jueves, 13 de diciembre de 2012

Homofobia en la Policía Nacional del Perú



Una nueva polémica ha generado la publicación del nuevo régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP) por parte del poder Ejecutivo. En mi opinión, muchos son los temas que ponen en cuestión la constitucionalidad de la mencionada norma. Sin embargo, la disposición más descabellada es la que sanciona a los efectivos policiales que tengan relaciones sexuales homosexuales “que causen escándalo y dañen la imagen de la institución”, pues lejos de ser una medida que busque consolidar democráticamente a esta entidad termina convirtiéndola en un espacio en donde la discriminación y la homofobia son el signo distintivo de la misma.

Un primer dato que debe llamarnos poderosamente la atención es el tipo de sanción que recibiría aquél policía que “incurra en una conducta de este tipo”. Esta no es otra que la expulsión definitiva de la institución. La sanción es a todas luces desproporcional, pues únicamente actos como la tortura y la pertenencia a una banda criminal merecen un castigo tan grave como el antes descrito. Es decir, para la PNP, o mejor dicho, para quienes redactaron esta norma, mantener relaciones homosexuales es tan grave como cometer delitos como la tortura o ser miembro de una organización criminal. ¿No les parece esto un verdadero exceso?

Un segundo asunto que merece algún apunte, pues evidencia el talante discriminatorio y homofóbico de las autoridades en la PNP, es el tratamiento que estos mismos actos reciben cuando quienes los cometen son “parejas heterosexuales”. La misma norma señala que los policías que sostengan “relaciones extramatrimoniales heterosexuales con compañeros” (acá el supuesto a diferencia del anterior se reduce porque exige una relación de “compañerismo) y que generen escándalo recibirán una sanción de dos a seis días. Es decir, si yo “hago escándalo con mi pareja heterosexual” me llaman la atención y me dan la oportunidad de enmendar mi camino, pero si yo “incurro en el mismo comportamiento pero con una pareja del mismo sexo” me voy directo a la calle. ¿Acaso este proceder no es una abierta conducta discriminatoria?

Pero lo absurdo de esta norma no termina allí, pues peor es el tratamiento que este reglamento le da a otras conductas que siendo (estas sí) realmente graves parecen no merecer el mismo nivel de reproche jurídico por parte de la PNP. Estableceré dos ejemplos que corroboran lo que acabo de afirmar: ¿Cuál es la sanción que recibe el policía que maltrata psicológica y físicamente a su familia? ¿Cuál es la sanción que recibe el policía que no cumple con pagar la pensión de alimentos a su hijo? Para ambos casos, el reglamento prevé un castigo de once  a quince días.

Dicho de otro modo, para la PNP sostener relaciones homosexuales que generen escándalo (¿cuál será la moral de quienes deban definir qué cosa es un escándalo?) es una falta que genera un desprestigio institucional mayor que el tener entre sus filas a un efectivo que incumple su deber de padre con su hijo o que incurre, por ejemplo, en actos de violencia contra su esposa o conviviente. ¿No les parece eso un absurdo?

Parece que quienes redactaron y elaboraron este “sin sentido jurídico” no han tenido en consideración la reiterada y uniforme jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha señalado para este tipo de casos en los cuales evidenció la existencia de prácticas homofóbicas al interior de la PNP. El supremo tribunal ya había establecido en casos anteriores que “el ser humano es libre de autodeterminarse”, por lo que no es posible admitir que las opciones personales en torno a su sexualidad puedan ser pasibles de sanciones discriminatorias como la que se ha previsto en este reglamento. Eso quiere decir que tanto los homosexuales como los heterosexuales, así como cualquier otra persona tenemos el derecho a desarrollarnos libremente, y por tanto, debemos compartir los mismos deberes y obligaciones.

¿Qué quiere decir esto exactamente? Eso quiere decir que el Estado no puede, mediante su aparato coercitivo, sancionar conductas por el solo hecho de considerarlas ilegítimas o inapropiadas. No lo puede hacer, dado que la decisión en torno a cómo y con quién sostiene uno relaciones afectivas, amorosas o sexuales le corresponde únicamente a cada una de las personas.  Por tanto, como bien señaló el tribunal en su momento, la condición sexual de una persona no puede ni debe ser vista como una disminución en su calidad moral, profesional o física.

La opción sexual, y esto parece que no quiere ser entendido por las autoridades a cargo de este reglamento, no puede considerarse un menoscabo o un impedimento para portar armas o cumplir con el mandato constitucional de la PNP. Sostener lo contrario, o dejar en entredicho la capacidad de una persona para vestir el uniforme policial por su condición sexual, no solo resulta absurdo sino contrario al principio de dignidad de la persona, situación que es inadmisible en una sociedad que trata de ser cada día más justa, libre y tolerante. Esperemos que el Gobierno rectifique este tremendo error.

