos. Pero además se señala que para que la revocatoria proceda se necesita la participación del 50% de los electores. Como podemos darnos cuenta esta lógica es absolutamente irracional pues puede conducirnos a un escenario totalmente absurdo en cual la autoridad democráticamente elegida termina siendo revocada con un número de votos inferior al que obtuvo para ganar las elecciones. 

La propuesta señala que la cantidad de votos para la revocación nunca puede ser menor a la cantidad de votos con los que la autoridad en consulta fue elegida. Además, la opinión del JNE, la misma que compartimos, señala que para revocar a las autoridades se requiere el voto aprobatorio de la mitad más uno de los electores hábiles del padrón de la circunscripción, y no de tan sólo el 50% de los votos válidos, como ocurre ahora.

¿Cuándo se convoca a nuevas elecciones municipales (NEM)?

El actual diseño señala que si se revoca a un tercio del concejo municipal o regional, se debe convocar a NEM. Como se ha podido constatar a lo largo de los años esta posibilidad de convocar a NEM se ha convertido en un incentivo pernicioso para solicitar la revocatoria. Pareciera que lo único que les interesa a quienes promueven la revocatoria (que son básicamente los que perdieron en la elección pasada o los enemigos políticos de la autoridad) es abrirse un nuevo camino para llegar al gobierno municipal o regional. 

La propuesta radica en eliminar las NEM y pasar a un sistema de sucesión. Es decir, si se revoca a una autoridad quien lo remplaza es el suplente de esa lista. Con lo cual, lograríamos eliminar la transitoriedad que actualmente padecemos, con autoridades cuyo periodo de mandato es bastante efímero, situación que genera inestabilidad e ingobernabilidad para nuestro sistema político.

¿Quién fiscaliza el financiamiento económico invertido por las agrupaciones políticas en los procesos de revocatoria?

Actualmente, no existe una norma expresa que obligue a las organizaciones políticas (oficialistas y opositores) que participan en el proceso de revocatoria a rendir cuentas sobre sus fuentes de financiamiento ante la autoridad electoral competente. Esta situación genera dudas en torno al origen del dinero, público y privado, con el que se financian estas campañas.

La propuesta busca dotar a la ONPE de las competencias necesarias para efectuar dicha labor de fiscalización. En un país con índices de corrupción tan altos como el nuestro, resulta fundamental identificar el origen de los fondos y la identidad de los aportantes privados, pues ello nos permitirá conocer a las personas, empresas, gremios y movimientos que respaldan el proceso y sus posibles intereses. 

Apunte final

Esperamos haber sido didácticos al exponer los argumentos que justifican estas propuestas de reforma. Del mismo modo, deseamos que estas sean debatidas con seriedad y altura por la representación nacional y tengan la cobertura mediática que merecen.

Las promesas electorales que Ollanta Humala no deberá olvidar

Crecimiento económico con inclusión social, la honestidad marcará la diferencia. Esas han sido las dos grandes líneas maestras que sintetizan la propuesta de gobierno que el electo presidente Ollanta Humala le presentó al país como oferta electoral durante la última campaña presidencial en el Perú. Ollanta Humala cree que la gran transformación social en nuestro país es posible, sí si lo es pensamos también algunos, pero no en un periodo de gestión tan corto como 5 años. Es necesario mirar al país con optimismo pero a su vez con objetividad e inteligencia, para que luego la realidad y sus frías cifras no terminen por despertarnos de nuestro sueño de un brutal cachetazo. Para ello, es perentorio que el presidente comprometa a todos sus colaboradores en este propósito, es necesario que todos los actores de gobierno y de la sociedad civil miren con esperanza el futuro y contribuyan con el desarrollo del país, mejorando de ese modo la calidad de vida de las grandes mayorías, solo de ese modo el Perú podrá cambiar, dejará de ser un país tan hostil, injusto y marginal, y podrá convertirse en una sociedad mucho más justa, libre y democrática. Es esa la gran tarea del próximo gobierno, implementar en la medida de lo posible todas y cada una de las propuestas ofrecidas durante los últimos meses, elevando los niveles de vida de los peruanos, sobre todo de los más pobres, pero siempre con responsabilidad y con un manejo equilibrado y responsable de los temas económicos, basado en políticas fiscales, cambiarias y monetarias inteligentes capaces de generar estabilidad y confianza en el inversionista nacional y extranjero cuyos recursos son fundamentales para el progreso de toda la nación.

