jueves, 15 de septiembre de 2011

Monseñor Cipriani: el "Gran Canciller" de la Pontificia Universidad Católica del Perú






Siempre es mejor tomar distancia, aguardar un momento, esperar que los acontecimientos discurran y las pasiones se desaceleren antes de emitir opinión o juicio en asuntos polémicos o de suma confrontación. Esa es una lección que un maestro universitario nos repetía con insistencia durante un ciclo en la cátedra de redacción y argumentación. Esta lección cobra mayor validez cuando se trata de un asunto en el cual el autor de la nota se encuentra parcializado de antemano con la defensa de ciertos principios y conceptos que lo acercan a una de las partes y lo distancian de la adversaria. Por estas razones, y a pesar del pedido de algunos amigos que me distinguen con la lectura y comentario que suelen hacer de las reflexiones que trato de difundir a través de este espacio, me he tomado un respiro, he contado hasta diez y he preferido observar atentamente lo que en las últimas semanas ha significado el enfrentamiento mediático y violento entre dos de las instituciones más importantes del país: El Arzobispado de Lima, representado por el Cardenal de la ciudad, Monseñor Juan Luis Cipriani y la Pontificia Universidad Católica del Perú., para muchos, entre los cuales me incluyo, el centro de formación universitaria de mayor prestigio en nuestro país.

Los días han transcurrido, y cansado de ver cómo los medios de comunicación y algunos periodistas, convertidos de un tiempo a esta parte en publicistas y fanáticos defensores del cardenal, vierten una serie de mentiras sobre este diferendo, he tomado la decisión de pronunciarme con la finalidad de aclarar algunas medias verdades o infieles mentiras, propaladas por esta prensa, producto, espero yo, de la ignorancia en temas de índole jurídico y no del evidente carga montón que de un tiempo a esta parte se cierne sobre la universidad con el único ánimo de restarle prestigio e importancia en nuestra comunidad, impulsado, como también creo resulta evidente, por un sector conservador e intolerante que busca hacer de la PUCP un centro de formación académico en el cual la crítica, la libertad, la tolerancia y el respeto por la pluralidad de puntos de vista sean valores que se deroguen y cedan posiciones frente al discurso monocorde que desde muy arriba se pretende imponer por personajes de espíritu y mentalidad profundamente ultramontanos.

El cardenal, mal aconsejado, seguramente por algunos abogados ávidos de algunas monedas, porque para ganar dinero siendo abogado no se necesita tener de lado a la razón, al menos así parece ser en nuestro país, afirma o quiere creer con fe ciega, con esa misma fe que él ha invocado tantas veces para defender las posiciones más retrógradas jamás vistas, tener derechos de propiedad sobre los bienes cedidos como legado por Riva Agüero a la PUCP. Pues bien, esta afirmación es absolutamente falsa, cualquier persona que haya cursado los primeros ciclos de derecho en la universidad más humilde de este país sabe la distinción existente entre la figura del Propietario y la del Albacea. Este dato es importante pues si uno revisa el testamento de Riva Agüero llegará a la conclusión de que la participación del Arzobispado de Lima en la Junta de Administración de bienes instituida por el difunto es en calidad de albacea, por ello en el mencionado texto se habla de “albaceazgo mancomunado” y no de copropiedad entre esta institución y la PUCP con respecto a los bienes cedidos.

¿Y qué hacen entonces los albaceas? Los albaceas, y así se señala expresamente en el Código Civil peruano y en toda la doctrina escrita sobre el tema, administran la voluntad del testador velando por el cumplimiento fiel de la misma, esa que en este caso en particular ha sido cumplida en todos sus extremos. Riva Agüero dispuso que los bienes pasasen a propiedad de la universidad, sin ningún tipo delimitación, restricción o condición, a los 20 años de su muerte y siempre que la PUCP siguiese funcionando como entidad educativa, condición que como todos sabemos se cumplió a cabalidad. En tal sentido, podemos afirmar sin lugar a equívocos que el patrimonio de la PUCP, valorizado en varios millones de dólares, de ahí la astucia y codicia de algunos por presentarse como propietarios cuando en realidad no lo son, resulta de la suma de los bienes legados por Riva Agüero y de la explotación que de ellos ha hecho la universidad en calidad de propietaria durante muchos años, además del esfuerzo de sus trabajadores y de las pensiones de los alumnos y ex alumnos, grupo este último entre los cuales me encuentro.

