Un Gobierno en estado de emergencia

 

Una vez más en el Perú tenemos que lamentar la muerte de tres compatriotas: Eleuterio García Rojas, José Silva Sánchez y el menor de edad, Medina Aguilar (en caso de que las autoridades no recuerden la identidad de estos peruanos). Estos tres hombres cayeron producto del enfrentamiento desatado en Celendín (Cajamarca) entre las fuerzas del orden y los manifestantes que se oponen al proyecto minero Conga. Lo preocupante es que pasan los meses y el Gobierno ha sido incapaz de dar solución a esta problemática que paraliza el desarrollo y monopoliza el debate político. Qué duda cabe que el primer año Ollanta Humala puede ser resumido en una pregunta: ¿Conga va o no va?

Existen razones de sobra para justificar el descontento y falta de confianza de un importante sector de la población cajamarquina respecto a la manera cómo este proyecto pretende ser llevado adelante, así como en relación a la autonomía e independencia con las cuales las autoridades del Estado se han comportado frente a los conflictos socioambientales. Para muchos cajamarquinos el Estado, durante las dos últimas décadas, tomó abierto partido por las empresas mineras, haciendo caso omiso a las denuncias que desde la población se hacían en torno a la contaminación que dicha actividad generaba, y a otra serie de abusos y atropellos sufridos.

La protesta cajamarquina, y esa es una verdad irrefutable, logró colocar en agenda nacional el debate sobre la relación entre actividades extractivas, preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pareciera que en nuestro país el Estado asume su rol de garante de los derechos colectivos e individuales, únicamente cuando miles de personas toman las calles, plazas y carreteras. Dicho de otro modo, el Estado, nuestro Estado, necesita de la trifulca, el grito y la bulla, para mirar a quienes por décadas trató de invisibilizar. Ahora recién los observa, comprende y entiende, o al menos, eso es lo que nos han tratado de decir desde que se inició el problema de Conga.

Pero la protesta también tiene un límite, los ciudadanos tienen todo el derecho de expresarse, salir a las calles, organizarse y mostrar su total rechazo frente a lo que consideran una decisión injusta. En una democracia los derechos de reunión, libre expresión y protesta están y deben ser siempre garantizados. A lo que no tienen derecho es a cometer delitos, tomar las carreteras, disparar contra las fuerzas del orden, secuestrar a personas, incendiar instalaciones públicas o destruir la propiedad privada. Cuando ello ocurre, el Estado, a través de sus agentes especializados, está facultado para hacer uso legítimo de la fuerza de manera racional y proporcional. Si los que delinquen no son los manifestantes, sino grupos infiltrados que tratan de incendiar la pradera, el deber de quienes dirigen esta movilización es denunciarlos ante las autoridades para su juzgamiento. Lo otro, es convertirse en cómplices de criminales que disfrazados de ambientalistas creen estar por encima de la ley. ¿Entienden esta diferencia Marco Arana, Wilfredo Saavedra o Gregorio Santos? Yo creo que no.

El conflicto en Cajamarca ha dejado de ser ambiental, en realidad nunca lo ha sido. El problema en este departamento como en tantos otros es estrictamente político. En este entuerto tenemos dos frentes, uno que apuesta por la promoción de inversiones (en cualquier sector de la economía) y privilegia el inicio de grandes actividades extractivas, y el otro, que no cree en el modelo económico vigente, que niega y rechaza a la inversión (sobre todo si es minera, gasífera o petrolera) y propone un cambio de paradigma. Se trata pues de dos posiciones frente a un único concepto: DESARROLLO.

Es importante tener presente ello, pues si de lo que se trata es de llegar a una solución negociada entre los diversos actores, es preciso exigir transparencia y honestidad en la defensa de las posiciones. Gregorio Santos y compañía (hablo de Arana y Saavedra) tienen una posición ya definida en torno al tema: Conga no va. Ellos se sienten respaldados por una población para la cual el Estado carece de total credibilidad. Tantas veces el Estado nos ha mentido, señalan los comuneros, qué no tenemos razones para creer esta vez, afirman con contundencia. ¿Acaso este temor no es entendible? Yo creo que sí.

