De acuerdo a la legislación
internacional, un crimen de odio es cualquier forma de violencia motivada por
el prejuicio hacia una determinada religión, discapacidad física, origen
étnico, grupo racial u orientación sexual. El ensañamiento, la atroz
brutalidad, la maldad convertida en violencia física o psicológica son sus
principales características. Este tipo de delitos suelen desencadenar en la
comisión de atroces asesinatos, sin embargo, sus perpetradores, en muchos casos
con la complicidad e indiferencia de las autoridades, se ríen del sistema y
pasean impunemente por las calles, ante el dolor e impotencia de sus víctimas y
familiares.
En el Perú, sólo entre los
años 2008 y 2009, se registraron aproximadamente 126 asesinatos contra personas
homosexuales. Para el periodo 2011-2012, el MHOL señaló que por lo menos 21
miembros de la comunidad LGTB fueron asesinados, y decenas fueron brutalmente
agredidos. Según estas organizaciones, las cifras reportadas no logran cubrir a
la totalidad de crímenes cometidos contra este grupo, pues muchos de estos
delitos nunca se denuncian.
Temor y vergüenza para
denunciar
¿Por qué estos crímenes no
se denuncian? Al parecer, así como en nuestro país muchas violaciones contra
mujeres o menores de edad no son reportadas, los delitos cometidos contra la
comunidad LGTB tampoco lo son por temor a las represalias o por la vergüenza
que para muchos todavía genera el reconocer que un miembro familiar es
homosexual o lesbiana. Así ocurrió hace un par de años con la brutal agresión
sufrida por un amigo mío, quien luego de abandonar una discoteca en Miraflores,
fue interceptado por 4 sujetos que le propinaron una terrible golpiza. ¡Eso te
pasa por rosquete! Le gritaban mientras lo masacraban.
A pesar de la gravedad del
problema, nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del
mundo como España o los Estados Unidos, no cuenta con cifras oficiales o con entidades
públicas encargadas de registrar, sistematizar y analizar los casos y las
razones que explican toda esta barbarie. La violencia homofóbica es percibida como
un tema de menor importancia por la mayoría de los peruanos. Es un problema que
afecta a algunos cuantos “desviados”, dicen los cínicos. Tenemos problemas más
importantes que resolver, señalan los más obtusos.
Una sociedad indiferente e
intolerante
A todos aquellos que
razonan de esta manera, les preguntaría lo siguiente: ¿Qué cosa puede ser más
importante para una sociedad que la defensa de los derechos de todos sus
ciudadanos? ¿Qué es más importante para un país que velar por el derecho a la
vida, a la libertad, a la igualdad, de todos sus hombres y mujeres? ¿Es que en el
Perú el valor de la vida depende de la orientación sexual de su titular? ¿Por
qué en nuestro país las autoridades prefieren ocultar cobardemente la gravedad
de este problema?
La comunidad homosexual se
enfrenta diariamente a la intolerancia de una sociedad que sigue manteniendo
patrones de conducta y esquemas mentales bajo los cuales los derechos de
algunos hombres y mujeres pueden ser violentados por el solo hecho de ser
diferentes. La comunidad homosexual debe lidiar con la indiferencia de la
autoridad a la cual recurre en busca de ayuda, pues en muchos casos, son los
propios agentes del Estado los que de manera alevosa y cobarde violentan a
estas personas.
Según un estudio publicado
por el Instituto Runa, las víctimas de esta violencia identifican como
responsables del 31% de sus agresiones a integrantes de la policía. Según este
mismo estudio, en el 46% de los casos son los miembros del serenazgo de Lima
los que atropellan de manera reiterada sus derechos. ¿Hasta cuándo tenemos que
soportar esta barbarie? Es una pregunta que ninguna autoridad se atreve a
responder.
Una larga tradición
homofóbica en nuestro continente
¿Cómo podemos entonces
hablar de desarrollo, democracia y ciudadanía en el Perú si nuestra sociedad no
es capaz de frenar esta violencia? ¿Cómo pretendemos convertirnos en un país de
primer mundo cuando nuestra sociedad tolera y hasta justifica este tipo de
crímenes? Lo que debe quedarnos claro es que la violencia homofóbica en contra de
las minorías seguirá siendo un problema mientras no seamos capaces de
enfrentarla decididamente como sociedad.