Ahora bien, y como mentir no cuesta nada, y mucho menos cuando se pone de garante a Dios, al Papa, a la Iglesia Católica, o a algunos mal intencionados políticos que se prestaron al juego del cardenal e hicieron del besa manos una práctica diaria, se ha señalado también que la PUCP está obligada a modificar sus estatutos en los términos dictados desde Roma por las autoridades de la Santa Sede.

¿Por qué la PUCP no muestra un mayor respeto por Roma y acata mansamente sus órdenes si es o se proclama “Católica”? Primero, porque jurídicamente hablando la universidad, como cualquier otra en nuestro país, se rige por sus propios estatutos y por la Constitución y las leyes de la República. Segundo, porque de acuerdo a la legislación vigente la PUCP elige a su rector con el voto mayoritario de la Asamblea Universitaria. Este dato es importante ya que casualmente lo que el Arzobispado de Lima quiere es que se modifique en el estatuto el modo de elección de la máxima autoridad. Según el Arzobispado, la decisión final sobre quién asume el cargo de rector lo debe tomar Roma y no este órgano de gobierno universitario. Si a eso le sumamos que en 1978 mediante un Tratado firmado por El Vaticano y el gobierno de nuestro país, el primero aceptó estas reglas de juego, no vemos cómo, o bajo que justificación, 33 años después, el cardenal pretende sentar en el edificio del rectorado a un amigo suyo y no a quien los alumnos, los profesores y los miembros de la comunidad PUCP eligen libremente. Y tercero, porque ceder a esta presión abriría un espacio para la censura o el veto de académicos e intelectuales que siendo profesores de la PUCP no podrían acceder a este cargo por el solo hecho de no comulgar o defender las ideas del cardenal, dicho de manera más sencilla, ningún profesor de corte liberal o progresista sería elegido rector por muchos que sean sus logros y triunfos alcanzados en el campo científico y académico, sobre todo si el “pensamiento Cipriani” se impone, como al parecer sucede, sobre el de los demás entre el clero.

Algunas personas, entiendo yo, ajenas a la comunidad PUCP, u otras muy cercanas pero segadas por sus propios prejuicios y fobias más íntimas y personales, creen ver en esta disputa una confrontación de tipo económico y comercial. Nada más alejado de la realidad. Defender la propiedad de la PUCP, defender la autonomía y la independencia de la universidad, de todas las universidades del país, no supone únicamente velar por sus bienes o rentas, supone también, y creo que ello es lo más importante, garantizar un espacio de diálogo permanente, un espacio que por su propia naturaleza y denominación debe tender a la expansión y a la difusión del conocimiento universal de modo libre.

El pleito jurídico, como bien lo señalan algunos analistas, es importante, sin dudas es importante, será en los tribunales civiles en los cuales se determine los alcances del testamento de Riva Agüero, y los derechos de propiedad existentes sobre su legado, algo que en mi opinión no admite mayor discusión, sin embargo, del otro lado tenemos el debate social y político en torno al tipo de universidad que se quiere construir y los valores que se deben defender en estos espacios de conocimiento. Defender la libertad de cátedra, la sana crítica, el diálogo abierto y libre entre todos los miembros de una comunidad universitaria son los elementos que caracterizan una enseñanza democrática en la cual ningún alumno, profesor o personal administrativo es perseguido o censurado por el solo hecho de no compartir una visión política, ideológica o religiosa determinada. Son estos los valores que casualmente ha venido defendiendo la PUCP a lo largo de toda su historia, inculcando en sus alumnos la necesidad por la construcción de un país más solidario, apoyada en los principios de tolerancia y pluralismo, tan importantes en una sociedad tan heterogénea como la nuestra.

Todo ello lo digo con la autoridad y el conocimiento que me da el haber tenido el privilegio de estudiar y de desempeñarme como asistente de cátedra, primero, y como profesor adjunto luego, en esta casa de estudios. En la universidad, en mi universidad, se respira un clima de libertad y frescura que hacen posible un libre intercambio de ideas y puntos de vista. En mi universidad no existen libros prohibidos, como quizá lo propondría Francisco Tudela con autores como Lenin, Marx o Mao, tampoco existen películas prohibidas, como seguro sería el deseo del cardenal Cipriani con films como La última Tentación de Cristo, por ejemplo. En mi universidad se propicia la lectura en todos su niveles y en todas sus formas, y se propende al debate entre alumnos y profesores, porque se entiende que el camino más certero hacia el conocimiento es la lectura y que más importante que escuchar a los que piensan como uno es tener la oportunidad de compartir con aquellos que presentan puntos de vista antagónicos a los nuestros, pues esa es la manera racional de reforzar nuestras creencias, replantearlas o abandonarlas por completo pero de manera absolutamente libre sin presiones de ningún tipo.

