viernes, 16 de mayo de 2014

LA MASACRE DEL "CARNICERO DE LOS ANDES"


Como se recuerda, el 14 de agosto de 1985, se produjo en Ayacucho uno de los crímenes más abominables cometidos durante el periodo de violencia política que atravesó nuestra patria. La comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, fue el espacio donde la sangre de humildes campesinos tiño de rojo su tierra luego de que sus cuerpos recibieran los impactos de bala y las granadas lanzadas por efectivos del Ejército Peruano.

El saldo de este operativo militar arrojó la cifra de 69 campesinos muertos, entre ellos 23 menores ejecutados, y una herida abierta, que a pesar del tiempo, no ha logrado aún cicatrizar debido a la indiferencia que los familiares han recibido de parte del Estado durante todos estos años. Se suma a ello, el velo de impunidad con el cual (desde el Estado) fueron cubiertos los responsables de esta masacre. Como se sabe, fue el mayor en retiro del EP, Telmo Hurtado, apodado con el apelativo de “El carnicero de los andes”, el responsable directo del homicidio de estos peruanos, perpetrado dos semanas después de que Alan García, se colocara por vez primera el fajín presidencial en julio de 1985.

En el año 2011, y tras innumerables trámites a nivel jurisdiccional, Telmo Hurtado fue extraditado, luego de que una corte de los Estados Unidos admitiera el pedido al señalar que existían pruebas más que suficientes que acreditaban la responsabilidad penal de este militar en los crímenes perpetrados en Accomarca.  La llegada del “Carnicero de los andes”, a nuestro país, trajo a la memoria el horror vivido en aquellos años de violencia delirante, iniciándose el proceso de judicialización de este caso.


Justicia que tarda no es justicia

Hoy, 29 años después del espanto vivido en Accomarca, los tribunales peruanos todavía no emiten sentencia condenando a los responsables de esta barbarie. Tan es así, que recién el 30 de abril pasado, el ex presidente de la República, Alan García, rindió su declaración testimonial ante la Sala Penal Nacional encargada de este caso.

En la misma, el ex mandatario señaló lo siguiente: “me enteré de la matanza de Accomarca por notas periodísticas que se publicaron en medios locales, y una vez conocida la denuncia pedí ambas cámaras del Congreso de la República que inicien investigaciones al respecto. Además, solicité a las Fuerzas Armadas información sobre el patrullero encargado del resguardo de la zona. Finalmente, ordené la destitución del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como responsable político de esa acción contra los derechos humanos”.

Pero más allá de las diligencias judiciales que se están llevando acabo, y que esperemos lleguen a buen término, es importante recordar este tipo de episodios luctuosos de nuestra historia, darlos a conocer, sobre todo a los más jóvenes, pues los pueblos que no son capaces de reconstruir su memoria histórica, corren el riesgo de repetir su triste pasado. Por eso en esta oportunidad, rendiremos homenaje a los miles de peruanos caídos durante el conflicto armado interno recordando lo que fue el caso Accomarca, para que hechos de esta naturaleza nunca más se repitan.


Para que no se repita

Tal como se detalla en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe Final CVR)  y en otros documentos, esta masacre se inició cuando cuatro patrullas ingresaron a Accomarca siguiendo el Plan de Operaciones Huancayocc, aprobado por el tristemente célebre Wilfredo Mori Orzo, jefe en aquel entonces del Comando Político Militar de Ayacucho, con el objetivo de capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en esa zona. Tal parece que el verbo destruir fue entendido por estos criminales (disfrazados de militares) como una autorización para desatar toda su vesania y de manera fratricida acabar con la vida de la población civil, asesinando a 27 mujeres, a las cuales ultrajaron antes de matarlas a tiros.

En declaraciones dadas a conocer meses después de la tragedia, Sinesio Jarama, General del Ejército peruano, afirmó ante el Senado: 

“La población sirve a Sendero para sustentarla, para curar sus heridas, para darle protección y encubrirla, para renovar sus cuadros, la contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población y como lo señala el Operativo Huancayoc, eliminar zonas rojas”.

