jueves, 15 de julio de 2010

Persecución aprista: El delito es pensar diferente


Una de las cosas que más le reclamo a los fujimoristas y a todo régimen parecido al de Hugo Chávez o Fidel es haber destruido el sistema democrático. Castro, Chávez, y Fujimori, en su momento, decidieron liquidar a la democracia, decidieron herir de muerte a la democracia, y además, de institucionalizar el autoritarismo y la corrupción en el manejo de la cosa pública, desataron o desatan una campaña feroz destinada a conculcar las libertades de los ciudadanos, en especial, la libertad de aquellos que se atreven a mostrar una posición ideológica distinta a la del régimen.


Esa herencia nos legó el fujimorismo, y esa es la herencia que Castro y Chávez dejarán a las generaciones futuras en sus respetivos países. Decir que las prácticas autoritarias y persecutorias contra los ciudadanos disidentes acabaron en el Perú resulta una falacia. Decir que todos, absolutamente todos tenemos el derecho de decir, pensar y opinar como mejor nos parezca es una afirmación bastante discutible. Decir que la tolerancia y el pluralismo político son el estandarte que distingue al actual gobierno parece una exageración. Digo parece una exageración si tomamos como referencia lo ocurrido con el religioso ambientalista Paul Mc Auley a quien el Ministerio del Interior (otra vez el ministro Salazar) le ordenó abandonar el país, bajo la acusación de ser un azuzador de la población, de ser un organizador de protestas sociales y políticas en la Amazonía, de ser un conspirador contra el régimen y el desarrollo nacional.



El Premier (vaya premier que tenemos no?) señaló: el gobierno no permitirá que nadie, absolutamente nadie, sacerdote o no, desinforme a la población y genere una ola de protestas. Es decir, palabras más, palabras menos, para el gobierno todo aquel que se opone a la manera muchas veces arbitraria, irracional e ilegal como las empresas del sector extractivo se comportan se convierte automáticamente en un azuzador, en un subversivo, cuya voz debe ser callada por la razón o por la fuerza, como pretendió hacerse con el padre Paul. Para el gobierno es más importante dedicarle tiempo a pensar en la manera menos ilegal de expulsar a un ciudadano, porque ante todo el padre es un ciudadano, que poner coto a la contaminación provocada por la mina Caudalosa en Huancavelica; solucionar el problema del abastecimiento del gas licuado de petróleo que afectó a lo más pobres en los últimos días o renegociar de manera inteligente el contrato Camisea.


El padre Auley ha venido trabajando en nuestro país por más de diez años. Ha sido director del colegio Fe y Alegría Nº 43 del Zapallal, en el cono norte de Lima. Todos los que lo conocen saben de su reconocida trayectoria, de su preocupación por la niñez y su amor y entrega total en el campo de la educación. Gracias a él, y a otros padres lasalleanos, los colegios Fe y Alegría son un ejemplo de educación pública y enseñanza de valores democráticos. Por eso sorprende, que de un tiempo a esta parte, y por el sólo hecho de defender a la Amazonía y el derecho de los pobladores de Loreto y de las comunidades nativas a vivir en un medio ambiente equilibrado para ellos y sus hijos, el gobierno quiera hacerlo aparecer como un criminal o un revoltoso.


Lo curioso es que en el tema medio ambiental el gobierno mide las cosas con diferente vara. Cuando se trata de reprimir a los supuestos revoltosos, a los pobladores u organismos no gubernamentales que denuncian la contaminación a gran escala, el gobierno, ministros y otros querubines del aprismo muestran preocupación y activismo frente al tema. Pero cuando se trata de denunciar a aquellas empresas que contaminan impunemente el ecosistema callan en todos los idiomas y se convierten en cómplices de dicha conducta. El gobierno pretende ser implacable con todo aquél que no comparte su visión de desarrollo, ni su manera de negociar y tratar con la inversión privada, a ellos los tilda de delincuentes, de desinformadores, de personajes oscuros y peligrosos. Pero cuando se trata de poner coto a la manera inescrupulosa como empresas contaminan los ríos, como el cauce del río Opamayo, el gobierno prefiere darse la vuelta, ponerse en cuclillas y mirar de perfil el daño medio ambiental que los inversionistas ocasionan con el mayor desparpajo.


Lo preocupante, en todo caso, es que personas serias como el ministro de relaciones exteriores, José García Belaunde, se presten a este tipo de maniobras que buscan limitar el derecho que tiene toda persona a mostrar su inconformidad con la manera cómo el gobierno maneja el tema minero ambiental. El ministro, tratando de justificar tan arbitraria medida, señaló que la responsabilidad sobre lo ocurrido recaía en la persona del religioso por haberse apartado de su labor misionera y pastoral. Yo me pregunto ¿Acaso no forma parte de la misión pastoral ocuparse por el derecho de los pueblos a vivir dignamente y sin contaminación? ¿El hecho de ser cura, pastor o sacerdote convierte a una persona en ciudadano de segunda clase incapaz de ejercer libremente su derecho de opinión? Evidentemente no.


La idea en una democracia es que casualmente todos, sin distinción alguna, podamos formar parte del debate público, podamos exponer libremente nuestras ideas, los ciudadanos no tenemos la obligación a pensar igual que el gobierno, no tenemos la obligación de avalar todo lo que el gobierno haga, y el gobierno no tiene el derecho a perseguir a los que piensan diferente y se atreven a cuestionar el orden establecido, claro está siempre dentro de los cánones de la paz y la tranquilidad pública. Yo puedo protestar libremente pero no estoy facultado para atentar contra la propiedad pública o privada o cometer otro tipo de delito.


En el caso del padre Auley no existe prueba alguna que acredite que se trata de un delincuente, de un criminal, de un revoltoso. Todo lo contrario, existen pruebas que acrediten su labor a favor del pueblo loretano, su compromiso con el medio ambiente. Quizá al gobierno le molesta que el padre se atreva a denunciar lo que en Palacio de Gobierno callan, que no es otra cosa que la tremenda informalidad con la que se manejan las empresas del sector extractivo.


En todo caso, es reconfortante saber que La jueza del Primer Juzgado Penal de Maynas, María Chirinos Maruri, declaró fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor del padre dictó Paul Mc Auley, anulando la decisión del gobierno de expulsar al religioso de nuestro país. En un país en el cual el Poder Judicial, al igual que las demás instituciones, goza de tan poca credibilidad, es esperanzador encontrar a jueces valientes y democráticos que se juegan por la libertad y le dicen no al autoritarismo, al abuso y a la persecución por razón de ideas. Es importante destacar este tipo de fallos en los cuales, más allá de la presión política y mediática desatada en todos los niveles del gobierno, los jueces asumen su rol y compromiso con la defensa de los valores de la democracia que nuestra Constitución consagra, valores como la libertad de opinión en este caso.

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