La legalización del aborto en España

En el año 1998, el Congreso de los Diputados Españoles rechazó por un voto un proyecto de ley que buscaba ampliar los supuestos permitidos para el aborto. España, en ese entonces, contemplaba dentro de su legislación tres razones que posibilitaban la interrupción del embarazo sin persecución o sanción penal alguna: violación, malformación del feto y peligro para la vida o salud de la madre. Este proyecto de ley buscaba incorporar a la legislación española la figura del denominado “Aborto Voluntario”, tal y como ocurría, ya en ese entonces, en países como Irlanda y Portugal, en los cuales el aborto voluntario era ya permitido dentro de los tres primeros meses de gestación.

Hoy, 12 años después de aquella votación en la cual la posición de la Iglesia Católica resultó victoriosa, España legaliza el aborto voluntario en su legislación, como una señal clara de su compromiso con los derechos de las mujeres y con los valores de la libertad, la tolerancia y el pluralismo democrático. Recuerdo un artículo publicado por Mario Vargas Llosa titulado “El nasciturus”, en el cual hacia mención a un documento de la Conferencia Episcopal llamado Licencia aun más amplia para matar a los hijos, el cual, a propósito del debate que se venía realizando en el parlamento español por aquella época, fue leído por 20 mil párrocos a lo largo y ancho de toda España; en el se invocaba y presionaba a los parlamentarios a cambiar su voto (la medida dio resultados, ya que cuatro de ellos, arrinconados por la presión mediática del clero, votaron por el NO).

Esta nueva ley que despenaliza el aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación sin tener que alegar ningún motivo. Y además, permite que las adolescentes entre los 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque con conocimiento de los mismos.

Como era de esperarse, la incorporación de esta nueva figura a la legislación española no ha sido para nada pacífica. De inmediato se hicieron sentir las críticas y los reclamos airados del sector más conservador de la sociedad española: la Iglesia Católica y el Partido Popular. A pesar que la ley cuenta con el apoyo mayoritario de los españoles, y aún cuando esta figura del aborto voluntario ya haya sido legalizada en otros países de la Unión Europea como Holanda (24 semanas), Suecia (18 semanas), Alemania, Francia, Bélgica y Rumanía (14 semanas), tanto la iglesia como el Partido Popular han decidido acudir al Tribunal Constitucional español en búsqueda de su derogación.

Siendo un tema de sumo interés para el desarrollo y libertad de las mujeres, por permitirles a éstas la posibilidad de decidir libremente sobre cómo y cuándo traer un niño a este mundo, es que en esta oportunidad considero necesario hacer algunos apuntes que espero contribuyan al debate en nuestro país en torno a tan necesaria medida. Creo, que más allá de consideraciones religiosas o morales, el problema del aborto en el Perú, como lo es en España y en todo el mundo, se ha convertido en uno de salud pública. En tal sentido, creo que el debate que se abra sobre el tema, tal y como ha sucedido en España, debe procurar desmitificar muchos grandes tabues que durante muchos años algunos grupos en todo el mundo, encabezados por la Iglesia Católica, han venido esparciendo con el único afán de seguir negándole a la mujer su legítimo derecho a decidir sobre su propio cuerpo y ejercer así su libertad.

La más grande de las mentiras dicha por la Iglesia en este tema es aquella que señala que la legalización del aborto aumentará la tasa de dicha práctica en la sociedad que lo legalice. Esta afirmación es absurda, creer que los abortos no existen y que sólo se producen desde el momento en que el Estado decide legalizarlo es una burda mentira. La iglesia y los “mal llamados defensores de la vida” asumen que despenalizar el aborto es algo así como incitar, promover o hacer un llamado a la práctica abortista a gran escala. El aborto ha existido desde siempre, se estima que la tasa de abortos en España es de cien mil por año, dicho número no aumentará o disminuirá por el hecho que exista una ley que lo prohíba o lo legalice, así lo demuestran los estudios y trabajos de investigación hechos sobre la materia.