De acuerdo a las declaraciones vertidas por algunos de los sobrevivientes de este crimen se sabe que esta acción militar no constituía en modo alguno un acto aislado, fortuito, un exceso en el uso de la fuerza, como algunos torpemente han querido afirmar todos estos años. El 14 de agosto de 1985, las patrullas del subteniente Telmo Hurtado y la del teniente Juan Rivera Rondón, bajaron a la localidad de Llocllapampa, a tres kilómetros de Accomarca. En ese lugar reunieron a la población civil, la agruparon en tres viviendas, a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa, y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Acto seguido, los militares trasladaron a las mujeres a una acequia, lugar en donde las violaron, así lo afirmaron los testigos, quienes alcanzaron a escuchar el grito de sus mujeres, mientras permanecían escondidos en los matorrales, presas del miedo que los paralizaba.


Luego de asesinar a los hombres y violar a sus mujeres, semanas después los efectivos militares regresaron al lugar de los hechos para tratar de borrar toda pista o huella que los incrimine, asesinando a los sobrevivientes. Así, el 8 de setiembre, estos criminales asesinaron a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza de Accomarca. Al día siguiente, efectivos del ejército del cuartel de Vilcashuamán detuvieron a Martín Baldeón Ayala, de 66 años de edad y lo llevaron a la base de Vilcashuamán. Diariamente, su esposa Paulina Pulido Palacios acudía al cuartel para visitarlo y llevarle algunos víveres. Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo el paradero de ambos. Todo ello gracias a la complicidad y el aval tácito de los altos mandos militares, los cuales en todo momento se mostraron renuentes a colaborar con el esclarecimiento de los hechos, entorpeciendo las investigaciones y justificando el accionar militar, accionar al cual catalogaron como actos aislados o excesos que se cometen en toda guerra.

¿Por qué se decidió intervenir el poblado de Accomarca?

Al parecer, los militares acusaron a los pobladores de terroristas (nunca se encontró prueba alguna que acredite esta imputación), ya que habían recibido referencias de que en LLocllapampa operaban dos escuelas populares o centros de adoctrinamiento (nunca se encontró material que comprobara esta hipótesis) y un centro de abastecimiento senderista, con municiones, alimentos y frazadas (no se hizo ninguna incautación).

Eso quiere decir que en la mente de estos militares (y muchos más) el solo hecho de que a una población civil desarmada se la vinculara con Sendero Luminoso, independientemente de si esta era obligada por las huestes terroristas a colaborar con ellos, bastaba para que una patrulla militar irrumpa en estas localidades de la sierra de nuestro país, mate a sus hombres, asesine a sus niños, viole a sus mujeres, queme sus viviendas, como si se tratase de ciudadanos de segundo orden, como si los derechos de estos peruanos no tuvieran el mismo valor que el de todos los demás, como si para ellos la justicia no existiera, como si el ser campesino pobre te privase del derecho a ser sometido a un juicio justo, en el cual ejerciendo el derecho de defensa la persona pudiese rechazar los cargos en su contra y dejar a salvo su honor e inocencia.


Lo más triste de todo ello es que estos hechos ocurrieron ante la mirada indiferente y la actitud inerte de un Estado que durante muchos años permitió que la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas de las armadas se convirtiera en práctica común de la guerra antisubversiva en muchas zonas de nuestro país.

La investigación de ese tiempo

El impacto que el caso Accomarca fue tan grande que el Congreso de la República se vio obligado a formar una Comisión investigadora de estos crímenes la cual fue presidida por Javier Valle Riestra. Como parte de esas investigaciones, dos días después de iniciadas las mismas, el entonces parlamentario Fernando Olivera, encontró 5 cuerpos de personas asesinadas a balazos en el cementerio de dicha localidad, los cuales, de acuerdo a las indagaciones llevadas a cabo, correspondían a los testigos de la masacre que fueron silenciados por los propios militares. En las conclusiones de la investigación se señaló que en el caso de Accomarca se habían perpetrado delitos comunes y no castrenses y que era necesario determinar si los autores materiales actuaron por voluntad propia o en virtud de órdenes verbales recibidas por la superioridad como parte de una estrategia de guerra antisubversiva practicada y diseñada por el propio Estado.

A pesar de la contundencia de la denuncia, de los numerosos testimonios, incluso de la propia asunción de responsabilidad de Telmo Hurtado, quien jamás mostró un ápice de arrepentimiento y de compasión por las víctimas o respeto por el dolor de los familiares, el Estado decidió condenarlo de manera benigna, y dejar a salvo la responsabilidad de los Comandos Militares, luego que Hurtado dijera que había actuado por cuenta propia, hecho que sin lugar a dudas resulta inverosímil en una institución tan rígida y jerarquizada como las Fuerzas Armadas.


