Un Gobierno en estado de emergencia

 

Una vez más en el Perú tenemos que lamentar la muerte de tres compatriotas: Eleuterio García Rojas, José Silva Sánchez y el menor de edad, Medina Aguilar (en caso de que las autoridades no recuerden la identidad de estos peruanos). Estos tres hombres cayeron producto del enfrentamiento desatado en Celendín (Cajamarca) entre las fuerzas del orden y los manifestantes que se oponen al proyecto minero Conga. Lo preocupante es que pasan los meses y el Gobierno ha sido incapaz de dar solución a esta problemática que paraliza el desarrollo y monopoliza el debate político. Qué duda cabe que el primer año Ollanta Humala puede ser resumido en una pregunta: ¿Conga va o no va?

Existen razones de sobra para justificar el descontento y falta de confianza de un importante sector de la población cajamarquina respecto a la manera cómo este proyecto pretende ser llevado adelante, así como en relación a la autonomía e independencia con las cuales las autoridades del Estado se han comportado frente a los conflictos socioambientales. Para muchos cajamarquinos el Estado, durante las dos últimas décadas, tomó abierto partido por las empresas mineras, haciendo caso omiso a las denuncias que desde la población se hacían en torno a la contaminación que dicha actividad generaba, y a otra serie de abusos y atropellos sufridos.

La protesta cajamarquina, y esa es una verdad irrefutable, logró colocar en agenda nacional el debate sobre la relación entre actividades extractivas, preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pareciera que en nuestro país el Estado asume su rol de garante de los derechos colectivos e individuales, únicamente cuando miles de personas toman las calles, plazas y carreteras. Dicho de otro modo, el Estado, nuestro Estado, necesita de la trifulca, el grito y la bulla, para mirar a quienes por décadas trató de invisibilizar. Ahora recién los observa, comprende y entiende, o al menos, eso es lo que nos han tratado de decir desde que se inició el problema de Conga.

Pero la protesta también tiene un límite, los ciudadanos tienen todo el derecho de expresarse, salir a las calles, organizarse y mostrar su total rechazo frente a lo que consideran una decisión injusta. En una democracia los derechos de reunión, libre expresión y protesta están y deben ser siempre garantizados. A lo que no tienen derecho es a cometer delitos, tomar las carreteras, disparar contra las fuerzas del orden, secuestrar a personas, incendiar instalaciones públicas o destruir la propiedad privada. Cuando ello ocurre, el Estado, a través de sus agentes especializados, está facultado para hacer uso legítimo de la fuerza de manera racional y proporcional. Si los que delinquen no son los manifestantes, sino grupos infiltrados que tratan de incendiar la pradera, el deber de quienes dirigen esta movilización es denunciarlos ante las autoridades para su juzgamiento. Lo otro, es convertirse en cómplices de criminales que disfrazados de ambientalistas creen estar por encima de la ley. ¿Entienden esta diferencia Marco Arana, Wilfredo Saavedra o Gregorio Santos? Yo creo que no.

El conflicto en Cajamarca ha dejado de ser ambiental, en realidad nunca lo ha sido. El problema en este departamento como en tantos otros es estrictamente político. En este entuerto tenemos dos frentes, uno que apuesta por la promoción de inversiones (en cualquier sector de la economía) y privilegia el inicio de grandes actividades extractivas, y el otro, que no cree en el modelo económico vigente, que niega y rechaza a la inversión (sobre todo si es minera, gasífera o petrolera) y propone un cambio de paradigma. Se trata pues de dos posiciones frente a un único concepto: DESARROLLO.

Es importante tener presente ello, pues si de lo que se trata es de llegar a una solución negociada entre los diversos actores, es preciso exigir transparencia y honestidad en la defensa de las posiciones. Gregorio Santos y compañía (hablo de Arana y Saavedra) tienen una posición ya definida en torno al tema: Conga no va. Ellos se sienten respaldados por una población para la cual el Estado carece de total credibilidad. Tantas veces el Estado nos ha mentido, señalan los comuneros, qué no tenemos razones para creer esta vez, afirman con contundencia. ¿Acaso este temor no es entendible? Yo creo que sí.