Otro dato a tomar en consideración esta relacionado a las condiciones en las cuales se practican los abortos. Sabido es que en España sólo el 3% de los abortos que se practican se hacen en espacios o centros que ofrecen las condiciones de seguridad, salubridad e higiene mínimas para una intervención de este tipo. Cuando el aborto es penalizado se obliga a la mujer a recurrir a la informalidad, al mercado negro, a matronas, comadronas, curanderos o médicos inescrupulosos que sin cuidado alguno acceden a practicarles la operación poniendo en grave riesgo la salud y la vida de la madre. Tanto en España, como en el Perú, los estudios demuestran que muchos de los abortos practicados de manera clandestina traen como consecuencia graves daños para la salud de la gestante, problemas muchos de ellos irreparables, como la esterilidad, infecciones al aparato reproductivo que pueden incluso ocasionarle la muerte. La despenalización del aborto en ese sentido, resulta ser un mal menor frente al grave peligro al cual se exponen las miles de mujeres que año a año tienen que vivir esta dura experiencia.

Ahora bien, despenalizar el aborto supone también garantizar el derecho de las mujeres a acceder a un centro o institución de salud pública en condiciones de igualdad, sin importar el nivel social o económico que estas tengan. Digo ello, ya que la penalización del aborto es una medida en sí misma discriminatoria, ello es así, ya que dicha prohibición sólo alcanza a las mujeres de bajos recursos económicos, que no pueden costear los gastos de una clínica privada, un médico particular o un viaje a un país donde esta prohibición no exista. Es decir, no sólo obliga a la mujer pobre a buscar soluciones en lugares donde pondrá en riesgo su salud y su vida, sino también la convierte en sujeto pasible de persecución penal, situación que no ocurre con la mujer de recursos que puede incurrir libremente en la misma conducta, ya que el dinero y su posición le garantizará impunidad.

Son estas razones, y otras más, las que impulsan a estados como España a despenalizar el aborto. Ello, sin embargo, no supone que el Estado deba ver en esta medida la única solución a la problemática social en juego. En atención a ello los estados, como en esta oportunidad hace España, establecen ciertos límites al ejercicio de esta libertad, de ahí la necesidad de fijar plazos para que dicha práctica no resulte abusiva o irracional. Los plazos tienen por finalidad otorgarle a la mujer un tiempo para que de manera absolutamente libre y voluntaria, luego de analizar los pros y los contras, decida finalmente interrumpir o continuar con el embarazo. Esta decisión, de por sí traumática y dolorosa para cualquier mujer, creo que nadie puede afirmar que la sola decisión de abortar no genera un profundo dolor en cualquier madre, debe ser asumida única y exclusivamente por ella. Nadie, absolutamente nadie, ni la Iglesia Católica, ni la sociedad, ni mucho menos el Estado, puede ni debe irrogarse esa facultad, pues de ser así la mujer vería recortado seriamente su derecho al libre desarrollo personal.

Debo concluir este texto, no sin antes señalar que ninguna política de salud destinada a prevenir los embarazos no deseados, en su mayoría embarazos adolescentes, resultará efectiva sino va acompañada de una creativa y desprejuiciada campaña de educación sexual a nivel nacional. Dicha campaña debe empezar por los hogares y por los colegios, debe tratar de poner a disposición de mujeres y hombres la mayor información sobre los métodos de planificación familiar y anticoncepción de emergencia. Es hora que el Estado asuma el compromiso de evitar que las mujeres resulten embarazados por falta de conocimiento o por no contar con programas de salud pública que las provean de métodos anticonceptivos confiables. Sin embargo, el gran obstáculo, también en esta materia, ha sido y es la Iglesia Católica. Sus conservadurismos, sus miedos casi patológicos, sus temores infundados sobre la posibilidad de convertir al mundo en una Sodoma o Gomorra, por el solo hecho de hablar de condones o píldoras del día siguiente entorpecen la labor del Estado en esta materia (recuerden la palabras del Papa Benedicto XVI afirmando que la mejor manera de combatir el VIH era la abstinencia). La entorpecen, sobre todo, en aquellos países en los cuales los gobernantes basan el diseño de sus políticas de salud en concepciones de carácter religioso, olvidando que la garantía para la construcción de una sociedad libre y democrática es el reconocimiento de la laicidad estatal y no su religiosidad, un Estado en el cual las decisiones se tomen de manera objetiva y científica y no con biblia o crucifijo en mano.