Los derechos humanos y la política penitenciaria en el Perú

Cuando una persona es internada en un establecimiento penitenciario, ya sea en la condición de sentenciado o procesado, ve restringido el ejercicio de un único derecho fundamental: la libertad ambulatoria. Esto que parece evidente, pues no lo es tanto en una sociedad como la nuestra en las cual el espacio y ambiente en donde transcurren los días de un presidiario, condenan a esta persona a vivir bajo condiciones de habitabilidad verdaderamente inhumanas.

Una sociedad civilizada y democrática debe garantizar el derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados. Ello es así pues este es el único camino para concretizar el objetivo que todo régimen penitenciario moderno se traza como meta más importante: lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En ese sentido, la mejora paulatina de las condiciones de habitabilidad de un centro de reclusión, no sólo asegura los derechos humanos de los presos; sino también, y esto es algo que quizá se olvida, evita que las cárceles se conviertan en verdaderas escuelas del delito desde las cuales se planean y ejecutan los crímenes más abominables por delincuentes que una vez puestos en libertad vuelven a delinquir con una mayor fiereza, como si buscaran revancha contra esa sociedad y ese Estado que manteniéndolos bajo la sombra los condenó al más absoluto olvido.

El Estado, a través de sus instituciones, tiene el derecho y el deber de procesar y sancionar de manera ejemplar a toda persona que comete un delito. Ello es sí pues el Estado, como organización social y política, debe velar por la seguridad y tranquilidad de su ciudadanía. En tal sentido, cuando el Estado adolece de una política criminal y carcelaria coherente, idónea, capaz de rehabilitar a la persona que delinque y evitar con ello la reincidencia delictiva, está incumpliendo su principal objetivo, colocándose, debido a su incapacidad e indolencia, al margen de su propio orden jurídico, el cual lo obliga a velar por los derechos de sus ciudadanos, inclusive de aquellos que se encuentran recluídos en un penal.

Hemos querido hacer estas reflexiones pues hace algunos días, el mismísimo director del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), José Luis Pérez Guadalupe, en una entrevista concedida a un medio local, dio a conocer algunas estadísticas que describen una realidad penitenciaria francamente escalofriante. En opinión de la mencionada autoridad, la problemática carcelaria en el país se ha vuelto casi inmanejable, la falta de presupuesto, apoyo logístico, la ausencia de voluntad política y la corrupción instalada en las instituciones encargadas de dar solución a este problema social, son factores que hacen imposible la consecución de resultados positivos en el corto plazo.

De acuerdo a la información vertida se sabe que en el Perú de hoy existe una sobrepoblación carcelaria de aproximadamente 23000 reclusos. Por ejemplo, el penal de Lurigancho tiene capacidad para 3200, pero hoy alberga a 6000 (hace dos años el número era de 12000). El penal Sarita Colonia tiene capacidad para 572, pero hay 2079. El penal de Huaral tiene una capacidad para 823 internos y hay 2720. El penal de Cañete es para 759 presos pero hoy en día cuenta con 2830 presos. Con estas cifras se puede afirmar que con una sobrepoblación de dicha magnitud es muy difícil rehabilitar al interno, evitando de ese modo, la reiteración de la conducta criminal una vez que haya sido puesto en libertad.

Otro problema vinculado a la sobrepoblación de las cárceles es el desgobierno que se vive en el interior de las mismas en cuanto a la organización y clasificación de los internos. Resulta lógico pensar que en una cárcel no se puede congregar indiscriminadamente a los internos sin ningún criterio de selección. No se puede, y así lo señalan los especialistas, albergar en un mismo pabellón a presos primarios, jóvenes, ladrones o carteristas de poca monta, con delincuentes reincidentes, rankeados en el mundo de lampa, con varios ingresos al penal. Cuando ello ocurre, la posibilidad de recuperar socialmente al delincuente juvenil, al criminal de delitos menores, es casi nula, más cuando por razones de estatus y por la propia dinámica criminal, estos jóvenes son captados por los “taitas” (reclusos que manejan la cárcel) a quienes ven como el modelo a seguir, convirtiendo a un criminal de alto calibre en un verdadero maestro, cuyas lecciones deben ser aprendidas al pie de la letra si se quiere sobrevivir en esta tierra de nadie en la que se ha convertido la cárcel peruana.