Hemos dado una mirada bastante atenta al Plan de Gobierno de Gana Perú, ese plan que ha sido materia de tantos ajustes y afinamientos, ese plan que ha sido modificado tantas veces, y que hoy en día presenta una serie de propuestas que lo tornan mucho más viable y mucho más atractivo para el país. Ollanta Humala sabía que de continuar con la lógica del plan original las posibilidades de sumar esfuerzos a su proyecto serían bastante escasas, por ello ha sido crucial hacerle todos los ajustes posibles con el ánimo de lograr la confluencia y adhesión de una mayor cantidad de sectores sociales y políticos que en estas últimas semanas han venido sumándose al proyecto del nacionalismo. Es necesario cambiar, claro que sí, es positivo corregir errores, desde luego, dicen que solo Dios y los idiotas no cambian, esperemos en todo caso que el nuevo rostro e imagen que Ollanta Humala presentan sean producto de una reflexión honesta y crítica en torno a la irresponsabilidad e insensatez puestas de manifiesto en la elaboración del documento original que su partido presentara al Jurado Nacional Elecciones, sin olvidar, claro está, que su propuesta de cambio e inclusión social deben marcar el camino y la dirección de su gestión gubernamental, evitando de ese modo que la propuesta electoral sea borrada de un plumazo desde el primer día en el gobierno, tal y como ocurrió con el presidente Alan García Pérez, quien ganó las elecciones del 2006 enarbolando las banderas de la centro izquierda, para una vez instalado en Palacio de Gobierno, gobernar desde la diestra, a pesar del reclamo y la crítica que el electorado que lo premió con su confianza le hace llegar día a día a través de todos los medios posibles.

Son diversas las propuestas de gobierno que Gana Perú le ha expuesto al país. Por razones de espacio y tiempo, me limitaré a mencionar solo algunas. He querido recoger y dejar constancia de este grupo de iniciativas para una vez llegado el momento poder evaluar la gestión del electo presidente con mayores elementos de juicio. Recordar este conjunto de promesas servirán para que en un futuro podamos verificar si en el caso de Ollanta Humala la regla generalizada en la política nacional se quebró, si este fue un presidente que con honestidad y mesura sacó adelante la mayor cantidad de propuestas de campaña, o fue uno más en la lista de políticos electos que terminaron por convertir a su discurso de campaña en una gran y vil mentira.

En materia social podemos decir que Ollanta Humala basa su propuesta en las siguientes iniciativas. Primero, el programa Pensión 65, con el cual se señala se dará una pensión de 250 nuevos soles mensuales a casi un millón y medio de ancianos mayores de 65 años que no aportaron para su jubilación. Segundo, el aumento del salario mínimo de 600 a 750 nuevos soles, iniciativa que impulsará la economía y elevará el nivel de gasto de un gran número de peruanos colocando más dinero en el bolsillo que quienes menos tienen. Tercero, la puesta en marcha del programa Cuna Más, que consiste en una red de guarderías para cuidar a niños entre 0 y 3 años de madres trabajadoras en las cuales se les brindará cuidado, alimentos y pañales gratuitos.

En materia de salud y lucha contra la pobreza, la propuesta de Ollanta Humala presenta cuatro grandes objetivos. El primero, la construcción de un hospital general en cada provincia. El segundo, la implementación del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), mediante el cual médicos capacitados, gracias a la puesta a disposición de vehículos modernos, acudirán a atender a los pacientes en todo el país, acercando la salud a todos los peruanos, y ampliando la cobertura que el Estado hoy en día ofrece. El tercero, la implementación del Programa de Nutrición Infantil, a través del cual se darán desayunos, almuerzos y material didáctico a los alumnos de los colegio estatales. Finalmente, se fortalecerá y ampliará el presupuesto del programa Juntos, creado durante la gestión del presidente Alejandro Toledo, catalogado por el Banco Interamericano de Desarrollo como el programa social estrella de nuestro país. Juntos pretende elevar su cobertura a 900 mil familias. A todo ello debemos sumar la propuesta de mejorar el presupuesto de los comedores populares, el vaso de leche, el abastecimiento de las postas médicas y la cobertura universal de salud para todos los peruanos, empezando por aquellos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

En materia educativa, los planteamientos fundamentales de Gana Perú son los siguientes. Primero, la creación del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, pues la revolución educativa del siglo XXI debe ir acompañada de una apuesta seria que el Estado decida hacer en proyectos de investigación en estas áreas. Segundo, la contratación y capacitación de una mayor cantidad de maestros, sobre todo la de aquellos que desempeñan labores en las 9 mil escuelas unidocentes de la república. Tercero, mejorar la infraestructura y los servicios básicos de los centros educativos, pues tal y como lo señalan numerosos informes, en el Perú existe un gran números de escuelas y colegios que no cuentan con agua, desagüe, luz y otros servicios. Cuarto, la puesta en marcha del programa Beca 18, a través del cual el Estado peruano premiará a los mejores estudiantes de los colegios públicos financiando sus estudios en universidades nacionales y extranjeras, a ello se sumará el programa de otorgamiento de créditos para los estudiantes universitarios que les abra la posibilidad de cursar estudios en el extranjero mediante las becas de posgrado que el Estado entregará a los estudiantes de universidades públicas o privadas que acrediten un muy destacado rendimiento académico. Finalmente, la promesa de poner a la cultura más cerca de los estudiantes, todo ello, logrando que el carné universitario le permita el ingreso al estudiantado al cine, teatro, opera u otro espectáculo análogo a precios y tarifas preferenciales.

