CATERIANO, EL SÉTIMO PREMIER QUE OFRECE "CONTINUIDAD"

El pasado martes 28, el Premier se presentó ante el Congreso para solicitarle su voto de confianza, dando lectura a un discurso al que denominó: “Por la continuidad y la grandeza de la patria”, título paradójico para alguien que se ha convertido en el sétimo Premier de este Gobierno. Me pregunto: ¿Qué reformas importantes puede llevar a cabo un país cuyo Gobierno cambia de Jefe de Gabinete cada 7 meses (promedio)? Ninguna, creo yo. Por eso me parece una falta de respeto a la inteligencia del peruano promedio que ahora nuestro Gobierno nos hable de la “continuidad y la grandeza de la patria”.

Además, debo decirles que a diferencia de lo que hacen muchos periodistas (yo no lo soy), me he tomado el trabajo de leer detenidamente las 23 páginas de este discurso, razón por la cual creo estar en condiciones de resumirlo en una frase: “Cateriano dijo lo mismo de siempre”. Si no me creen, les propongo hacer el siguiente ejercicio: “Revisen los discursos de los antecesores de Cateriano, así ustedes podrán darse cuenta cómo todas las presentaciones han estado plagadas de frases vacías, párrafos generales, recuentos estadísticos (los favorables) que buscan hacernos creer que el Gobierno nos conduce por el camino correcto.

¿Creen ustedes que este Gobierno (página 2) está en condiciones de dar señales claras a la población, a los mercados, a los inversionistas y a la comunidad económica y financiera internacional que es capaz de impulsar la inversión pública y privada, de consolidar el alcance y beneficios de la política social, así como de luchar contra la corrupción, narcotráfico y la inseguridad ciudadana, respetando el marco jurídico? Yo no lo creo, muy por el contrario, considero que durante estos cuatro años de Gobierno el Poder Ejecutivo ha demostrado que es capaz de hacer todo menos lo que resulta realmente importante para el país: institucionalizarlo.

¿Creen ustedes que este Gobierno (página 3) está en condiciones de destrabar las inversiones y establecer medidas específicas para acelerar nuestro crecimiento económico manteniendo el liderazgo a nivel regional? Yo no lo creo, muy por el contrario, considero que lo ocurrido en Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) evidencia la falta de capacidad política de nuestro Gobierno para promover las inversiones, garantizando la tranquilidad social, luego de restablecer el orden público respetando plenamente el Estado de Derecho. ¿Qué ha hecho el Gobierno frente a los excesos policiales cometidos en los conflictos sociales o frente a los revoltosos que cometen delitos? Yo creo que muy poco, debilitando con ello, la confianza y el respeto que en toda democracia los ciudadanos deben sentir por sus instituciones.

¿Creen ustedes que este Gobierno (página 3) está en condiciones de luchar contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción? Yo no lo creo, muy por el contrario, considero que el paso de siete ministros por la cartera del Ministerio del Interior imposibilitó el diseño de una política multisectorial de lucha contra la criminalidad, la misma que de manera coordinada, contemple, además de la inteligencia estratégica a nivel policial, un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la institucionalidad de los organismos que por mandato Constitucional tienen el deber de coadyuvar en este propósito: Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Gobiernos Regionales y Locales.

¿Creen ustedes que este Gobierno (página 3) está en condiciones de consolidar las reformas en salud, educación e inclusión social? Yo no lo creo, muy por el contrario, considero que al cabo de cuatro años de gestión este Gobierno nos ha demostrado que las grandes reformas requieren de grandes liderazgos, algo que lastimosamente este Gobierno jamás tuvo. De hecho, soy de los que creen que reformar la salud o la educación, no pasa exclusivamente por aumentar los sueldos de los trabajadores, ya que las mejoras remunerativas resultan infructuosas cuando no están acompañadas de una mejora real en cuanto a la calidad de los servicios públicos que el Estado presta.

Sumado a ello, no creo, como algunos pretenden sostener, que la inclusión social esté relacionada únicamente con la proliferación o ampliación de los programas sociales (ojo, no niego su importancia). La inclusión social supone que el Estado le asegure a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres, el acceso a servicios públicos de calidad en cuatro grandes sectores: salud, educación, seguridad y justicia. Algo, que para la mayoría de peruanos, sigue siendo una utopía. Al parecer, algunos voceros del Gobierno olvidan que si bien los programas sociales ayudan a combatir la extrema pobreza, la única vía para alcanzar el desarrollo es creando más puestos de trabajo, y ello sólo se logra con mayores índices de inversión pública o privada, nacional o extranjera, y que para eso también se requiere institucionalidad.