En la cárcel, según declara el titular del INPE, la delincuencia replica su organización criminal a vista y paciencia de la propia policía. El principio de autoridad se ha perdido por completo, el Estado es incapaz de establecer las reglas que regularan la convivencia en su interior. Por ejemplo, en Lurigancho la distribución de los penales y clasificación de la población carcelaria replica el modelo criminal del grupo, la cuadra, la banda, y el barrio. En este penal los “árabes” de Villa El Salvador ocupan un pabellón, a los “vikingos”, de La Victoria, les corresponde el pabellón 4, a los de San Martín de Porres se les ha asignado el 6, lo mismo ocurre con el pabellón 10 y el 12, en los cuales se han instalado los criminales de Surquillo y de Ciudad de Dios, respectivamente. Como es de suponer, cuando en una cárcel la autoridad es asumida por los reclusos y no por el Estado, es muy difícil controlar lo que ocurre allí adentro, es muy difícil velar por los derechos humanos de aquellos presos que presentan un ánimo de enmienda verdadero y que si quieren rehabilitarse, y peor aún, es muy difícil desbaratar a las bandas que siguen operando desde sus celdas.

Por eso no debiera sorprender las declaraciones de las autoridades del INPE cuando señala que en lo que va del año se han incautado más de 3000 teléfonos celulares al interior de los penales, los mismos que puestos en manos de estos criminales les permiten coordinar acciones y desatar el terror en las calles. Muestra de todo este desgobierno ha sido lo ocurrido hace algunos días en el penal de Picsi, en Chiclayo, en donde en un pabellón de máxima seguridad se incautaron 54 televisores, 37 DVD Y 30celulares.

A estas estadísticas debemos sumarle la dura situación de ese 60% de población carcelaria que se encuentra privada de su libertad sin sentencia condenatoria. En términos legales podríamos decir que en nuestro país 6 de cada 10 reclusos, sobre los cuales no ha recaído sentencia condenatoria alguna, se ven obligados a compartir sus días con criminales de alta peligrosidad en establecimientos que carecen de las condiciones de habitabilidad mínimas, que vulneran gravemente sus derechos humanos, condenándolos, de manera anticipada, a una vida francamente indigna, todo ello debido a la incapacidad de un Poder Judicial que no juzga, de un Ministerio Público que no investiga, y de una Policía Nacional que atravesando la peor crisis institucional de su historia se suma a esta enfermedad generalizada de nuestro sistema de justicia.

¿Qué hacer frente a este problema? Muchos son los diagnósticos, y muchas más las voces de los especialistas que a lo largo de los años han estudiado el tema. Sin embargo, en esta oportunidad debemos destacar la opinión del director del INPE, la cual compartimos en todos sus extremos, pues lejos del acostumbrado discurso populista y sin sustento técnico, afirma de manera clara que para combatir a la delincuencia, entendida esta como un problema social, no basta con implementar una política criminal basada en el aumento de penas y el recorte de beneficios penitenciarios como si la solución pasara por “mandar a todos a la cárcel”. Proceder de ese modo, es desconocer la realidad del problema, pues a la larga lo único que se logrará es tener a más presos por más tiempo en las cárceles peruanas. Debemos fortalecer la labor de prevención y educación ciudadana, así como también la labor de todos los organismos involucrados en esta problemática. El Estado debe saber brindar una respuesta multisectorial y no basar su accionar en políticas netamente represivas.

Asimismo, es imprescindible redefinir las competencias del INPE y de la Policía Nacional del Perú en cuanto a cuál será la institución encargada de velar externa e internamente por la seguridad y el orden en los penales. En la actualidad contamos con penales a cargo de la Policía, otros en manos del INPE, y otros en los cuales ambas instituciones se reparten funciones. Este proceder es absolutamente incoherente, debemos identificar a la autoridad a cargo de esta labor y otorgarle todo nuestro respaldo.

