La dignidad de los nadies

Muchos peruanos creen que las personas que se encuentran internas en nuestras cárceles pagan un justo castigo por los delitos que cometieron. Muchos de ellos, criminales avezados y peligrosos no merecen otra cosa que una sanción ejemplar de parte de la sociedad y del Estado, señalan ciertos comentaristas. No obstante ello, es válido preguntarnos lo siguiente: ¿Qué derechos deberían ver recortados  los hombres y mujeres que reciben una sentencia condenatoria por parte de nuestro Poder Judicial?

En principio, la doctrina penal mayoritaria señala que el único derecho constitucional que una persona que ha cometido delitos debería ver limitado es su derecho a la libertad personal (por eso el término pena privativa de libertad). En esta lógica, la pérdida de la libertad es ya un castigo suficientemente severo para toda persona condenada a vivir encerrada entre cuatro paredes como para pretender que la cárcel se convierta en un espacio de sufrimiento y martirio constantes en donde la dignidad de sus residentes es abolida a diario.

No dudo de que los criminales deban ser sancionados de manera ejemplar, pero la pregunta es: ¿Por qué en el Perú condenamos a los internos de un penal a vivir en condiciones deplorables que vulneran de manera sistemática sus derechos humanos básicos? ¿Es que acaso en nuestro país ciudadanos y autoridades creen que los internos de una cárcel no son seres humanos a los cuales se les debe garantizar condiciones de vida elementales?

Algunos dirán que los asesinos, ladrones, violadores o terroristas, no merecen ninguna compasión o solidaridad. Dirán que sus crímenes abominables los hacen merecedores de los peores castigos y que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de ellos, recluyéndolos en celdas que no son otra cosa que  pequeños espacios de dolor y sufrimiento.

Comprendo que la indignación que algunos crímenes generan en la sociedad es muy grande, y que muchos peruanos quieren que los condenados paguen sus culpas sin atenuantes. Todo eso lo entiendo, pero no puedo dejar de pensar en ese casi 50% de internos que no han recibido sentencia y que pasan sus días en esos lugares de horror al lado de malhechores y pillos de la peor calaña. Pienso sobre todo en los internos más jóvenes y en el daño irreversible que dicha convivencia puede generar en ellos. ¿Es justo que personas inocentes que no han sido condenadas reciban ese trato en nuestra sociedad? Yo creo que no.

Digo todo ello porque es nuestra propia Constitución la que nos dice en su artículo 139, inciso 21, que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad. Siendo ello así: ¿Cumple el Estado con este mandato expreso de la Constitución cuando no hace absolutamente nada por mejorar la calidad de vida de los internos de un presidio, permitiendo que muchos de ellos mueran por tuberculosis, desnutrición o VIH?

A propósito de esta reflexión, hace unos días sostuve una interesante conversación con un amigo sobre el derecho de los internos a votar en las elecciones del próximo 17 de marzo en Lima. En esa oportunidad, este amigo me dijo: “Estos malditos no merecen tener derechos. Además: ¿Cuánto gastaríamos instalando mesas de votación en los penales?” No puedo negar que su lógica monetaria me dejó sin palabras, sobre todo teniendo en cuenta que mi colega tiene una especialidad en Derechos Humanos.

Seguramente la posición de este amigo es compartida por muchas personas en nuestro país. Esto no me sorprende, pues en el Perú el “juicio” de los ciudadanos suele estar muchas veces reñido con los mandatos que la Constitución establece. Dicho de otro modo, en este tema mi amigo opinaba con emoción, odio y revancha, el problema es que su reflexión, mayoritaria al parecer, presenta ciertas inconsistencias que me parecen importantes exponer.

