viernes, 19 de febrero de 2010

El caso del Fiscal Avelino Guillén y el Consejo Nacional de la Magistratura



De acuerdo a lo que señala nuestra Constitución Política, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de selección y el nombramiento de los jueces y fiscales de la república. En estos últimos días numerosos han sido los cuestionamientos que se han venido haciendo a la manera como el CNM llevó a cabo el último proceso en el cual debía de elegir a tres fiscales y dos vocales supremos. Finalmente, el día de ayer, luego de que el diario el Comercio hiciera pública una denuncia periodística que involucra a uno de sus miembros, el consejero Efraín Anaya en un presunto pedido de dinero a uno de los postulantes en el concurso para magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió dejar en suspenso este proceso.


Pero, si bien es cierto la mencionada denuncia periodística fue el detonante en este caso, no deja de sorprender la manera como el reconocido Fiscal Avelino Guillén, el mismo que junto con el Fiscal Supremo José Antonio Peláez consiguiera sentenciar a Fujimori por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, era dejado fuera de carrera al desaprobar una evaluación de la que nadie sabe absolutamente nada, ni quién la elaboró, ni quién la calificó, ni mucho menos los criterios que se tomaron en cuenta para calificar a los postulantes.


Es posible que un postulante, independientemente de si es Avelino Guillén o Perico Pérez desapruebe un examen de conocimiento. Sí, si es posible. Lo curioso es que la evaluación que se le planteó a Guillén fue la realización de una sustentación jurídica para el caso Kouri- Montesinos, caso en el cual el propio Guillén fungió como fiscal logrando la condena de los ambos implicados y una reparación civil en beneficio del Estado. En ese sentido, no deja de generar dudas el hecho de que el CNM decida desaprobar a Guillén en la sustentación de un caso que él condujo con éxito.


Pero es importante preguntarnos por cuál ha sido la trayectoria de Guillén ya que es posible que el CNM haya considerado que por más éxito que haya tenido en el caso Kouri-Montesinos el fiscal Guillén no de la talla para convertirse en Fiscal Supremo. Si ese es el cuestionamiento, los números hablan por sí mismos. En el 98% de los casos en los cuales participó Guillén representando al Ministerio Público este obtuvo una sentencia condenatoria para los implicados y reparaciones civiles a favor del Estado. Cabe entonces hacernos algunas preguntas: ¿Resulta lógico que un fiscal con los números de Guillén sea desaprobado de la manera como este fue desaprobado? ¿Puede alguien desaprobar en la sustentación de un caso en el cual con anterioridad demostró destreza y conocimiento logrando la sentencia para los denunciados como Kouri y Montesinos? Por los menos estas preguntas nos deben llevar a reflexionar en torno al diseño institucional y la manera como el CNM lleva a cabo el proceso de selección y nombramiento de jueces y fiscales.


A pesar de todos estos cuestionamientos, representantes del propio consejo como César Mansilla, presidente, y Edwin Vegas, vicepresidente, se aferraron a la tesis de que se trata de un examen de conocimiento jurídico, el cual Guillén simplemente desaprobó. Sin embargo, no supieron dar respuesta a la pregunta ¿Quién se encargó de elaborar las pruebas y de calificar las mismas? Una vez más fue una denuncia periodística difundida en un programa televisivo y en un medio escrito la que nos traía la respuesta a esta interrogante, oscureciendo y desacreditando aún más la manera como el CNM llevó a cabo el proceso.


Según los medios periodísticos, mediante información que no ha sido desmentida por los propios implicados, e incluso ha sido confirmada por alguno de ellos. En esta oportunidad, el CNM decidió tercerizar la labor de evaluación de jueces y fiscales, y no tuvo mejor idea que encargar dicha misión a un grupo de abogados y profesores universitarios, muchos de los cuales patrocinan casos en los cuales deberán enfrentarse a aquéllos fiscales a los cuales ellos mismos evalúan. No es necesario ser muy astuto para pensar que se trata de un evidente caso de conflicto de intereses, en el cual quien tiene la misión de evaluar a un fiscal es la persona que en un futuro tendrá que sustentar una defensa frente a esta misma persona.


