LOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA (UNA MIRADA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA)

El profesor peruano Sinesio López, ha publicado el libro titulado “La desigualdad económica y la Política”, en el cual indaga sobre los factores políticos que inciden en la desigualdad del ingreso, examinando la literatura que se ha escrito sobre el tema. Como lo señala el propio autor, los académicos en general han prestado más atención a los factores económicos  e históricos que a los políticos que, sin embargo, cuentan mucho en la explicación de la desigual distribución del ingreso (López, S., 2012).

Es importante destacar el aporte académico que el profesor Sinesio López hace con la publicación de este libro, pues además de presentar y justificar con solidez la tesis que propone (es la política la que determina la desigual distribución del ingreso), nos acerca de manera didáctica a la obra y pensamiento de diversos autores, entre los cuales destaca, sin lugar a dudas, la del profesor argentino Guillermo O´Donnell.

Uno de los temas abordados por López, S. (2012) está relacionado con el Estado y las características que este presenta, muchas de las cuales, como podremos apreciar luego, influyen notablemente en la desigual distribución del ingreso en América Latina. En esa misma línea, es justamente la obra del politólogo argentino, la que el autor usa -para acercarse desde una perspectiva histórica- tanto al concepto de Estado como para describir las principales características de los Estados de América Latina.

El Estado es un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (en su mayoría respaldadas por el sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Estas instituciones tienen como último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, la supremacía en el control de los medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo Estado normalmente ejercen sobre aquel territorio (O’Donnell, G., 2004).

Como se puede apreciar, una característica de esta definición es que ella apunta directamente al tema del poder, en términos de la gran concentración de poder (o, precisamente, de poderes) implicada por el surgimiento y funcionamiento del Estado. De acuerdo a esta definición, el Estado incluye al menos cuatro dimensiones.

La primera apunta al Estado visto como un conjunto de burocracias orientadas a lograr o proteger algún interés público. La segunda, está relacionada al sistema legal estatal que penetra las relaciones sociales. La tercera coloca al Estado como el centro de sistemas de referencia y de identidad colectiva para los habitantes de su territorio (Estado para la nación o Estado para el pueblo). Finalmente, existe una cuarta dimensión que es un filtro que marca los espacios y fronteras que median entre el adentro y el afuera del territorio y la población que delimita (López, S., 2012).

Para ambos autores, estas cuatro dimensiones son históricamente contingentes y la medida de sus logros debe ser establecida empíricamente (caso por caso). No obstante ello, puede afirmarse que un Estado que satisface esos aspectos e impulsa la expansión y consolidación de las diversas ciudadanías (igualdad de derechos y libertades para todos), va adquiriendo el carácter de un Estado democrático (O´Donnell, 2004; López, 2012).

Dicho todo ello, cabría preguntarse por cuáles son justamente las principales características de los Estados de América Latina, para luego evaluar si estos logran satisfacer o no esas cuatro dimensiones de las cuales nos hablan estos autores.

Para López, S. (2012), las tesis expuestas por Guillermo O’ Donnell en su libro “Acerca del Estado en América Latina: diez tesis para discusión” (O’Donnell, G., 2004), son las siguientes:

Primera tesis. El problema principal del Estado latinoamericano no es el tamaño de sus burocracias sino la ineficacia de las mismas, la infectividad de su sistema legal y la escasa credibilidad de este y del gobierno.

Segunda tesis. Más allá de la urgente eliminación de burocracias innecesarias y, en general, de la racionalización de las mismas y procesos administrativos, la pregunta a responder para una auténtica reforma del Estado debería ser: para qué tipo de nación se propone que ese Estado sea. La respuesta a esta pregunta determinará qué agencias son o no necesarias, cuáles deben ser eliminadas y que otras creadas.

Tercera tesis.  Un amplio sector de la población se encuentra por debajo de un piso mínimo de desarrollo humano, en términos no solo de bienes materiales y de acceso a servicios públicos, sino también de derechos civiles básicos. Eso hace que el sector popular exprese una clara demanda por un Estado fuerte (ancho, eficaz, efectivo y creíble), ya que es a través de este que podrá inscribir y hacer efectivos sus derechos de ciudadanía.

Cuarta tesis. La situación descrita en la tesis anterior es sumamente grave pues tiende a corroer las bases de sustentación del propio régimen democrático. Su corrección debe tener en cuenta no solo las limitaciones económicas de cada país, sino también la presión que ejercen las fuertes constelaciones de poder que se oponen a esta tarea. Asimismo, debe reconocerse que el juego democrático admite diversos criterios y estrategias en este esfuerzo, a ser dirimidos mediantes los acuerdos y conflictos legalmente regulados que ese juego implica.