¿Qué debe hacer el Estado entonces? Muy simple. Para empezar, y dado que la construcción de los dos reservorios de agua tardará dos años, debe de aprovechar al máximo este tiempo para acercarse a la población, restablecer los canales de comunicación con los dirigentes campesinos y comuneros, y así ganar su confianza. El Estado, con todos sus recursos y su burocracia, sus técnicos y políticos, debe lograr que los cajamarquinos borren de su mente la imagen de un Estado ausente, copado por los intereses particulares y al servicio de los grandes grupos de poder. ¿Es tan difícil hacer ello? No. Si nos fijamos con atención, lo único que se demanda es la presencia de un Estado democrático e imparcial, que actúe en beneficio del interés general y aplique la ley sin importar a quién tiene en frente. Lo que pasa es que en nuestro país, como en América Latina, el Estado es muy fuerte para reprimir a los débiles, y muy débil para hacer que los poderosos se sometan al imperio de la ley.

El problema en Cajamarca es político, y la solución debe llegar por ese lado. El Gobierno necesita redefinir una estrategia política para ganar la adhesión de la mayoría en este departamento. Conga puede haber recibido el visto bueno desde el punto de vista técnico, y ser un proyecto que generará ingresos millonarios, pero será imposible que este sea viable si la mitad de la población lo rechaza. Es cierto que este problema viene de muchos años atrás, que la deuda que tiene el Estado con los pueblos de la sierra de nuestro país es muy grande, que han sido décadas de indiferencia frente al problema de la pobreza y la exclusión en estos lugares. Pero los problemas no pueden ser eternos, alguien tiene que solucionarlos, y ese alguien es el actual Presidente de la República.

Ollanta Humala prefiere mantener el perfil bajo, él sabe que en gran medida la crisis que hoy enfrenta se la debe a su propia irresponsabilidad. Los que protestan en Cajamarca el día de hoy fueron sus compañeros de lucha durante toda la campaña electoral. Seamos sinceros, Ollanta Humala colaboró con Gregorio Santos y Marco Arana, y enarboló con igual radicalismo las banderas del discurso antiminero. Hoy cosecha lo que sembró. Con esos antecedentes, la tarea se hace mucho más difícil, la población se siente engañada, frustrada y humillada, una vez más nos han mentido, dicen los dirigentes. ¿Tienen razones estos señores para confiar en Ollanta Humala esta vez? Saque usted sus propias conclusiones.

La situación es muy compleja, se vienen tiempos muy difíciles para este Gobierno. La batalla será política, Ollanta Humala necesita de operadores y alfiles políticos con capacidad para librar una lucha ideológica que le permita ganar la partida. Por lo pronto, los cambios en el gabinete ministerial son una urgencia. Se equivocó el presidente cuando optó por un gabinete de “puros tecnócratas”, porque los conflictos sociales no los solucionarán ingenieros, empresarios o ex militares. El Gobierno debe retomar el rumbo, convocar a las fuerzas políticas, abrir su entorno. Conga va a ir solo si en Cajamarca el nivel de crispación y de rechazo frente a este proyecto y a la compañía que está detrás del mismo desciende. De otro modo, veo difícil que Conga vaya.

Ollanta Humala debe entender que Conga representa algo más que Conga. No nos olvidemos que junto a Conga, en la misma cabecera de cuenca, están los proyectos Lumina Copper y Michiquillay. Entonces, si el Gobierno no logra llevar adelante este proyecto, asegurando el respeto por el medio ambiente, los reservorios de agua y los derechos de las comunidades, tanto Cajamarca como el país enteró sufrirán pérdidas enormes. El escenario es este, la responsabilidad política en este tema es del Gobierno. El presidente debe recuperar el liderazgo, no puede permitir que sean otros los que le fijen la agenda. Él debe tomar la iniciativa. Debe hacerlo con inteligencia y manejo político. No puede ser que cada vez que se presente un conflicto (ya no hablaré de la prevención), la única respuesta sea la declaración de estados de emergencia. Eso solo es sinónimo de debilidad, torpeza e improvisación.

