miércoles, 26 de agosto de 2009

Verdad y Reconciliación: una tarea pendiente


Este 28 de agosto se celebra el sexto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En esta oportunidad, nos parece de suma importancia para la sociedad peruana recordar algunos de los datos más importantes que dicho informe arrojó, en un esfuerzo por rescatar nuestra memoria colectiva, la misma que nos ha de permitir corregir los errores que como sociedad cometimos y que hicieron posible el inicio de la violencia política en nuestro país. Entender las causas del fenómeno, analizar las razones del conflicto, la estrategia y pensamiento de los actores del mismo, es una tarea que todo peruano debe emprender.


La CVR fue instituida en un momento en el cual en el Perú, una vez más, se hacían enormes esfuerzos por recobrar la democracia. El Gobierno de Transición del ex Presidente Valentín Paniagua, decidió convocar a un conjunto de hombres y mujeres encargándoles la titánica tarea de investigar y hacer pública la verdad de lo ocurrido durante los veinte años de violencia de origen político iniciados en la década de los ochenta. En ese sentido, es preciso contextualizar dicha iniciativa, el esfuerzo por instaurar una CVR se dio dentro de un marco de medidas adoptadas por el nuevo gobierno con la finalidad de devolverle al pueblo peruano la democracia años antes perdida. Es importante, en todo caso dejar en claro, que esa democracia no se perdió por arte de magia, que dicha pérdida no fue producto del azar, o fruto de los designios inmodificables de la historia, esa fue una democracia a la cual abandonamos y dejamos languidecer poco a poco, minuto a minuto todos y cada uno de los peruanos, ya que cuando una democracia no se ejerce de manera cotidiana, con vehemencia y convicción, ésta pierde lealtad entre los ciudadanos y cae frente al más mínimo soplido autoritario.


La CVR señaló en su informe final que la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas de horror supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes e instituciones del Estado. Sin lugar a dudas, tan estremecedora cifra nos habla de un escenario en le cual es imposible hablar ya de errores o excesos cometidos por los actores del conflicto, nos habla también de un conflicto que no pudo ser desconocido por autoridad política o ciudadano alguno, nos revela y cuestiona lo más profundo del corazón del Perú, en palabras de su presidente, Salomón Lerner Febres, este informe expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron.


Pero la importancia del informe final de la CVR va más allá del dato exacto en torno al número de víctimas caídas durante el conflicto (69 mil como ya dijimos anteriormente), el informe final da cuenta de una sociedad profundamente escindida, partida por la mitad, una sociedad que discrimina, invisibiliza y olvida a los más pobres y desposeídos. Así el comportamiento de los actores del conflicto demuestra una profunda falta de identificación humana con el prójimo que resulta escalofriante escalofriante, al cual no se le considera como igual, al cual se lo estigmatiza por su origen racial, étnico o por su lengua materna, actitud que explica, en cierto modo, la cifra de víctimas, y la manera brutal como miles de peruanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos.


Como prueba de lo dicho anteriormente podemos recordar algunos de los más importantes datos que expuso la CVR en su informe final:


De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata pues de un sector de la población históricamente olvidado por el Estado peruano, un sector al cual los servicios básicos de educación, salud, justicia, año tras año y gobierno tras gobierno, le han sido negados, se trata de un sector de nuestra población que no es únicamente víctima del olvido de la autoridad estatal o de la clase dirigente sino víctima de la indiferencia y la desidia del resto de la población urbana que sí goza de aquellos beneficios que al sector campesino aún le son esquivos. Sin lugar a dudas, el informe nos habla de un sector del Perú que clama ser incluido y exige ser parte de un país que parecen sólo conocer aquellas personas que viven en las capitales de departamentos o en ciudades donde la presencia del Estado es mayor.


