LA CONCIENCIA DE UN LIBERAL

El profesor Sinesio López, publicó en 2012 el libro “La desigualdad económica y la política”, texto en el cual, además de explicar los fenómenos de la distribución del ingreso desde una perspectiva política, recoge la obra de diversos autores cuya tesis sobre este asunto es básicamente la siguiente: “El problema de la desigualdad en la distribución del ingreso no es económico sino político, ya que al parecer son las instituciones políticas las que terminan por definir la distribución económica al interior de cada Estado”. 

Uno de los autores referenciados en este libro es el Premio Nobel de Economía (2008) Paul Krugman cuya trabajo titulado “The conscience of a liberal” (La conciencia de un liberal) es el que en esta oportunidad comentaremos. Antes de ello, cabe señalar que así como ocurre con Krugman (2007), el libro del profesor Sinesio López (2012), también nos acerca a la obra de otros reconocidos intelectuales como Pikketty (2007), Tilly (2000), Wallerstein (2008), Przeworski (2008), entre otros.

Lo que hace Krugman en su obra es, en primer lugar, analizar la evolución de la política económica estadounidense, examinando por un lado, la distribución del ingreso que va desde una elevada desigualdad hasta una relativa igualdad y, por otro, el conflicto político que va desde la polarización extrema entre los grandes partidos –Republicano y Demócrata- hasta el bipartidismo constructivo, en el que comparten algunos consensos básicos. Existe, según Krugman, una fuerte correlación histórica entre la desigualdad económica y la polarización política y entre la cohesión económica y la cooperación bipartidista.

Krugman afirma que la explicación predominante de la relación entre la desigualdad y el conflicto político ha corrido por el lado económico atribuyendo al cambio tecnológico y a la globalización un peso “decisivo” en la explicación de la distribución desigual de los ingresos y en el ascenso de una élite muy rica en los Estados Unidos. Esos factores, afirma el autor, han generado una polarización política muy fuerte, donde el Partido Republicano es el abanderado de los beneficiados por la creciente desigualdad económica, mientras el Partido Demócrata ha buscado representar a los perjudicados por la misma (López, S., 2012: 42).

A pesar de la opinión mayoritaria (casi unánime) de los economistas, Krugman sostiene que son los factores políticos, especialmente la polarización política, el que ha jugado un rol decisivo en la acentuación de las desigualdades económicas. ¿A qué se debe esa polarización? Para este autor, dicha polarización es producto del desplazamiento de amplios sectores del Partido Republicano hacia posiciones situadas más a la derecha conservadora dentro del propio partido, cuyos posicionamientos serían los responsables de la radicalización de la vida política estadounidense y del aumento de las desigualdades económicas en EE.UU.

Para este Premio Nobel, la historia de la desigualdad en los Estados Unidos se divide en tres grandes etapas. La primera de ellas, llamada la "Larga Edad Dorada", que va desde el final de la Guerra Civil (1870) hasta 1930, estuvo caracterizada por un fuerte proceso de reconstrucción económica, que se vio acompañado de un incremento de las desigualdades producto de la nula o escasa capacidad de negociación de los trabajadores y sectores menos favorecidos.

La segunda, que se inicia en 1930 con la "Gran Comprensión" y la puesta en macha del "New Deal" por parte del presidente demócrata Franklin Roosevelt hasta la gran crisis de 1973, que favoreció la reducción de la brecha salarial y ayudó a la cohesión económica que vivió Estados Unidos hasta 1950. En este periodo se logró una mayor equidad en la distribución mediante acciones y reformas políticas como: cambios en la fiscalidad, aumento del sector público, fortalecimiento de la clase media, acceso a prestaciones sociales y participación de los sindicatos en la fijación de los salarios. Todas estas medidas sentaron las bases para la expansión de un largo ciclo económico de prosperidad y bienestar.

En la tercera etapa, que va desde la mitad de la década de 1970 hasta nuestros días, Estados Unidos vive un nuevo proceso de polarización política y un incremento de las desigualdades económicas. Krugman refiere que si bien esta fase tiene su punto de partida en la crisis de 1973, esta se fue gestando a mediados de la década de 1960.

