El problema de la Minería Informal

Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, puede estar en contra de la medida tomada por el gobierno con la finalidad de iniciar un proceso de formalización de la minería ilegal que se desarrolla en nuestro país. Numerosas son las razones que avalan la iniciativa del Ejecutivo al momento de promulgar un Decreto de Urgencia aplicable sólo en la zona de Madre de Dios con la finalidad, como ya mencionamos, de formalizar a los informales. Veamos algunas de estas razones.

Cómo es de suponerse todos aquellos que desarrollan esta ilegal actividad no son sino evasores tributarios, no cumplen con su obligación de pagar impuestos, locales o nacionales, ocasionando una pérdida para el Estado de aproximadamente 600 millones de dólares, eso teniendo en cuenta que de acuerdo a datos obtenidos de numerosos informes elaborados por el propio gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil, la minería informal en el Perú mueve un promedio de 1000 a 1200 millones de dólares al año, sin lugar a dudas se trata de un negocio bastante lucrativo.

Otro dato que resulta preocupante es el relacionado a los profundos daños que esta actividad ocasiona en cuanto a la conservación del equilibrio ambiental y el ecosistema. Al no ser empresas formales no cuentan con proyectos de sostenibilidad medio ambiental, no invierten en proyectos destinados a reducir el impacto medioambiental que su actividad trae consigo. La consecuencia, miles de hectáreas en Madre de Dios han sido literalmente devastadas, son tierras inservibles para el cultivo y su reforestación es casi imposible. Además, tanto en Madre de Dios como en otras regiones de nuestro país como La Oroya, los niveles de mercurio presentes en el agua que los pobladores consumen es mayor el permitido, con lo cual no solo se ocasiona un daño terrible al ecosistema sino también a la salud y a la vida de los pobladores que viven en las comunidades adyacentes a los lugares donde se desarrolla dicha actividad.

A ello se suma lo siguiente. La poca presencia del Estado, la ausencia de una entidad que los fiscalice, como sí sucede o debería suceder en el caso de las empresas formales, hace que ninguna de estas empresas informales sea respetuosa de los derechos laborales de sus trabajadores. Ninguno de ellos cuenta con un seguro de vida frente a una actividad de alto riesgo, ninguno tiene derecho a una remuneración mínima vital mucho menos a días de descanso o vacaciones. Es decir, las condiciones de sub empleo, el cual muchas veces llega a niveles de explotación, son otro elemento que fundamenta la necesidad de asumir la obligación de formalizar a esta minería.

Además de lo dicho, la numerosa cantidad de dinero que este ilegal negocio mueve, trae consigo la formación de no una sino de varias mafias organizadas a su alrededor, mafias dedicadas por ejemplo a la trata de blancas, decenas de niñas y adolescentes de otros lugares cercanos a la zona de explotación minera son captadas con el cuento de obtener un puesto de trabajo, para finalmente, al cabo de algún tiempo, terminar siendo obligadas a ofrecer servicios sexuales en los denominados “Prostibares”. Lo mismo ocurre con el tráfico de menores, los cuales son literalmente esclavizados y obligados a brindar su mano de obra a cambio de una plato de comida y un techo en el mejor de los casos.

Siendo este el escenario, sorprende y entristece la actitud de algunos políticos que valiéndose de la ignorancia de la población y mediante una campaña de desinformación vil y maliciosa pretenden azuzar a la población y fomentar actos de violencia como la toma de carreteras, el atentado contra la propiedad pública y privada, e incluso la agresión a los agentes del orden. No es posible entonces que un problema que debe encontrarnos a todos los peruanos unidos sea utilizado políticamente por algunos con la única finalidad de obtener algún crédito de cara a las próximas elecciones.

También sorprende el que ninguna ONG ambientalista dedicada a la defensa y promoción de los derechos medioambientales o aquellas dedicadas a velar por los derechos laborales de los trabajadores mineros haya salido al frente a sentar posición sobre este preocupante problema. Al parecer a estas organizaciones no les parece relevante el hecho que varias hectáreas de nuestra amazonia haya sido depredada a causa del relave minero que esta actividad informal genera, así como tampoco le resulta de interés el daño que al ecosistema ocasiona por ejemplo el sin número de posas de maceración que el negocio del narcotráfico promueve, a diferencia de lo que ocurre cuando frente a ellas se encuentra una compañía minera transnacional , la cual a diferencia de las infromales, sí paga impuesto, si invierte en proyectos de sostenibilidad y equilibrio ecológico y también ofrece estándares de cumplimiento de la legislación muy por encima de los que estas ofrecen. Tal parece que a muchas de estas organizaciones les sobre valor para frenar grandes proyectos mineros como Tambo Grande, o ahora Tía María, pero esconden la cabeza como la avestruz cuando se trata de hacer frente a las mafias que están detrás del negocio de la minería informal.

Como bien señalan algunos, el problema de la informalidad en la actividad minera es un problema social que se arrastra hace más de 40 años, es indudable, que más allá de la ilicitud de la actividad, ésta atrae a miles de hombres y mujeres, muchas familias, bien o no, viven de este ilícito negocio, los jornaleros se ven seducidos por un pago diario que fluctúa entre los 400 y 500 soles diarios, mucho más de lo que podrían obtener si se dedicaran a otra actividad. No extraña entonces que un Decreto d Urgencia que fue pensado única y exclusivamente para la zona de Madre de Dios haya ocasionada la reacción violenta y radical de pobladores de Arequipa ¿Cómo se explica eso? Pues muy simple. El negocio de la minería informal es tan lucrativo que se ha extendido a lo largo de todo el país, si se quiere ver de algún modo, se trata de un actividad que ha hecho metástasis, en tal sentido, los pobladores de Arequipa, los mineros “seudo artesanales” de Arequipa (utilizo el entrecomillado ya que es imposible que mineros artesanales cuenten con un capital tan ingente que les permita adquirir maquinaria tan costosa como las que hemos visto por televisión, sino basta con centrar nuestra atención sobre las famosas dragas) se oponen a este Decreto de Urgencia pues sienten temor de que el Estado replique esta iniciativa extendiéndola a su territorio.

Este es el problema de la minería informal, estas son las consecuencias negativas que para el país trae consigo esta ilícita actividad. Es por ello que siendo un problema de escala nacional, exige el esfuerzo y unión de todas las fuerzas políticas en el diseño de una estrategia integral que de manera paulatina de solución a un problema que tiene más de cuatro décadas. Es el momento que los partidos y movimientos sociales de todo el país sienten posición sobre el tema, dejen de lado los intereses particulares anteponiendo los de la nación. No es posible pues que aprovechándose de la coyuntura salga algún advenedizo a petardear la iniciativa del gobierno de querer formalizar dicha actividad, con propuestas inviables y absolutamente irresponsables como el pedido de vacancia presidencial.

Rafael Rodríguez Campos