ENTREVISTA CON EL MINISTRO DEL INTERIOR

Wilfredo Pedraza Sierra, actual ministro del Interior, conversa con LA LEY y nos brinda importantes datos sobre su sector. Él señala que las metas del Gobierno son contar con 125 mil policías al final de la gestión, impulsar la modernización de la policía y evitar los costos sociales en el manejo de los conflictos sociales.

 

1. ¿Por qué razón aceptó ser ministro de Estado teniendo en cuenta la compleja situación social y política por la que atraviesa el país?

No quiero que se piense que lo que voy a decir es un cliché, pero veo este nombramiento como un reto personal. La situación es compleja, yo creo que este es un Gobierno que está en un proceso de consolidación, el primer año ha sido de aprendizaje, y si en ese proceso yo puedo contribuir a darle cierto grado de estabilidad desde el sector del Interior, en buena hora. Yo no he sido convocado por ser político, sino por mi experiencia en la administración pública y formación académica. Yo creo que ambos factores me permitirán tomar decisiones adecuadas.

 

2. Tomando como referencia lo que usted acaba de señalar, ¿el cambio de tres gabinetes en tan solo un año de gobierno es señal de ese aprendizaje y falta de experiencia política?

 

Es probable, de hecho el presidente Humala ha dicho que él está aprendiendo. Yo mismo estoy en un proceso de aprendizaje continuo en el sector Interior. No debemos temerle a este proceso, lo trágico sería llegar al cuarto año de gobierno en la misma situación; cosa, creo yo que no ocurrirá.

 

3. Usted dijo hace algunas semanas que durante su gestión no habría un muerto más en conflictos sociales. ¿Qué pasará si la realidad dice lo contrario?

 

Yo creo que debemos contextualizar muy bien esa frase. Este es un propósito, una finalidad, un deber ser que se traduce en la adopción de una serie de medidas destinadas a evitar que por una mala intervención policial en un contexto de conflicto social resulte alguien muerto. Eso es lo que yo he querido decir con esa frase.

 

4. Se lo pregunto pues una frase de ese tipo supone la asunción de una responsabilidad muy grande, ¿no le parece?

 

Bueno, sí sin duda. Pero permítame contarle algo. Cuando yo me reuní con el Presidente días antes de asumir el cargo de ministro, él me dijo expresamente lo siguiente: “evitemos que haya un muerto más en los conflictos sociales”. Yo creo que debemos aprender a valorar y respetar la vida. Ello supone evitar por todos los medios posibles los costos sociales. En ese sentido, la frase a la cual usted ha hecho mención no es otra cosa que una revaloración del valor vida, el cual debe ser resguardado en todo momento y en todo lugar por el personal policial.

 

5. Hace algunas semanas usted también señaló que la regla de oro para solucionar los conflictos sociales es “establecer un diálogo sin plazo”. Si ello es así, ¿cuánto tiempo cree que le lleve al Gobierno sacar adelante el Proyecto Minero Conga?

 

A ver, yo me ratifico en lo dicho. Creo que el diálogo no debe tener plazo en la medida que exista voluntad de las partes y puntos de agenda que no se agotan y sobre los cuales se trabaja. El diálogo en esos términos no debería tener un plazo fijo, pero cuando no se cuenta con una agenda común, cuando los interlocutores no tienen disposición y apertura, esta fórmula no funciona. En ese escenario la situación se complica, pues los plazos tampoco pueden ser indefinidos, ya que ello puede paralizar la adopción de importantes decisiones.

 

Sobre el sector Interior

 

6. Luego de una primera evaluación de su sector, ¿cuáles son los problemas más urgentes y prioritarios que Ud. está enfrentando como ministro del Interior?

 

Yo diría que existen dos sectores que merecen mi mayor atención. El primero es el ministerio propiamente dicho, que es una institución lenta, burocrática, un paquidermo diría yo. El segundo está vinculado con la Policía Nacional del Perú (PNP) que también presenta una estructura compleja, regida por lineamientos no muy bien definidos, con un gran retraso en materia de inversiones. Por eso el reto principal es simplificar los procesos en el ministerio y modernizar a la institución policial.

 

7. Los medios de comunicación hicieron pública una información vinculada a una deuda de aproximadamente 34 millones de soles que la PNP tiene con viudas y con personal discapacitado. ¿En cuánto tiempo se pagará esa deuda?

