¿DEBEN O NO DEBEN REELEGIRSE LOS PRESIDENTES REGIONALES?

Hasta el momento son tres los Presidentes Regionales (Ancash, Tumbes y Pasco) para quienes el Poder Judicial (PJ) ha ordenado mandato de detención preventiva. Dos de ellos (Áncash y Pasco) ya se encuentran recluidos, se espera que en las próximas horas el tercero (Tumbes) se entregue voluntariamente o sea capturado por la PNP. Eso quiere decir que en apenas 21 días, el PJ ordenó la captura de tres autoridades políticas regionales. Sin lugar a dudas, este es el momento más difícil para el proceso de descentralización en nuestro país. 

Las denuncias se han sucedido una tras otra. Primero fue un Presidente Regional (PR) acusado de asesinato y corrupción (Áncash). Luego, otro denunciado por irregulares manejos de fondos públicos (Tumbes). Finalmente, un tercero acusado de haber recibido coimas de parte de empresarios constructores. Esto ha generado un escándalo político mayúsculo y un malestar ciudadano generalizado que pretende ser utilizado por algunos sectores para acabar con el proceso de descentralización iniciado durante el Gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.

Las soluciones político-mediáticas

La primera medida lanzada por algunos políticos y medios de comunicación para acabar con los problemas de corrupción e ineficiencia en las regiones fue proponer la Interpelación y la Censura para los PR. La segunda, que es la que ahora nos interesa evaluar, es la “no reelección” de estas autoridades sub nacionales. Por lo que a continuación, procederemos a analizar esta iniciativa desde una mirada política y constitucional.

No obstante lo ya expuesto, y con cargo a desarrollar nuestra postura más adelante, debemos hacerle al lector una importante advertencia: la mayor ingenuidad de los políticos y los medios de comunicación en nuestro país es creer que los problemas estructurales se solucionan únicamente a través de la promulgación de normas prohibitivas o sancionatorias, ya sea a nivel constitucional y/o legal.

¿Reelección o no reelección?

Como bien lo ha señalado el profesor de Harvard Steven Levitsky (2014), el debate sobre la reelección presidencial -iniciado en el Congreso Constituyente Democrático de 1993- ha vuelto a cobrar a cobrar vigencia, pero esta vez para el caso de las autoridades regionales. ¿Deben o no poder reelegirse los PR? Esa es la pregunta que debemos responder.

Ahora bien, es preciso advertir que este debate sobre la reelección, ya sea presidencial o regional, no se circunscribe al ámbito nacional, de hecho hace unos meses, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, impuso la reelección en ese país, al puro estilo de Chávez en Venezuela, quien en su momento, emuló lo hecho por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori en los 90. Así, mientras en otros países de la región como Ecuador la propuesta de reelección comienza a tomar fuerza, en el nuestro, la opinión mayoritaria (académica y política) es totalmente contraria a esta medida.

¿A qué se debe ello? Muy simple, en nuestro país los proyectos reeleccionistas han estado siempre vinculados a gobiernos autoritarios (Levitsky: 2014). En otras palabras, la imagen negativa (corrupción, crimen y abuso) que la dictadura dejó en el imaginario colectivo hace que la reelección presidencial como propuesta sea casi una herejía en el Perú.

Argumentos en contra de la reelección

Quienes se oponen a esta medida, señalan que la historia latinoamericana, ha sido adversa a la reelección, porque quien quiere reelección, lo que quiere es dictadura; permanecer en el cargo. La pregunta entonces que debemos formularnos es si esa misma reflexión aplica necesariamente para el caso de los PR. Más adelante veremos que la lógica no es la misma.

Como lo apuntó en su momento el profesor Domingo García Belaúnde, la reelección inmediata (peor la indefinida) ha sido funesta en América Latina y así lo demuestra la experiencia. Basta mirar la historia del siglo XX para encontrar ejemplos terribles de lo que acabamos de decir: Juan Vicente Gómez en Venezuela, 35 años; Porfirio Díaz en México, 35 años, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, 40 años y la familia Somoza en Nicaragua, 40 años. En consecuencia, son las estructuras mentales, la falta de cultura política, las estructuras económicas atrasadas, las que hacen que la reelección inmediata sea perniciosa en el Perú y Latinoamérica (García: 2006).

Sumado a todo ello, recientes investigaciones, como la llevada a cabo por el politólogo Javier Corrales demuestran que lo expuesto por García Belaúnde parece tener vigencia. Así, entre los años 1984 y 2013, 18 de los 20 presidentes latinoamericanos que buscaron la reelección fueron reelectos. Ello sugiere una tasa de reelección del 90%. ¿Por qué la tasa es tan alta? Muy sencillo: el poder del presidente en América Latina es tan fuerte que cuando este compite en una contienda electoral es muy difícil que sea vencido (muchas veces abusando de ese poder). Además, no es coincidencia que de 9 países latinoamericanos en donde se permitió la reelección entre 1990 y 2010, 6 (el Perú de Fujimori y la Venezuela de Chávez, entre otros) hayan terminado convertidos en auténticos autoritarismos competitivos.

La reelección no siempre socava la democracia

A pesar de lo ya señalado, la experiencia latinoamericana reciente, también registra casos en los cuales los presidentes que decidieron postular a la reelección no quebraron el orden democrático, sino más bien lo fortalecieron consolidando a sus instituciones políticas. Ese ha sido el caso de Cardoso (1994-2002) y Lula (2002-2010), en Brasil, y ese también será el caso de Santos en Colombia.