Quinta tesis. Se debe buscar ampliar la agenda pública de buena parte de los países de la región: en especial políticas públicas. Esa agenda ha sido monopolizada por cuestiones económicas, y casi siempre, definida según intereses de clases y sectores dominantes. Además, esa misma agenda ha tendido a criminalizar la pobreza y, con ello, acentuar el divorcio entre el sector popular y el resto de la sociedad.

Sexta tesis. Salvo excepciones, el Estado latinoamericano ha mostrado una cara ajena (y a veces hostil), a buena parte de su población. No solo le ha negado a muchos sus derechos, sino que al mismo tiempo, les ha otorgado privilegios y exención de obligaciones a otros. Se trata de un Estado que muchas veces ha reprimido con violencia al sector popular, además de limitarle el acceso a servicios estatales fundamentales como educación, salud y justicia. Se trata pues de un Estado que le ha negado una ciudadanía a gran parte de su población (las más pobre e indefensa).

Séptima tesis. En atención a lo señalado en la tesis anterior, deberían hacerse todos los esfuerzos, para que con el aporte de agencias (reformadas) se extienda a la población (sector popular, sobre todo), una amplia gama de derechos civiles y al menos una canasta básica de derechos sociales. Esto no sólo supone un acto de justicia, sino que permitirá también empoderar a vastos sectores de la población, para que estén en mejores condiciones de ir definiendo y redefiniendo sus propios intereses e identidades, como expresión de lo que hemos denominado la ampliación de la agenda pública, la vitalidad del juego democrático y el ensanchamiento del Estado.

Octava tesis. Persiste en Latinoamérica una distancia histórica entre el Estado y los diversos componentes del sector popular, agudizada por la ostensible influencia de intereses a los cuales no les interesa contribuir con el bien común; y, la actitud pasiva, si no obediente, que han exhibido varios gobiernos frente a la globalización económica y financiera.

Novena tesis. Las sociedades latinoamericanas (salvo escasas excepciones) siguen siendo sumamente fragmentadas y desiguales. Una manera de superar esto es extender homogéneamente la legalidad estatal, para que abarque no solo el conjunto del territorio, sino también a todas las categorías sociales. Se trata de consolidar no solo un Estado de derecho, sino de consolidar un auténtico Estado democrático de derecho que garantice efectivametne no solo previsibilidad y debido proceso, sino sobre todo consagre y haga efectivos los derechos de la ciudadanía.

Décima tesis. La necesidad de ampliar y homogenizar la legalidad democrática del Estado plantea una paradoja frente a la reciente emergencia y, en general, creciente reconocimiento, de los derechos colectivos de diversas minorías, sobre todo de los pueblos indígenas. Actualmente, el panorama en América Latina es alentador en este esfuerzo, pues varios países han hecho avances importantes (al menos en contraste con el desconocimiento y la brutalidad con que estos temas fueron tratados en el pasado) en el reconocimiento de la identidad y derechos de esos pueblos. Esto supone un esfuerzo con dos facetas: entender la legalidad estatal hasta eliminar amplias regiones en las que prevalecen de hecho otras legalidades (sultanísticas y mafiosas) y; por otro, hacerlo de tal manera que establezca una respetuosa convivencia con la de los pueblos indígenas.

A modo de conclusión, podríamos decir que los Estados en América Latina son débiles. Algunos de ellos, débiles en todos los aspectos: burocracia ineficiente, sistema legal ineficaz y falta de credibilidad del aparto público y el Gobierno. Otros han sido eficaces pero solo como máquinas represivas, pero poco han logrado para normalizar y homogenizar sus naciones y sociedades. El gran problema es que el Estado no penetra ni controla el conjunto de su territorio, ha implantado una legalidad frecuentemente truncada y la legitimidad de la coerción de la coerción que lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intérprete y realizador del bien común (López, S., 2012).

Finalizo con una cita textual de O’Donnell que grafica la gravedad de esta problemática: “Estas falencias (tener presente las diez tesis) son un grave problema por muchas razones, incluso en términos de desarrollo económico y social. También lo son porque estos estados y sus gobiernos tienen escasa capacidad para democratizar sociedades en las que una larga y muy asentada historia de desigualdad demanda persistentes esfuerzos en los que un Estado ensanchado debería jugar un papel central” (O’Donnell, G., 2004).

En suma, la tarea en América Latina por construir y consolidar un Estado Democrático de Derecho es enorme y demandará mucho esfuerzo, pero sino comenzamos ahora, los problemas pueden ir creciendo y la crisis social y política se agudizará marcando el futuro de muchos países de nuestra región, generando inestabilidad y desgobierno a gran escala. Esperemos que nuestros gobernantes tomen nota sobre la responsabilidad histórica que les corresponde asumir en sus respectivos países. Mientras que a los políticos les corresponde asumir el reto de resolver los problemas del Estado antes descritos. A nosotros, los electores, nos corresponde respaldar a los Gobiernos que demuestren con acciones concretas su compromiso con este propósito.