miércoles, 23 de noviembre de 2011

Proyecto minero Conga: conflictos socioambientales y vacío de poder




Culpar a los radicales. Esa parece ser la respuesta que han encontrado algunos miembros del gobierno de Ollanta Humala al momento de analizar la problemática generada en Cajamarca a partir del rechazo que un importante sector de la población hace sentir en contra del proyecto “Minera Conga”.


Los mismos grupos de siempre, el mismo sector de siempre, los mismos conservadores y autoritarios de siempre, susurran al oído del nuevo gobierno y recomiendan imponer el principio de autoridad a toda costa. A sangre y fuego, el proyecto Conga va sí o sí, no importa el costo social, el posible daño al medio ambiente, la exacerbación de los ánimos en la ciudad, el enfrentamiento entre los hijos de un mismo suelo. Que la policía reaccione, que el gobierno envíe a tropas del ejército a restablecer el orden, que las autoridades capturen por sospecha a los revoltosos, son los consejos que el gobierno recibe de parte de los que siempre estuvieron de un solo lado. Al parecer, las lecciones del pasado no han sido aprendidas, pretender solucionar los conflictos sociales únicamente a través de la represión y el uso de la fuerza es una fórmula que nunca nos ha funcionado.



Sus palabras le pasan factura a Ollanta Humala, su pasado inmediato lo condena, la voz de sus representantes y las contradicciones entre muchos de ellos generan zozobra entre la población, su ambigüedad llevada a niveles de doctrina filosófica minan la posición de su gobierno, y en especial, su posición como jefe de “Estado” en este tema. Sí, pero no, sí pero tal vez, quizá, aunque no estoy seguro, esas son las construcciones gramaticales que suele verbalizar nuestro presidente, y a las cuales deberemos de acostumbrarnos más rápido que tarde, pues las escucharemos durante los próximos 5 años.


Durante la campaña electoral recordaremos a Ollanta Humala, al menos los que tenemos memoria (ojo, yo voté por Ollanta Humala en la segunda vuelta), plantear el conflicto minero ambiental en Cajamarca con un esquema dicotómico: Minería o agua. Señaló expresamente y ante una numerosa multitud su firme compromiso de velar por el derecho al medio ambiente de las comunidades y por el desarrollo sostenible de Cajamarca. Seré yo quien organice una movilización si se continúa con la pretensión de llevar adelante el proyecto Conga, sentenció en más de una oportunidad. Teniendo en cuenta ello, parece razonable que el descontento de los manifestantes haya crecido y las posiciones iniciales se hayan radicalizado, para beneplácito de ciertos sectores y personas que buscan deliberadamente que en Cajamarca una llama encienda la pradera, si hace algunos días, en televisión nacional, todos los peruanos, y en especial los cajamarquinos, escuchamos a Ollanta Humala sentenciar categóricamente, algo raro en él, que el “proyecto Conga, iba sí o sí”. Es decir, el otrora candidato defensor de los derechos medio ambientales, de la ecología, de las cuencas de los ríos y las lagunas, se sacaba, o al menos eso pareció, la careta, el disfraz, y al puro estilo del presidente García, nos entregaba un nuevo capítulo de la famosa doctrina social y política bautizada con el nombre “El perro del hortelano”, con su persona como intérprete del papel principal.


El problema, en opinión que compartimos, pasa por una aguda crisis de confianza que la población cajamarquina tiene frente a la labor de las autoridades, el gobierno nacional y de las instituciones competentes en este asunto. El Estado, no hablemos del gobierno recién llegado, el Estado, como organización política, como actor encargado de componer las contradicciones y conflictos al interior de la sociedad, nuestro Estado, carece de credibilidad frente a los actores sociales y políticos en Cajamarca. El Ministerio de Energía y Minas, que durante los últimos años se caracterizó por hacer suyas las posiciones de un solo bando, y por minimizar las denuncias y serias irregularidades puestas al descubierto en torno a la manera cómo se logró aprobar el estudio de impacto ambiental que avalaba la puesta en marcha del proyecto Conga, hoy en día no es visto como un interlocutor válido en este conflicto.


