SENDERO LUMINOSO EN EL INFORME FINAL DE LA CVR

Como lo señalé hace unas semanas, uno de los temas -sino el más recurrente- que suelen usar los enemigos de la CVR para atacarla y cuestionar el contenido de su IF es Sendero Luminoso (SL). Para los críticos de la CVR –que estoy seguro no han leído su IF, pero que de manera maliciosa repiten las mentiras proferidas por cierto sector político- este fue muy benigno con SL al no condenar su accionar terrorista, hecho que ha servido para que este movimiento equipare su actuación a la de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero además, los enemigos de la CVR señalan en las redes sociales (previa ráfaga de insultos hacia mi persona, dicho sea de paso), que la CVR se autoproclamó, en un exceso de autosuficiencia, como la depositaria de la verdad en nuestro país, prueba de ello sería el nombre de su “Informe Final”, como si luego de su trabajo no hubiera más qué decir sobre lo ocurrido.

Por eso en esta columna me ocuparé de desmentir a los enemigos de la CVR que afirman que su IF fue demasiado blando con SL. Pero previamente, debo señalar que la CVR jamás creyó dictar la última palabra sobre lo ocurrido. De hecho, la propia CVR ha señalado que su IF debía servir para que el Estado, a través de sus instituciones: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otras, asuma la responsabilidad de seguir investigando los casos de violación de los derechos humanos registrados durante el conflicto armado interno.

Es más, la propia CVR en su IF establece una serie de recomendaciones encaminadas -justamente- a la concretización de este propósito. En todo caso, lo que sí hizo la CVR en su IF fue dar cuenta de los hallazgos encontrados hasta el final de su mandato. En otras palabras, el IF de la CVR no hace otra cosa que contar lo que esta encontró hasta antes de ser disuelta. Nada más.

Lo que la CVR sí dijo sobre SL en su IF

Frente a las mentiras que sobre este punto los enemigos de la CVR suelen decir en los medios (lo que ocurre en las redes sociales es tremendamente preocupante), nosotros creemos necesario contarle a los ciudadanos -sobre todo a los más jóvenes- lo que la CVR sí dijo sobre SL, para que sean ellos mismos los que luego de conocer la verdad se encarguen de ajustar cuentas con todos aquellos que desde la entrega del IF se encargaron de cuestionarlo sin haberse tomado la molestia de leerlo.

Primero, la CVR consideró que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el estado peruano en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.

Segundo, para la CVR el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR.

Tercero, la CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar. Para la CVR el PCP-SL no mostraba el menor respeto por la vida y los derechos humanos de las víctimas.

Cuarto, subrayen esto, la CVR encontró un potencial genocida en proclamas del PCP-SL, que llaman a “pagar la cuota de sangre”, “inducir genocidio” y que anuncian que “el triunfo de la revolución costará un millón de muertos”. Esto para la CVR se conjugó con visiones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas.

Quinto, para la CVR el PCP-SL no tomó en cuenta las necesidades y aspiraciones económicas del campesinado, ni de sus organizaciones propias, y convirtió, más bien, a los campesinos en masa que debía someterse a la voluntad del partido. Prueba de ello fue el asesinato masivo de dirigentes sociales, hombres y mujeres, dirigentes campesinos, sindicales, barriales, magisteriales y organizaciones de mujeres.

Sexto, la CVR constató que la violencia extrema practicada por el PCP-SL en las localidades rurales de los andes se extendió también a los centros urbanos. Además, señaló expresamente que Lima y otras ciudades fueron también escenarios complementarios de violencia y sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y otros actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de coche-bomba.

Séptimo, la CVR evidencia –lo dice con todas sus letras- la profunda irresponsabilidad y menosprecio del PCP-SL hacia sus propios militantes a quienes inducía a matar y a morir de la manea más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reinoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente durante todo el conflicto.

