La corrupción y el desarrollo en América Latina

Nadie en América Latina puede poner en duda el hecho de que en los últimos años el continente ha venido atravesando, hasta antes de la crisis inmobiliaria americana que afectó a todos, un período de crecimiento económico sostenido que le ha permitido disminuir en mayor o menor medida, dependiendo de las políticas institucionales adoptadas por los diversos gobiernos, los índices de pobreza y exclusión a los cuales se llegó durante la década de los ochenta a la cual los especialistas e instituciones como la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe) bautizaron con el desesperanzador nombre de la “Década Perdida”.

Con esas estadísticas tenemos hoy en día un continente en el cual el ingreso per cápita ha venido en continuo aumento generando un clima de mayor confianza, otorgándole a los gobiernos que han seguido una política económica y fiscal responsable una mayor estabilidad y un mayor margen a la hora de implementar políticas de largo aliento vinculadas al fortalecimiento y promoción de mecanismos de comercio exterior como la firma de TLC’s o la elaboración de proyectos de inversión a gran escala vinculados con la modernización de infraestructura.

Por todo ello, parece ser que los analistas de nuestra región, o en todo caso una gran parte de ellos, centran exclusivamente su análisis en la evaluación de índices macro económicos que como ya hemos dicho nos pinta de cuerpo entero a un continente con un futuro más que promisorio. Sin embargo, son otras las cifras las que también se deben de evaluar al momento de determinar si un país o un continente, como sucede en el caso de América Latina, han iniciado o no el verdadero camino hacia el desarrollo. Entre estos indicadores o temas a tener en cuenta están aquellos vinculados a la seguridad jurídica, el orden y la paz social, la violencia, la discriminación social de todo tipo o la corrupción pública o privada, entre otros.

Hace algunas semanas, en el informe elaborado por Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción en América Latina, se señala que la corrupción como fenómeno social se ha extendido gravemente en la mayoría de países de la región como producto de la crisis y debilidad institucional y democrática, la práctica deficiente de políticas de gobierno y la presión excesiva que los grupos de interés ejercen sobre los gobiernos a los cuales muchas veces capturan poniendo al servicio de sus intereses particulares a toda la maquinaria estatal situación que genera en la ciudadanía sentimientos de desconfianza que tornan cada vez más difícil el fortalecimiento de lazos de diálogo y concertación entre la sociedad civil y el Estado, ya que éste último es visto como un aparato ajeno e indiferente a las necesidades reales de la ciudadanía el cual actúa en función del dinero que sus burócratas y funcionarios de todos los niveles y rangos reciben por favorecer a tal o cual empresa o grupo económico en sus negociados con el Estado, situación que entorpece el emprendimiento de políticas de Estado destinadas a generar un desarrollo mucho más igualitario y sostenible que promueva la inclusión de los sectores menos favorecidos de la sociedad.

En el citado informe se señala que de los 31 países de América Latina incluidos en la lista mundial de 180 países, diez, es decir sólo un tercio de ellos, obtuvieron una puntuación superior a 5, mientras que en 21 de los casos fue inferior, lo que demuestra la seriedad del problema si se tiene en consideración que el índice de medición tiene una escala de 0 a 10, donde las puntuaciones menores significan niveles elevados de corrupción, y las mayores, niveles más bajos.

En el caso de nuestra región son 7 los países que presentan mayores índices de percepción de corrupción ellos son: Argentina (2.9), Bolivia (2.7), Nicaragua (2.5), Honduras (2.5), Paraguay (2.1), Venezuela (1.9) y Haití (1.8). La otra cara de la moneda la ofrecen países como Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3) que fueron los únicos que alcanzaron el grupo de países que superan el índice promedio.