Lo que debe quedarnos claro es que la única manera de operativizar y apoyar la labor de estas instituciones es mejorando sus presupuestos asignados. El INPE, por ejemplo, para hacer frente a esta sobrepoblación de 23000 reclusos requiere incorporar a 3000 personas a su personal, requiere también la construcción de 2 nuevos penales valorizados en 200 millones cada uno. Ello sin lugar a dudas requiere apoyo presupuestal, como también lo requiere para el caso de las partidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, cuyo número este año ascenderá en 6000, pero que contradictoriamente verá un recorte presupuestal de 23 millones de soles para la alimentación y el cuidado de la salud de los mismos y la implementación de un sistema de vigilancia electrónico en los exteriores e interiores de los penales que permitan detectar delitos como los de corrupción de funcionarios, no olvidemos que muchas veces son los mismos funcionarios los que ingresan los celulares, drogas, armas, bebidas alcohólicas y demás objetos prohibidos.

Pero nada de lo antes dicho tendrá un impacto positivo, nada podrá ser llevado a cabo, ninguna propuesta será suficiente, si el gobierno de turno y la sociedad civil no se comprometen con la solución del problema. Debemos entender, de una vez por todas, que invertir en mejorar las condiciones de habitabilidad de las cárceles no es en modo alguno una concesión que hace el Estado con los criminales a los cuales premia con una mejor alimentación, con mejores servicios de salud o alojamiento, invertir en ello, es a la larga velar por nuestra seguridad, combatiendo a las bandas que operan desde las cárceles, ya que apostar por la rehabilitación de los reclusos no es otra cosa que apostar por la reducción del índice de reincidencia criminal.

El matrimonio de Abimael Guzmán: el fracaso político de Sendero Luminoso

Abimael y Elena se unieron en matrimonio. No lo hicieron en ningún gran hotel de Lima, no lo hicieron en un salón de recepciones propio para la ocasión. Los ex cabecillas del movimiento terrorista más sanguinario de Latinoamérica, Sendero Luminoso, se dieron el sí en la Base Naval del Callao, centro de reclusión que alberga a la crema y nata de la delincuencia de nuestro país: Abimael Guzmán Reynoso, Víctor Polay Campos, Vladimiro Montesinos Torres, y hasta hace algún tiempo la feliz esposa, Elena Iparraguire Revoredo, entre otros, comparten el recinto.

No hubo brindis, ni música, ni baile, con que festejar. La sola decisión del gobierno aprista de permitir la boda entre los criminales era razón suficiente para la alegría de los novios. Algo que era impensable hasta hace algunos meses, teniendo en cuenta la postura del gobierno de separar a ambos terroristas, disponiendo el traslado de Elena al penal de Santa Mónica, se convirtió en realidad.

Abimael y Elena tienen una relación de larga data. Se dice que su relación se inició hace aproximadamente 20 años. Se dice incluso que el romance entre ellos es anterior a la muerte de la primera esposa de Abimael, Augusta La Torre, la camarada “Nora”, quien, a causa de razones aún poco claras, falleció en el año de 1989 a consecuencia de un paro cardiaco. Al menos, esa fue la versión que se manejo desde adentro de Sendero. Pero las dudas en torno a la verosimilitud de la misma aparecieron el mismo día que esta fue difundida. En su momento, incluso, se llegó a vincular a Elena con la muerte de su rival de afectos. Sin lugar a dudas, un triángulo amoroso que tuvo como personajes a los tres líderes de la cúpula senderista de los ochenta, personajes ocursos que decían no tener tiempo para el amor y las bajas pasiones burguesas, pues su mente, espíritu y convicción estaban de lado del pueblo y de la lucha de clases. Pero ya ven hasta los más desalmados delincuentes y asesinos tienen su corazoncito.

Hoy, casi 20 años luego de la muerte de la otrora esposa de Guzmán, y luego que las autoridades del Poder Judicial declararán oficialmente muerta a la camarada “Nora”, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre reciben la autorización de un gobierno democrático, al cual alguna vez pretendieron destruir, para celebrar su matrimonio. Resulta por demás curioso el pedido obtenido si tomamos en cuenta que durante mucho tiempo y como parte de su prédica seudo revolucionaria, tanto él como ella lanzaban sus críticas y amenazas contra todas aquellas instituciones pequeño burguesas, que como el matrimonio, eran utilizadas por la clase dominante para seguir embruteciendo y abusando del pueblo.