Nuestra Constitución señala en su artículo 33, inciso 2, que el ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa de la libertad. En otras palabras, las personas que han sido condenadas a purgar condena en una cárcel ven también suspendida su condición de ciudadanos; por ello no pueden votar. Yo creo que esta disposición constitucional es “inconstitucional”, sobre todo teniendo en cuenta que una de las finalidades del sistema penitenciario es la reincorporación del penado a la sociedad, y de que no existe acto más contrario a este mandato que el prohibirle a un ciudadano que forma parte de una comunidad política expresar libremente su voto y participar, en la medida de lo posible, en los asuntos públicos de la colectividad.

Sin embargo, tomen nota de lo que la propia Constitución señala al hablar de “sentencia con pena privativa de libertad”. El derecho de sufragio, en los términos que la norma fundamental establece, será  limitado únicamente para aquellos internos que han sido “condenados”. ¿Qué pasa entonces con los miles de peruanos que no han sido “condenados” pero que están recluidos en los penales esperando que la justicia de su veredicto? Ellos son inocentes: ¿Por qué entonces a ellos no se les permite votar?

La respuesta es una sola: “Nuestra sociedad no considera ciudadanos a los miles de peruanos y peruanas que habitan en nuestras cárceles”. A ellos se les vulnera diariamente sus derechos más elementales. Si ello es así, y a nadie parece importarle lo que les pase: ¿Por qué entonces deberíamos implementar un mecanismo que les permita a los internos de nuestros penales, por lo menos a los que no han sido todavía condenados, ejercer un derecho tan importante como el de sufragio? En mi opinión, no existen razones jurídicas que justifiquen esta limitación que es a toda luz inconstitucional.

Lo trágico en esta historia es que en el Perú los derechos fundamentales de nuestros internos son atropellados diariamente sin que ello genere ningún rechazo por parte de la sociedad. De hecho, nadie se hace problemas por semejante barbarie. Por eso, cuando escucho hablar de la situación penitenciaria de nuestro país, no hago otra cosa que recordar el documental argentino titulado: “La dignidad de los nadies”.

Nota: Este artículo será publicado en http://elcristalroto.pe/ blog institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

Voto facultativo o voto obligatorio para el Perú

La semana que pasó, la Comisión de Constitución del Congreso de la República volvió a archivar el proyecto de ley, presentado por la Cédula Parlamentaria Aprista, para implementar el voto voluntario.

El tema de la implementación del voto facultativo es sin lugar a dudas un tema polémico, en el mismo Congreso las opiniones se han dividido en esta materia, por un lado, el partido de gobierno, en la persona del congresista José Vargas, defendía su posición a favor del voto facultativo en el entendido de que el sufragio es un derecho y no un deber, y que por tanto no puede someterse a un ciudadano coactivamente a ejercerlo, así como no se le puede exigir ejercer su derecho a la libertad de expresión o su derecho a la libertad de opinión. El mismo legislador señaló además que esta reforma fortalecerá el sistema de partidos pues evitará la aparición y posible éxito electoral de los denominados outsiders que de cuando en cuando suelen aparecer en la escena política nacional. Por su parte, el grueso de congresistas, entre los cuales se encuentran los militantes de Unidad Nacional, el fujimorsimo y el Partido Nacionalista, se mostraron en contra de esta postura, pues consideran que en nuestro país no contamos con una cultura cívica y democrática que garantice la concurrencia de la ciudadanía a las urnas, lo cual puede ocasionar un ausentismo masivo en los comicios, situación que pondría en peligro la legitimidad y representación de las autoridades elegidas.

Estando así las cosas no sorprende que la propuesta haya sido archivada, como ya señalamos anteriormente, con una votación de 10 votos en contra y 5 a favor de la misma. Solo como un apunte a tomar en consideración debemos decir que la propuesta del voto facultativo fue una opción trabajada en la plataforma política de todos o casi todos los partidos políticos en las últimas elecciones generales del 2006, por lo que sorprende la manera cómo el día de hoy muchos políticos que le dieron el sí al voto facultativo deciden sin más ni más archivar el proyecto de ley que busca su implementación.