Proyecto minero Conga: conflictos socioambientales y vacío de poder

Culpar a los radicales. Esa parece ser la respuesta que han encontrado algunos miembros del gobierno de Ollanta Humala al momento de analizar la problemática generada en Cajamarca a partir del rechazo que un importante sector de la población hace sentir en contra del proyecto “Minera Conga”.

Los mismos grupos de siempre, el mismo sector de siempre, los mismos conservadores y autoritarios de siempre, susurran al oído del nuevo gobierno y recomiendan imponer el principio de autoridad a toda costa. A sangre y fuego, el proyecto Conga va sí o sí, no importa el costo social, el posible daño al medio ambiente, la exacerbación de los ánimos en la ciudad, el enfrentamiento entre los hijos de un mismo suelo. Que la policía reaccione, que el gobierno envíe a tropas del ejército a restablecer el orden, que las autoridades capturen por sospecha a los revoltosos, son los consejos que el gobierno recibe de parte de los que siempre estuvieron de un solo lado. Al parecer, las lecciones del pasado no han sido aprendidas, pretender solucionar los conflictos sociales únicamente a través de la represión y el uso de la fuerza es una fórmula que nunca nos ha funcionado.

Sus palabras le pasan factura a Ollanta Humala, su pasado inmediato lo condena, la voz de sus representantes y las contradicciones entre muchos de ellos generan zozobra entre la población, su ambigüedad llevada a niveles de doctrina filosófica minan la posición de su gobierno, y en especial, su posición como jefe de “Estado” en este tema. Sí, pero no, sí pero tal vez, quizá, aunque no estoy seguro, esas son las construcciones gramaticales que suele verbalizar nuestro presidente, y a las cuales deberemos de acostumbrarnos más rápido que tarde, pues las escucharemos durante los próximos 5 años.

Durante la campaña electoral recordaremos a Ollanta Humala, al menos los que tenemos memoria (ojo, yo voté por Ollanta Humala en la segunda vuelta), plantear el conflicto minero ambiental en Cajamarca con un esquema dicotómico: Minería o agua. Señaló expresamente y ante una numerosa multitud su firme compromiso de velar por el derecho al medio ambiente de las comunidades y por el desarrollo sostenible de Cajamarca. Seré yo quien organice una movilización si se continúa con la pretensión de llevar adelante el proyecto Conga, sentenció en más de una oportunidad. Teniendo en cuenta ello, parece razonable que el descontento de los manifestantes haya crecido y las posiciones iniciales se hayan radicalizado, para beneplácito de ciertos sectores y personas que buscan deliberadamente que en Cajamarca una llama encienda la pradera, si hace algunos días, en televisión nacional, todos los peruanos, y en especial los cajamarquinos, escuchamos a Ollanta Humala sentenciar categóricamente, algo raro en él, que el “proyecto Conga, iba sí o sí”. Es decir, el otrora candidato defensor de los derechos medio ambientales, de la ecología, de las cuencas de los ríos y las lagunas, se sacaba, o al menos eso pareció, la careta, el disfraz, y al puro estilo del presidente García, nos entregaba un nuevo capítulo de la famosa doctrina social y política bautizada con el nombre “El perro del hortelano”, con su persona como intérprete del papel principal.

El problema, en opinión que compartimos, pasa por una aguda crisis de confianza que la población cajamarquina tiene frente a la labor de las autoridades, el gobierno nacional y de las instituciones competentes en este asunto. El Estado, no hablemos del gobierno recién llegado, el Estado, como organización política, como actor encargado de componer las contradicciones y conflictos al interior de la sociedad, nuestro Estado, carece de credibilidad frente a los actores sociales y políticos en Cajamarca. El Ministerio de Energía y Minas, que durante los últimos años se caracterizó por hacer suyas las posiciones de un solo bando, y por minimizar las denuncias y serias irregularidades puestas al descubierto en torno a la manera cómo se logró aprobar el estudio de impacto ambiental que avalaba la puesta en marcha del proyecto Conga, hoy en día no es visto como un interlocutor válido en este conflicto.