Un sector mayoritario de la prensa ha mostrado su absoluta disconformidad con la decisión del gobierno de dar luz verde a esta unión. Se preguntan si luego de ello la pareja, con la anuencia del gobierno, también pretenderá recibir la bendición de un sacerdote y darse el sí frente al altar a los pies de Jesucristo. La imagen no deja de ser seductora, por el efecto simbólico de la misma, aunque poco probable. Se imaginan a estos dos asesinos postrados frente a la divinidad, solicitándole su bendición, luego de haberse declarado marxistas y materialistas. Se imaginan el retroceso ideológico sufrido en las mentes de Abimael y Elena para si quiera imaginar un evento de tal naturaleza. No, yo no me lo imagino, por ser poco probable y porque a pesar de todo, de los años de encierro, y la soledad de los personajes, la de Abimael, es sin duda mayor que la de Elena, algún recodo de coherencia ideológica mantienen. Aunque como se dice, en el Perú todo es posible. Cotler dice que en nuestro país sólo falta que llueva para arriba, yo diría que en nuestro país solo falta que Cipriani bendiga a Guzmán. Aunque si de algo estoy seguro, es que el Perú es el lugar donde todo, absolutamente todo es posible.

No obstante lo antes dicho, algunas preguntas han quedado abiertas en el escenario político nacional y en la discusión mediática desatada en torno al tema. ¿Tiene el derecho un recluso de solicitar se le permita contraer nupcias? ¿Una vez casado, el recluso tiene el derecho de solicitar el beneficio de la visita conyugal? Estas son algunas preguntas que creo yo merecen algún tipo de respuesta y que en esta oportunidad trataré de absolver.

Cuando una persona, cualquier que esta sea, por el delito que fuera, es sentenciada a purgar condena, pierde únicamente el derecho a la libertad, a la libertad de tránsito para ser específicos. Se priva a la persona de este derecho recluyéndola en un establecimiento penitenciario, y además se la priva de otros derechos políticos fijados en la misma sentencia. Lejos de estar de acuerdo o no, esta es la razón por la cual los presos no pueden ejercer su derecho de sufragio, tal y como se desprende la lectura del artículo 33º de nuestra Constitución. En ese sentido, no existe prohibición legal, ni razones de fondo creo yo para sostener de manera enfática que una persona que purga condena por 5, 10, 15 o x años, no pueda solicitar se le otorgue este permiso. Es cierto que las limitaciones serán mayores teniendo en cuenta la peligrosidad de la persona quien solicita el permiso y el tipo de delito por el cual fue sancionado. Pero una respuesta absoluta en torno a la improcedencia de tal solicitud creo yo no goza de un aval legal.

Siendo ello así, la respuesta a la segunda interrogante parece resultar más que obvia. Si el Estado ya concedió el permiso para contraer matrimonio, no puede luego negarle el beneficio de la denominada “visita conyugal o visita íntima”. Ello no es posible pues de hacerlo se podía incurrir en una medida que en algún modo podría resultar discriminatoria. Ello no quiere decir que la visita se llevará a cabo todos los días, por largas horas, y en el mejor recinto del penal. Una vez más, son las autoridades las que deberán tomar todas las medidas correspondientes a fin de hacer viable el beneficio, salvaguardando, al mismo tiempo, la seguridad, el orden y la tranquilidad, de todos los peruanos.

