viernes, 14 de septiembre de 2012

¿Cuánto le deben los terrroristas al Perú?

 
 

Deuda por terrorismo asciende a más de tres mil millones

Según datos oficiales recogidos del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenemos que los condenados por delitos de terrorismo tienen una deuda con el Estado por concepto de reparaciones civiles por la astronómica cifra de S/. 3750, 066,700.00 (tres mil 750 millones 66 mil 700 nuevos soles).


¿Cómo está repartida esta deuda?

a.   La deuda de Sendero Luminoso

De la información obtenida podemos señalar que del monto total de la deuda, S/. 3700, 000, 000.00 (tres mil 700 millones de soles) corresponden solidariamente al líder del movimiento terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, y a los miembros de su cúpula criminal compuesta por Elena Iparraguirre Revoredo, Osmán Morote Barrionuevo y Óscar Ramírez Durand.

b.   La deuda del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

La información oficial revela Que la deuda del MRTA asciende a S/. 49, 996, 700.00 (49 millones 996 mil 700 nuevos soles). Además, se sabe que el importe mayor de esta deuda deberá ser asumida por el líder terrorista de esta agrupación, Víctor Polay Campos, así como a los miembros de su cúpula y entorno más cercano Alberto Cumpa Miranda, María Cumpa Miranda, Peter Cárdenas Schulte, y Miguel Rincón, todos ellos responsables por la comisión de delitos como el secuestro, extorsión, asesinato selectivo, entre otros.

c.   Los otros deudores

También aparecen en la lista los nombres de Margi Clavo Peralta (SL), Margot Liendo Gil (SL), Victoria Trujillo Agurto (SL), María Pantoja Sánchez (SL), Laura Zambrano Padilla (SL), Martha Huatay (SL), Max Rodríguez Sánchez (MRTA), Emilio Villalobos (MRTA), Gabriel Vásquez Aranguren (MRTA), Fernando Martínez Sánchez (MRTA) y Edgar Chahua Damián (MRTA).

Problemas y soluciones para el cobro de estas reparaciones

-      Sobre la prescripción de estas deudas

Hace algunos días, el ex sentenciado por delitos de terrorismo y actual abogado de senderistas, Manuel Fajardo, señaló ante los medios de comunicación que la deuda de muchos de los cabecillas senderistas, incluido Guzmán Reynoso, es una “deuda jurídicamente muerta”. Eso quiere decir, en palabras de este abogado, que estas deudas han prescrito por lo cual pedirá formalmente ante las autoridades competentes que así se las declare.

Sobre este punto, debemos señalar que dicha lectura es absolutamente errónea, en ese sentido, compartimos la opinión del procurador antiterrorista, el abogado Julio Galindo, quien señaló que estas deudas no habrían prescrito. Tanto para Galindo, como para nosotros, para que ello ocurra, el Estado tendría que haber dejado de realizar todo tipo de acción legal destinada a exigir el cobro de esta deuda durante los 10 años posteriores a la condena impuesta al líder terrorista en 2006, hecho que como se sabe no se ha dado ya que durante este último año, por ejemplo, se vienen desarrollando una serie de estrategias para identificar los bienes de los deudores para luego proceder al embargo y cobro del dinero adeudado. Nosotros, el Estado peruano, jamás renunció al cobro de esta deuda, afirmó públicamente el Dr. Julio Galindo.

-      Sobre el ocultamiento de los bienes

El propio ministerio de Justicia ha señalado, en más de una oportunidad, lo dificultoso que resulta el cobro de este tipo de deudas dado el conjunto de acciones ilegales llevadas a cabo por los terroristas para ocultar sus bienes y evitar así el embargo y posterior remate de los mismos. Ante ello, se sabe que la procuraduría viene desarrollando todo un plan operativo destinado a la identificación de estos bienes. “El trabajo es bastante arduo y silencioso, se trata de una búsqueda minuciosa que tarda en dar sus frutos”, ha referido el procurador. Sin embargo, la estrategia parece haber comenzado a dar resultados, pues hace algunas semanas, se logró el embargo de tres departamentos cuya propietaria es Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán y cabecilla de Sendero Luminoso, uno de ellos ubicado en Jesús María, otro en el Cercado de Lima y uno en la Residencial Santa Cruz.

-      Sobre la “muerte civil” para los deudores

El Primer Ministro, y ex ministro de Justicia del actual Gobierno, Juan Jiménez Mayor, planteo como propuesta legislativa la “muerte civil” para aquellos terroristas que salgan en libertad luego de cumplir sus condenas y que no cumplan con el pago de la reparación civil impuesta por el grave daño que sus atroces actos le ocasionaron a nuestro país. En todo caso, y con el ánimo de evitar futuras complicaciones de orden constitucional, habría que analizar si el incumplimiento de una obligación pecuniaria puede traer como consecuencia la grave limitación al ejercicio de derechos fundamentales, pues ello es justamente lo que genera la llamada “muerte civil”.

Es importante destacar que en la mayoría de los casos, los terroristas liberados no han mostrado ningún interés en el cumplimiento de estas obligaciones. Como bien lo recordó el Premier, información que puede ser cotejada en el portal ministerial, ahora tenemos a un dirigente (Alfredo Crespo) de un movimiento (Movadef) que tiene una deuda con nuestro país por S/. 30,000.00 (30 mil nuevos soles) de los cuales únicamente ha pagado 40 soles. Estos son los casos que a diario debe enfrentar las procuraduría antiterrorista y que esperemos logre solucionar en defensa de los intereses de todos los peruanos.

-      Sobre el apoyo político e institucional a la Procuraduría Antiterrorista

Es preciso, como lo han afirmado diversos analistas, brindar un total respaldo a la labor que viene realizando el procurador Julio Galindo. “A veces se cree que la lucha antiterrorista se reduce a la asignación de mayores recursos, afirmar ello resulta un rotundo error”, afirmó el senderólogo Carlos Tapia. Es necesario que la clase política respalde unánimemente la labor del Estado frente al terror. La sociedad en su conjunto debe cerrar filas contra aquellos que desataron un baño de sangre en nuestro país. No debemos olvidar que la razón y la verdad están de nuestro lado.

Finalmente, y tomando en consideración lo antes señalado, consideramos saludable la opinión del Presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín Castro, quien ante la pregunta de si la identificación y embargo  de inmuebles de quienes tienen deudas por concepto de reparación civil con el Estado supone una persecución política, respondió enfáticamente que el “Estado está obligado a agotar todas las acciones legales correspondientes para exigir el cobro de estas deudas y que el exigir el cumplimiento cabal de la ley no es sino la expresión más clara de la vigencia del Estado de Derecho, opinión que nosotros compartimos en su totalidad.

Este artículo (edición completa) ha sido publicado en la edición número 55 (agosto 2012) de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

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