 

En la actualidad existe una deuda de 45 millones de soles provenientes de procesos judiciales iniciados por deudos y discapacitados. La mayoría de casos están vinculados a la lucha contra el terrorismo. El 25% de esa deuda se generó durante la década del ochenta, el 50% en la década del noventa, y el restante 25% del año 2000 en adelante. Yo como ministro tengo una obligación moral con el pago de estas obligaciones pues es una deuda que el país tiene con estas personas. En ese sentido, permítame decirle dos cosas: la primera es que este Gobierno cancelará el total de esta deuda hasta fin de año y la segunda es que las deudas generadas durante este último año ya fueron pagadas en un 100%.

Sobre la situación en el VRAEM y el presupuesto

 

8. Hace algunos días se publicó un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta del terrible estado en el que se encuentran las bases policiales del VRAEM. ¿Cuánto dinero se necesita para repotenciar las bases en el VRAEM y mejorar la capacidad logística de la policía destacada en esa región?

 

Veamos. En el VRAEM nunca se ha invertido durante la gestión de los gobiernos anteriores porque es un escenario reciente. Hasta hace unos años los recursos se focalizaron en la región de Ayacucho pues fue la zona donde se concentró la lucha contra el terrorismo. Nosotros vamos a invertir 50 millones de soles hasta la mitad del próximo año para mejorar la infraestructura, repotenciar 7 comisarías y construir una gran base policial que estará ubicada en Pichari. Además hemos invertido 7 millones de soles en la compra de equipamiento para el personal y mejora de la remuneración. Hoy, luego de esas medidas, el policía destacado en esta zona recibe, además de su sueldo, 1080 soles más. Estoy seguro que hasta julio del próximo año contaremos con una mucha mejor infraestructura.

 

9. ¿Es cierto entonces que el personal no cuenta con sistema de radio, que las bases no tienen teléfonos fijos, que el personal de la Diroes compra su alimento antes de salir a un operativo y que tenemos armamento con una antigüedad mayor a 25 años?

 

Así es. Yo siento vergüenza ajena por las condiciones en las que se encuentran los policías que están en el frente. El país tiene la obligación moral de darle todo el apoyo logístico y la infraestructura necesaria a estos hombres que ponen el rostro frente al narcotráfico y el terrorismo. Esta situación se ha generado desde hace mucho tiempo debido a la falta de inversión de anteriores gobiernos. Pero seamos claros en que la solución va más allá de la asignación de recursos en el presupuesto de la institución pues también es necesario contar con proyectos de inversión viables y capacidad de gestión.

 

10. A propósito de lo que Ud. nos comenta, ¿cuál es el porcentaje de presupuesto ejecutado por el Ministerio del Interior (Mininter) en este primer año de gobierno?

 

Bueno, el nivel de ejecución es muy bajo. En el primer año de gobierno solo se ha ejecutado el 10.7% del presupuesto.

 

11. ¿Por qué el nivel de ejecución presupuestal es tan bajo en el Mininter?

 

Creo que esta situación obedece a tres razones. La primera es la ausencia de proyectos de inversión viables (hacer un buen proyecto toma meses). La segunda es la falta de capacidad logística y de personal, pues se pretende ejecutar un presupuesto mucho mayor al de años anteriores con el mismo número de personas. La tercera es la inestabilidad política de los ministros, el cambio sucesivo en esta cartera obviamente detiene la inversión.

 

Sobre la modernización de la PNP

 

12. El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo una reforma integral de la PNP. ¿Cuáles son los ejes básicos sobre los cuales gira esta reforma?

Yo he encontrado la decisión política de modernizar (ese es el término correcto) a la PNP, propósito que yo comparto. Ahora bien, yo creo que este proceso gira en torno a 3 grandes ejes. Primero, vamos a plantear cambios sustanciales en su Ley Marco. Segundo, vamos a potenciar el trabajo de las unidades especializadas para combatir el crimen organizado. Tercero, fortaleceremos a las comisarías para que puedan desarrollar un mejor trabajo con la ciudadanía.

 

13. ¿Qué importantes cambios normativos está pensando plantear desde su cartera?

 

Los cambios que venimos trabajando se dividen en cuatro campos. En el primero de ellos estamos revisando lo concerniente a la Ley Orgánica de la PNP (organización y estructura). En el segundo evaluamos la Ley de Estado y Situación Policial, lo cual supone definir cuáles son las razones por las cuales un policía pasa del estado de actividad a la disponibilidad, y luego al retiro. En el tercero, lo concerniente a la Ley de Ascensos, para combinar la importancia de los grados académicos y los estudios con la experiencia policial. Y finalmente, también estamos revisando lo referente al procedimiento sancionatorio policial.

 

14. Esta modernización supone la inversión de una importante suma de dinero, ¿cuál es la cifra que se está manejando para este propósito?