Este fue el testimonio que Telmo Hurtado le brindó a la comisión investigador del Senado:

“Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tiene que vivir. A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplirlas para darle un mejor gobierno. Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas, poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”, sentenció.

Con estas declaraciones el criminal Telmo Hurtado trató de justificar el asesinato de estos campesinos, entre niños inocentes, mujeres y ancianos. Este era el pensamiento que acompañaba y nublaba las mentes de quienes por mandato constitucional tenían el deber de proteger a la población civil, este era el pensamiento homicida y enfermo de quienes había perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de quienes se creían dueños del destino y de la vida de los campesinos, de quienes terminaron convirtiéndose en los carniceros de aquellos a los cuales debían brindar apoyo y seguridad.

¿Se sentenció a Telmo Hurtado? ¿Cumplió su condena?

Sorprendentemente este criminal solo fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de “abuso de autoridad”. Sin embargo, tres años después, y gracias a las inconstitucionales “leyes de amnistía”, promovidas por el autócrata Alberto Fujimori, las mismas que fueron redactadas en las salitas del SIN y aprobadas por un congreso con una mayoría fujimorista liderada por Martha Chávez, Telmo Hurtado salió en libertad e increíblemente recibió como premio a su hoja de vida el “ascenso” a Mayor del EP. Tiempo después, el propio General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, hoy sentenciado por ladrón y asesino, lo condecoró por su “notable desempeño” en las Fuerzas Armadas. Es decir, el Estado capturado por la mafia fujimorista, rendía honores a un vil asesino de la manera más infame.



Las confesiones del “Carnicero de los Andes”

En agosto de 2012, y luego de su extradición, Telmo Hurtado volvió a declarar ante la justicia, pero en esta oportunidad el criminal refirió  lo siguiente:

“Que se le ordenó que ’se hiciera el loco’ ante la Comisión del Congreso que investigó el caso, con el fin de que oficiales de alto rango no se vieran involucrados en procesos penales y también para fortalecer la lucha contra la subversión en el país. Además, reconoció responsabilidad penal en la muerte de 31 campesinos de Accomarca, pero dijo no saber quiénes son los responsables del resto de comuneros asesinados en dicha localidad ayacuchana. Afirmó también que se le ordenó recoger picos y palas para preparar trincheras a donde se llevaron a personas encapuchadas, para ser ejecutadas con armas que tenían silenciadores, y que él creía que las personas ejecutadas eran terroristas capturados en acciones militares”.

Como se puede apreciar, las pruebas que incriminan a Telmo Hurtado y a los altos mandos militares son contundentes. Esperemos que en mérito a éstas, el tribunal encargado de juzgarlos haga caer sobre estos asesinos la sanción que corresponda, castigando de manera ejemplar a quienes cometen este tipo de delitos abominables, como una muestra efectiva del compromiso sincero que un Estado democrático y respetuoso de la legalidad como el nuestro tiene en relación a la defensa de los derechos humanos, investigando, sancionando y reparando a las víctimas de estos actos abyectos y crueles cometidos por los propios agentes del Estado.



Finalmente, hoy los peruanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos esperamos que esta vez la impunidad, la indiferencia o el miedo no logren imponerse, que la clase política no le arrebate a los familiares la esperanza de alcanzar justicia, que los criminales del ayer no queden impunes so pretexto de iniciar un proceso de reconciliación nacional mal entendido, porque no existe reconciliación sin justicia, ni tampoco justicia sin verdad. Pero sobre todo, los peruanos esperamos que quienes nos gobiernan no entorpezcan las investigaciones en casos de violaciones contra los derechos humanos como sí lo hicieron en el pasado.

Esto último cobra ahora una gran importancia, ya que en las últimas semanas, se ha vuelto a prestar atención a la serie de procesos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos acaecidos durante el periodo de violencia política: la condena a uno de los involucrados en la muerte de 6 evangélicos en Callqui, la publicación del reciente libro sobre el Cuartel Los Cabitos, el juicio contra la cúpula senderista por el crimen de Tarata, y la declaración, antes señalada, del ex presidente Alan García en el caso Accomarca.

Nota: Es justo señalar que a pesar de los obstáculos y artimañas legales colocadas por políticos, militares y autoridades (judiciales y fiscales), fue gracias a la labor desarrollada por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, y en cumplimiento estricto del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, y del Tribunal Constitucional, luego, que estos casos lograron ser nuevamente judicializados, abriendo el camino para la justicia y la verdadera reconciliación. 

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