En ese sentido, lo primero que debe hacer el gobierno es recuperar la confianza de la ciudadanía, debe buscar el diálogo con todos los protagonistas, con absolutamente todos, debe tender puentes de encuentro que sean capaces de acercar las posiciones, al parecer irreconciliables, porque más allá de las particulares circunstancias del caso Conga, creo, como muchos en el país, que el binomio minería-desarrollo sostenible es posible, no se trata de optar por uno u otro, no se trata de tener una posición de radical oposición frente a todo proyecto minero, tampoco se trata de avalar la conducta prepotente de la gran minería, apoyada por una serie de autoridades locales a lo largo de los años, no se trata de tener que elegir entre minería o agua, en los términos propuestos por el “candidato” Ollanta Humala, en la última campaña electoral.


Pensar de ese modo, caer en fundamentalismos, en extremismos delirantes no es otra cosa que avivar las contradicciones y dejarle el campo libre a los radicales, anti mina y pro mina, que quieren ganar a río revuelto, que quieren lograr un protagonismo político que nunca han tenido, que quieren dejar de ser anónimos para convertirse en líderes de opinión a toda costa. El problema es mayor, sin lugar a dudas, cuando en la lista de personajes que no contribuyen con la solución del problema se encuentra, desde mi punto de vista, el Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, miembro activo del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, quien en una afán de figuretismo absoluto, convoca a la población, la azuza, ciertamente con un discurso incendiario, tratando de hacer del descontento, de la muy válida preocupación por los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, la justificación perfecta para los actos de violencia y vandalismo que muchos auguran, actos que sin duda alguna esperamos no se sucedan y que rechazamos desde ya con total contundencia.


A pesar de ello, más allá de su extremismo, Gregorio Santos es, querámoslo o no, el Presidente Regional de Cajamarca, investido de autoridad, elegido democráticamente en las últimas elecciones. En tal sentido, merece, es lo lógico, lo políticamente conveniente, ser convocado, ser tomado en cuenta en el diálogo que el gobierno debe procurar auspiciar entre todos los actores del conflicto. No es posible que el gobierno envíe a sus representantes a la ciudad de Cajamarca para conversar con las autoridades, y que olvide hacer extensiva dicha invitación al Presidente Regional. El gobierno actuó con suma torpeza, es preferible convocar a Gregorio Santos, quien equivocado o no representa a la autoridad regional, es preferible incorporarlo y someterlo a las reglas de juego y mecanismos institucionales propios del Estado de Derecho, que censurar su presencia, forzándolo a salir directamente a la calle, con el peligro de generar mayor conflictividad, mayor descontento, mayor violencia.


Pero la incapacidad y el poco o escaso manejo político en este asunto no son exclusivos del gobierno de turno. Todo el sistema político, las instituciones políticas, los partidos y movimientos políticos democráticos parecen haber perdido la brújula. Ahora resulta que uno de los grandes culpables de la situación generada en Cajamarca es Wilfredo Saavedra, líder del Frente de Defensa Ambiental de la ciudad, a quien los medios le recuerdan, constante y sistemáticamente, que estuvo preso, purgando condena por 10 años al haber participado en un atentado terrorista perpetrado por el MRTA, como si la solución del problema socioambiental en Cajamarca dependiera de las acciones de este señor, que habiendo incurrido en delitos graves como el de terrorismo, y habiendo pagado por ello con largos 10 años de su vida, al salir de prisión ha recuperado todos y cada uno de sus derechos, entre ellos el de hacer política y participar activamente en los asuntos que el mejor prefiera. No seamos ingenuos, no desviemos nuestra atención, no le sigamos el juego a los sectores de siempre, no caigamos en error, no repitamos la tesis del gobierno aprista aplicada durante los últimos 5 años en el manejo de los conflictos “culpar a los demás”, tildando de radical o revoltoso a todo aquel que muestra su descontento contra lo que algunos pontifican como el “único modelo a seguir”.


