martes, 2 de febrero de 2010

La situación de los reclusos en el Perú


Numerosos son los episodios de violencia y corrupción que se registran año a año al interior de los penales. Un sin número de robos, asaltos, asesinatos y secuestros se planifican desde el interior de los centros penitenciarios. Bandas de criminales se organizan y consolidan durante los meses en los cuales supuestamente purgan condena. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado y de los gobiernos para afrontar dicha problemática? La más simple, cambio de Director del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), y en último de los casos, si la presión mediática así lo exigía, cambio de Ministro de Justicia.

Ante dicha situación, no debe sorprendernos el hecho de constatar que día a día son más los reclusos que encuentran en el penal una suerte de escuela del crimen en la cual se especializan en la comisión de nuevos delitos, volviéndose ampones mucho más avezados y ladinos. Se supone que el uso de celulares en el penal esta prohibido, la venta de bebidas alcohólicas también, lo mismo ocurre con la comercialización de drogas o el uso de armas de fuego. Pero ¿Qué ocurre en las cárceles del Perú? Algo muy simple y por todos conocido, el nivel de corrupción de los funcionarios encargados de la seguridad interna de los penales es tan escandalosa que desde el recluso más inofensivo hasta el más ranqueado puede adquirir un celular, un buen licor, portar un arma de fuego para su seguridad personal o algunos gramos de cocaína, siempre y cuando cuente con los recursos necesarios para sobornar a los funcionarios encargados de mantener el orden en las instalaciones penitenciarias, ya que para el caso de los funcionarios del INPE, la frase “todo hombre tiene un precio”, “unos más que otros”, resume la podredumbre moral de estos tipejos, los cuales una vez encontrados con las manos en la masa, puestos al descubierto por alguna investigación encubierta de esas que se hacen una vez cada 500 años en nuestro país, no encuentran más abyecta forma de justificar su accionar que escudándose en los sueldos de miseria que el Estado les propina por sus servicios.

A tan precaria situación penitenciaria se suma la profunda ineficiencia del sistema de administración de justicia para llevar a cabo el juicio de los inculpados en un tiempo razonable, con un respeto profundo por sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso. Debemos recordar que en un sistema democrático el proceso penal es el medio más civilizado para hacer justicia, identificando a los responsables de los delitos y sancionándolos con todo el peso de la ley. Sin embargo, qué puede esperar el ciudadano promedio que visto en una situación similar a la de miles de procesados debe esperar en una cárcel de infierno durante 5, 6 o x años para recibir sentencia. Según datos oficiales, en la actualidad el Perú cuenta con 45 mil internos, el 67% de ellos aún se encuentra esperando condena, técnicamente se trata de miles de hombres y mujeres que siendo inocentes purgan condena entre el caos, la tugurización, y la violencia presentes en penales que siendo diseñados para una capacidad de 20 mil reclusos, hoy en día albergan a más del doble de ese número.

Siendo ello así, qué podemos esperar de nuestro sistema penitenciario ¿Es posible que tal y como señala la Constitución Política de nuestro país el sistema penitenciario cumpla con su objetivo de reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad? Evidentemente no. O es que acaso el gobierno pretende que un recluso en el Perú se rehabilite cuando convive con el SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas que azotan a la población carcelaria. Además de ello, los presos conviven unos entre otros sin importar la diferencia de edad o el tipo de delitos cometidos por cada uno de ellos. En cualquier país del mundo, de un mundo civilizado, los presos entre 18 y 25 años no pueden compartir ambientes con reclusos de mayor edad, por una simple razón, la población entre 18 y 25 años es más susceptible de ser influenciada por los criminales ranqueados, los cuales muchas veces los seducen de una u otra forma y los vuelven parte de sus organizaciones criminales. Además de ello, qué tipo de reeducación se les ofrece a los internos, si los programas de educación que se plantean desde la iniciativa privada son encarpetados y duermen el sueño de los justos, la respuesta del Estado es una “ese proyecto de reeducación es muy caro”, “además si el Estado no tiene dinero para la educación de los jóvenes honestos porqué invertir en unos criminales”. Lastimosamente esa es una respuesta que no pocas veces es ofrecida por los funcionarios a cargo de los penales en nuestro país.