Pero más allá de ello es preciso abrir un debate académico y político sobre la conveniencia del voto facultativo en nuestro país, y para ello es necesario hacer algunos apuntes que marquen el camino de la discusión, ya que en mi modesto entender el debate en el Congreso ha caído en el reduccionismo, lo cual demuestra el profundo desconocimiento jurídico y político que sobre esta materia tienen los padres de la patria, ya que no resulta serio, desde el punto de vista académico, teórico y práctico, reducir el debate a buscar respuesta a la pregunta de si el sufragio es un derecho o un deber, el análisis debe ir mucho más allá, por ello a continuación expondremos algunos puntos de vista que quizá contribuyan a enriquecer esta polémica.

Desde un punto de vista académico podemos decir que el derecho al sufragio puede ser concebido desde dos posiciones. Desde una primera posición podemos decir que el sufragio es un derecho de naturaleza política, es decir, se trata de una potestad o una prerrogativa que posee todo ciudadano, la cual le permite participar en la designación de autoridades y formar parte de la decisión de algún asunto de interés básicamente público o político. Como puede apreciarse esta tesis se vincula directamente con el concepto de soberanía popular desarrollada durante los siglos XVII y XVIII, en ese entendido dicha soberanía se encuentra dividida entre todos los ciudadanos de una país que tendrán la atribución de contribuir con su voto en la expresión de la voluntad general. Desde la segunda óptica, el sufragio es visto como expresión de una función política y social, es decir, el sufragio supone un conjunto de servicios y obligaciones exigibles al ciudadano ya que sin su concurso no podría garantizarse el normal desarrollo de la actividad del Estado, no podría elegirse legítimamente a los representantes y, por ende, no podría formarse un gobierno que le otorgue conducción y estabilidad a una nación. En esta misma línea, al ser considerado el sufragio una función, surge la idea de deber electoral, mediante el cual el ciudadano está obligado a expresar su voto de manera obligatoria ya que dicha participación y ejercicio son la base del sistema democrático.

En ese sentido, tenemos un derecho, como el sufragio, que admite dos lecturas diferentes sobre la naturaleza del mismo, lo curioso es que en determinadas situaciones, no solo en el Perú sino en otros países, los políticos pretenden tomar partido por alguna de estas dos dimensiones del derecho, sin preguntarse antes si eso es realmente posible, es decir sin preguntarse por la conveniencia de favorecer una dimensión en perjuicio de la otra, queriendo ver en el sufragio solamente a aun derecho o a una función de orden político, respectivamente.

En lo personal creo que el derecho al sufragio requiere de ambas lecturas, por un lado es preciso tener en claro que se trata de un derecho fundamental del cual goza todo ciudadano, pero al mismo tiempo, debemos reconocer el efecto que su ejercicio trae consigo al legitimar la constitución de un gobierno mediante la elección de autoridades representativas. No obstante, en el caso en el que ambas dimensiones entren en contradicción, cosa que yo no creo, pues entiendo que haciendo un adecuado análisis uno puede fortalecer amabas posiciones, debemos de hacernos algunas preguntas antes de optar por el voto facultativo (derecho) o voto obligatorio (función obligatoria).

Ahora bien, una vez superado el debate académico sobre la naturaleza del sufragio, debemos indagar por el impacto que una propuesta que implemente el voto facultativo pueda tener en nuestra sociedad, por ello resulta pertinente resumir brevemente las preguntas que el profesor Fernando Tuesta se hace al momento de analizar la viabilidad de esta propuesta ¿Quiénes serán los primeros en no votar? ¿Los ricos, los pobres, las clases medias? ¿En la urbe, en el campo? ¿Los jóvenes, los viejos? ¿Los hombres, las mujeres, los analfabetos? ¿Tiene algún impacto sustancial hacerse este tipo de preguntas? Como dice el profesor Tuesta, si la respuesta es no, entonces la defensa del voto obligatorio no tiene sustento alguno. No obstante, todos sabemos que dicha preguntas son de suma importancia, ya que lo que se busca en una elección es que en estas participen la mayoría de ciudadanos, pues a través de dicha participación se pueden apreciar las diversas tendencias e intereses presentes en sociedades tan plurales y heterogéneas como la nuestra, y eso es importante ya que esa diversidad puesta de manifiesto en las urnas es la que garantiza la legitimidad del gobierno elegido.