No soy católico, nunca lo he sido, pero espero por el bien de la universidad que la gracia de Dios recaiga sobre las mentes de todos los creyentes involucrados y les devuelva la cordura. Estoy seguro que este entuerto puede ser resuelto de manera amistosa, no existe necesidad de trasladar a los medios asuntos que debieron ser resueltos al interior de la propia comunidad universitaria. Resulta penoso ver cómo la máxima autoridad de la Iglesia Católica y el rector de la más importante universidad del país se sumergen en un fuego cruzado de insultos, improperios y adjetivos agraviantes. El problema, para la iglesia, como lo hace notar con inteligencia la periodista y abogada, Rosa María Palacios, ex alumna de la PUCP, a la cual pueden acusar de todo menos de no ser una mujer católica, apostólica y romana militante, es que cuando el rector de una universidad se equivoca, genera un pasivo que debe ser asumido por los miembros de su universidad, pero cuando la máxima autoridad eclesial miente, difama, y amenaza con el apoyo de “los de siempre” quien debe hacerse cargo de esa deuda es toda la feligresía. Los católicos de nuestro país no se merecen este festín de injurias y calumnias, los peruanos no nos merecemos esto, pero sobre todo, los alumnos de esta casa de estudios no merecen ver alterado su desarrollo académico y personal por la torpeza de estos hombres. Ya viene siendo hora que esto acabe, el rector debe mostrar firmeza en la defensa de sus fueros pero al mismo tiempo respeto por las autoridades eclesiales y el cardenal Cipriani, deberá dejar de lado sus prejuicios, sus miedos, sus odios hacia todo aquel que se siente a su izquierda y quiera ser libre, pues de no ser así, terminará siendo recordado como “El Gran Canciller del odio, la codicia y el embuste”.

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jueves, 29 de abril de 2010

Los intereses de Monseñor Cipriani y la defensa de la libertad


Luego de algunos días de conocido el fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la Universidad Católica, seguramente todos o casi todos tienen una opinión al respecto. Más allá de las consideraciones jurídicas y las críticas que se puedan hacer al proceder del colegiado en la resolución de esta controversia (el fallo está plagado de errores de orden procesal y material, para los interesados recomiendo revisar los fundamentos 20 y 21 de la sentencia), resulta interesante dar cuenta de algunos datos que ponen en evidencia los verdaderos intereses que se esconden detrás de la supuesta intención del Arzobispado de Lima por tutelar la voluntad de José de la Riva Agüero de Osma, benefactor de la Universidad Católica.

El conflicto se inicia en el año 2007, fecha en la cual el administrador designado por el Arzobispado envía una carta a la universidad solicitando le haga entrega de información de orden financiero sobre las decisiones tomadas por la casa de estudios sobre los bienes de Riva Agüero. Este dato puede parecer intrascendente sino se tomara en cuenta que durante largos años, nunca otro administrador había pedido este tipo de información. Es más, nunca el Arzobispado nombró como administrador a alguien de fuera de la universidad, lo cual demuestra que existía una total confianza por parte de la iglesia en torno al manejo que la universidad hacía de sus bienes. ¿Qué ocurrió entonces? En el año 1999, es nombrado monseñor Cipriani, quien de inmediato pide contar con una oficina al interior de la universidad y participar en la administración de los bienes de la misma.


Teniendo en cuenta lo antes dicho, cae por su propio peso preguntarnos lo siguiente: ¿Qué razón motiva al Arzobispado, a través de su hombre designado en la Junta Administradora, a hacer este tipo de requerimientos a la universidad? Dos son las posibles respuestas que se barajan. El Arzobispado, con monseñor Cipriani a la cabeza, señalan que el único interés suyo es la defensa de la memoria de Riva Agüero, por eso tomaron la decisión de solicitarle al rector de la Católica la convocatoria de una junta en la cual se discutan temas como la administración de los bienes, la revisión de los balances y estados financieros de la universidad, y demás asuntos fines a la materia inmobiliaria. Ahora bien, si eso fuera así, ¿Por qué ese mismo interés despertó de manera repentina y tardía en el año de 1999 con el nombramiento de monseñor Cipriani, luego de años de convivencia pacífica y confianza recíproca entre la iglesia y la universidad? Muy simple. El verdadero y único interés es controlar la universidad, hacerlo primero desde el lado administrativo y económico, para luego tener injerencia en su lado científico y académico.