Y ¿Qué hace la sociedad civil al respecto? ¿Acaso la ciudadanía en el Perú siente preocupación o interés en la búsqueda de soluciones para el problema penitenciario? La sociedad civil no hace mucho. Como dije anteriormente, varias ONG´s presentan proyectos destinados a mejorar la situación al interior de los penales, programas educativos, de salud, de desarrollo integral de capacidades que tiendan a dotar al recluso de las herramientas necesarias para afrontar con éxito el retorno a la libertad. Sin embargo, la indiferencia y la falta de voluntad política para llevar a cabo estas iniciativas truncan cualquier esfuerzo. Con respecto al interés de la ciudadanía por el tema, la situación creo es más desesperanzadora, se trata de criminales, se trata de ciudadanos de segunda categoría, para qué deberíamos mejorar su situación, que se pudran en la cárcel. Todas estas son ideas que forman parte del imaginario de la mayoría de peruanos. Es preferible olvidarse de ellos, es preferible olvidar que en el Perú tenemos más de 40 mil reclusos, y no importa si muchos de ellos son inocentes, porque inocente o no, algo debe haber hecho para estar en un penal.

La mayoría de peruano olvida que el hecho de estar purgando condena o estar recluido en un penal esperando sentencia no nos arrebata nuestra condición de seres humanos, de seres con dignidad, que merecen un trato digno, que merecen que su salud, su integridad física y psicológica sea tuteladas, ese es un acto de humanidad básico, no de grandeza o de divina misericordia como piensan muchos.

Numerosas son las propuestas que se han hecho para mejorar y elevar el nivel de vida de las cárceles en el Perú. El problema penitenciario es un problema muy complejo, y como tal, merece una respuesta integral, que vaya más allá lo circunstancial o coyuntural. La problemática penitenciaria no se reduce al cambio del Director del INPE o con al cambio de Ministro de Justicia, y mucho menos a la idea de privatizar algunas cárceles. Es cierto que el concurso del sector privado en la solución de los problemas carcelarios en países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia ha sido decisivo, y seguramente lo será acá en el Perú, más si se tiene en cuenta que el Estado no cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer frente al déficit de más de 135 millones de soles que se requieren para la construcción de nuevos penales. Sin embargo, la realidad de nuestro país exige cambios más profundos, es necesario reducir los índices de corrupción den los penales, es necesario capacitar al personal del INPE, es necesario aumentar el número de funcionarios a cargo de la seguridad interna de los penales, y sobre todo, es necesario humanizar el sistema, brindándole al recluso un trato mucho más humano, que lo haga saber que la sociedad no se ha olvidado de él, que cuando llegue el momento del esperado retorno a la libertad deberá ser respetuoso de las normas que rigen la vida en sociedad.

Solo si llevamos a cabo algunas de estas iniciativas podremos elevar el nivel de vida de los reclusos, lograr su rehabilitación, y por ende, evitar que muchos de ellos vuelvan a delinquir generando un costo social que al final del día deberemos asumir todos los peruanos. Invertir en los penales, mejorar sus niveles de habitabilidad, combatir las enfermedades que en ellos se instalan son a la larga una manera de invertir en nuestra propia seguridad, además de ser un deber ético de todo Estado para con un sector de su población que habiendo cometido un error tiene todo el derecho de reivindicarse y ser tratado con dignidad. Cómo bien diría alguna vez Tolstoi “observa cómo tratas a tus presos y sabrás los niveles de civilización presentes en tu sociedad”, o algo así, no recuerdo bien.


Rafael Rodríguez Campos

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