Uribe, Chávez y Fujimori: el ejercicio del poder político en Sudamérica

Siempre se ha dicho que Latinoamérica es una región en la cual los fenómenos sociopolíticos se repiten y recrean de manera cíclica. Las crisis que atraviesan los diferentes países parecen obedecer a una suerte de orden previamente impuesto para nuestros pueblos. Las dictaduras se mudan de país en país. Cada cierto tiempo aquellos países que parecen haber consolidado sus sistemas democráticos vuelven a atravesar fenómenos dictatoriales que pulverizan los esfuerzos hechos de cara a la construcción de una nación más libre y democrática. El Generalote Pinochet chileno y su estilo autoritario mudo su lugar de residencia y se convirtió en el Chinito Fujimori peruano de la década de los noventa. A su turno, el Chinito Fujimori del Perú le cedió la posta al Comandante Chávez de Venezuela, respectivamente. El Chávez venezolano ejerce influencia sobre algunos países de la región y pretende exportar su manera de hacer y entender la política, es decir copar a todas las instituciones del Estado, crear una Constitución a su justa medida que le permita la reelección inmediata, pulverizar a la oposición política y restringir la libertad de expresión a todos aquellos que se atreven a discrepar con él.

Afortunadamente para la región, existen algunos países que con el transcurrir del tiempo han logrado consolidar un sistema político en el cual el respeto a la independencia y autonomía de las instituciones públicas es visto como un pilar fundamental del Estado de Derecho. Nos referimos a Colombia, país en el cual a pesar de la enorme presión mediática vertida durante los últimos meses sobre su Corte Constitucional, dicho organismo ha tenido el valor y el coraje de defender el orden constitucional declarando inválida la iniciativa planteada por el partido oficialista de Uribe que buscaba enmendar la Constitución para que el actual presidente pudiera inscribirse como candidato y posiblemente prolongar su mandato hasta el 2014, sumando un periodo más a sus ya 8 años al frente del Estado colombiano. La Corte consideró que esta iniciativa era inconstitucional por haber incurrido en una serie de irregularidades de forma, entre las que destacan el haber violado el límite de financiación para impulsar consultas populares, el haber cambiado de manera antojadiza el texto de la pregunta a ser formulada en el referéndum y el haber aprobado dicha iniciativa en un sesión extraordinaria convocada cuando ya había finalizado la legislatura en diciembre de 2008, actos que de acuerdo al fallo de la Corte se encuentran reñidos con el orden jurídico constitucional colombiano.

Como era de esperarse, luego de conocida la sentencia, el presidente Uribe no tuvo sino que reconocer la legalidad del fallo, respetar y saludar la labor de los magistrados de la Corte Constitucional, y comprometerse a mantener una posición neutral en los próximos comicios electorales. Es decir, Uribe no hizo sino asumir el comportamiento que todo presidente auténticamente democrático debe de adoptar en estos casos. Respetar el orden constitucional, respetar el fallo de un órgano constitucional al cual la propia Constitución le ha encargado la misión de velar por la constitucionalidad de las normas legales y el respeto por el orden democrático.

Sin embargo, este tipo de conductas por parte de mandatarios a los cuales un órgano jurisdiccional les enmienda la plana son aún poco frecuentes en nuestra región. Basta con hacer memoria para encontrarnos con presidentes que como Fujimori pretendieron perpetuarse en el poder mal utilizando la figura de la denominada reforma constitucional con la anuencia de la clase política y de los medios de comunicación.

Ya dijimos que en el caso colombiano, el presidente Uribe dando muestras evidentes de su respeto por la legalidad ha reconocido la legitimidad del fallo de la corte, comprometiéndose a acatar todos los extremos del mismo, garantizando de ese modo la transparencia y neutralidad en las próximas elecciones y el respeto por el Estado de Derecho. Ahora, recordemos que ocurrió en el caso de Fujimori en el Perú.

El partido de gobierno, con mayoría absoluta en el Congreso, decidió de manera ilegal y arbitraria defenestrar a los magistrados del Tribunal Constitucional- Manuel Aguirre, Delia Revoredo y Guillermo Rey- por haber declarado inaplicable la ley de reelección presidencial que le otorgaba al dictador la posibilidad de extender su mandato hasta el año 2005, es decir, Fujimori y compañía pretendían prolongar su régimen corrupto y criminal a 15 años, a ello se opusieron estos magistrados, la consecuencia, su destitución.