En ese sentido, lo primero que debe hacer el gobierno es recuperar la confianza de la ciudadanía, debe buscar el diálogo con todos los protagonistas, con absolutamente todos, debe tender puentes de encuentro que sean capaces de acercar las posiciones, al parecer irreconciliables, porque más allá de las particulares circunstancias del caso Conga, creo, como muchos en el país, que el binomio minería-desarrollo sostenible es posible, no se trata de optar por uno u otro, no se trata de tener una posición de radical oposición frente a todo proyecto minero, tampoco se trata de avalar la conducta prepotente de la gran minería, apoyada por una serie de autoridades locales a lo largo de los años, no se trata de tener que elegir entre minería o agua, en los términos propuestos por el “candidato” Ollanta Humala, en la última campaña electoral.

Pensar de ese modo, caer en fundamentalismos, en extremismos delirantes no es otra cosa que avivar las contradicciones y dejarle el campo libre a los radicales, anti mina y pro mina, que quieren ganar a río revuelto, que quieren lograr un protagonismo político que nunca han tenido, que quieren dejar de ser anónimos para convertirse en líderes de opinión a toda costa. El problema es mayor, sin lugar a dudas, cuando en la lista de personajes que no contribuyen con la solución del problema se encuentra, desde mi punto de vista, el Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, miembro activo del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, quien en una afán de figuretismo absoluto, convoca a la población, la azuza, ciertamente con un discurso incendiario, tratando de hacer del descontento, de la muy válida preocupación por los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, la justificación perfecta para los actos de violencia y vandalismo que muchos auguran, actos que sin duda alguna esperamos no se sucedan y que rechazamos desde ya con total contundencia.

A pesar de ello, más allá de su extremismo, Gregorio Santos es, querámoslo o no, el Presidente Regional de Cajamarca, investido de autoridad, elegido democráticamente en las últimas elecciones. En tal sentido, merece, es lo lógico, lo políticamente conveniente, ser convocado, ser tomado en cuenta en el diálogo que el gobierno debe procurar auspiciar entre todos los actores del conflicto. No es posible que el gobierno envíe a sus representantes a la ciudad de Cajamarca para conversar con las autoridades, y que olvide hacer extensiva dicha invitación al Presidente Regional. El gobierno actuó con suma torpeza, es preferible convocar a Gregorio Santos, quien equivocado o no representa a la autoridad regional, es preferible incorporarlo y someterlo a las reglas de juego y mecanismos institucionales propios del Estado de Derecho, que censurar su presencia, forzándolo a salir directamente a la calle, con el peligro de generar mayor conflictividad, mayor descontento, mayor violencia.

Pero la incapacidad y el poco o escaso manejo político en este asunto no son exclusivos del gobierno de turno. Todo el sistema político, las instituciones políticas, los partidos y movimientos políticos democráticos parecen haber perdido la brújula. Ahora resulta que uno de los grandes culpables de la situación generada en Cajamarca es Wilfredo Saavedra, líder del Frente de Defensa Ambiental de la ciudad, a quien los medios le recuerdan, constante y sistemáticamente, que estuvo preso, purgando condena por 10 años al haber participado en un atentado terrorista perpetrado por el MRTA, como si la solución del problema socioambiental en Cajamarca dependiera de las acciones de este señor, que habiendo incurrido en delitos graves como el de terrorismo, y habiendo pagado por ello con largos 10 años de su vida, al salir de prisión ha recuperado todos y cada uno de sus derechos, entre ellos el de hacer política y participar activamente en los asuntos que el mejor prefiera. No seamos ingenuos, no desviemos nuestra atención, no le sigamos el juego a los sectores de siempre, no caigamos en error, no repitamos la tesis del gobierno aprista aplicada durante los últimos 5 años en el manejo de los conflictos “culpar a los demás”, tildando de radical o revoltoso a todo aquel que muestra su descontento contra lo que algunos pontifican como el “único modelo a seguir”.