Creo que mi pesimismo frente a lo que pueda hacer este sétimo Premier está justificado, sentimiento que crece cada vez que oigo las declaraciones de nuestro Presidente o de la Primera Dama, pues ambos no hacen otra cosa que entorpecer su labor. Ahora bien, no culpo a los ciudadanos que de buena fe confían en la palabra de Cateriano, únicamente considero, como leí alguna vez, que se trata de personas desinformadas, carentes de memoria y objetividad al momento de evaluar el desempeño de la gestión gubernamental.

Finalmente, es justo decir que si algo debo rescatar de la presentación del Premier (página 21) ha sido su compromiso para impulsar la reforma electoral mínima propuesta coordinadamente por nuestros tres organismos electorales: RENIEC, ONPE y JNE, la misma que apunta a fortalecer a los partidos políticos y consolidar el sistema democrático. Eso demuestra, aunque muchos en el Gobierno no lo hayan querido entender durante estos cuatro años, que un país no puede asegurar su futuro y desarrollo con una institucionalidad política tan precaria como la nuestra. En suma, creo que todos los peruanos le agradeceremos al Premier si es capaz de asegurarnos elecciones limpias en 2016, garantizando la independencia e imparcialidad del Gobierno frente a todos los candidatos: García y Fujimori, inclusive.  

LA NOVELA INTERMINABLE: EL CASO CHAVÍN DE HUANTAR

Cuando todo nos hacía pensar que esta novela llegaría a su fin, aparece un audio que pone en evidencia la manera cómo desde el Poder Ejecutivo se trató de presionar a la jueza Rojassi, una de las vocales encargadas de dictar sentencia en este caso, para que emita una decisión que sirva para “optimizar la defensa del Estado peruano” ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Los “intereses del Perú”

En otras palabras, lo que los protagonistas de este audio le solicitaban a la jueza era que en su decisión se dijera que en el caso Chavín de Huantar no se había presentado ninguna ejecución extrajudicial, y que por tanto, el Estado peruano no era responsable de los cargos imputados, pues ningún agente oficial (incluyendo a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Huamán Azcurra) había participado (directa o indirectamente) en el asesinato del camarada “Tito”, miembro del MRTA.

Como se sabe, las presiones no dieron sus frutos (al menos no en su totalidad) pues si bien en la sentencia se exculpó a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Huamán Azcurra, respectivamente, al mismo tiempo, se señaló que el camarada “Tito” había sido ejecutado extrajudicialmente (nadie sabe por quién y bajo qué circunstancias) y que este hecho debía seguir siendo investigado. Es decir, para el Poder Judicial el camarada “Tito” sí fue ejecutado extrajudicialmente pero al no contar con prueba suficiente que acredite la responsabilidad penal de los imputados entonces el único camino era la absolución de los mismos.

El honor de los comandos

Esa es la historia judicial en este caso, que en nuestra opinión era la más importante, pues la justicia peruana, luego de muchos años, y tras superar un cúmulo de errores cometidos por más de una década, terminaba por señalar que la acción de los Comandos Chavín de Huantar el día de la operación en la Embajada de Japón (tomada por los terroristas del MRTA) había sido una acción impecable, y que ninguno de los comandos que participaron en este operativo era responsable de delito alguno. Decisión que, sin lugar a dudas, todo el Perú debía celebrar, pues era una manera de limpiar el honor manchado de aquellos a los cuales un determinado sector (básicamente algunas ONG’s) trató siempre de hacer aparecer como crueles asesinos violadores de derechos humanos.

El Gobierno presiona

Sin embargo, una vez más, los propios agentes del Estado se encargan de enlodar la resolución de este caso, luego de que un medio de comunicación difundiese el bendito audio en el cual el entonces ministro de Justicia (Jiménez Mayor, hoy Premier), el representante del Perú ante la CIDH para este caso (Pedro Cateriano, hoy ministro de Defensa), y lo que es más grave, el entonces presidente del Poder Judicial (César San Martín, actual vocal supremo) sostenían una conversación con la jueza Rojassi, con el ánimo de “alinear conceptos” y lograr una sentencia favorable al Perú.

