KEIKO FUJIMORI Y CUARTO PODER

El programa dominical Cuarto Poder (edición 15MAY2016) emitió un reportaje en el cual dio a conocer que la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) está llevando a cabo una investigación sobre una grabación encubierta en la que el señor Joaquín Ramírez, Secretario General de Fuerza Popular, presuntamente afirma haber lavado 15 millones de dólares de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Como era de suponerse, el destape periodístico ha caído como una bomba en la agrupación fujimorista. Es más, la propia Fujimori se comunicó telefónicamente con el programa televisivo para negar cualquier tipo de participación en los actos delictivos que habría cometido su Secretario General. 

Sin embargo, en lugar de aprovechar la oportunidad para sentar posición institucional frente al destape, que sin lugar a dudas la coloca en una situación muy difícil a 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, Fujimori responsabilizó a PPK, el otro candidato presidencial, e inclusive, al Colectivo No a Keiko, de orquestar una guerra sucia en su contra, para luego, cortar abruptamente la conversación telefónica con los periodistas de Cuarto Poder. En otras palabras, Fujimori se ofuscó, perdió los papeles y les colgó el teléfono.

La reacción de Fujimori, que en el caso de cualquier mortal sería perfectamente entendible, no lo es cuando se trata de una persona que aspira a ocupar el cargo más importante de nuestro país. Ello es así, ya que los ciudadanos consideran que los hombres y mujeres de Estado, a pesar de las adversidades y críticas que puedan recibir en su contra, deben siempre mantener la calma. ¿Cómo reaccionará ante las críticas Fujimori si eventualmente se convierte en presidenta del Perú? Peor aún, una actitud como la de Fujimori genera más dudas sobre la trayectoria del señor Joaquín Ramírez, ya que en lugar de respaldar la investigación de un delito tan grave como el lavado de activos, la candidata de Fuerza Popular no hizo hecho otra cosa que tratar de desprestigiar al mensajero.

Ahora bien, resulta extraño que Fujimori responsabilice a PPK, y a los medios de comunicación por haber propalado este reportaje. En otras palabras, actúa como si las dudas sobre la conducta y actividades del señor Joaquín Ramírez hubiesen aparecido recién con el reportaje de Cuarto Poder. Al parecer, Fujimori olvida que en 2015 la fiscal provincial Rosana Villar Ramírez ya había iniciado el trámite de levantamiento de la inmunidad parlamentaria al congresista Joaquín Ramírez, justamente por el delito de lavado de activos.

Es más, según lo ha explicado la propia magistrada, el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria obedece a que se habrían encontrado una serie de indicios razonables sobre la responsabilidad penal del señor Joaquín Ramírez por lavado de activos, y por ende, para poder investigarlo, era necesario que el Congreso de la República autorice el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Sobre esto último, formulo la siguiente pregunta: ¿Teniendo en cuenta los antecedentes del fujimorismo, podemos confiar en que sus 72 congresistas electos para el periodo 2016-2021 levantarán la inmunidad parlamentaria de uno de ellos cuando el Ministerio Público así lo requiera? Yo tengo muchas dudas al respecto.

Asimismo, es oportuno recordar que la investigación fiscal fue abierta tras la denuncia interpuesta por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos contra el señor Joaquín Ramírez, el 9 de setiembre de 2014. Al respecto, es importante precisar que la referida Procuraduría lo acusó de poseer “conjuntamente con su esposa, Rosa Castañeda, un inmenso patrimonio inmobiliario al que se suman millonarias inversiones y acciones, en personas jurídicas, que no guardan relación con sus ingresos iniciales, como cobrador de transporte público-combi”.

Ahora bien, resulta claro que en una democracia el respeto por el principio de presunción de inocencia es uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho. En ese sentido, mal haríamos en sentenciar mediáticamente al señor Joaquín Ramírez sin haberle dado la oportunidad, en el ámbito correspondiente, de ejercer a cabalidad su derecho de defensa. Por lo tanto, serán los tribunales, si el caso llega hasta esa instancia, los encargados de determinar la responsabilidad penal del señor Joaquín Ramírez. Eso desde una óptica estrictamente jurídica.

Sin embargo, el razonamiento político merece otro tipo de consideraciones. ¿Resulta conveniente para Fujimori, para su partido político, para el país en general, que el Secretario General de Fuerza Popular, tenga denuncias en su contra por la comisión de un delito tan grave como el de lavado de activos? Es más, independientemente de lo señalado en el reportaje de Cuarto Poder, y concentrándonos en lo denunciado por nuestro Ministerio Público: ¿Resulta conveniente que Fujimori, candidata presidencial que cuenta con muchas posibilidades de alcanzar la Presidencia del Perú, tenga en su círculo más inmediato de colaboradores a una persona como el señor Joaquín Ramírez, sobre la cual recaen serias acusaciones en torno al origen de su fortuna y a la legalidad de sus negocios?

Esa es la pregunta que Fujimori debería hacerse, en lugar de culpar a terceros por las acusaciones que se formulan en contra del señor Joaquín Ramírez, las mismas, que como ya hemos visto, fueron presentadas, primero por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos (2014), y luego, por el Ministerio Público (2015).

Finalmente, es fundamental que en un país como el Perú, agobiado por el cáncer de la corrupción, y convertido en el primer exportador de cocaína del mundo, los políticos, sobre todo quienes aspiran a dirigir los destinos de la patria, tengan una posición de deslinde y lucha frontal contra ambos flagelos. Los candidatos presidenciales deberían ser los más interesados en investigar la hoja de vida de sus colaboradores. Es cierto que ningún partido político puede investigar el pasado de todos sus militantes. Pero vamos, el señor Joaquín Ramírez, no es cualquier militante, es nada más y nada menos que el Secretario General de Fuerza popular, y uno de los principales aportantes a la campaña de Fujimori. Algo que al parecer, la candidata Fujimori no logra comprender.