Dónde están los partidos, donde están los líderes de la ciudad, donde están los congresistas por Cajamarca. Donde están las voces de los denominados “moderados”, porqué si los planteamientos de Gregorio Santos y Wilfredo Saavedra son tan violentos y absurdos logran la adhesión de importantes sectores. La respuesta es muy sencilla, se llama vacío de poder, se llama ausencia institucional, se llama crisis del sistema político. Cómo es posible que estos personajes, en lo particular no comparto su prédica, le hayan tomado el pulso a la situación al haber mostrado mayor astucia y sagacidad que los propios partidos y el propio gobierno. Cuando existe un vacío de poder, cuando no existen instituciones que canalicen las demandas ciudadanas de manera democrática y pacífica, se abre un espacio para la aparición exitosa de representantes de los sectores más extremos. Tengo la impresión que la palabra equilibrio y mesura son desconocidas por todos en Cajamarca, no solamente por los impulsores de la protesta, sino también por los “defensores de la gran minería”, como Jorge Vergara, Presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, quien al parecer ha leído con fruición la obra “El perro del Hortelano” y se autoproclama como el “gran salvador de la inversión” en la ciudad, porque para él, al igual que para García, y ahora para Humala, los proyectos mineros van siempre sí o sí, a sangre y fuego, y con el todo vale.

El gobierno, que personifica al Estado, es el responsable de generar espacios para el diálogo, el gobierno es quien debe persuadir a las partes, buscando el entendimiento entre las mismas, el gobierno debe recuperar credibilidad. En esa línea, el gobierno, como ya dijimos, debe convocar a todos y a todas, el gobierno debe, a partir de la prudencia e imparcialidad, dar muestras claras de su voluntad por encontrar una salida consensuada, el gobierno no debe caer presa de las mezquindades de tal o cual grupo de presión. Muchos no creen en el diálogo, para los representantes de Conga el diálogo está cerrado, el estudio ambiental fue aprobado y el Estado debe imponer su fuerza, sacar a los efectivos a la calle y oficiar de guardián de sus intereses, así de sencillo. Para los organizadores de la movilización el proyecto Conga no va, el estudio medio ambiental es una farsa, las autoridades anteriores se sometieron a los dictados de los grupos mineros, y por ello, no creen en lo que ministros, alcaldes y demás puedan decir al respecto, dicho de otro modo, el proyecto Conga no va ni aunque el mismísimo Jesucristo lo avale.

Este es el escenario que debe enfrentar el gobierno, lo debe hacer con inteligencia, es una muy mala señal que sea el Ministro del Interior el que haya recibido el encargo de viajar a Cajamarca a conocer de la situación. Acaso no era mucho más lógico delegar esta función en el ministro del Ambiente, de Agricultura, o de Energía y Minas (siempre que no retornen a Lima en aeronaves de la empresa minera). Acaso la presencia del jefe político de las fuerzas policiales es una señal de clara apertura al diálogo y un rechazo evidente a la confrontación. Espero, como peruano, como cajamarquino, que la sangre no llegue al río, que la prudencia sea más fuerte que los radicalismos, que los rencores, las heridas y los problemas no resueltos del pasado, no terminen por nublar la mente de las autoridades y ciudadanos cajamarquinos. Pero ante todo, espero que al final del día se pueda llegar a una solución capaz de garantizar la protección del medio ambiente, del derecho al agua y del territorio de las comunidades, así como la inversión y el desarrollo de actividades económicas extractivas respetuosas del orden legal, cuyo éxito le permitan al gobierno destinar los ingentes ingresos que estas generan a la puesta en marcha de programas y proyectos de desarrollo social al servicio de los más pobres del Perú, de los más pobres de Cajamarca.