Pero la historia no finalizó con esa destitución. Al puro estilo del dictador Hugo Chávez, quien en estos días acaba de anunciar que retirará a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que dicho organismo denunciara la intolerancia política, la hostilidad frente a la oposición y la violencia contra los sindicalistas, mujeres y campesinos en ese país. Al gobierno de Alberto Fujimori y al Congreso de la época, digitado y dirigido por el dictador y su asesor Vladimiro Montesinos, no se les ocurrió mejor forma de lograr la impunidad de sus actos que aprobar el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien se sabe, el retiro de la competencia de la Corte, fue una respuesta anticipada a los casos que en ese entonces el Perú tenía pendiente ante este tribunal, como la denuncia hecha por los tres magistrados del Tribunal Constitucional a los cuales hemos hecho mención y la denuncia del empresario Baruch Ivcher, a quién el gobierno de Fujimori le privó de su nacionalidad peruana y de la propiedad de su canal de televisión, por denunciar la corrupción del régimen y al represión del Servicio de Inteligencia Nacional. En ambos casos, tiempo después, la Corte condenaría al Estado peruano afirmando que el Gobierno de Fujimori atropelló de manera infame los derechos fundamentales de estos ciudadanos.

Como podemos apreciar, en este breve recuento de los actos más infames cometidos durante el gobierno de Fujimori, queda claro que en nuestra región los dictadores aparecen y reaparecen de cuando en cuando, el Fujimori que promovió el retiro de la Corte de San José para evitar ser juzgado por casos en los cuales su proceder ilegal y arbitrario se pusiese de manifiesto a nivel internacional se ha convertido hoy en día en el Hugo Chávez de Venezuela, un dictador que se suma a la larga lista de militarotes que ha parido nuestro continente, los cuales pretenden a través de una serie de argucias legales echar un manto de impunidad sobre la serie de delitos que cometen desde el Estado. En todo caso, una luz de esperanza en la región nos trae el hecho que a diferencia de Fujimori, quién luego de recibir un “no” rotundo a su reelección por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional decidiera defenestrarlos con la complicidad del Congreso de esa época, el presidente Uribe, a pesar de su más de 70% de aprobación ciudadana, decida dar un paso al costado en su carrera electoral, en clara observancia de lo decidido por su Corte Constitucional, dando muestras de un respeto profundo por la legalidad y por el orden democrático en Colombia.

Seguramente, algunos se esforzarán en decir que Fujimori no es Chávez, que Colombia no será la misma sin Uribe al frente del Estado, que la Corte Constitucional colombiana acaba de pulverizar el esfuerzo por mantener un proyecto político capaz de derrotar de manera definitiva a las FARC, que Chávez no puede permitir que un organismo internacional se inmiscuya en asuntos propios del orden interno venezolano. Lo que puedo decirle a todos ellos, es que Latinoamérica no necesita de presidentes que creyéndose caudillos, salvadores o mesías personalicen el poder de tal modo que pretendan mostrarse ante la ciudadanía como líderes irremplazables. Latinoamérica necesita consolidar instituciones políticas y democráticas, instituciones que permitan dar continuidad a políticas de Estado exitosas, como la desarrollada en Colombia contra la delincuencia y la guerrilla, independientemente de que sea Uribe u otro político el encargado de jefaurar el Estado. Pero sobre todo, Latinoamérica necesita la presencia de líderes respetuosos de la legalidad y el orden constitucional, ya que más allá de los índices de popularidad que un político pueda tener en un determinado espacio y tiempo, eso no justifica que valiéndose de esa popularidad pretenda estar por encima del bien y del mal, haciendo y deshaciendo constituciones, o reformándolas a su antojo con la única finalidad de perpetuarse en el poder, ya que ese modo de proceder, esa conducta política, como hemos visto, solo da lugar a la aparición de un Fujimori o un Chávez, personajes que encarnan a lo más vil y abyecto del quehacer político.

Rafael Rodríguez Campos