Octavo, la CVR señaló que si bien el PCP-SL logró su cohesión interna a través del llamado Pensamiento Gonzalo que reflejó el culto a la personalidad de Abimael Guzmán Reinoso, la incongruencia de su líder se expresó de la manera más patente cuando, tras ser capturado, abandonó casi inmediatamente la tesis del equilibrio estratégico y solicitó al gobierno un acuerdo de paz junto con un reconocimiento explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

La verdad de las mentiras

Como hemos podido apreciar, es absolutamente falso, como dicen los enemigos de la CVR, que el IF haya justificado el accionar de SL. Muy por el contrario, la CVR condenó con la mayor severidad la actuación terrorista de este movimiento subversivo. Eso sí, lo hizo llamándolo por su nombre, por la denominación que aparece en sus documentos oficiales: Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Pero eso no quiere decir que la CVR haya considerado a SL como un partido político o un movimiento guerrillero. Esa es otra falacia monumental que los enemigos de la CVR han pretendido instalar en el imaginario colectivo, y que esperamos haber desmentido contundentemente.

Nota: La CVR plantea un número mayor de conclusiones sobre SL, pero por razones de espacio nos las hemos reproducido. En todo caso, hacemos referencia a estas 8, que a nuestro juicio son las principales, tomando como referencia la selección hecha por Herbert Morote en su libro titulado: “Todos contra la verdad”, cuya lectura debería ser obligatoria para cualquier peruano.

LAS VICTIMAS DEL HORROR

Hablar del Informe Final de la CVR sigue siendo una tarea muy difícil en nuestro país. Quienes están a favor de su contenido son tildados de comunistas, rojos o caviares. Por su parte, quienes están en contra son vistos como fachos, reaccionarios o defensores del terrorismo de Estado. 

Un maniqueísmo absurdo

En nuestra opinión, ambas posiciones son igualmente absurdas y maniqueas. La lógica es muy simple: respaldar el diagnóstico de una investigación no te convierte en defensor de una ideología, así como estar en contra no dice nada sobre la posición política de sus detractores; sobre todo en un país como el nuestro en el cual no se puede hablar de una “sola izquierda” o una “sola derecha”, y menos de una identificación ideológica fuerte.

Nosotros consideramos que el Informe constituye la investigación más importante que se ha hecho en el Perú sobre los años de violencia política que los peruanos padecimos durante más de una década. Eso no quiere decir que este Informe esté exento de errores o imprecisiones. Como toda obra humana, este trabajo siempre será susceptible de ser mejorado con información y enfoques que contribuyan a consolidar su contenido, esclareciendo las dudas que en su momento se hubiesen podido generar en torno a algunas de sus conclusiones.

Muchos críticos no han leído el Informe

No obstante ello, ninguna persona que haya leído (por completo) el Informe, despercudida de los prejuicios y sesgos ideológicos que enturbian el análisis y nublan el juicio, puede desmerecer el valioso trabajo que los Comisionados llevaron a cabo durante todo el tiempo que les tomó la elaboración de esta investigación.

En todo caso, y a pesar de las posibles críticas, insultos o agresiones que seguramente recibiremos de parte de los que a lo largo de los últimos años se han empeñado en atacar de manera virulenta a quienes respaldamos las conclusiones vertidas en el Informe (la gran mayoría), nosotros consideramos fundamental, a 11 años de la presentación del Informe Final de la CVR, recordar el rostro de las víctimas de la demencial violencia desatada por el movimiento terrorista Sendero Luminoso.

Víctimas de la desigualdad

La CVR determinó que la violencia armada no afectó de manera uniforme a todos los ámbitos geográficos ni a los diferentes estratos sociales del país. La violencia se concentró en las zonas marginales de nuestra sociedad, en los pueblos y áreas menos integradas a los centros de poder económico y político de nuestra patria. Los datos encontrados por la CVR permiten afirmar que los actores del conflicto seleccionaron a sus víctimas al interior de los lugares más pobres y olvidados de las regiones y localidades que fueron el escenario de esta delirante violencia.

