miércoles, 15 de septiembre de 2010

El efecto Vargas Llosa: la derogación del Decreto Legislativo 1097


“Señor Presidente de la República, renuncio al cargo de Presidente de la Comisión encargada del lugar de la memoria. La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a un buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos, entre ellos al propio ex dictador y su brazo derecho”. Con esas palabras don Mario Vargas Llosa hacia pública su renuncia mediante una misiva dirigida al mismísimo Alan García Pérez.

El mencionado decreto fue promulgado como parte de un paquete legislativo elaborado por el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República. Esta norma pretendía el archivamiento (sobreseimiento en lenguaje jurídico) de los procesos en los cuales se hubiera excedido el plazo de la etapa de instrucción o investigación del delito (14 meses). Es decir, la mencionada disposición le otorgaba al juez la facultad de archivar el proceso seguido en contra de militares y policías acusados de cometer delitos contra los derechos humanos como el asesinato, secuestro, desaparición forzada, violación o tortura por el sólo hecho de haberse vencido el plazo de la etapa de investigación. En otras palabras, la disposición bajo comentario pretendía impedir, o al menos, entorpecer u obstaculizar el juzgamiento y sanción de los presuntos responsables de delitos tan execrables como los anteriormente descritos.

Como se puede apreciar de su sola lectura, la inconstitucionalidad de la disposición resulta tan evidente que las críticas al gobierno llegaron desde distintos sectores de la comunidad nacional e internacional. Las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos en el Perú hicieron sentir su voz de protesta, tildando a la iniciativa del gobierno como una forma encubierta y torpe de amnistiar a policías y militares procesados por su participación en una serie de eventos cuyo resultado fue la violación sistemática y generalizada de los derechos de las personas durante el conflicto armado interno vivido por nuestro país entre los años 1980 -2000. Como para que no quepan mayores dudas en torno al rechazo que la norma generó en la opinión pública y en otras instituciones del Estado, tanto la Conferencia Episcopal, como la Defensoría del Pueblo hicieron evidente su preocupación por los efectos jurídicos que un dispositivo como el 1097 pudiera traer consigo para el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro país. A su turno, a nivel internacional, tanto el Relator de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidieron al gobierno del Perú la derogatoria del decreto por constituir un claro y evidente retroceso en el proceso de fortalecimiento de la democracia en la región y en el esfuerzo por alcanzar justicia en todos aquellos supuestos en los cuales la población civil fue víctima de crímenes contra la humanidad.

A pesar de ello el gobierno, ya sea mediante el titular de Defensa, Rafael Rey o, a través del ministro de justicia, Víctor García Toma, cada uno en su estilo y con sus limitaciones, pretendió defender la constitucionalidad de un decreto a todas luces indefendible. A pesar de ello, poco pudo hacer la presión mediática en este caso para obligar al gobierno a dejar sin efecto tan absurda normativa. Fue así que cuando todos pensábamos que la solución a esta problemática, innecesariamente creada por el gobierno, vendría de lado de lo que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional decidieran al momento de analizar la inaplicación o expulsión del decreto del ordenamiento jurídico por resultar contrario a la Constitución y a los Tratados en materia de Derechos Humanos de los cuales el Perú es parte (Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de guerra y delitos de lesa humanidad, entre otros), como consecuencia de la publicación de la carta de Mario Vargas Llosa en los medios locales, en los términos antes señalados, el gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley buscando la derogatoria del decreto 1097, la misma que había sido pedida por propios y extraños desde el día siguiente a la publicación de tan aberrante norma jurídica.

Dicho de otro modo, una vez más el gobierno tuvo que retroceder ante la andanada de críticas que su accionar irresponsable generó a nivel nacional e internacional. Resulta casi inexplicable que el gobierno insista en este tipo de iniciativas que han sido, como lo recuerdan con bastante acierto algunos medios y especialistas en la materia, proscritos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Basta recordar que en el periodo 2001-2006 nuestro país ya había sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la incompatibilidad de las leyes de amnistía dictadas por el gobierno del ex dictador Fujimori con el contenido de la Convención Americana o Pacto de San José. Tanto en el caso Barrios Altos (2001) como La Cantuta (2006) la corte había señalado que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Con lo cual, aún cuando desde el punto de vista formal el decreto no sea denominado ley de amnistía, era en el fondo, una manera vedada de cubrir con una manto de impunidad a todas aquellos que deben responder por sus acciones ante la justicia de nuestro país. Lo contrario, supondría dejar en un estado de indefensión absoluto a las víctimas y familiares de las víctimas que por mucho tiempo aun esperan justicia, situación que resulta inadmisible en un Estado Constitucional como el que dice ser el peruano, en el cual se coloca en el centro del orden jurídico a la defensa de la persona y el respeto de su dignidad.