Se trata entonces, desde nuestro modesto punto de vista, de un sistema de evaluación perverso que no garantiza la transparencia ni la independencia en la manera cómo se lleva a cabo el proceso de calificación, más cuando nadie, absolutamente nadie sabe la identidad de las personas encargadas de evaluar a los fiscales y jueces, los criterios de evaluación o el contenido de los exámenes ya que estos son incinerados a los poco días de haberse realizado la prueba. Es decir, se trata de un sistema que impide que la ciudadanía ejerza un control efectivo sobre el proceder del CNM dejando campo abierto para la arbitrariedad y la corrupción.


Juzguen ustedes mismos. En la misma evaluación en la que el récord de 98% de casos ganados por Guillén no le valieron de nada a éste para aprobar la prueba de conocimiento, el CNM le otorgó nada menos que 100 puntos al actual presidente de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza Pariachi. Es decir, Pariachi, obtuvo una calificación mayor a la obtenida por el mismísimo doctor César San Martín, para muchos, entre los que me incluyo, el más importante procesalista penal de nuestro país, de una trayectoria académica y jurisdiccional inmaculada y por demás exitosa. Ante dicha situación, qué explicaciones dio Mansilla, presidente del CNM, ninguna. Este resultado puede tener alguna explicación, yo creo que no. Creo que no ya que el sistema empleado y la manera cómo se ha procedido en esta oportunidad han sido un monumento a la incapacidad institucional de un órgano que resulta fundamental al momento de garantizar la capacidad e independencia de los magistrados de nuestro país.


Con respecto a Guillén quisiera dejar en claro dos ideas. La primera es que se trata de un profesional capaz y honesto, un profesional que ha probado y ha demostrado con hechos tangibles un alto grado de compromiso en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. En segundo lugar, su honestidad y sus logros en los casos que libró contra personajes vinculados a los delitos de corrupción cometidos durante el gobierno de Fujimori lo convirtieron en un personaje incómodo, y hoy en día, curiosamente, esos mismos ampones que se levantaron en peso nuestro país, le pasan la factura. El problema es que el verdadero perdedor en este caso no es Guillén, sino el Ministerio Público, y con él, todos los peruanos, quienes vemos como un profesional honesto es maltratado sin razón alguna y con la complacencia del mismísimo partido de gobierno, que sin hacer mayor deslinde le otorga con su silencio cómplice cierto respaldo a las atrocidades verbales a las cuales el fujimorismo, a través de su vocero Carlos Raffo, ya nos tiene acostumbrados, el mismo que en esta oportunidad se atrevió a decir que gracias a Fujimori es que Guillén se hizo de un nombre en el país. Me pregunto quién era Raffo antes de convertirse en el titiritero de las campañas electorales de la peor dictadura que ha tenido nuestro país. Nadie, Raffo no era nadie, pero eso ya todos los sabemos.


Solo para finalizar, debo decir que este penoso incidente sucedido en el CNM con motivo del proceso de selección de 5 magistrados supremos debe invitarnos a repensar la manera como este órgano fue diseñado en la Constitución de 1993, la labor que éste realiza, los requisitos exigidos para ser consejero, y la manera cómo estos son elegidos, a fin de hacer de este un órgano capaz de hacerle frente a las presiones económicas y políticas propias de sociedades como la nuestra en las cuales el respeto al principio de separación de poderes y la institucionalidad democrática aún no logran consolidarse como verdaderos pilares del Estado de Derecho. Y con respecto al presente proceso, compartimos la opinión de uno de lo consejeros, el doctor Aníbal Torres, quién ha propuesto la nulidad del mismo, debido a las serias irregularidades a las que ya hemos hecho mención.



Rafael Rodríguez Campos

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