Nota: este artículo ha sido publicado en http://elcristalroto.pe/, portal institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico (sección constitucional). Recomiendo visitar este espacio pues contiene artículos de gran interés para todos los ciudadanos.

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sábado, 23 de mayo de 2009

Prácticas antidemocráticas en la Policía Nacional del Perú

Hace algunos días, el 12 de mayo del presente año para ser exactos, se publicó la Ley Nº 29356, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía nacional del Perú (PNP), como parte de un conjunto de medidas institucionales adoptadas por ese sector con la finalidad de acabar con los problemas de corrupción por los que atraviesa la PNP.

Muchas personalidades han respaldado esta medida, en especial personajes vinculados al partido de gobierno, pero, sin lugar a dudas, ha sido la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, quien ha defendido vehementemente las bondades de tal propuesta frente a la gran cantidad de críticas que ha recibido desde diversos sectores de la sociedad civil por su evidente talante antidemocrático.

Es cierto que la mencionada ley trae consigo aportes a la situación actual que se vive al interior de la institución, por ejemplo, la nueva ley incluirá a los generales (el máximo rango de carrera al que llegan los oficiales de la PNP) en los procesos administrativos disciplinarios en procesos sumarios que durarán un plazo máximo de 5 días, con lo cual la mencionada norma pretende luchar contra la corrupción al más alto nivel de la institución. “Se ha dado un punto de quiebre para castigar a quienes comenten faltas que deshonren a la institución”…”Hasta el director de la Policía podrá ser investigado”, comentó la ministra a diversos medios de prensa.

Otro de los alcances de la mencionada ley es la eliminación de la prescripción de las faltas cometidas por el personal de la institución. “Una de las argucias utilizadas por los acusados es no firmar la notificación para que rinda su manifestación sobre el hecho investigado”, señaló la ministra, “por eso ahora con el nuevo régimen no será necesario notificar al efectivo investigado, bastando el levantamiento de un acta y la presencia de un testigo para dar inicio al proceso”, puntualizó.

En ese mismo sentido, la titular del interior señaló que con la finalidad de que ningún caso quede sin resolución, la norma establece que los procesos anteriores, que hasta la fecha son cerca de 8 mil, se someterán al nuevo régimen, los cuales, salvo los procesos sumarios, serían resueltos en un período máximo de 30 a 45 días con el debido respeto a las garantías del debido proceso.

Sin embargo, son otros puntos de la mencionada ley los que preocupan a la mayoría de personas que tenemos como preocupación la democratización de la sociedad y la democratización de las instituciones del Estado. Existen artículos de la mencionada norma, así como infracciones tipificadas en ella, que ponen en riesgo la tutela y el respeto por un conjunto de derechos y libertades ciudadanas que se consideran pilares fundamentales del Estado democrático y Constitucional de Derecho.

El primero de ellos, es el tenor del artículo 15º de la norma, sobre la relación con los medios de comunicación, que dice lo siguiente: El personal de la Policía Nacional del Perú no puede emitir opinión, declarar o informar, a través de los medios de comunicación social, sin autorización de su director general o de su comando, previa coordinación con la Alta Dirección del Ministerio del Interior. La sanción ha imponerse por tal falta será la de apercibimiento hasta 6 días de arresto simple.

Sin lugar a dudas, este artículo antes citado constituye un penoso precedente de cara al esfuerzo por la consolidación y el respeto de derechos tan importantes para la salud democrática de un país como el de la libertad de información, acceso a la información y demás libertades informativas, ya que restringe o limita el derecho del policía a informar, opinar, expresar y difundir su pensamiento, por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento de ningún tipo. Este artículo lo que hace es desconocer el contenido del artículo 2º (4) de la Constitución, el cual proscribe todo tipo de censura previa, entendida esta como cualquier forma de control o interferencia que impide, condiciona o supedita la difusión de informaciones o ideas, sea sometiendo su contenido a una revisión o aprobación previa antes de su divulgación, o imponiéndole restricciones, exclusiones parciales y hasta prohibiciones totales a su difusión, tal y como lo ha señalado en jurisprudencia reiterada y uniforme nuestro Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero, además de vulnerar el conjunto de libertades informativas que nuestra Constitución reconoce, este artículo constituye un obstáculo en la lucha contra la corrupción, ya que en diversas oportunidades han sido los propios efectivos de la policía los que se han puesto en contacto con los medios de prensa con la finalidad de denunciar y poner en conocimiento de la opinión pública una serie de irregularidades que acontecen al interior de su institución, como la comercialización ilegal de los vales de gasolina por altos mandos de la policía. En ese sentido, consideramos que este artículo es, sin lugar a dudas, una suerte de mordaza para todo aquel efectivo de la policía, oficial o subalterno, que decida denunciar hechos tan escandalosos como el tristemente recordado “gasolinazo”.