La historia reciente de
nuestro continente demuestra que en América Latina los periodos de dictadura fueron
tiempos terribles para la comunidad homosexual. En Latinoamérica, durante las
décadas de los 70 y 80, los homosexuales fueron víctimas de una violencia sistemática
que acabó con la vida de muchas personas. En Argentina, Chile, o Paraguay, por
ejemplo, se perpetraron continuos actos de violencia y represión en contra de los
homosexuales. Así, podemos decir que las dictaduras desataron toda su furia
contra este grupo, bajo la creencia absurda y ultraconsevadora de que estos
seres “anormales” no podían ser parte de ningún proyecto social, político o
cultural, y que por tanto, debían de ser exterminados o borrados del mapa.
En Norteamérica, el más
famoso de los crímenes de odio cometidos contra un miembro de la comunidad homosexual
fue el asesinato de Harvey Bernard Milk, quien luego de renunciar a un
importante cargo ejecutivo en Wall Street, decidió iniciar su carrera como
activista homosexual. Harvey, y así se lo recuerda en la película que lleva su
nombre (personaje interpretado por Sean Pen), es asesinado en 1978 por Dan
White, supervisor de la ciudad de San Francisco por el sólo hecho de ser
homosexual, luego de que en 1977 fuera elegido para ocupar el cargo de miembro
de la Junta de Supervisores de dicha ciudad.
La violencia homofóbica en
el Perú
En nuestro país lo casos
de crímenes de odio cometidos contra homosexuales no han sido pocos. Se
recuerdan los asesinatos cometidos por los grupos terroristas contra estas
personas conocidos como operativos de “limpieza social”. Basta mencionar, que
en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se documenta el
asesinato de 10 homosexuales en Aucayacu (1986), 8 en Pucallpa (1988) y otras 8
personas en Tarapoto (1989).
Hace algún tiempo los
grupos de derechos humanos denunciaron el caso de Edgar Peña, joven de 32 años,
al cual un grupo de salvajes le cortaron la cara y el cuerpo con una navaja y
una botella rota. Edgar tuvo que ser operado de emergencia, 180 puntos se
necesitaron para cerrar sus heridas. Lo mismo parece haber ocurrido con Luis
Alberto Rojas, joven de 26 años, que en febrero de 2008 habría sido violado con
una vara de goma por tres policías del distrito de Casa Grande.
En el año 2012, apareció
un cadáver que llevaba un cartel que decía “Por Maricón”. Ese mismo año, a otra
víctima le dejaron un pico de botella introducido en el ano. Este año, a María
Medina le arruinaron la vida, a ella la golpearon y le arrancaron el cabello de
raíz en la puerta de su colegio ubicado en San Martín de Porres. Sus agresoras
la maltrataron mientras le gritaban: ¡Ella es una machona! ¡Le gusta la concha!
Esta es la violencia homofóbica peruana en su versión más psicópata.
Tenemos el deber de
combatir esta violencia
A este tipo de delitos se
los conoce como delitos o crímenes de odio. Tal y como señalan los
especialistas, son los miembros de la comunidad LGTB los que sufren este tipo
de agresiones con mayor frecuencia. Esta es una problemática que parecer no
tener solución. Las cifras registradas, conservadoras todas ellas, ponen en
evidencia la violencia e impunidad con la que actúan estos delincuentes. Te
agredo, insulto, ofendo y asesino por el solo hecho de ser LGTB. ¿Qué debe de
hacer el Estado para enfrentar este problema? ¿Qué debemos de hacer los
peruanos como sociedad para hacer frente a este flagelo?
En primer lugar, es necesario
hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente. Se debe tipificar con
claridad el delito o crimen de odio en nuestro Código Penal, fijando una pena
proporcional al grave daño que este tipo de conductas genera en la persona de
la víctima. En segundo lugar, se debe implementar
una política institucional, que abarcando a todas las instituciones
involucradas (PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras) busque dar
una solución integral al problema. En tercer lugar, debemos lanzar una campaña
de sensibilización a nivel de todo el aparato público, para hacerles comprender
a los agentes estatales, que todos los peruanos merecen respeto,
independientemente de la orientación sexual que cada uno presente.
Finalmente, resulta
primordial diseñar una política educativa a nivel inicial, primario y
secundario, destinada a acabar con la homofobia e intolerancia en nuestro país.
Esto último resulta fundamental, pues solo en la medida que todos nuestros
niños y jóvenes dejen atrás los odios y
prejuicios absurdos de sus mayores, es que los peruanos estaremos en capacidad
de construir una sociedad auténticamente plural, igualitaria y democrática, en
la cual todos podamos ser libres. Sólo así acabaremos con esta violencia homofóbica y primitiva.
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