¿Qué razones nos llevan a afirmar y tomar partido por la segunda respuesta? Las razones las encontramos en un sin número de declaraciones hechas por monseñor Cipriani en las cuáles expresa su preocupación por el giro académico e ideológico que ha tomado la universidad en los últimos años. Monseñor opina que en la universidad se ha venido gestando un pensamiento muy abierto, liberal, muchas veces conestatario, opina que el mismo debiera ser más cerrado y conservador. Monseñor, también ha señalado que en la universidad conviven profesores que muestran un actitud contraria a la prédica católica, un pensamiento ateo, que cuestiona y crítica los fundamentos de la posición oficial de la iglesia. Monseñor, cree, y así lo ha dicho públicamente, que la teología que se enseña en la universidad es muy pobre, que no se toman medidas, incluso coercitivas, para promover la práctica del catolicismo entre los alumnos. Todo ello demuestra que monseñor no está de acuerdo con los contenidos de los cursos que se imparten en la universidad y con la manera como se enseñan estos contenidos a través de un diálogo libre, horizontal y tolerante entre alumnos y profesores.


Muchos pueden pensar que un reclamo de este tipo es válido, más si se tiene en cuenta que se trata de una universidad católica. Lo que olvida monseñor, y sus acólitos al interior y fuera de la iglesia, es que la Pontificia Universidad Católica, es ante todo una universidad, una casa de estudios en la cual conviven, en un diálogo permanente, la razón, la ciencia y la fe, pero son la razón y la ciencia las que siempre deben ir por delante, ya que se trata de una universidad, y una universidad tiene por consigna la búsqueda permanente de la verdad a través de la contraposición de ideas, y ello sólo es posible es un clima de respeto por la libertad, la tolerancia y el pluralismo, ya que lo que hace una universidad es impulsar es el conocimiento, no lo restringe, no lo condiciona, no lo limita, por último, no lo censura, como pretende hacer monseñor Cipriani.


Es bueno hacer este apunte, es preciso recordarle a monseñor, y a toda la comunidad, en especial a diarios como Expreso, Correo y la Razón, los cuales no se caracterizan precisamente por su pluralismo de ideas o su tolerancia a planteamientos distintos a los suyos, que los valores del sistema democrático deben replicarse al interior de las universidades, pues es en las universidades, y no en las oficinas de algún medio de corte autoritario, donde se forman a los ciudadanos que en algunos años asumirán las riendas de nuestro país, un país que siendo tan diverso y plural, requiere de líderes forjados en lo volares de la tolerancia y la libertad. Digo ello, ya que estos medios, ya sea por interés o ignorancia, como diría Aristóteles, se han prestado al juego del Arzobispado, sirviendo de caja de resonancia a un sin número expresiones, que en muchos casos, no solo resultan apócrifas sino también agraviantes.


Replicando lo dicho por Cipriani, señalan que la universidad está gobernada por una camarilla de rojitos y caviares que manejan a su antojo las riendas y el patrimonio de la universidad, pero olvidan señalar que 600 de los 800 profesores miembros de la universidad le dieron su respaldo total a la gestión del actual rector, un número sin dudas mayor al de sacerdotes que respaldan la gestión de Cipriani. También han señalado, que la preocupación de Cipriani es por la manera irregular y poco transparente con que la universidad maneja sus recursos, nada más ajeno a la realidad, ya que la Católica a lo largo de los últimos años ha venido siendo auditada por las más importantes firmas internacionales como Deloitte, KPMG y, actualmente, KPMG. Todo ello ha llevado a la universidad ha ser considerada por Roma como la tercera mejor de las pontificias universidades de Latinoamérica.


Sin lugar a dudas esta polémica entre la Católica y el Arzobispado tiene aún varios capítulos por escribir. Actualmente están en curso dos juicios civiles en los cuales se discute la propiedad y el ejercicio de la misma por la universidad, así como también la participación del Arzobispado en la toma de decisiones sobre la administración de los bienes. Como alguien diría, en este entuerto aun existe mucha tela por cortar. A pesar de ello, la universidad, en una actitud que no hace sino confirmar su mística y esencia forjada a lo largo de los años, ha renovado su compromiso con los valores democráticos, con la investigación científica, con la discusión abierta, compromisos necesarios de cara a la construcción de una sociedad más libre y democrática. No olvidemos, como dicen algunos filósofos, que solo la verdad nos hace libres, y esa verdad no puede ni debe ser objeto de manipulación o censura. Nadie puede pretender erigirse como el vocero de la verdad, ni de la científica ni de la espiritual, por más arzobispo, cardenal o monseñor que sea.

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