Ahora bien lo preocupante y curioso al mismo tiempo es que países como Colombia (3.7), Brasil (3.7), Perú (3.7) y México (3.3) que cuentan con las economía más sólidas de la región con una tasa de crecimiento sostenida durante la última década e ingresos per cápita en ascenso no son capaces de superar el índice medio al momento de analizar la percepción de corrupción que se tiene en sus sociedades, lo cual demuestra una vez más que no basta con presentar cifras macroeconómicas en azul para solucionar problemas de orden social como la corrupción, la cual parece haberse institucionalizado en esos países y en el nuestro, por la presencia de continuos escándalos de corrupción los cuales no una sino muchas veces quedan impunes o no reciben una respuesta contundente por parte de los sistemas de justicia, lo cual a su vez genera inestabilidad, no sólo social y económica sino también política pues ponen en duda la capacidad de la democracia y el Estado de Derecho para sancionar a aquellos que cometen ilícitos, dando espacio a los partidarios de los gobiernos fuertes y autoritarios que prometen orden, paz y tranquilidad mediante la conculcación de las libertades y la lesión de los derechos civiles.

La pregunta en todo caso es ¿Qué políticas, qué cambios o reformas han llevado a cabo países como Canadá, el cual con un índice de 8.7 ocupa en primer lugar en el ranking de países como menores percepción de corrupción para hacer frente a esta problemática? El mismo estudio señala que uno de los elementos necesarios e imprescindibles al momento de encarar el problema de la corrupción, además de los clásicos tópicos vinculados a la educación en valores éticos de la población, la inclusión de todos los sectores, o las reformas en cuanto a los sistemas de control, es el vinculado a la labor de fiscalización y participación que tanto la sociedad civil y la prensa hacen en la evaluación de la gestión gubernamental, siendo fundamental la transparencia en el manejo de recursos y la incorporación de medidas legislativas que pongan a disposición de la ciudadanía los medios necesarios para controlar a las distintas instituciones y niveles de gobierno, por ello la necesidad de difundir y dar a conocer a la ciudadanía al existencia de leyes como la de acceso a la información pública y transparencia o la ley que regula los mecanismos de participación política directa como la remoción o revocatoria de autoridades, puesto que sólo conociendo sus derechos la ciudadanía puede de manera directa o por medio de la prensa y medios de comunicación masiva poner al descubierto actos de corrupción pública y privada generando una conciencia social que impida que los mismos sean tratados con impunidad.

Teniendo en cuenta todo ello, no resulta extraño que países como Bolivia, Venezuela o Argentina presenten los menos favorables índices de percepción de corrupción si se tiene en cuenta que en todos ellos se viene desatando una campaña tendiente a recortar las libertades civiles y derechos ciudadanos como la libertad de información, expresión y opinión lo cual no hace otra cosa sino favorecer a aquellos que instalados en el gobierno incurren en actos de corrupción millonarios que quedan sin castigo debido a la presencia de una prensa amordazada o complaciente con el gobernante de turno, basta con recordar las expropiaciones que han sufrido los medios opositores de Chávez, Morales o Fernández, y la permanente campaña de persecución y hostilización que sufren los medios y periodistas independientes en estos países, para confirmar esta hipótesis.

En conclusión, siendo la receta conocida al momento de combatir la corrupción, los peruanos debemos de ser muy cuidadosos al momento de respaldar a tal o cual candidato en las próximas elecciones presidenciales, es fundamental asegurar la presencia de un gobierno respetuoso de la libertad de prensa y de las libertades democráticas, pues únicamente a través de la participación de la sociedad civil en la tarea de fiscalización y control del ejercicio del poder público es que se podrá hacer frente a la corrupción, denunciando todo acto o negociado que pongan en tela de juicio la transparencia en el manejo de recursos públicos los cuales muchas veces van a parar a los bolsillos de grupos de poder que en nada favorecen y contribuyen al desarrollo libre e igualitario de una país que como el nuestro necesita ser mucho más inclusivo si es que desea consolidar su sistema democrático y de Derecho.

Rafael Rodríguez Campos