La sierra se desangraba

Como ya lo hemos señalado, la violencia política afectó con mayor dureza a las zonas más pobres y excluidas de nuestro país. Pero en el Perú, como todos saben, los más desamparados han sido siempre los campesinos del área rural. 

Por eso no debe sorprendernos que Ayacucho sea el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Adicionalmente, la CVR determinó que en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, se registraron cerca del 85% de las víctimas que le fueron reportadas. 

Esto demuestra, aunque algunos todavía insistan en negarlo, que existe una relación directa entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es una simple coincidencia que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno (Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica) sean considerados dentro de la lista de los cinco departamentos más pobres de nuestro país.

Si el Perú fuese Ayacucho

¿Qué hubiera pasado si la violencia desatada en Ayacucho se replicaba en todo el país? Esta es una pregunta que es importante hacer pues nos permitirá apreciar con claridad la magnitud de la tragedia que le tocó vivir a este departamento. La CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron durante los años del conflicto armado interno entre 1980 y 2000 en Ayacucho.

Ahora bien, si esa proporción estimada de víctimas para Ayacucho respecto de su población en 1993 se hubiera replicado en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales 340 mil (aproximadamente) habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos capitalinos de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina.

Se seleccionaron a las víctimas

La CVR afirma que a pesar de que la violencia tuvo un carácter masivo y estuvo concentrada en las zonas más excluidas y marginadas de nuestra sociedad, los principales actores del conflicto desarrollaron una estrategia de selección de víctimas en atención a los objetivos que estos actores buscaron alcanzar. Así pues, a partir de los testimonios recogidos por la CVR, podemos decir que el perfil de las víctimas fue el que mostraremos a continuación.

Los líderes y las autoridades locales

Fueron uno de los blancos del terrorismo de Sendero Luminoso. Eso significó que las personas que tenían responsabilidades importantes o desempeñaban labores de liderazgo social o político en sus respectivas comunidades se convirtieron en potenciales enemigos y víctimas de este movimiento terrorista (es imposible no recordar la figura de María Elena Moyano).

La cifras son tan contundentes que permiten afirmar que después de los campesinos, el segundo grupo ocupacional más golpeado por Sendero Luminoso, estuvo conformado por las diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las zonas en las cuales el conflicto se desató (alcaldes, regidores, prefectos, sub prefectos, jueces de paz, dirigentes barriales, etc.).

Agricultores y ganaderos

La CVR señaló también que las personas dedicadas a actividades agropecuarias representan el 57% de las víctimas causadas por Sendero Luminoso; sin embargo, existen diferencias al interior de ese mismo grupo, entre los campesinos medianamente prósperos y los más pobres, entre aquellos que contaban con la posibilidad de acceder a centros de poder (económico y político) local o regional y los más excluidos.

Esto hizo que los campesinos más prósperos fueran perseguidos y maltratados con mucha mayor violencia por parte de Sendero Luminoso. Para este movimiento terrorista, todos aquéllos agricultores o ganaderos que tuvieran contactos con el mercado, las instituciones formales o las redes de poder económico y político, eran considerados “enemigos de la clase del proletariado y del campesinado” o “agentes del Estado feudal y burocrático” que debían ser aniquilados.

Las víctimas de los agentes del Estado

Las fuerzas del orden seleccionaron a sus víctimas de acuerdo con el perfil general de quienes podían ser proclives a integrarse a los grupos terroristas. ¿Quiénes eran y qué características tenían? Eran los jóvenes con educación secundaria y superior que habiendo generado expectativas de ascenso social y progreso económico que no fueron satisfechas por las escasas oportunidades locales y regionales, fueron seducidos por el discurso de cambio social y político de Sendero Luminoso, en el cual los jóvenes “serían los verdaderos artífices del mundo nuevo”.