¿Qué ocurrió en esos años? Como se recuerda, en ese tiempo el movimiento conservador (más derechista) comenzó a ganar fuerza sacando provecho de los miedos y prejuicios sociales que generaba el movimiento por los derechos civiles. Así, mientras los demócratas, impulsores del "New Deal", luchaban contra la segregación racial. El movimiento conservador vinculó el avance de los derechos civiles con el desorden social y la aplicación de programas sociales que favorecían la proliferación de sectores parasitarios que vivían de los impuestos cada vez mayores de la gente honrada (López, S., 2012:44).

Así fue como se minó el consenso político que se había logrado forjar en décadas pasadas, el mismo que había permitido la adopción de políticas distributivas destinadas a reducir la desigualdad en torno al "New Deal", para dar paso a nuevas victorias electorales republicanas, las que ocasionaron un retroceso en este esfuerzo “igualitario”, supeditando los intereses de la mayoría estadounidense a los de la élite rica.

Por esta razón Krugman sostiene que son justamente los cambios producidos en las normas e instituciones, derivados de opciones políticas, los que mejor explican estos vaivenes en la distribución de la riqueza de su país, que va desde la drástica reducción de la desigualdad durante la "Gran Comprensión" y el "New Deal", a la posterior “excepcionalidad estadounidense”, es decir el hecho de que ningún otro país rico haya padecido aumentos similares de sus desigualdades económicas internas.

Entonces, existen fundadas razones para creer que las instituciones y las normas, más que la tecnología y la globalización, son las causas principales de la creciente desigualdad y, en esa lógica fueron las políticas aplicadas por la administración republicana (Bush, uno de ellos), a través de recortes fiscales y reducciones del gasto social, las responsables del aumento de las desigualdades en los Estados Unidos. Mas si tomamos en cuenta que desde la década de 1970, el Partido Republicano, devino, en un partido que se definió por su oposición a los impuestos a los ricos y a los beneficios a las clases pobres y medias. No sorprende entonces que haya sido dicha administración conservadora la gran causante de la desigualdad, la más grande, reiteramos, entre los países ricos.

Nota: a los interesados en el tema, les recomiendo darse una vuelta por la 19° Feria Internacional del Libro de Lima (FIL-Lima) y adquirir ambos textos (anticipo que la búsqueda del libro de Krugman no será sencilla). No olviden que la FIL-Lima va del 18 de junio al 03 de agosto. 

LOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA (UNA MIRADA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA)

El profesor peruano Sinesio López, ha publicado el libro titulado “La desigualdad económica y la Política”, en el cual indaga sobre los factores políticos que inciden en la desigualdad del ingreso, examinando la literatura que se ha escrito sobre el tema. Como lo señala el propio autor, los académicos en general han prestado más atención a los factores económicos  e históricos que a los políticos que, sin embargo, cuentan mucho en la explicación de la desigual distribución del ingreso (López, S., 2012).

Es importante destacar el aporte académico que el profesor Sinesio López hace con la publicación de este libro, pues además de presentar y justificar con solidez la tesis que propone (es la política la que determina la desigual distribución del ingreso), nos acerca de manera didáctica a la obra y pensamiento de diversos autores, entre los cuales destaca, sin lugar a dudas, la del profesor argentino Guillermo O´Donnell.

Uno de los temas abordados por López, S. (2012) está relacionado con el Estado y las características que este presenta, muchas de las cuales, como podremos apreciar luego, influyen notablemente en la desigual distribución del ingreso en América Latina. En esa misma línea, es justamente la obra del politólogo argentino, la que el autor usa -para acercarse desde una perspectiva histórica- tanto al concepto de Estado como para describir las principales características de los Estados de América Latina.

El Estado es un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (en su mayoría respaldadas por el sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Estas instituciones tienen como último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, la supremacía en el control de los medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo Estado normalmente ejercen sobre aquel territorio (O’Donnell, G., 2004).

