Generosidad política: El asilo de Manuel Rosales

Es la frase que mejor grafica la manera como el gobierno del Perú encaró en estas últimas semanas el tema referido a la solicitud de asilo político presentado por un ciudadano venezolano y boliviano, respectivamente. El gobierno del Perú ha dado una muestra clara de su compromiso con la defensa de las libertades civiles y democráticas en el hemisferio y ha decidido conceder el asilo político a Manuel Rosales, ex candidato a la presidencia de Venezuela, líder de la oposición en esa nación y actual alcalde de Maracaibo, y a Jorge Torres Obleas, ex ministro de Desarrollo Económico de Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Losada.

Ambos casos son de suma importancia en el ámbito de las relaciones internacionales que nuestro país mantiene con los países vecinos y, asimismo, constituyen la constatación del clima y la ola dictatorial que se alienta desde países y ciudades como Caracas y La Paz, durante los últimos tiempos, sobre todo desde que Chávez, Evo o Correa, asumieran la presidencia de sus respectivos países.

Tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Evo Morales han convertido el aparato estatal en una suerte de máquina persigue opositores que no descansa sino hasta borrar del escenario político a cuanto ciudadano se atreva a cuestionar el manejo político y gubernamental que vienen desarrollando ambos jefes de Estado. Para suerte de Rosales y de Torres, el gobierno del Perú, en un acto que lo enaltece y lo distingue de otros países de la región que han preferido callar en todos los idiomas y no pronunciarse sobre el tema, decidió conceder el mencionado asilo con arreglo y estricta observancia a los dictados de las normas del derecho internacional, normas que señalan que cuando algún ciudadano es perseguido por la justicia de su país por delitos comunes entonces no procede el asilo pero que cuando bajo la apariencia o con la excusa de perseguir delitos comunes se desata una persecución política que pretende callar las voces de los disidentes y críticos del régimen entonces el país al cual se le solicitó el asilo queda habilitado para otorgarlo, no sin antes dejar en claro las razones y las condiciones en las cuales se concede este beneficio, situación que como sabemos el gobierno del Perú ha cumplido a cabalidad, tal y como explicaremos a continuación.

En el caso del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, su condición de líder de la oposición al régimen chavista, lo ha convertido en el blanco preferido del jefe de Estado de ese país. Manuel Rosales fue acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, la acusación fue archivada hace algún tiempo pero ha sido retomada por orden expresa de Chávez. Nadie en Venezuela puede negar ello, Manuel Rosales ha sido víctima de una persecución infame por parte del gobierno de Chávez desde hace aproximadamente ocho años. Así, en innumebrbles oportunidades, Rosales fue víctima de una andanada de ataques verbales de grueso calibre proferidos por el presidente llanero. Basta recordar que en el año 2001, Chávez en declaraciones públicas hechas en la guarnición militar del estado de Zulia, amenazó con apresarlo con sus propias manos, en el 2008 desde la Plaza de Toros de Maracaibo, dijo: “voy a meter preso a Manuel Rosales…Lo voy a desaparecer del mapa político venezolano…” o “ no merece el noble pueblo zuliano tener a unos capos” de gobernantes. Y tiempo más tarde, en el 2009, lo llamó ladrón, delincuente y corrupto.

Ante el abundante material probatoria que acredita la persecución política que Rosales, y muchos otros, sufren en Venezuela, el gobierno peruano no tuvo otra salida sino la de conceder el asilo a este ciudadano venezolano, más cuando de las declaraciones del propio presidente venezolano, queda claro que Venezuela no le ofrece a Rosales las garantías propias del debido proceso y el proceso justo, más aún si se tiene en cuenta que Chávez ha copado al Poder Judicial de ese país con un sin número de jueces adictos a su régimen que viven y actúan por él y para él, con lo cual el principio de separación de poderes, el de juez imparcial y tribunal independiente, propios de un régimen constitucional y democrático han sido seriamente vulnerados en el hermano país llanero.

Es bueno precisar en todo caso, que Manuel Rosales no es el primer ciudadano venezolano al cual se le ha concedido el asilo político. Corrieron esa misma suerte Carlos Ortega, ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (opositor al régimen de Chávez) y Eduaro Lapi, ex gobernador del estado de Yaracuy (también opositor a Chávez). En ambos casos, al igual que en el de Rosales, el gobierno del presidente García, decidió otorgarles el asilo ante las muestras evidentes que acreditaban su condición de víctimas del odio y la persecución del dictador Chávez, no sin antes dejar en claro que el otorgamiento del asilo supone un beneficio extraordinario que en modo alguno puede ser mal utilizado por los asilados, mediante acciones que pongan en peligro las relaciones entre los países, no pudiendo utilizar el suelo peruano como plataforma política o trinchera de ataque contra el gobierno del país del cual salieron en calidad de perseguidos políticos.