Al mismo tiempo, es posible hacer una diferencia en cuanto a la edad de las víctimas. Así, la proporción de personas menores de 30 años es mayor entre las víctimas del Estado, mientras que las víctimas mayores de 40 años se cuentan en mayor proporción entre las víctimas de Sendero Luminoso. Además, de acuerdo a los testimonios recogidos, se sabe que dentro de los detenidos por delito de terrorismo, más de la mitad de ellos tenían entre 20 y 29 años al momento de ser detenidos por los agentes del Estado y 45% de ellas tenían algún nivel de instrucción superior.

Esto hace que una estrategia de selección de víctimas basada en categorías tan generales (edad, grado de instrucción, lugar de nacimiento), aplicada de manera general y sistemática, conduje inexorablemente a la comisión de graves violaciones contra los derechos humanos, y eso no quiere decir, de ninguna manera, que el Informe tenga un sesgo en contra de los militares o policías, son los datos y testimonios los que arrojan esta terrible conclusión.

El sexo y la edad de las víctimas

Se sabe que la violencia no afectó del mismo modo a mujeres y hombres por igual ni estuvo distribuida uniformemente entre todos los grupos de edad. ¿Qué sexo y edad tenía el grueso de las víctimas? Fueron los hombres entre 20 y 49 años quienes conformaron el mayor grupo de víctimas fatales reportadas a la CVR (más del 50%) mientras que las mujeres de todas las edades suman cerca del 20% del total de víctimas. En otras palabras, el conflicto afectó sobre todo a hombres jefes de hogar, es decir, el grupo de la población con mayor cantidad de hijos dependientes, responsables económicos y políticos en sus localidades.

 Asimismo, se sabe que fueron las mujeres y los niños las víctimas que con mayor frecuencia aparecen en situaciones de violencia indiscriminada como son las masacres. La CVR ha señalado que conforme aumentaba el tamaño del grupo de personas asesinadas, también aumentaba la proporción de mujeres y niños menores de 15 años. Y claro, fueron los niños las víctimas menos identificadas en estas matanzas (los sobrevivientes no los reconocían).

Memoria para construir un mejor país

Fueron los desposeídos y olvidados de nuestra patria los que sufrieron los mayores horrores de esta barbarie. El problema es que luego de años de vida republicana, el panorama y las condiciones estructurales de atraso y postergación de gran parte de nuestro país aún siguen vigentes. Nuestro deber es acabar con esta situación que indigna y subleva el corazón de la mayoría de peruanos. Por eso ahora, a 11 años del Informe Final de la CVR es importante mirar atrás, observar la tragedia que nos tocó vivir, mirar lo que fuimos y lo que debemos dejar de ser, pues esa será la única manera de construir un país menos injusto y más solidario para todos los peruanos.

Para que casos como el de Giorgina Gamboa no se repitan

Todo ello debemos hacer como sociedad para que en un futuro, casos como los descritos, crímenes terribles e infames como el de Giogiana Gamboa, mujer violada por 7 sinchis (policías) en 1980, a la edad de 15 años, jamás se vuelvan a repetir en nuestra patria. Hemos querido recordar el caso de Giorgina Gamboa, pues hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha aceptado la petición para esclarecer estos hechos, por lo que el Estado peruano tendrá que explicar, entre muchas otras cosas, por qué, a pesar del tiempo transcurrido y de las pruebas contundentes que acreditan la responsabilidad de los sinchis, el caso se archivó -dos veces- absolviendo a todos los implicados.

Finalmente, lo que los peruanos debemos tener claro, es que si aspiramos a construir una sociedad civilizada, debemos primero hacer justicia, buscar la verdad, luchar contra la impunidad, pues ese es el único camino para alcanzar la auténtica reconciliación nacional, es la única fórmula para dejar atrás nuestro pasado vergonzante, enterrar a nuestros demonios, y dejar que el alma de nuestros muertos descanse en paz. Creo que la mejor forma de terminar esta columna es citando las palabras que Giogina Gamboa pronunció en una entrevista: “Yo solo quiero que me pidan perdón”.