La debilidad de nuestras instituciones

Este es un hecho que en nuestra opinión muestra la manera cómo en nuestro país los principios de “separación de poderes e independencia judicial” siguen siendo violados de manera constante (en todos los gobiernos, en unos más que en otros) con total impunidad. Lo curioso es que estos mismos señores, sobre todo los actuales representantes del Poder Ejecutivo, se jactan, casi a diario, de ser los más grandes demócratas del Perú y de haber combatido siempre a quienes trataron de acabar con las instituciones y el Estado de Derecho en nuestro país. Yo me pregunto: ¿Acaso quien trata de interferir en un proceso judicial en curso, amedrentando o presionando “sutilmente” a uno de los miembros de una sala penal para fallar a favor o en contra de sus intereses no vulnera los principios básicos de una democracia constitucional?

Las excusas de los implicados

Los protagonistas del audio han salido a decir que se trata de un audio “editado”, que las frases han sido sacadas de contexto, que ellos no dijeron lo que todo el Perú ha escuchado, y por último, que este audio no puede servir como prueba para acreditar la injerencia política del Gobierno de turno en este caso al haber sido obtenido de manera ilegal (esto puede ser cierto, dependiendo de qué teoría de la prueba se use, por si acaso).

El problema con este tipo de excusas es que no terminan por desbaratar la acusación que desde diversos sectores se ha hecho (es curioso ver cómo ahora el fujimorismo se quiere convertir en el defensor de la independencia judicial, cuando todos recordamos la manera infame como durante una década lo pusieron a su servicio gracias a los millones de dólares que Fujimori y Montesinos repartían entre jueces y fiscales), la misma que se puede resumir básicamente así: el Poder Ejecutivo (con la ayuda del presidente del Poder Judicial) presionó a uno de los vocales encargados de analizar el caso para favorecer los intereses del Estado peruano y señalar que en el caso Chavín de Huantar no hubo ninguna “ejecución extrajudicial”.

El Estado volverá a perder

Lo preocupante en este caso, es que gracias a esta torpeza (se deberá investigar a fondo para determinar si los participantes en esta conversación cometieron algún tipo de falta funcional o delito), el Estado le vuelve a poner la mesa servida a quienes (Aprodeh se frota las manos) durante todos estos años han acusado a los comandos de haber asesinado al camarada “Tito” luego de que este fuese apresado, para que en esta oportunidad cuestionen la transparencia y legalidad del proceso.

No me queda la menor duda de que estos señores solicitarán ante el sistema interamericano de Derechos humanos la nulidad de este juicio (es muy probable que les den la razón) y con ello, obligarán al Estado peruano a volver a juzgar a nuestros valerosos comandos dando continuidad a una novela interminable que debió llegar a su término pero cuyo capítulo final aún está por escribirse debido a la falta de vocación institucional de nuestras autoridades.

Defendamos a los comandos y sancionemos a los asesinos

Finalmente, esperemos que en estos días el Estado defina una estrategia de defensa inteligente para este caso, que sirva para cerrar este capítulo de nuestra historia, dejando a salvo el honor de los comandos que durante años vienen siendo procesados, pero al mismo tiempo, asumiendo la responsabilidad por la ejecución extrajudicial del terrorista “Tito”, pues querámoslo o no, en una democracia, todos, absolutamente todos, tenemos el derecho a ser juzgados por nuestras faltas y delitos, y a no ser asesinados a mansalva por agentes del Estado. Ya es hora de que el Estado reconozca la acción valerosa de los comandos, y a su vez, haga todos sus esfuerzos por sancionar y encontrar a los responsables de esta ejecución extrajudicial.

El Perú, como lo dijo alguna vez el maestro Manuel Vicente Villarán, cambiará el día que todos respetemos las reglas del Estado de Derecho, dos de las cuales son la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Mientras eso no ocurra, nuestro país no será otra cosa que un “proyecto mal diseñado de República”.

Señor Ministro de Defensa: la política es así

“El que se pica pierde”, dice un dicho popular, que en cristiano quiere decir que quien se embarca en una polémica o discusión y pisa el palito de la provocación seguramente terminará magullado y con muchos hematomas por curar. Al parecer, ello le ha ocurrido al actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano, otrora militante del Movimiento Libertad, amigo de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa y nuevo colaborador de Ollanta Humala.