¿Qué debe hacer el Estado entonces? Muy simple. Para empezar, y dado que la construcción de los dos reservorios de agua tardará dos años, debe de aprovechar al máximo este tiempo para acercarse a la población, restablecer los canales de comunicación con los dirigentes campesinos y comuneros, y así ganar su confianza. El Estado, con todos sus recursos y su burocracia, sus técnicos y políticos, debe lograr que los cajamarquinos borren de su mente la imagen de un Estado ausente, copado por los intereses particulares y al servicio de los grandes grupos de poder. ¿Es tan difícil hacer ello? No. Si nos fijamos con atención, lo único que se demanda es la presencia de un Estado democrático e imparcial, que actúe en beneficio del interés general y aplique la ley sin importar a quién tiene en frente. Lo que pasa es que en nuestro país, como en América Latina, el Estado es muy fuerte para reprimir a los débiles, y muy débil para hacer que los poderosos se sometan al imperio de la ley.

El problema en Cajamarca es político, y la solución debe llegar por ese lado. El Gobierno necesita redefinir una estrategia política para ganar la adhesión de la mayoría en este departamento. Conga puede haber recibido el visto bueno desde el punto de vista técnico, y ser un proyecto que generará ingresos millonarios, pero será imposible que este sea viable si la mitad de la población lo rechaza. Es cierto que este problema viene de muchos años atrás, que la deuda que tiene el Estado con los pueblos de la sierra de nuestro país es muy grande, que han sido décadas de indiferencia frente al problema de la pobreza y la exclusión en estos lugares. Pero los problemas no pueden ser eternos, alguien tiene que solucionarlos, y ese alguien es el actual Presidente de la República.

Ollanta Humala prefiere mantener el perfil bajo, él sabe que en gran medida la crisis que hoy enfrenta se la debe a su propia irresponsabilidad. Los que protestan en Cajamarca el día de hoy fueron sus compañeros de lucha durante toda la campaña electoral. Seamos sinceros, Ollanta Humala colaboró con Gregorio Santos y Marco Arana, y enarboló con igual radicalismo las banderas del discurso antiminero. Hoy cosecha lo que sembró. Con esos antecedentes, la tarea se hace mucho más difícil, la población se siente engañada, frustrada y humillada, una vez más nos han mentido, dicen los dirigentes. ¿Tienen razones estos señores para confiar en Ollanta Humala esta vez? Saque usted sus propias conclusiones.

La situación es muy compleja, se vienen tiempos muy difíciles para este Gobierno. La batalla será política, Ollanta Humala necesita de operadores y alfiles políticos con capacidad para librar una lucha ideológica que le permita ganar la partida. Por lo pronto, los cambios en el gabinete ministerial son una urgencia. Se equivocó el presidente cuando optó por un gabinete de “puros tecnócratas”, porque los conflictos sociales no los solucionarán ingenieros, empresarios o ex militares. El Gobierno debe retomar el rumbo, convocar a las fuerzas políticas, abrir su entorno. Conga va a ir solo si en Cajamarca el nivel de crispación y de rechazo frente a este proyecto y a la compañía que está detrás del mismo desciende. De otro modo, veo difícil que Conga vaya.

Ollanta Humala debe entender que Conga representa algo más que Conga. No nos olvidemos que junto a Conga, en la misma cabecera de cuenca, están los proyectos Lumina Copper y Michiquillay. Entonces, si el Gobierno no logra llevar adelante este proyecto, asegurando el respeto por el medio ambiente, los reservorios de agua y los derechos de las comunidades, tanto Cajamarca como el país enteró sufrirán pérdidas enormes. El escenario es este, la responsabilidad política en este tema es del Gobierno. El presidente debe recuperar el liderazgo, no puede permitir que sean otros los que le fijen la agenda. Él debe tomar la iniciativa. Debe hacerlo con inteligencia y manejo político. No puede ser que cada vez que se presente un conflicto (ya no hablaré de la prevención), la única respuesta sea la declaración de estados de emergencia. Eso solo es sinónimo de debilidad, torpeza e improvisación.