En materia de lucha contra la criminalidad y seguridad ciudadana. Lo primero ha señalado Ollanta Humala será mejorar el salario de la Policía Nacional del Perú y respetar la cédula viva. Segundo, y así lo ha reiterado en numerosas oportunidades, la creación de una red de comisarías interconectadas, mejorando la coordinación entre la policía y el serenazgo. Tercero, la creación del servicio policial voluntario, para quienes aspiren a ingresar a una escuela policial, y asimismo, el mejoramiento del servicio militar, manteniendo su carácter voluntario, pero haciéndolo más atractivo, otorgando una formación de carrera técnica que le brinde al personal mayores posibilidades en el campo laboral. Cuarto, la creación del alto comisionado presidencial, organismo que se encargará del diseño, elaboración, coordinación y conducción de la lucha contra el narcotráfico, controlando la comercialización de productos químicos utilizados en la elaboración de la cocaína así como de la lucha frontal contra el lavado de activos.

En materia laboral, el líder de Gana Perú, plantea 4 granes iniciativas. Primero, la eliminación de los services y la regularización de la situación laboral de miles de jóvenes subempleados. Segundo, el paulatino nombramiento de cientos de trabajadores que prestan servicios al estado mediante la modalidad CAS, a través de la cual se pretendió solucionar la dramática situación de quienes prestaban servicios no personales en el sector, pero que aun resulta ser tremendamente injusta. Tercero, la defensa y tutela de los derechos laborales en el Perú, supervisando el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, el pago de horas extras, el respeto por el derecho a contar con un día de descanso, el pago de las gratificaciones y el reparto de utilidades. Por último, la restitución de la hora de la lactancia materna y la promoción e incentivo a aquellas empresas que abran sus puertas a los jóvenes del Perú, todo ello a través de beneficios e incentivos tributarios.

Finalmente, el último eje temático que he querido abordar en esta oportunidad es el vinculado a las reformas del sistema político. Primero, se impulsará una reforma parlamentaria que sancione a quien incurra en actos de trasfuguismo traicionando la confianza del electorado. Segundo, se ampliará el mecanismo de revocatoria de autoridades haciéndolo extensivo también para el Presidente de la República y los congresistas. Tercero, la inhabilitación para el ejercicio de cargo público alguno para quien sea sentenciado por actos de corrupción. Cuarto, la promulgación de una ley que torne imprescriptibles los actos de corrupción en el Estado.

Como hemos podido apreciar, se trata de un conjunto de propuestas que configuran el grueso del programa de gobierno del presidente electo. Muchas de ellas deberán ser aplicadas de manera gradual con el objetivo de no generar un desequilibrio fiscal que a su vez repercuta en la salud económica de todo el país. Para muchas de ellas es necesario contar con el respaldo de las fuerzas políticas representadas en el parlamento, sobre todo en lo concerniente a aquellas que exigen reformas legislativas a nivel del sistema educativo, salud o el propio sistema político. Desde luego, tenemos propuestas mucho más viables que otras, seriamos bastante ilusos al pensar que todas ellas pueden ser concretizadas en los primeros años de gobierno. Estoy seguro que algunas quedarán inconclusas, siendo el gobierno que lo suceda quien asuma la responsabilidad de apuntalarlas, sin embargo, y esperemos gracias al concurso de la gran mayoría de los peruanos, el partido de gobierno, el presidente Ollanta Humala sea capaz de cumplir con su promesa electoral en el mayor grado posible, ello generará estabilidad, reducirá el nivel de violencia y confrontación presentes en nuestro país, le devolverá la fe al elector en el sistema político y en el sistema democrático, tantas veces puesto en peligro en nuestra patria. En suma, le deseo suerte y éxito a Ollanta Humala, deseo que pueda cumplir con el sueño, que no es solo suyo, de transformar al Perú en un país menos hostil. Debemos recordar que el éxito del presidente electo, será el éxito de todos los peruanos, sobre todo el de los que menos tienen, de aquellos que con su voto decidieron respaldar su candidatura, frente a lo que sin lugar a dudas hubiese sido significado para el Perú un profundo retroceso y la reinvindiación de una dictadura asesina, corrupta y mafiosa.