Como se puede apreciar, una característica de esta definición es que ella apunta directamente al tema del poder, en términos de la gran concentración de poder (o, precisamente, de poderes) implicada por el surgimiento y funcionamiento del Estado. De acuerdo a esta definición, el Estado incluye al menos cuatro dimensiones.

La primera apunta al Estado visto como un conjunto de burocracias orientadas a lograr o proteger algún interés público. La segunda, está relacionada al sistema legal estatal que penetra las relaciones sociales. La tercera coloca al Estado como el centro de sistemas de referencia y de identidad colectiva para los habitantes de su territorio (Estado para la nación o Estado para el pueblo). Finalmente, existe una cuarta dimensión que es un filtro que marca los espacios y fronteras que median entre el adentro y el afuera del territorio y la población que delimita (López, S., 2012).

Para ambos autores, estas cuatro dimensiones son históricamente contingentes y la medida de sus logros debe ser establecida empíricamente (caso por caso). No obstante ello, puede afirmarse que un Estado que satisface esos aspectos e impulsa la expansión y consolidación de las diversas ciudadanías (igualdad de derechos y libertades para todos), va adquiriendo el carácter de un Estado democrático (O´Donnell, 2004; López, 2012).

Dicho todo ello, cabría preguntarse por cuáles son justamente las principales características de los Estados de América Latina, para luego evaluar si estos logran satisfacer o no esas cuatro dimensiones de las cuales nos hablan estos autores.

Para López, S. (2012), las tesis expuestas por Guillermo O’ Donnell en su libro “Acerca del Estado en América Latina: diez tesis para discusión” (O’Donnell, G., 2004), son las siguientes:

Primera tesis. El problema principal del Estado latinoamericano no es el tamaño de sus burocracias sino la ineficacia de las mismas, la infectividad de su sistema legal y la escasa credibilidad de este y del gobierno.

Segunda tesis. Más allá de la urgente eliminación de burocracias innecesarias y, en general, de la racionalización de las mismas y procesos administrativos, la pregunta a responder para una auténtica reforma del Estado debería ser: para qué tipo de nación se propone que ese Estado sea. La respuesta a esta pregunta determinará qué agencias son o no necesarias, cuáles deben ser eliminadas y que otras creadas.

Tercera tesis.  Un amplio sector de la población se encuentra por debajo de un piso mínimo de desarrollo humano, en términos no solo de bienes materiales y de acceso a servicios públicos, sino también de derechos civiles básicos. Eso hace que el sector popular exprese una clara demanda por un Estado fuerte (ancho, eficaz, efectivo y creíble), ya que es a través de este que podrá inscribir y hacer efectivos sus derechos de ciudadanía.

Cuarta tesis. La situación descrita en la tesis anterior es sumamente grave pues tiende a corroer las bases de sustentación del propio régimen democrático. Su corrección debe tener en cuenta no solo las limitaciones económicas de cada país, sino también la presión que ejercen las fuertes constelaciones de poder que se oponen a esta tarea. Asimismo, debe reconocerse que el juego democrático admite diversos criterios y estrategias en este esfuerzo, a ser dirimidos mediantes los acuerdos y conflictos legalmente regulados que ese juego implica.

Quinta tesis. Se debe buscar ampliar la agenda pública de buena parte de los países de la región: en especial políticas públicas. Esa agenda ha sido monopolizada por cuestiones económicas, y casi siempre, definida según intereses de clases y sectores dominantes. Además, esa misma agenda ha tendido a criminalizar la pobreza y, con ello, acentuar el divorcio entre el sector popular y el resto de la sociedad.

Sexta tesis. Salvo excepciones, el Estado latinoamericano ha mostrado una cara ajena (y a veces hostil), a buena parte de su población. No solo le ha negado a muchos sus derechos, sino que al mismo tiempo, les ha otorgado privilegios y exención de obligaciones a otros. Se trata de un Estado que muchas veces ha reprimido con violencia al sector popular, además de limitarle el acceso a servicios estatales fundamentales como educación, salud y justicia. Se trata pues de un Estado que le ha negado una ciudadanía a gran parte de su población (las más pobre e indefensa).