Siendo ese el panorama legal de la actualidad jurídica de nuestro país y regional en materia de protección de derechos humanos resulta, como ya señale anteriormente, incomprensible la vigencia de una norma como el decreto 1097. ¿Por qué se insiste en este tipo de medidas que únicamente buscan la impunidad para los perpetradores de delitos contra los derechos humanos? ¿Por qué siguen siendo los de siempre aquellos que desconociendo todo deber jurídico y ético asumido por el Estado en esta materia quienes continúan alentando desde algún ministerio, el de Defensa para ser exactos en este caso, medidas que favorecen de manera cómplice a los sectores que sirvieron de bastón de apoyo a la dictadura más pérfida que ha tenido nuestro país durante los 10 años del fujimorismo? ¿Por qué el Presidente de la República, al cual a pesar de todo sigo considerando un demócrata, permite y legitima con su firma una aberración jurídica como esta que se pretendió incorporar al orden jurídico nacional con fines poco sanos y democráticos?

No cabe duda en torno al poder y presión que algunos sectores de las Fuerzas Armadas de nuestro país siguen ejerciendo sobre la autoridad política democráticamente elegida. Lo curioso es que este sector cuenta, a diferencia de los demás sectores de la sociedad, con lobbistas institucionales al interior del propio Poder Ejecutivo. Ahí surge la figura de Rafael Rey o del controvertido Vicepresidente Luis Giampietri, conocido por su posición dura, intransigente, autoritaria y antidemocrática; y por el odio personal que generan en él todos aquellos que defienden los derechos humanos y le recuerdan sus cercanías con el otrora dictador.

El proceso de consolidación democrática en nuestro país y en la región, al igual que el proceso de fortalecimiento de una cultura en favor de los derechos humanos en América latina y en el mundo es un proceso complejo y arduo el cual requiere de un compromiso y una fortaleza capaces de hacer frente a todo tipo de presiones de orden político, económico o militar. Queda claro que a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos del desarrollo, como el económico o el comercial, cuando se pone en la agenda nacional iniciativas destinadas a fortalecer los mecanismo de protección de los derechos humanos contra actos violatorios de los mismos, de inmediato surgen las voces que nostálgicas de épocas pasadas en las cuales la corrupción campeaba y el asesinato, la tortura o el secuestro se habían convertido en parte de los mecanismos que el poder político empleaba en su quehacer diario, complotan y se reagrupan en torno a la palabra olvido e impunidad. Sólo ello explica que al mismo tiempo que nuestro país se abre hacia el mundo, mediante la firma de numerosos convenios destinados a agilizar las transacciones comerciales de bienes, servicios, capitales o inversiones, llegado el momento de sentar posición sobre materias vinculadas a la protección de los derechos humanos, en temas como la protección de la libertad de expresión o los derechos medio ambientales, el proceso se vea entorpecido por este tipo de retrocesos que minan la credibilidad y ponen en entredicho el compromiso del Estado peruano con los derechos humanos y la democracia.

En esa misma línea, y para finalizar, mención aparte merece la coherencia exhibida por don Mario Vargas Llosa, quien lejos de verse seducido por los encargos o distinciones que el gobierno de turno le hubiera podido prodigar con su nombramiento como Presidente de la Comisión encargada del Lugar de la Memoria, en un acto de consecuencia moral y política, el cual lo enaltece, mediante frases como esta: “Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno y dar razón a quienes lo acusan de haber pactado en secreto una colaboración estrecha con los mismos fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años”, deja relucir su vena libertaria y democrática, así como su compromiso con la defensa de ideales de justicia que algunos en el gobierno al parecer olvidan. Para don Mario, tal y como lo ha dejado saber en su misiva, resultaba un acto contradictorio e inadmisible, por un lado, auspiciar un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia política que azotó nuestro país por casi dos décadas y, por el otro, abrir la puerta de la impunidad para quienes cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana. Qué diferente sería el panorama si el Presidente y sus más cercanos colaboradores tuvieran la mitad de la coherencia que exhibe nuestro laureado escritor.

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