Verdad y Reconciliación: una tarea pendiente

Este 28 de agosto se celebra el sexto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En esta oportunidad, nos parece de suma importancia para la sociedad peruana recordar algunos de los datos más importantes que dicho informe arrojó, en un esfuerzo por rescatar nuestra memoria colectiva, la misma que nos ha de permitir corregir los errores que como sociedad cometimos y que hicieron posible el inicio de la violencia política en nuestro país. Entender las causas del fenómeno, analizar las razones del conflicto, la estrategia y pensamiento de los actores del mismo, es una tarea que todo peruano debe emprender.

La CVR fue instituida en un momento en el cual en el Perú, una vez más, se hacían enormes esfuerzos por recobrar la democracia. El Gobierno de Transición del ex Presidente Valentín Paniagua, decidió convocar a un conjunto de hombres y mujeres encargándoles la titánica tarea de investigar y hacer pública la verdad de lo ocurrido durante los veinte años de violencia de origen político iniciados en la década de los ochenta. En ese sentido, es preciso contextualizar dicha iniciativa, el esfuerzo por instaurar una CVR se dio dentro de un marco de medidas adoptadas por el nuevo gobierno con la finalidad de devolverle al pueblo peruano la democracia años antes perdida. Es importante, en todo caso dejar en claro, que esa democracia no se perdió por arte de magia, que dicha pérdida no fue producto del azar, o fruto de los designios inmodificables de la historia, esa fue una democracia a la cual abandonamos y dejamos languidecer poco a poco, minuto a minuto todos y cada uno de los peruanos, ya que cuando una democracia no se ejerce de manera cotidiana, con vehemencia y convicción, ésta pierde lealtad entre los ciudadanos y cae frente al más mínimo soplido autoritario.

La CVR señaló en su informe final que la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas de horror supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes e instituciones del Estado. Sin lugar a dudas, tan estremecedora cifra nos habla de un escenario en le cual es imposible hablar ya de errores o excesos cometidos por los actores del conflicto, nos habla también de un conflicto que no pudo ser desconocido por autoridad política o ciudadano alguno, nos revela y cuestiona lo más profundo del corazón del Perú, en palabras de su presidente, Salomón Lerner Febres, este informe expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron.

Pero la importancia del informe final de la CVR va más allá del dato exacto en torno al número de víctimas caídas durante el conflicto (69 mil como ya dijimos anteriormente), el informe final da cuenta de una sociedad profundamente escindida, partida por la mitad, una sociedad que discrimina, invisibiliza y olvida a los más pobres y desposeídos. Así el comportamiento de los actores del conflicto demuestra una profunda falta de identificación humana con el prójimo que resulta escalofriante escalofriante, al cual no se le considera como igual, al cual se lo estigmatiza por su origen racial, étnico o por su lengua materna, actitud que explica, en cierto modo, la cifra de víctimas, y la manera brutal como miles de peruanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos.

Como prueba de lo dicho anteriormente podemos recordar algunos de los más importantes datos que expuso la CVR en su informe final:

De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata pues de un sector de la población históricamente olvidado por el Estado peruano, un sector al cual los servicios básicos de educación, salud, justicia, año tras año y gobierno tras gobierno, le han sido negados, se trata de un sector de nuestra población que no es únicamente víctima del olvido de la autoridad estatal o de la clase dirigente sino víctima de la indiferencia y la desidia del resto de la población urbana que sí goza de aquellos beneficios que al sector campesino aún le son esquivos. Sin lugar a dudas, el informe nos habla de un sector del Perú que clama ser incluido y exige ser parte de un país que parecen sólo conocer aquellas personas que viven en las capitales de departamentos o en ciudades donde la presencia del Estado es mayor.

Por otro lado, fueron las zonas, rurales y campesinas, donde se concentró el mayor número de víctimas, no sólo a escala nacional, sino dentro de los mismos departamentos. Así por ejemplo, Ayacucho es el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Lo mismo ocurre con los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, en estos departamentos la CVR ha registrado cerca del 85 % de las víctimas que le fueron reportadas. Podemos afirmar entonces, que a la luz de los resultados obtenidos por la CVR, existe una relación directa entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es coincidencia que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean considerados en la lista de los cinco departamentos más pobres del Perú.

