jueves, 29 de diciembre de 2011

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso Chavín de Huantar




Nuevamente las decisiones asumidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a nuestro país han desatado una encendida polémica en la opinión pública nacional. Como se dio a conocer hace algunos días, la CIDH tomó conocimiento de este caso a partir de la denuncia planteada por la ONG Aprodeh en contra del Estado peruano respecto a la operación militar Chavín de Huantar llevada a cabo en 1997, la misma que tuvo como objetivo el rescate de los más de 70 rehenes secuestrados en la embajada de Japón en Lima a manos del grupo terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).






¿Qué es lo que está solicitando puntualmente la CIDH? La CIDH, y eso lo debemos tener muy en claro, emitió un informe en el cual afirma que el Estado peruano habría omitido dar cumplimiento a las recomendaciones que esta diera para llegar a un acuerdo de solución amistosa en la denuncia promovida por la ONG Aprodeh, sobre la supuesta violación de derechos humanos de tres terroristas que tomaron por asalto la embajada japonesa y a los cuales un grupo de militares habrían ejecutado extrajudicialmente.






¿Por qué el Estado peruano no habría dado cumplimiento a estas recomendaciones si como afirman algunos este asunto ya fue dirimido por los tribunales nacionales?




Muy simple. En la demanda presentada por la CIDH en contra del Perú se señala que el Estado si bien cumplió con procesar a los presuntos implicados en estos asesinatos lo hizo de manera irregular. Esto es así pues en opinión de la CIDH los comandos debieron ser juzgados en el fuero civil y no en el fuero militar, tal como ocurrió. Dicho de otro modo, para la CIDH el fuero militar no era competente para conocer de esta controversia. No lo era, pues tal y como lo señalan importantes especialistas en la materia, el fuero militar opera para el juzgamiento de militares que hayan cometido delitos de función, y dado que en este caso la imputación versaba sobre ejecuciones extrajudiciales (asesinatos) debía ser la justicia civil la encargada de determinar la responsabilidad penal de estos presuntos implicados violándose de ese modo el derecho al debido proceso de los deudos.






Estas son las consideraciones jurídicas que los ciudadanos debemos tener en cuenta al momento de formarnos un juicio propio en torno a este tema. Esta es la discusión que algunos sectores pretenden ocultar y pasar por alto con la única finalidad y objetivo de arremeter violentamente contra el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué esa actitud? Muy sencillo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos puso en evidencia, tanto a nivel nacional como internacional, las innumerables violaciones a los derechos fundamentales cometidas en el Perú durante la década oscura de los noventa y parte de los ochenta. Como se puede prever, y para ello no se necesita ser muy perspicaz, tenemos en el Perú a un importante y poderoso sector interesado en desprestigiar la labor de los organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Es este mismo sector el que no pierde oportunidad para tildar a la CIDH y a la Corte de San José de Costa Rica de haberse convertido en tribunas pro terroristas o pro comunistas, como si en los casos en los cuales el Perú recibió condena no se hubiera acreditado fehacientemente todas y cada una de las imputaciones hechas por violación de derechos humanos (36 casos).






Sobre el particular, habría también que decir lo siguiente. Esta polémica nos ha permitido apreciar y constatar el profundo desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre el tema de los derechos humanos y de los organismos internacionales de protección de los mismos. Algunos periodistas, que desinforman a diario, han incluso tildado a la CIDH de ser una especia de ONG internacional que cuenta con filiales en cada país. Esto es absolutamente falso. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocido por la Carta de la OEA y por la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocido y legitimado por los países de la región, entre ellos el Perú. Asimismo, habría que señalar públicamente que la labor de la CIDH no es otra que la promoción del respeto y protección de los derechos humanos en la región, y no la de perseguir a las instituciones castrenses que se enfrentan al terrorismo en nuestro suelo, como falsamente afirman algunos medios parcializados. Además, con respecto a sus miembros, estos son personalidades que gozan de la mayor consideración académica y moral a nivel regional, y no defensores encubiertos de terroristas o empleados de segundo orden de alguna ONG, como interesadamente afirman las voces de siempre. La CIDH está compuesta por 7 miembros los cuales son elegidos por la Asamblea General de la OEA, es decir por los propios estados que después pueden ser procesados ante la Corte de San José, luego de haber sido denunciados por la CIDH. En esa medida, podemos todos reflexionar de manera aguda y hacernos la siguiente pregunta ¿Acaso todos los países de la OEA eligen a defensores de terroristas para asumir funciones como miembros de la CIDH? Evidentemente no. Por eso este argumento es absolutamente descabellado y absurdo.






Hecha esta aclaración en torno a la naturaleza, función y composición de la CIDH. Corresponde ahora hacer algunas reflexiones de tipo jurídico y político sobre el tema que ahora nos convoca. En esa línea, es importante destacar la opinión de algunos juristas nacionales que sobre el particular han afirmado que la denuncia de la CIDH carece de todo sustento, pues en primer lugar para acceder a la jurisdicción internacional se requiere agotar la vía interna, situación que en opinión de este grupo de notables no ha ocurrido en el caso Chavín de Huantar, por lo que dicha denuncia debiera ser declarada inadmisible; y que aún cuando esta fuese admitida por la Corte debería ser declarada infundada pues el proceso seguido en el fuero militar en nuestro país contra algunos comandos arrojó una decisión legal y legítima. Si ello es así, si opiniones como la del juez ad hoc de la corte Fernando Vidal son tan sólidas, entonces porqué tanto revuelo en torno al tema. Si las razones favorecen al Perú, si los argumentos de nuestro Estado son tan contundentes porqué el temor o la incomodidad en torno a la presentación de esta denuncia.