Esto que para algunos nos queda claro y nos parece razonable, al parecer no lo era para el gobierno y sus voceros hace apenas algunos meses. Esa indecisión, esta falta de coherencia en los principales funcionarios y autoridades allegadas a Palacio de Gobierno, hace que las dudas y especulaciones en torno al porqué de la decisión cobren mayor fuerza día a día, generando inestabilidad y confusión en la ciudadanía. Resulta, por lo menos extraño, que el Vicepresidente de la República, Luis Giampietri, para quien las ONG´s dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el Perú son algo así como la encarnación de la quinta espada del marxismo, leninismo, maoísmo, Pensamiento Gonzalo, salga ahora a decirle al país que no encuentra mayor problema en otorgarle el permiso a Abimael y Elena para contraer matrimonio. Lo mismo ocurre con el premier, Javier Velásquez Quesquén, quien en agosto del año pasado señalaba que era una necesidad impostergable la separación de los líderes senderistas de la Base Naval del Callao, por razones de seguridad, para evitar que compartiesen información y sigan adoctrinando a sus huestes desde la cárcel, justificando de ese modo, el traslado de Elena del mencionado establecimiento al penal de Santa Mónica, muestre hoy en día una actitud más tolerante con el ruego de Guzmán y compañía, sabiendo, como sin duda lo sabe, que una vez concedido el pedido, el siguiente paso es el de las visitas conyugales. ¿Qué ocurrió en el camino, qué pasó entre agosto del 2009 y este mes para que el gobierno cambiase abruptamente de opinión en este tema? ¿Cortina de humo acaso? ¿Ayudita electoral al partido color naranja?

Pero volviendo al tema de la boda, ya que creo que todos, o la mayoría de peruanos, somos inteligentes y sabemos cuáles han sido las motivaciones de este vuelco de timón en el aprismo, debemos decir que la boda, según informan los periódicos duró aproximadamente 15 minutos, tiempo suficiente para recibir la felicitación, o en todo caso, la anuencia tácita de las personas que oficiaron de testigos en la boda. Sobre este punto me quiero detener un momento. Según declaraciones de Alfredo Crespo, abogado de ambos cabecillas terroristas, se sabe que el mismísimo Alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, fue quien ofició la boda. Ahora, en cuanto a los testigos, Elena tuvo de su lado a su hermana Cecilia; y por parte de Guzmán, los testigos fueron el presidente del INPE, Rubén Rodríguez Rabanal y el jefe de prisión de la Base Naval del Callao. En otras palabras, y eso es lo que resulta por demás paradójico, Guzmán no sólo tuvo que ponerse en cuclillas ante el gobierno, rogándoles a los representantes del Estado, de ese Estado al cual tildaban de burgués, de opresor, de genocida y caduco, al cual petardearon desde sus más profundas entrañas, para obtener el permiso para la boda, sino que peor aún, tuvo como testigos de matrimonio a sus perpetuos captores, al Jefe del INPE y al encargado de la seguridad del establecimiento donde seguirá purgando condena.

Díganme entonces ahora si eso no es la muestra más evidente del fracaso, de la derrota política de Sendero Luminoso, de su ocaso y final en todos los terrenos. Si se sabía, si sus propios militantes, porque algunos orates todavía deben quedar regados por algún rincón de nuestra patria, ya habían tomado nota de su derrota militar, este matrimonio, no hace sino tornar más evidente el fracaso político e ideológico del discurso que en su momento enarboló Guzmán y que trajo como consecuencia, la desgarradora cifra de más de 30000 peruanos muertos ha causa de su violencia fratricida. En nuestros días, Sendero se aparta de sus principios ideológicos, sus líderes, en cárcel o no, vuelven sobre sus pasos, se someten a los principios del Estado de Derecho y de la Democracia, utilizan las instituciones burguesas que tanto aborrecían. Por eso no resulta extraño que el Sendero que hoy enfrenta el Estado, en las zonas del VRAE o el Huallaga, no sea sino una pandilla de asesinos y sicarios pagados por el dinero del narcotráfico. Atrás quedó la idea de hacer del Perú la cuna de la revolución campesina y proletaria mundial, atrás quedaron las consignas afiebradas que calificaban a Guzmán como el genio creador de un mundo nuevo, la materialización de la evolución de la materia cósmica, y todas esas huachafadas que jamás lograron fundamentar racionalmente. Hoy Sendero, y lo digo con el cuidado de no caer en triunfalismos que nos hagan bajar la guardia frente a los rezagos todavía presentes en la selva de nuestro país, no es sino un terrible recuerdo en la historia de nuestro país, Sendero es eso y nada más, el pasaje más triste de la historia peruana del siglo XX, una historia que todos nos debemos esforzar en no volver a repetir.