La CVR llega también a la conclusión que la violencia no afectó a hombres y mujeres por igual ni estuvo distribuida uniformente en todos los grupos. Fueron los hombres entre 20 y 49 años los que engrosaron la lista de víctimas fatales (más del 55%), mientras que las mujeres suman poco menos del 20%.

La CVR también revela que en el caso de las mujeres y niños ellos aparecen como las víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos. Así, conforme aumentaba el tamaño del grupo de asesinados en un mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y niños menores de 15 años.

Estos son sólo algunos de los datos más saltantes que el informe arroja y que al parecer el grueso de la sociedad peruana parece haber olvidado. En pocos días, se celebrará el sexto aniversario de la entrega de este informe, y el Estado peruano aún no ha hecho una revisión exhaustiva del mismo que le permita entender la complejidad y magnitud del conflicto, revisión que posibilite una real y cabal adopción de una política de reparaciones individuales y colectivas que en alguna medida ayuden a cerrar las heridas aún abiertas en los corazones de miles de peruanos víctimas directas o indirectas de la violencia política.

Queda claro que la búsqueda y conocimiento de la verdad abre el camino hacia la reconciliación nacional, pero ella no será posible sino va acompañada de una clara y decidida voluntad política del Estado y de la sociedad por corregir aquello que, so pretexto de una transformación social a gran escala, fue utilizado por los movimientos subversivos para desatar su insana conducta. Son muchas las reformas e iniciativas que el Estado debe emprender para convertir al Perú en un país mucho más inclusivo, democrático y justo, muchas de esas reformas están contempladas en las recomendaciones hechas por la CVR, la pregunta es ¿Cuántas de ellas han sido tomadas en cuenta por los gobiernos de turno?

Se cumplirá un aniversario más del informe, tendremos la oportunidad de volver tras nuestros pasos para poner en discusión los temas abordados en este documento histórico, tendremos la posibilidad de reencontrarnos con nuestra memoria colectiva, de recordar a aquellos que estuvieron y que hoy ya no están, pero sobre todo, tendremos la oportunidad de volver a mirar como sociedad el rostro de un Perú aún adolescente, que lucha por alcanzar el desarrollo y el progreso y que olvida, muchas veces, en ese duro camino, al sin número de ciudadanos que aún reclaman justicia.

Por eso es importante tener siempre presente aquello que como sociedad nos tocó vivir durante dos décadas, incorporarlo en nuestra memoria histórica para evitar que se vuelvan a repetir los hechos que enlutaron a la familia peruana, aún cuando al parecer este sea un esfuerzo que sólo algunos peruanos estamos dispuestos a hacer. Entristece en todo caso ver como los medios de comunicación, que en un momento estuvieron prestos a llenar de flashes a los miembros de la CVR, hoy en día tratan al tema como algo intrascendente. Hace algunos días, luego de 25 años, los restos de 25 de los 129 muertos en Putis, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho, fueron identificados y entregados a sus familiares, sin embargo, el tema, más allá de una pequeña nota a pie de página ha pasado desapercibido en los medios, como dice Carlos Basombrío, pareciera que los temas realmente importantes están destinados a perder la batalla e interés mediático frente a las peleas de Magaly con Mónica Hoyos o el asesinato de Myrian Fefer, ello da cuenta de una sociedad peruana aún indiferente, indolente, egoísta en la cual la lucha por buscar la verdad y reconciliación entre los peruanos es aún una tarea pendiente

Rafael Rodríguez Campos

Para que no se repita

Cuando la primera ministra alemana, Angela Merkel, vino en visita oficial a nuestro país hace algunos meses ofreció que su gobierno financiaría un museo de la memoria, que sirva como un testimonio genuino y real que nos ayude a pensar y reflexionar sobre las enormes pérdidas humanas, materiales y morales y el enorme dolor que padeció nuestro país durante los años del terror. Al parecer esta idea surgió cuando la ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, visitó la exposición fotográfica Yuyanapaq (Para recordar), que se exhibe en el Museo de la Nación. Organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Esta muestra exhibe 200 fotografías que ilustran la violencia desencadenada en el Perú por los grupos terroristas, así como por las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares que los combatían.