 

Aprovecho la pregunta para aclarar que quizá lo que resulte más oneroso es la reforma salarial y pensionaria. Debo decir al respecto que lo que se viene no es un aumento igual para todos, sino un incremento diferenciado en virtud al retraso que en este tema se ha tenido durante los anteriores gobiernos. Eso quiere decir que quien gana menos tendrá un incremento mayor, con lo cual la reforma adquiere también un sentido social. Ello busca que poco a poco el pertenecer a la PNP se vuelva una opción más atractiva. Debo decir que en esta iniciativa estamos participando todos en el gabinete, existe la voluntad no solo mía sino del ministro de Economía de concretizar este objetivo. No podría darle una cifra exacta en estos momentos, pero puedo asegurar que por lo menos 500 millones de soles están absolutamente financiados y que solo falta afinar algunos detalles para su final aprobación en el gabinete.

 

15. Se dice que el Perú tiene un déficit en cuanto al número de policías, ¿qué objetivos se ha trazado el Gobierno en este campo?

 

En la actualidad tenemos 96 mil policías y una demanda enorme insatisfecha. El compromiso del presidente es incrementar este número durante los próximos 4 años en 30 mil efectivos. Para ello estamos ampliando el número de escuelas y plazas para policías. Debo decir que en este esfuerzo están comprometidos los Gobiernos Regionales, quienes apoyan con infraestructura, tal y como lo vienen haciendo, por ejemplo, los Gobiernos Regionales de La Libertad y Ucayali. En ese sentido, la meta del Gobierno en esta materia es culminar su gestión con 125 mil efectivos policiales aproximadamente.

 

Sobre la lucha contra el terrorismo

 

16. Algunos especialistas han señalado que en el campo de la inteligencia policial hemos retrocedido, permitiendo por ejemplo que Sendero Luminoso gane apoyo en buena parte de la población del VRAEM. ¿Usted cree que hemos retrocedido en este terreno?

 

Cuando cayó el Gobierno de Fujimori en el año 2000 se desactivaron todos los órganos de inteligencia que fueron usados políticamente durante ese periodo. Luego de ello ha tomado tiempo recomponer el sistema de inteligencia. Hoy puedo decir que este sistema viene trabajando con mucha intensidad. Yo no creo que el combate contra el terror haya retrocedido. Lo que pasa es que ahora nos enfrentamos a un fenómeno nuevo. Lo que pasa en el VRAEM no es terrorismo puro, es crimen organizado con la presencia de redes de narcotráfico. La recomposición del sistema ha tomado mucho esfuerzo, luego del uso perverso que Vladimiro Montesinos hizo del mismo. Pero hoy esta situación ha cambiado y la PNP produce y procesa información muy valiosa.

 

17. ¿La ausencia del Estado en esta región no agrava el problema?

Claro. Pero es inevitable que en un país tan grande como el nuestro haya espacios de territorio en donde el Estado está ausente. Pero ese es un problema que este Gobierno está empeñado en resolver. Hoy por ejemplo, en la zona del VRAEM, Huallaga y Monzón, están entrando agentes del Estado para promover los programas sociales de salud. Hoy también estamos llevando a más efectivos policiales a esta zona. Debemos tomar como ejemplo el Huallaga, hoy libre de terrorismo, luego de casi 30 años de lucha, lo cual fue posible llevando comisarías, centros de salud y al Banco de la Nación a la zona.

 

18. Se ha presentado una propuesta legislativa para impedir que los docentes sentenciados por delitos de terrorismo vuelvan a las aulas luego de haber cumplido su condena. ¿Está de acuerdo con esa propuesta?

 

Esta idea nace de la percepción que se tiene de que existen docentes que tergiversan la historia y muestran al fenómeno terrorista como un proceso social más, deformando los datos históricos y perjudicando la educación de los niños y adolescentes. Ahora bien, esto también supone la labor de inteligencia y seguimiento policial para detectar a estos elementos. En ese sentido, a mí me parece legítimo que el Estado como una medida de prevención general impida que aquellos maestros “que no han renunciado expresamente a su ideología del terror” vuelvan a ejercer labores docentes.

 

19. Y siguiendo esa lógica, ¿también está de acuerdo con la inhabilitación permanente para el ejercicio de cargo público de aquel que fue sentenciado por delito de corrupción?

 

Por supuesto, el funcionario que cometió delitos de corrupción no debe volver jamás a la función pública.

 

20. Hace algunos días el TC confirmó la constitucionalidad de la ley que declara la improcedencia de beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo, ¿comparte también esta opinión?