Por otro lado, fueron las zonas, rurales y campesinas, donde se concentró el mayor número de víctimas, no sólo a escala nacional, sino dentro de los mismos departamentos. Así por ejemplo, Ayacucho es el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Lo mismo ocurre con los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, en estos departamentos la CVR ha registrado cerca del 85 % de las víctimas que le fueron reportadas. Podemos afirmar entonces, que a la luz de los resultados obtenidos por la CVR, existe una relación directa entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es coincidencia que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean considerados en la lista de los cinco departamentos más pobres del Perú.


La CVR llega también a la conclusión que la violencia no afectó a hombres y mujeres por igual ni estuvo distribuida uniformente en todos los grupos. Fueron los hombres entre 20 y 49 años los que engrosaron la lista de víctimas fatales (más del 55%), mientras que las mujeres suman poco menos del 20%.


La CVR también revela que en el caso de las mujeres y niños ellos aparecen como las víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos. Así, conforme aumentaba el tamaño del grupo de asesinados en un mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y niños menores de 15 años.


Estos son sólo algunos de los datos más saltantes que el informe arroja y que al parecer el grueso de la sociedad peruana parece haber olvidado. En pocos días, se celebrará el sexto aniversario de la entrega de este informe, y el Estado peruano aún no ha hecho una revisión exhaustiva del mismo que le permita entender la complejidad y magnitud del conflicto, revisión que posibilite una real y cabal adopción de una política de reparaciones individuales y colectivas que en alguna medida ayuden a cerrar las heridas aún abiertas en los corazones de miles de peruanos víctimas directas o indirectas de la violencia política.


Queda claro que la búsqueda y conocimiento de la verdad abre el camino hacia la reconciliación nacional, pero ella no será posible sino va acompañada de una clara y decidida voluntad política del Estado y de la sociedad por corregir aquello que, so pretexto de una transformación social a gran escala, fue utilizado por los movimientos subversivos para desatar su insana conducta. Son muchas las reformas e iniciativas que el Estado debe emprender para convertir al Perú en un país mucho más inclusivo, democrático y justo, muchas de esas reformas están contempladas en las recomendaciones hechas por la CVR, la pregunta es ¿Cuántas de ellas han sido tomadas en cuenta por los gobiernos de turno?


Se cumplirá un aniversario más del informe, tendremos la oportunidad de volver tras nuestros pasos para poner en discusión los temas abordados en este documento histórico, tendremos la posibilidad de reencontrarnos con nuestra memoria colectiva, de recordar a aquellos que estuvieron y que hoy ya no están, pero sobre todo, tendremos la oportunidad de volver a mirar como sociedad el rostro de un Perú aún adolescente, que lucha por alcanzar el desarrollo y el progreso y que olvida, muchas veces, en ese duro camino, al sin número de ciudadanos que aún reclaman justicia.


Por eso es importante tener siempre presente aquello que como sociedad nos tocó vivir durante dos décadas, incorporarlo en nuestra memoria histórica para evitar que se vuelvan a repetir los hechos que enlutaron a la familia peruana, aún cuando al parecer este sea un esfuerzo que sólo algunos peruanos estamos dispuestos a hacer. Entristece en todo caso ver como los medios de comunicación, que en un momento estuvieron prestos a llenar de flashes a los miembros de la CVR, hoy en día tratan al tema como algo intrascendente. Hace algunos días, luego de 25 años, los restos de 25 de los 129 muertos en Putis, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho, fueron identificados y entregados a sus familiares, sin embargo, el tema, más allá de una pequeña nota a pie de página ha pasado desapercibido en los medios, como dice Carlos Basombrío, pareciera que los temas realmente importantes están destinados a perder la batalla e interés mediático frente a las peleas de Magaly con Mónica Hoyos o el asesinato de Myrian Fefer, ello da cuenta de una sociedad peruana aún indiferente, indolente, egoísta en la cual la lucha por buscar la verdad y reconciliación entre los peruanos es aún una tarea pendiente

Rafael Rodríguez Campos

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