Recordemos que durante la época de la violencia política (1980 y 2000) fueron más de 70000 los peruanos que perdieron la vida víctimas del terrorismo y de las fuerzas del orden, en mucha menor medida, la mayoría de los cuales eran quechua hablantes, campesinos humildes, mujeres y niños en estado de indefensión, analfabetos, es decir, la población más vulnerable de nuestro país.

Durante el gobierno del ex presidente Valentín Paniagua, quien lideró la denominada transición democrática luego de la caída de la dictadura de Fujimori, se decidió crear una Comisión de la Verdad y Reconciliación para que investigue, analice y documente, las razones y el desarrollo de la guerra desatada por Sendero Luminoso y el MRTA, la respuesta que la sociedad y el Estado peruano ofrecieron frente a esta tragedia social y propusiera una propuesta integral para la reparación de las víctimas y la reconciliación de todos los peruanos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó una exhaustiva labor de análisis e investigación a lo largo de todo el territorio nacional, entrevistó a las víctimas directas del horror de aquellos años, a los familiares de los desaparecidos, organizó audiencias públicas en las cuales los pobladores de las comunidades más alejadas afectadas por la violencia por fin eran escuchados y conocidos por la sociedad peruana, por una sociedad que durante años los mantuvo en silencio, los invisibilizó, los hizo a un lado.

Finalizada su tarea un amplio sector de la opinión pública destacó y reconoció la importante labor que esta desarrollo y a su vez hizo suyo el conjunto de conclusiones y recomendaciones que en su informe final hiciera con la intención de cerrar las heridas dejadas por la violencia terrorista y nos permitiera avanzar como sociedad, recordando a las víctimas, las cuales son sin lugar a dudas héroes anónimos de esa lucha, investigando los delitos de lesa humanidad que se documentaron, sancionando a los responsables, y reparando individual y colectivamente a los familiares y víctimas. Pero como para no perder la costumbre insana tan peruana de responder con mezquindad el esfuerzo de otros peruanos (los comisionados) cuyo único pecado fue asumir el reto de abrirnos los ojos como país para horrorizarnos con el rostro de nuestra propia sociedad, que durante tantos años mantuvo en la más completa marginalidad y orfandad a la mayoría de los peruanos residentes en la sierra y selva del Perú, no tardaron en aparecer en escena grupos críticos de tan notable trabajo, grupos que no queriendo asumir la responsabilidad histórica que el informe les asignaba, no dudaron en atacar con intolerancia y mezquindad el informe con un discurso plagado de inexactitudes, medias verdades, mentiras que hoy el Ministro de Defensa, Ántero Flores Araoz, repite legitimando la posición de sectores cuya actuación durante los años del horror fue más que discutible.

Fueron los círculos militares, la iglesia, y sobre todo los sobrevivientes de ese rancio fujimorismo los que se encargaron de enlodar la labor de la comisión, no sólo atacando el contenido del informe, tildándolo de inexacto, de poco generoso con las fuerzas del orden que durante esa época defendieron a nuestra sociedad frente a la violencia dilerante expresada en el pensamiento marxista- leninista y maoísta de Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, sino también atacando a todas y cada una de las personas que formaron esa comisión, a las cuales muchas veces se las trató de pro senderistas. Tamaña injusticia.

Como era de esperarse, la ministra alemana cumplió con su palabra y propuso donar 2 millones de dólares para el Perú para la construcción del mencionado museo, el que según tenemos entendido cuenta con un terreno ubicado en el Campo de Marte. Sorprendentemente nuestro gobierno, en una actitud por demás intolerante e indefendible hizo saber su negativa ha dicho donación, siendo el mencionada ministro Ántero Flores Araoz el encargado de llevar a cabo tan ignominioso encargo, ignominioso no sólo por la negativa en sí misma sino por la tan lamentable justificación que ofreció a la opinión pública.