 

Yo siempre he sido de la idea de que algún espacio para los beneficios debiera preservarse en la mayoría de delitos. Sin embargo, hoy en día nadie discute el derecho de los estados de regular y prohibir estos beneficios para el caso de delitos graves como terrorismo, narcotráfico, violación sexual o corrupción. Con lo que yo estoy en desacuerdo es con la prohibición absoluta sobre todo en el caso de delitos en donde sus autores deberían tener una oportunidad.

 

Sobre el problema penitenciario y la delincuencia

 

21. A propósito del tema penitenciario, ¿por qué cree Ud. que el problema penitenciario nunca ha sido prioridad en la agenda de los gobiernos en nuestro país?

 

Este tema le corresponde al Ministerio de Justicia. Tenemos un acuerdo ministerial de no declarar sobre temas que no nos competen. Pero voy a incumplir un poquito la regla y te diré que acá en el Perú se tiene la percepción de que invertir en cárceles es dinero perdido. Yo diría de que esa es la principal razón, los políticos usualmente dicen: “si tengo dinero invierto en salud y educación, pero no en las cárceles”. Es un tema de percepciones.

 

22. La gente percibe que el mayor problema es la inseguridad, ¿comparte la opinión de quienes creen que el problema de la delincuencia se soluciona elevando las penas, eliminando beneficios penitenciarios o construyendo más penales?

 

Creo que es una forma, pero no la única. A la delincuencia no se le puede enfrentar con una sola herramienta. A la delincuencia se la debe enfrentar y detener con decisión y para ello está la policía que vela por el cumplimiento de la ley. Pero también debemos desarrollar un trabajo preventivo. Yo estoy empeñado en trabajar ambos planos para que el combate al crimen organizado sea frontal. Para ello necesitamos consolidar alianzas con los Gobiernos Regionales y Locales para hacer trabajos conjuntos con el Ministerio de Educación y Justicia para establecer políticas de prevención. No tendremos éxito si no logramos estos propósitos.

 

Sobre los conflictos sociales y el estado de emergencia

 

23. El Gobierno nombró a dos facilitadores para tender puentes de diálogo entre los autores de la protesta en Cajamarca, días después estos facilitadores recomiendan al Gobierno levantar el estado de emergencia. ¿Por qué el Gobierno en lugar de tomar la palabra de los facilitadores decide ampliar el estado de emergencia?

 

Porque los buenos propósitos de los facilitadores no tenían el respaldo de quienes conducen hasta ahora el conflicto social en Cajamarca. Nosotros solicitamos a los organizadores de las movilizaciones su compromiso formal de no incurrir en actos de violencia. Ese compromiso jamás llegó por lo que el Gobierno tuvo que ampliar esta medida.

 

24. ¿Qué sentido tiene declarar un estado de emergencia cuando el Gobierno no es capaz de hacerlo cumplir e impedir las movilizaciones?

 

Debo aclarar que esta medida permitió desbloquear 31 carreteras. Ahora bien, yo creo que por principio en un estado de emergencia no se deben presentar movilizaciones, entonces la pregunta es ¿por qué se toleran estas protestas? Porque el diálogo sigue abierto y porque lo que el Gobierno quiere es evitar costos sociales irreparables. Para algunos es muy fácil mandar a la policía a reprimir y romper las manifestaciones, pero ello genera enfrentamientos y a veces pérdidas lamentables. Es muy sencillo decir que al Gobierno le falta autoridad, pero la autoridad no supone palo y bomba, el uso de la fuerza debe ser ejercido de modo responsable.

 

25. Finalmente, ¿Ud. cree que el suboficial Millones incurrió en la falta de desobediencia en agravio del Estado al acudir al programa “El valor de la verdad” del periodista Beto Ortiz y dar detalles sobre el fracaso de la Operación Libertad?

 

Bueno, cuando uno se somete a unas reglas las tiene que cumplir. La normativa vigente señala que para que un efectivo policial declare ante la prensa tiene que pedir permiso a sus superiores, lo cual en el caso de Millones no ocurrió. Por tanto, yo diría que existe un deber formal que no se cumplió y que será evaluado en la instancia correspondiente con el debido respeto a sus derechos procesales. Lo que quiero dejar muy en claro es que no existen condiciones objetivas para sostener, como algunos han hecho, que la vida del suboficial Millones corre peligro.

 

Esta entrevista fue publicada en el número 55° de LA LEY, edición agosto 2012, periódico mensual del Grupo Editorial Gaceta Jurídica. Mi personal agradecimiento a la empresa por permitirme compartir esta información con un mayor número de lectores.