Dónde están los partidos, donde están los líderes de la ciudad, donde están los congresistas por Cajamarca. Donde están las voces de los denominados “moderados”, porqué si los planteamientos de Gregorio Santos y Wilfredo Saavedra son tan violentos y absurdos logran la adhesión de importantes sectores. La respuesta es muy sencilla, se llama vacío de poder, se llama ausencia institucional, se llama crisis del sistema político. Cómo es posible que estos personajes, en lo particular no comparto su prédica, le hayan tomado el pulso a la situación al haber mostrado mayor astucia y sagacidad que los propios partidos y el propio gobierno. Cuando existe un vacío de poder, cuando no existen instituciones que canalicen las demandas ciudadanas de manera democrática y pacífica, se abre un espacio para la aparición exitosa de representantes de los sectores más extremos. Tengo la impresión que la palabra equilibrio y mesura son desconocidas por todos en Cajamarca, no solamente por los impulsores de la protesta, sino también por los “defensores de la gran minería”, como Jorge Vergara, Presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, quien al parecer ha leído con fruición la obra “El perro del Hortelano” y se autoproclama como el “gran salvador de la inversión” en la ciudad, porque para él, al igual que para García, y ahora para Humala, los proyectos mineros van siempre sí o sí, a sangre y fuego, y con el todo vale.


El gobierno, que personifica al Estado, es el responsable de generar espacios para el diálogo, el gobierno es quien debe persuadir a las partes, buscando el entendimiento entre las mismas, el gobierno debe recuperar credibilidad. En esa línea, el gobierno, como ya dijimos, debe convocar a todos y a todas, el gobierno debe, a partir de la prudencia e imparcialidad, dar muestras claras de su voluntad por encontrar una salida consensuada, el gobierno no debe caer presa de las mezquindades de tal o cual grupo de presión. Muchos no creen en el diálogo, para los representantes de Conga el diálogo está cerrado, el estudio ambiental fue aprobado y el Estado debe imponer su fuerza, sacar a los efectivos a la calle y oficiar de guardián de sus intereses, así de sencillo. Para los organizadores de la movilización el proyecto Conga no va, el estudio medio ambiental es una farsa, las autoridades anteriores se sometieron a los dictados de los grupos mineros, y por ello, no creen en lo que ministros, alcaldes y demás puedan decir al respecto, dicho de otro modo, el proyecto Conga no va ni aunque el mismísimo Jesucristo lo avale.


Este es el escenario que debe enfrentar el gobierno, lo debe hacer con inteligencia, es una muy mala señal que sea el Ministro del Interior el que haya recibido el encargo de viajar a Cajamarca a conocer de la situación. Acaso no era mucho más lógico delegar esta función en el ministro del Ambiente, de Agricultura, o de Energía y Minas (siempre que no retornen a Lima en aeronaves de la empresa minera). Acaso la presencia del jefe político de las fuerzas policiales es una señal de clara apertura al diálogo y un rechazo evidente a la confrontación. Espero, como peruano, como cajamarquino, que la sangre no llegue al río, que la prudencia sea más fuerte que los radicalismos, que los rencores, las heridas y los problemas no resueltos del pasado, no terminen por nublar la mente de las autoridades y ciudadanos cajamarquinos. Pero ante todo, espero que al final del día se pueda llegar a una solución capaz de garantizar la protección del medio ambiente, del derecho al agua y del territorio de las comunidades, así como la inversión y el desarrollo de actividades económicas extractivas respetuosas del orden legal, cuyo éxito le permitan al gobierno destinar los ingentes ingresos que estas generan a la puesta en marcha de programas y proyectos de desarrollo social al servicio de los más pobres del Perú, de los más pobres de Cajamarca.

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