El ministro señaló que “el Perú no está para museos, que en un país donde tantos peruanos se mueren de hambre, donde se necesitan escuelas y hospitales, un museo no es una prioridad”. Sumado a ello terminó por refrendar las críticas que los sectores más autoritarios de nuestra sociedad la hicieran al trabajo de la comisión, denunciando un supuesto sesgo en el proyecto de construcción del Museo de la Memoria. “Si ven las fotos (de Yuyanapaq) hay muy poco, poquísimo de lo que sufrieron las Fuerzas Armadas. (La memoria) no debe tener un ojo tuerto, debe ser la cara con dos ojos”, sentenció.

Al parecer el Ministro de Defensa no ha leído o no ha querido leer con atención todos y cada uno de los 9 volúmenes del informe de la comisión, el cual constituye un esfuerzo a todas luces inobjetable por darnos a conocer con la mayor dosis de imparcialidad la verdad histórica de esos años. En ninguno de sus volúmenes el informe desconoce la labor de las Fuerzas Armas y la Policía Nacional del Perú en la defensa de nuestra sociedad frente al terror, en ninguna parte del informe se trata con indulgencia a los grupos terroristas, más aún, se los responsabiliza por la mayor cantidad de crímenes cometidos durante esa época, no obstante ello, y luego de analizar innumerables documentos, cruzar información y escuchar testimonios hasta ese entonces desconocidos, tuvo el valor de señalar la responsabilidad de agentes del Estado y grupos paramilitares que en determinadas zonas de nuestro país se convirtieron en verdaderos perpetradores de innumerables violaciones de los derechos humanos de la población civil, la cual fue sin lugar a dudas la más afectada, muchas veces expuesta al fuego encontrado de ambos frentes.

Que en el Perú estamos llenos de carencias es cierto, que el Perú afronta gravísimos problemas en el campo de la educación y la salud, es cierto también, pero afirmar que el Perú no necesita museos o que los museos no son una prioridad es una frase que lo único que hace es dar cuenta de la profunda intolerancia y el temor a afrontar la verdad que aún persiste en algunos sectores de nuestra clase política y en instituciones tan sectarias como las Fueras Armadas y la Iglesia, que lo único que han hecho durante estos años es ponerse de perfil a la hora de afrontar la responsabilidad histórica que tienen con el país por sus aciertos y desaciertos de aquellos años.

Este museo, este tipo de iniciativas son necesarias en nuestro país, nos permiten mirar el pasado con atención, nos permiten reconocer cuales fueron las falencias que como sociedad tuvimos para hacer posible que movimientos terroristas y radicales salten de la actividad panfletaria a la violencia armada, al cochebomba, al asesinato selectivo, nos permiten también darnos cuenta del enorme desafío que como Estado debemos de afrontar con la finalidad de consolidar una sociedad más justa, más equitativa, más libre, en la cual se destierre a la violencia como medio para alcanzar el poder y se conmine al exilio a los que tratan siempre de sembrar el terror y el horror entre nosotros, un museo de la memoria, nos ofrece la oportunidad de conocer y reconocernos entre todos los peruanos, de asumir como nuestras las penas y las alegrías de aquellos que durante años no fueron más que desconocidos para la sociedad, nos permite rendirle homenaje a todos aquellos, campesinos, militares, policías, dirigentes políticos, que cayeron abatidos por las balas del odio, del fanatismo y del delirio.

Esa es la importancia de los museos, por ello me gustaría terminar con una idea de Mario Vargas Llosa, cuando dice que los museos también educan tanto y a veces más que las aulas y los maestros, porque lo hacen de una manera más sutil, más personal, y que ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes, de la tiniebla que es la ignorancia, el prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse.

Rafael Rodríguez Campos