El citado ministro ha salido a los medios a denunciar un supuesto plan para desestabilizar y petardear su gestión. En palabras del ministro: “existe un inusual comportamiento de algunos políticos, militares y medios de prensa que desde el momento en que recibió la confianza del Presidente de la República han enfilado sus baterías contra su persona”. Dicho de otro modo, el ministro cree que es capaz de desatar la furia y la ira de los que siempre pierden pero que en realidad ganan.

Creo que el ministro equivoca el camino, no tiene ni siquiera un mes al frente de una cartera tan importante y compleja como la de Defensa y ya se ha ganado varios adversarios, tanto fuera como dentro de las instituciones castrenses (eso es lo más preocupante). Salir a decir en los medios de comunicación que no necesita del respaldo de los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o arremeter contra aquellos que habiendo ejercido el cargo que hoy en día él ostenta, lanzan críticas o cuestionan algunas de sus decisiones, es la actitud más torpe que un político puede asumir.

Sorprende el comportamiento del ministro, tipo experimentado y con trayectoria política, pues él mejor que nadie sabe que quien asume un cargo público en una democracia se coloca en el ojo de la tormenta, se somete al escrutinio público y debe aceptar las críticas, ataques o llamados de atención que otros líderes de opinión puedan hacerle. Así es la dinámica política en una democracia, es el juego lógico del poder. Unos asumen cargos o funciones públicas de ejecución, otros fiscalizan y supervisan esta labor, y los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, toman nota de la información vertida sobre estas personalidades para formarse su propia opinión.

El ministro debe ser consciente de la fragilidad política del Gobierno para el que ahora trabaja. Debe tener presente que el Presidente Ollanta Humala no tiene la fuerza, ni el peso político de algunos de sus antecesores. En ese sentido, y teniendo en consideración que en el partido de Gobierno existe una carencia de líderes y operadores con la suficiente capacidad para polemizar con sus detractores, el ministro no puede caer en las provocaciones de aquellos que ya se han dado cuenta que este Gobierno no tiene un rumbo definido.

Ser ministro de Estado exige, en mi opinión, tres requisitos mínimos: experiencia política, conocimiento del sector y capacidad para generar consensos y puentes de diálogo con todos los actores políticos, especialmente con la oposición. No basta con ser un tecnócrata calificado, ni un político entusiasta. Quien asume una cartera ministerial debe tener siempre presente que las críticas y los embates de la oposición serán el pan de cada día. Si ello es así, un ministro de Estado no puede perder el tiempo, agotar energías, invertir esfuerzo y recursos en atacar a todo aquel que no comparte su posición o su visión política.

Lo que los ciudadanos desean saber con respecto a este ministro, o al menos quien escribe, es cómo implementará la tan anunciada reforma de las Fuerzas Armadas, cuáles serán las principales medidas que impulsará su sector, cómo enfrentará el problema salarial y pensionario, o cuál será la estrategia que piensa poner en práctica para convencer al intransigente Luis Castilla de que es necesario elevar las remuneraciones del personal militar que les permita vivir con dignidad y cubrir con decoro todas y cada una de sus necesidades. No se olviden que luego son ellos, policías y militares, quienes salen a poner el pecho y a resguardar el orden público cuando la torpeza de los políticos impide resolver los conflictos sociales de manera pacífica e institucional.

La llegada de Pedro Cateriano al Ministerio de Defensa generó ilusión. Sin lugar a dudas, es una persona profesional y académicamente superior a su antecesor. En realidad, cualquier peruano lo sería. Sin embargo, parece que le está costando más de lo esperado adaptarse a esta nueva faceta de ministro de Estado. Pedro Cateriano es un hombre capaz y honesto, nadie podría discutir ello. Pero creo que se equivocó al creer que los medios de comunicación serían más condescendientes con él y lo tratarían con guantes blancos. Se equivocó de medio a medio si creía que los enemigos del pasado (en su mayoría fujimoristas a los cuales él combatió férreamente) no le cobrarían las cuentas pendientes.

La luna de miel ya pasó. De ahora en adelante al Gobierno le pedirán resultados y le pasarán la factura de todos los ofrecimientos que el Presidente de la República hizo durante la campaña. Los tiempos se acortan, y la impaciencia comienza a apoderarse de la población. Los medios de comunicación solo capitalizan ese descontento y buscan el menor error o traspié gubernamental para fabricar una portada o un titular. Las cosas son así en todas partes del mundo, en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, etc. ¿Por qué en el Perú la cosa tendría que ser diferente señor ministro?