lunes, 12 de agosto de 2013

LA NOVELA INTERMINABLE: EL CASO CHAVÍN DE HUANTAR





Cuando todo nos hacía pensar que esta novela llegaría a su fin, aparece un audio que pone en evidencia la manera cómo desde el Poder Ejecutivo se trató de presionar a la jueza Rojassi, una de las vocales encargadas de dictar sentencia en este caso, para que emita una decisión que sirva para “optimizar la defensa del Estado peruano” ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Los “intereses del Perú”
En otras palabras, lo que los protagonistas de este audio le solicitaban a la jueza era que en su decisión se dijera que en el caso Chavín de Huantar no se había presentado ninguna ejecución extrajudicial, y que por tanto, el Estado peruano no era responsable de los cargos imputados, pues ningún agente oficial (incluyendo a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Huamán Azcurra) había participado (directa o indirectamente) en el asesinato del camarada “Tito”, miembro del MRTA.

Como se sabe, las presiones no dieron sus frutos (al menos no en su totalidad) pues si bien en la sentencia se exculpó a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Huamán Azcurra, respectivamente, al mismo tiempo, se señaló que el camarada “Tito” había sido ejecutado extrajudicialmente (nadie sabe por quién y bajo qué circunstancias) y que este hecho debía seguir siendo investigado. Es decir, para el Poder Judicial el camarada “Tito” sí fue ejecutado extrajudicialmente pero al no contar con prueba suficiente que acredite la responsabilidad penal de los imputados entonces el único camino era la absolución de los mismos.

El honor de los comandos
Esa es la historia judicial en este caso, que en nuestra opinión era la más importante, pues la justicia peruana, luego de muchos años, y tras superar un cúmulo de errores cometidos por más de una década, terminaba por señalar que la acción de los Comandos Chavín de Huantar el día de la operación en la Embajada de Japón (tomada por los terroristas del MRTA) había sido una acción impecable, y que ninguno de los comandos que participaron en este operativo era responsable de delito alguno. Decisión que, sin lugar a dudas, todo el Perú debía celebrar, pues era una manera de limpiar el honor manchado de aquellos a los cuales un determinado sector (básicamente algunas ONG’s) trató siempre de hacer aparecer como crueles asesinos violadores de derechos humanos.

El Gobierno presiona
Sin embargo, una vez más, los propios agentes del Estado se encargan de enlodar la resolución de este caso, luego de que un medio de comunicación difundiese el bendito audio en el cual el entonces ministro de Justicia (Jiménez Mayor, hoy Premier), el representante del Perú ante la CIDH para este caso (Pedro Cateriano, hoy ministro de Defensa), y lo que es más grave, el entonces presidente del Poder Judicial (César San Martín, actual vocal supremo) sostenían una conversación con la jueza Rojassi, con el ánimo de “alinear conceptos” y lograr una sentencia favorable al Perú.

La debilidad de nuestras instituciones
Este es un hecho que en nuestra opinión muestra la manera cómo en nuestro país los principios de “separación de poderes e independencia judicial” siguen siendo violados de manera constante (en todos los gobiernos, en unos más que en otros) con total impunidad. Lo curioso es que estos mismos señores, sobre todo los actuales representantes del Poder Ejecutivo, se jactan, casi a diario, de ser los más grandes demócratas del Perú y de haber combatido siempre a quienes trataron de acabar con las instituciones y el Estado de Derecho en nuestro país. Yo me pregunto: ¿Acaso quien trata de interferir en un proceso judicial en curso, amedrentando o presionando “sutilmente” a uno de los miembros de una sala penal para fallar a favor o en contra de sus intereses no vulnera los principios básicos de una democracia constitucional?

Las excusas de los implicados
Los protagonistas del audio han salido a decir que se trata de un audio “editado”, que las frases han sido sacadas de contexto, que ellos no dijeron lo que todo el Perú ha escuchado, y por último, que este audio no puede servir como prueba para acreditar la injerencia política del Gobierno de turno en este caso al haber sido obtenido de manera ilegal (esto puede ser cierto, dependiendo de qué teoría de la prueba se use, por si acaso).

El problema con este tipo de excusas es que no terminan por desbaratar la acusación que desde diversos sectores se ha hecho (es curioso ver cómo ahora el fujimorismo se quiere convertir en el defensor de la independencia judicial, cuando todos recordamos la manera infame como durante una década lo pusieron a su servicio gracias a los millones de dólares que Fujimori y Montesinos repartían entre jueces y fiscales), la misma que se puede resumir básicamente así: el Poder Ejecutivo (con la ayuda del presidente del Poder Judicial) presionó a uno de los vocales encargados de analizar el caso para favorecer los intereses del Estado peruano y señalar que en el caso Chavín de Huantar no hubo ninguna “ejecución extrajudicial”.

El Estado volverá a perder
Lo preocupante en este caso, es que gracias a esta torpeza (se deberá investigar a fondo para determinar si los participantes en esta conversación cometieron algún tipo de falta funcional o delito), el Estado le vuelve a poner la mesa servida a quienes (Aprodeh se frota las manos) durante todos estos años han acusado a los comandos de haber asesinado al camarada “Tito” luego de que este fuese apresado, para que en esta oportunidad cuestionen la transparencia y legalidad del proceso.

No me queda la menor duda de que estos señores solicitarán ante el sistema interamericano de Derechos humanos la nulidad de este juicio (es muy probable que les den la razón) y con ello, obligarán al Estado peruano a volver a juzgar a nuestros valerosos comandos dando continuidad a una novela interminable que debió llegar a su término pero cuyo capítulo final aún está por escribirse debido a la falta de vocación institucional de nuestras autoridades.

Defendamos a los comandos y sancionemos a los asesinos
Finalmente, esperemos que en estos días el Estado defina una estrategia de defensa inteligente para este caso, que sirva para cerrar este capítulo de nuestra historia, dejando a salvo el honor de los comandos que durante años vienen siendo procesados, pero al mismo tiempo, asumiendo la responsabilidad por la ejecución extrajudicial del terrorista “Tito”, pues querámoslo o no, en una democracia, todos, absolutamente todos, tenemos el derecho a ser juzgados por nuestras faltas y delitos, y a no ser asesinados a mansalva por agentes del Estado. Ya es hora de que el Estado reconozca la acción valerosa de los comandos, y a su vez, haga todos sus esfuerzos por sancionar y encontrar a los responsables de esta ejecución extrajudicial.


El Perú, como lo dijo alguna vez el maestro Manuel Vicente Villarán, cambiará el día que todos respetemos las reglas del Estado de Derecho, dos de las cuales son la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Mientras eso no ocurra, nuestro país no será otra cosa que un “proyecto mal diseñado de República”.

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