Séptima tesis. En atención a lo señalado en la tesis anterior, deberían hacerse todos los esfuerzos, para que con el aporte de agencias (reformadas) se extienda a la población (sector popular, sobre todo), una amplia gama de derechos civiles y al menos una canasta básica de derechos sociales. Esto no sólo supone un acto de justicia, sino que permitirá también empoderar a vastos sectores de la población, para que estén en mejores condiciones de ir definiendo y redefiniendo sus propios intereses e identidades, como expresión de lo que hemos denominado la ampliación de la agenda pública, la vitalidad del juego democrático y el ensanchamiento del Estado.

Octava tesis. Persiste en Latinoamérica una distancia histórica entre el Estado y los diversos componentes del sector popular, agudizada por la ostensible influencia de intereses a los cuales no les interesa contribuir con el bien común; y, la actitud pasiva, si no obediente, que han exhibido varios gobiernos frente a la globalización económica y financiera.

Novena tesis. Las sociedades latinoamericanas (salvo escasas excepciones) siguen siendo sumamente fragmentadas y desiguales. Una manera de superar esto es extender homogéneamente la legalidad estatal, para que abarque no solo el conjunto del territorio, sino también a todas las categorías sociales. Se trata de consolidar no solo un Estado de derecho, sino de consolidar un auténtico Estado democrático de derecho que garantice efectivametne no solo previsibilidad y debido proceso, sino sobre todo consagre y haga efectivos los derechos de la ciudadanía.

Décima tesis. La necesidad de ampliar y homogenizar la legalidad democrática del Estado plantea una paradoja frente a la reciente emergencia y, en general, creciente reconocimiento, de los derechos colectivos de diversas minorías, sobre todo de los pueblos indígenas. Actualmente, el panorama en América Latina es alentador en este esfuerzo, pues varios países han hecho avances importantes (al menos en contraste con el desconocimiento y la brutalidad con que estos temas fueron tratados en el pasado) en el reconocimiento de la identidad y derechos de esos pueblos. Esto supone un esfuerzo con dos facetas: entender la legalidad estatal hasta eliminar amplias regiones en las que prevalecen de hecho otras legalidades (sultanísticas y mafiosas) y; por otro, hacerlo de tal manera que establezca una respetuosa convivencia con la de los pueblos indígenas.

A modo de conclusión, podríamos decir que los Estados en América Latina son débiles. Algunos de ellos, débiles en todos los aspectos: burocracia ineficiente, sistema legal ineficaz y falta de credibilidad del aparto público y el Gobierno. Otros han sido eficaces pero solo como máquinas represivas, pero poco han logrado para normalizar y homogenizar sus naciones y sociedades. El gran problema es que el Estado no penetra ni controla el conjunto de su territorio, ha implantado una legalidad frecuentemente truncada y la legitimidad de la coerción de la coerción que lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intérprete y realizador del bien común (López, S., 2012).

Finalizo con una cita textual de O’Donnell que grafica la gravedad de esta problemática: “Estas falencias (tener presente las diez tesis) son un grave problema por muchas razones, incluso en términos de desarrollo económico y social. También lo son porque estos estados y sus gobiernos tienen escasa capacidad para democratizar sociedades en las que una larga y muy asentada historia de desigualdad demanda persistentes esfuerzos en los que un Estado ensanchado debería jugar un papel central” (O’Donnell, G., 2004).

En suma, la tarea en América Latina por construir y consolidar un Estado Democrático de Derecho es enorme y demandará mucho esfuerzo, pero sino comenzamos ahora, los problemas pueden ir creciendo y la crisis social y política se agudizará marcando el futuro de muchos países de nuestra región, generando inestabilidad y desgobierno a gran escala. Esperemos que nuestros gobernantes tomen nota sobre la responsabilidad histórica que les corresponde asumir en sus respectivos países. Mientras que a los políticos les corresponde asumir el reto de resolver los problemas del Estado antes descritos. A nosotros, los electores, nos corresponde respaldar a los Gobiernos que demuestren con acciones concretas su compromiso con este propósito.