Similar es el caso del ex ministro de Desarrollo Económico boliviano, Jorge Torres Obleas, él conjuntamente con otros dos ministros del gobierno de Sánchez de Losada, son acusados de complicidad en los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, ocurridos durante la represión de octubre de 2003, cuando la población de La Paz tomó las calles para oponerse a la exportación del gas, hecho que tuvo como resultado la fatídica cifra de 60 muertos.

En este caso, al igual que en el de Rosales, el gobierno de Evo, pretende disfrazar una clara vendetta de tipo político, con una supuesta preocupación por la persecución de delincuentes responsables de delitos de lesa humanidad, tal y como lo ha expresado el presidente de ese país, supuestos que carecen de todo tipo de sustento legal o jurídico, ya que los delitos por los cuales se los acusa no pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad, ya que éstos se presentan cuando existe una orden o un aparato organizado de poder que desde el Estado tuvo la misión de aniquilar personas, supuesto que no se verifica en el caso del ex ministro Torres Obleas, más si se tiene en consideración que él era el encargado del ministerio de Desarrollo Económico y, por ello, no tuvo nada que ver con temas vinculados a la seguridad o el orden interno durante el llamado “octubre negro” al cual ya hemos hecho referencia.

Preocupante, en todo caso, resulta ser el hecho de que tanto en Venezuela como en Bolivia, los presidentes de turno pretendan convertir al Poder Judicial en un aparato similar al de la Santa Inquisición en el cual se disponga condenar a la hoguera a todo aquel infiel que no reconoce como suyo el dogma totalitario del denominado “socialismo de siglo XXI”, que profesan tanto Chávez como Morales. Es triste reconocer que a inicios de un nuevo siglo el sistema democrático en nuestro continente aún sea de una fragilidad que pone los pelos de punta y tiembla ante la figura de nuevos aprendices de dictadores que pretenden acallar las voces de todos aquellos que se atreven a decirles “no”. La dictadura, como la intolerancia y persecución por razón de ideas, son males estructurales que todos los latinoamericanos tenemos el deber de combatir, por ello, extraña la actitud de algunos gobiernos como el de Cristina Fernández en Argentina, el cual parece ver en Chávez y su gobierno, a un ejemplo al cual hay que seguir en el hemisferio, negando o desconociendo complacientemente el sin número de violaciones a los derechos humanos que se vienen perpetrando por este gobierno chavista y el de Evo, respectivamente.

Sorprende también, la reacción destemplada e irrespetuosa que ha tenido Evo Morales con relación a nuestro presidente al cual además de calificarlo de chabacano lo ha acusado de convertir a nuestro país en un refugio para delincuentes internacionales. Así, en declaraciones públicas hechas ante la prensa extranjera Morales dijo: “Antes los delincuentes se escapaban a los Estados Unidos cuando George Bush estaba de presidente. Ahora los delincuentes se escapan al Perú porque el presidente peruano protege a estos delincuentes”. De ese modo, queda claro que Morales, no solo se refería al asilo político otorgado por el Perú a Torres Obleas, sino al asilo de Manuel Rosales, en una clara y abierta injerencia en los asuntos internos de nuestro país lo cual es considerado por el derecho internacional como una acción que atenta contra la soberanía de cada nación.

Para finalizar habría dejar en claro que el señor Morales carece de autoridad política y moral como para criticar el proceder del gobierno del Perú a la hora de conceder el beneficio del asilo político ya sea a ciudadanos bolivianos o venezolanos, ya que como todos recordaran fue el gobierno de Evo el que le concedió el asilo político, al ciudadano peruano, Walter Chávez, sindicado como miembro del grupo terrorista MRTA, en esa oportunidad el gobierno del Perú, a diferencia del de Evo, fue respetuoso del proceder del gobierno boliviano y así evitó la utilización de adjetivos que además de resquebrajar las relaciones entre dos pueblos hermanos ponen en entredicho las bondades personales del señor Morales para el ejercicio del cargo de presidente en el hermano país del altiplano.

Rafael Rodríguez Campos