Creo que el tema de la denuncia de la CIDH, más allá del análisis jurídico que sobre el mismo debe realizarse, está siendo utilizado maquiavélicamente con el único objetivo de cuestionar las bondades del Sistema de protección Internacional de los Derechos Humanos, además de servir de pretexto perfecto para la confrontación, colocando a la ciudadanía, a través de la desinformación, el embuste y la mentira, en contra de las ONG de derechos humanos. Sobre este último punto me permitiré decir dos cosas.






La primera, las ONG´s de derechos humanos son instituciones privadas cuya labor y fuentes de financiamiento son supervisadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, por tanto, las posibles irregularidades en las que puedan incurrir pueden ser fácilmente detectadas por el Estado, no se trata pues de entidades que actúen sin mayor control o supervisión.






La segunda, las ONG´s de derechos humanos son entidades privadas que tienen la más absoluta libertad para destinar sus recursos y esfuerzos en la actividad que ellas mismas elijan. En tal sentido, no podemos obligar a estas entidades a defender causas que ellas no hayan elegido libremente. Digo esto último, pues no resulta raro escuchar a diversas personalidades criticar a las ONG´s de defender a terroristas, campesinos, comuneros, líderes sindicales, y no asumir la defensa de policías o militares. Utilizar este argumento para descalificar la labor desarrollada por estas instituciones resulta ser bastante poco inteligente. ¿Quiénes deben defender a los militares o policías implicados en casos de violación de derechos humanos? Muy simple. El Estado. Es el Estado y no las organizaciones civiles el principal y único obligado a llevar adelante la defensa de sus uniformados.






¿Qué debe de hacer nuestro país ante este panorama? Yo creo que el Perú debe defender con absoluta contundencia sus intereses y su posición en torno al tema en dos frentes. El Estado debe batallar en dos campos.






Primero, en el campo jurídico, debe fortalecer a los órganos encargados de llevar adelante la defensa del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los últimos años hemos perdido la oportunidad de consolidar nuestro sistema, con profesionales de alto nivel académico y ético capaces de llevar adelante una defensa exitosa de los intereses patrios. Además, si la denuncia de la CIDH es tan descabellada como señalan algunos, es una “patinada” para usar sus términos, el Perú no debería tener mayores problemas en salir victorioso en esta contienda. Pero debemos tener cuidado, miremos el pasado y revisemos el récord de nuestro país ante la Corte. La CIDH nos ha llevado ante la Corte en 36 oportunidades. En todas ellas el Estado peruano recibió condena. ¿Por qué? No debido a la tendencia ideológica o pro terrorista de los jueces, como afirman los hombres que antaño negaban la existencia el Grupo Colina, muy por el contrario, el Estado peruano recibió condena porque la gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado fue de tal magnitud que cualquier juez sobre la tierra hubiera tenido el mismo criterio.






Segundo, en el campo político, el Estado peruano, a través de su cancillería, y en estricto cumplimiento de la normativa internacional, debe proseguir con la iniciativa planteada en el año 2007, fecha en la cual el Perú planteara una serie de propuestas ante la OEA para que los países sometidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos le hagan ajustes al mismo con la finalidad de dotar de mayor imparcialidad e independencia a la labor de la CIDH y de la Corte misma. Esto es muy sencillo de entender, el Perú como cualquier otro país de la OEA, tiene la facultad de formular propuestas de reforma al sistema en caso considere que estas son necesarias. Esto es lo que corresponde en una democracia, este es el comportamiento que todos le debemos exigir a un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos y del sistema democrático. Lo otro, volver a plantear tesis delirantes e inviables como el retiro del Perú de la competencia de la Corte, es volver al discurso populista, instaurado por el fujimorismo decadente de los noventa, bajo el cual todo defensor de los derechos humanos es un “sospechoso” y todo fallo que condene al Estado peruano es un atentado contra su soberanía o su dignidad nacional. Como diría el viejo refrán, “cuando las ideas escasean, los disparates cobran fuerza”.






Sólo antes de culminar este análisis quisiera decir también lo siguiente. Este es un dato que debemos tener muy presente. El Perú es el país que cuenta con el mayor número de quejas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la actualidad están siendo analizadas 360 quejas contra el Estado peruano. Si ello es así, debemos preguntarnos por la situación de los derechos humanos en nuestro país. Qué hace que un número tan importante de denuncias sean presentadas ante organismos internacionales. Es muy fácil culpar a las ONG´s de este descalabro judicial. Lo difícil, creo yo, es aceptar, es asumir la responsabilidad política del descalabro de nuestro sistema de justicia. Los peruanos han recurrido y acuden al sistema internacional pues en nuestro país se sienten en la más absoluta y completa indefensión, sobre todo los peruanos de escasos recursos, los olvidados, los invisibilizados. No niego el hecho de que existan algunas (las menos) ONG´s de derechos humanos que ocultan tras esta fachada oscuros intereses, negar ello sería una candidez de mi parte, pero no podemos meter a todas en el mismo saco y tildar a todo activista de derechos humanos de terrorista o traidor a la patria.






Finalmente, quiero dejar muy en claro que comparto y entiendo la indignación de los familiares de los comandos y de policías que han sido o están siendo injustamente procesados por la supuesta violación de los derechos humanos. El Perú y la sociedad debe defenderlos, debe valorar su trabajo, debe reconocerlos como auténticos héroes. Lo que no puede hacer el Estado, ni ningún gobierno democrático es pretender cubrir con un manto de impunidad actos atroces como la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, las violaciones. Lo que no puede, ni debe hacer un gobierno democrático es defender a asesinos disfrazados de militares o policías.

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