Ahora bien, es cierto también que las razones que se exponen a favor del voto facultativo merecen una especial consideración, ya que es cierto que la tendencia hacia futuro debe buscar el ensayo de esta fórmula, en la cual las personas realmente interesadas deciden libremente participar en la elección de representantes, personas que de manera conciente e informada deciden construir una democracia cuantitativamente superior a la que busca sumar votos para legitimar gobiernos, independientemente de si esos votos son informados o no, meditados o no, responsables o no.

Debemos ser concientes y tener la suficiente hidalguía para reconocer que el mundo se mueve en determinado rumbo, que las corrientes mundiales no solo se expresan en lo económico sino también en lo político, y que la propuesta del voto facultativo poco a poco irá adquiriendo mayor fuerza. Sin embargo, la pregunta es ¿Cómo hacer que la implementación del voto facultativo no genere distorsiones en nuestro débil sistema democrático?

Creo que la transición hacia el voto facultativo debe darse de manera gradual y paralela, gradual porque creo que todo cambio genera ciertos temores y paralela, porque no creo que baste con implantar el voto facultativo para consolidar una democracia cualitativamente superior a la que tenemos en la cual muchas decisiones sobre a por quién votar o por quién no votar se deciden en la misma cola de la elección o en la cámara secreta y bajo los argumentos más inverosímiles, por lo cual necesitamos hacer otras reformas al sistema político para conseguir dicho propósito. Creo que una buena opción sería ir reduciendo paulatinamente el monto de las multas que se impone como castigo para el ciudadano que no vota, posteriormente podemos instaurar el voto facultativo para determinadas elecciones de representantes, como las autoridades locales y regionales, para luego saltar a la escena nacional, llámese Presidente de la República o congresistas. Sin embargo, el voto facultativo por sí sólo no mejorará la realidad política y la crisis de representación que sufre nuestro país, para ello es necesario, realizar otro tipo de reformas como el fortalecimiento de los partidos políticos, la eliminación del voto preferencial y reformar la estructura de determinadas instituciones como el Congreso de la República, incorporando medidas como la renovación por mitades o por tercios, para hacerle saber al elector que es él quien decide sobre la suerte de sus representantes y que por tanto es necesaria su participación responsable e informada.

Dicho todo ello, solo nos queda esperar que el debate que hoy se abre en torno a este tema eleve el nivel de la discusión política y jurídica al momento de tomar la decisión de implementar el voto facultativo en nuestro país, como dijimos ello no es viable sino fortalecemos a los partidos políticos, pues serán ellos los encargados de movilizar a la ciudadanía, ganarse su confianza y hacerla participar, ello no será posible sin un sistema de partidos fuerte, institucionalizados en donde las decisiones adoptadas sean fiel reflejo de lo que se conoce con el nombre de democracia interna en la elección de candidatos que serán ofrecidos a la ciudadanía.

Finalmente, soy de los que cree que es necesario ir por el camino hacia la consolidación del voto facultativo, creo que el sufragio es más un derecho que un deber u obligación, no obstante sostengo que ese camino debe ser recorrido paso a paso, sin apresuramientos, tomando en cuenta la necesidad de hacer otras reformas que fortalezcan tal iniciativa, no nos vaya ocurrir lo de siempre, incorporar figuras o instituciones políticas que no tienen un respaldo objetivo en la realidad social de una sociedad como la peruana tan compleja.

Rafael Rodríguez Campos