Debemos de recordarle a la ministra y a todos los policías del Perú, que las libertades informativas son elementos inherentes al proceso democrático, el cual se caracteriza por la defensa de la tolerancia y la promoción de la participación de los ciudadanos, en la toma de decisiones políticas a partir del acceso y manejo de información de naturaleza pública o de interés general. Por tanto, la democracia presupone y garantiza, que a nadie, policía o no, se le niegue el derecho a participar en las discusiones y deliberaciones de la colectividad, porque sus ideas puedan ser consideradas ofensivas, peligrosas o incómodas para la imagen de una institución, y ello porque el gobierno representativo y democrático se rige por el criterio de la transparencia en el manejo de los asuntos públicos y no por una mala entendida cultura del secreto que lo único que hace es sentar las bases de la tiranía.

Una segunda preocupación se encuentra en las denominadas infracciones contra la imagen institucional.

La Primera de ellas es aquella referida a la sanción con el pase a la situación de disponibilidad de 1 a 2 años al personal policial que mantenga relaciones extramatrimoniales que generen escándalo y menoscaben la imagen institucional. Y la segunda es la referida a la sanción de pase al retiro para el personal policial que mantenga relaciones sexuales del mismo género, “que causen escándalo o menoscaben la imagen de la institución”.Cabe mencionar que ambas infracciones son catalogadas como muy graves en el nuevo régimen disciplinario de la policía.

Sobre estos artículos debo decir que ambos son una abierta intromisión en la esfera íntima y privada de los efectivos de la policía. Además, creo resulta ser evidente el tufillo homofóbico que la norma trae consigo. Me pregunto ¿Porqué si ambas sanciones son muy graves, la primera de ellas sólo contempla el pase a la situación de disponibilidad y no la de pase al retiro directo como en el caso de las relaciones sostenidas con personas del mismo sexo? ¿O es que acaso ser homosexual y causar escándalo es una conducta más grave que ser heterosexual, infiel y ocasionar bochornosos espectáculos que trascienden a la colectividad?

Sobre el primero de los supuestos, reitero es una medida que lesiona severamente el ámbito íntimo y privado de la vida de un matrimonio, lo que ocurra en ese espacio es responsabilidad y competencia de los cónyuges y no del poder sancionatorio o punitivo del Estado Quizá la ministra se encuentre preocupada por la defensa de la sagrada familia, que al parecer para ella sólo debe estar compuesta por hombre y mujer, tal y como lo dice su religión, pero no debe utilizarse al derecho administrativo sancionador para dar solución a un problema que se genera entre cuatro paredes y debajo de las sábanas de las parejas.

Con respecto al segundo supuesto, somos de la opinión que el hecho de tener relaciones con una persona del mismo género no constituye ningún tipo de vejamen a la imagen de la institución policial, pues esa decisión les corresponde única y exclusivamente a los individuos, que son decisiones que son partes de los secretos de alcoba que todos los mortales tenemos, o es que acaso la ministra olvida que tanto los homosexuales como heterosexuales tenemos el derecho a vivir nuestra sexualidad a plenitud, sin interferencia estatal ni sotanas que pretendan decirnos por dónde está bien o por dónde está mal, me refiero claro está, al camino que decidamos optar. Debemos volver a recordarle a la ministra, que la nuestra no es una posición antojadiza ni libertina, es una posición que ha sido adoptada por el propio Tribunal Constitucional el cual en el caso del efectivo de la policía José Álvarez, quien fue separado de la policía en abril del 2001 por haberse casado con el transexual Heli Rojas, declaró que una práctica homosexual no es causal de despido ni maltrato, pues de lo contrario se estaría violentado el derecho a la igualdad y no discriminación del cual gozamos todos los peruanos, ordenando su reposición al declarar fundada la demanda presentada por el mencionado efectivo.

Finalmente, creo que en lugar de invertir esfuerzos en este tipo de medidas, la ministra debiera preocuparse por dar una solución efectiva a la enorme problemática por la que atraviesa su sector, ella debería decirle a la ciudadanía como pretende afrontar la lucha contra la inseguridad ciudadana con comisarías que no tienen a su disposición la lista de requisitoriados que la propia policía elabora, con comisarías que no cuentan con servicios de Internet y con computadoras actualizadas que les permitan un mejor manejo de datos e información, o con comisarías que ni siquiera pueden acceder a los datos del Reniec, tal y como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo. O mejor aún, la señora ministra debería explicarle a la ciudadanía porqué se tuvo que cambiar insólitamente al inspector general, Carlos Esaine Armas, luego de que este asumiera el cargo hace sólo un mes y días, o porqué el actual director general de la policía, se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en su edecán preferido en cuanta aparición pública esta participa. Estas son señora ministra, las explicaciones que la ciudadanía espera y no el afán populachero de pretender cambiar la situación de la institución persiguiendo a los infieles, homosexuales o restringiendo la libertad de expresión.

Rafael Rodríguez Campos




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