Entonces: ¿No era acaso que la reelección es siempre dañina para la democracia? Al parecer no. Existen países a nivel mundial que cuentan con esta figura en sus constituciones y que no podrían ser catalogados de antidemocráticos o autoritarios. ¿En dónde radica la diferencia? Politólogos como Nholen (2006) o Lanzaro (2001) afirman que la clave está en la fortaleza de las instituciones democráticas.

Es decir, reconociendo que en América Latina (en USA también) el poder del presidente es muy grande, cuando un país presenta instituciones legislativas, judiciales y electorales sólidas, capaces de limitar o corregir los abusos del poder político, entonces los costos del quiebre democrático son tal altos que ningún presidente, por muy popular que sea, se atrevería a optar por una alternativa autoritaria para prolongar su mandato. La clave entonces está en la fortaleza de las instituciones y en la existencia de mecanismos de control político eficaces.

¿En el Perú los Presidentes Regionales se reeligen?

A quienes creen que la prohibición de la reelección de los PR es una propuesta necesaria para resolver los problemas políticos subnacionales, debemos decirles que las estadísticas demuestran todo lo contrario. ¿Por qué afirmamos esto? En el año 2006, por ejemplo, solo 2 de los 25 PR fueron reelectos. En 2010, solo 6 fueron reelectos. Eso quiere decir que en el Perú (2002-2010) la reelección de los PR es la excepción y no la regla, ya que apenas el 16% logró ese cometido, y ninguno lo hizo por partida doble.

Entonces, si la propia realidad política nos dice que en nuestro país es casi imposible que un PR logre su reelección: ¿Tiene sentido prohibir esta posibilidad a nivel constitucional cuando en la realidad dicha práctica no se verifica? Nosotros creemos que no. Por eso a nuestro parecer, esta propuesta, tal y como ha sido planteada, resulta totalmente innecesaria.

¿Por qué no debemos prohibir la reelección de los Presidentes Regionales?

Yo diría que básicamente por 4 razones: 1) Los gobiernos necesitan tiempo suficiente para lograr sus objetivos (4 años es muy poco), especialmente para sacar adelante proyectos y reformas de largo plazo; 2) Es más democrático que los ciudadanos cuenten con una mayor posibilidad de alternativas políticas entre las cuales elegir que prohibir per se a una de ellas; 3) Si el PR tiene la opción de reelegirse tendrá mayores incentivos para “portarse bien” y hacer una gestión más eficiente (si eliminamos este incentivo institucional, el político puede optar por la fórmula “robar más y mejor en menor tiempo”); y 4) Los PR no tienen el poder que ostenta el Presidente de la República, el mismo que le ha permitido quebrar, en más de una oportunidad, el orden democrático sometiendo a las instituciones públicas y a la sociedad.

Sobre este último punto, debemos reconocer que casos como el del Gobierno Regional de Áncash pueden poner en duda la firmeza de nuestro argumento, ya que al parecer se trata de una autoridad que ha sido capaz de doblegar a las autoridades y medios de comunicación de su localidad. Sin embargo, es cierto también que cuando este caso adquirió notoriedad nacional, han sido las instituciones de control (Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República) las primeras en iniciar las investigaciones del caso. Eso quiere decir que si bien los PR (no todos) tienen poder a nivel local, esa fuerza no es tal cuando se la enfrenta a todo el aparato público (más presión mediática).

Las élites regionales y la renovación política

Pocos se han puesto a pensar en los costos políticos e institucionales que una prohibición de este tipo le demanda a nuestro sistema político. El más importante de ellos es el debilitamiento de las élites regionales. En un país como el nuestro que carece de un sistema de partidos sólido, con agrupaciones capaces de articular políticamente a toda la nación, las regiones deben servir como espacios en donde nuevos cuadros surjan y se consoliden a través de los años.

Por tanto, si prohibimos la reelección de los PR estaríamos eliminando uno de los incentivos más importantes que tienen los líderes y las agrupaciones sub nacionales para organizarse y competir electoralmente. De hecho, si uno mira con atención la experiencia latinoamericana podrá darse cuenta que en muchos otros países, los grandes nombres de la política nacional fueron primero importantes líderes y cuadros locales salidos del interior del país.

En el Perú en cambio, muy pocos son los alcaldes o PR que han sido capaces de dar el salto al plano nacional. De hecho, la historia nos dice que ningún alcalde, ni siquiera el de la capital (Bedoya, Barrantes, Belmont, Castañeda o Andrade) logró la Presidencia de la República cuando decidió competir por ella. En tal sentido, si consideramos que las regiones deben ser un semillero para la renovación de la política nacional, que nos libre de los mismos rostros y candidatos de siempre, entonces aceptemos que una propuesta de este tipo no hace sino entorpecer este camino. No olvidemos que nuestro país cuenta con hombres y mujeres de bien que a nivel regional y local llevan a cabo una gran labor, y no es justo que todos sean llamados corruptos o incapaces.

A modo de conclusión

Nosotros creemos, parafraseando a Levitsky, que abolir la reelección regional es fácil, pero soluciona poco. La tasa de reelección ya es baja, y prohibirlo debilitaría aún más a la clase política regional. Además, no debemos olvidar que la construcción de alianzas y redes de apoyo político subnacional es un arma fundamental a la hora de tentar una opción nacional.

Por lo ya planteado, consideramos, como lo señalamos en la columna pasada, que lo fundamental para solucionar el problema de la corrupción en las regiones es fortalecer a organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, cuya finalidad es justamente investigar, denunciar, procesar y sancionar a quienes incurren en delitos y/o faltas. Por ello, antes de llevar adelante reformas constitucionales prohibitivas, lo primero que debe hacerse es asumir la responsabilidad de reformar y fortalecer a las instituciones de control político ya existentes.