Censura moral para los ministros

Este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los espectáculos más penosos de la vida política de nuestro país. Una vez más el acomodo, la sin razón, la irresponsabilidad y la indolencia, sobre todo la indolencia, se apoderaron de nuestra clase política. En un discurso lleno de ambigüedades y medias verdades, el primer ministro, Yehude Simon y la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, “trataron” de responder el pliego interpelatorio que el congreso de la república les formulase con la finalidad de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades políticas correspondientes por los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Ferry, en la denominada Curva del Diablo, que dejó el saldo trágico de 24 policías y 10 nativos muertos.

Tanto Simon, en primer término, como Cabanillas, se esforzaron por escudarse detrás de los altos mandos policiales, asignándoles a ellos toda la responsabilidad por el desastroso operativo policial llevado a cabo en la Amazonía de nuestro país. Simon, sin ideas, y desprovisto de la vergüenza política que todo ministro medianamente digno debe de conservar en este tipo de situaciones, se dirigió al país y a la representación nacional, haciendo lectura a un documento que más tenía de estudio sociológico sobre la fractura social y la exclusión histórica de algunos sectores y regiones de nuestro país que de pliego de respuestas a una problemática que en la hora actual requiere la mayor ecuanimidad y solidez moral posibles. “No solo se me interpela a mí o a la ministra del interior, sino también a este gobierno, pero también a los gobiernos anteriores, a este honorable Congreso y a los precedentes. Se nos interpela a todos los ciudadanos del país”, señaló, el todavía “primer ministro”. Acto seguido, dijo: “A los nativos siempre se les ignoró porque estaban lejos o eran pocos, por el abismo cultural existente con esas poblaciones. El grave error del Gobierno fue no saber comunicar, porque ni las tierras ni el agua se les iba a quitar”, sentenció.

Es cierto, nadie desconoce el diagnóstico sociológico y político que nos ofreció el premier Simon el día de ayer, pero él fue al parlamento nacional a rendir cuentas a la nación por la muerte de 34 peruanos en Amazonas, y no por la fractura social milenaria que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país. Lejos de asumir su responsabilidad política en este penoso y lamentable incidente y de honrar su palabra y presentar su renuncia, Simon le ofreció al país la misma careta del político criollo al cual le cuesta decir me equivoqué, y al cual le cuesta mucho más dar un paso al costado, o en buen castizo, decir señores renuncio. Simon asume equívocamente que aún le es útil a este gobierno. Simon cree seguir siendo un interlocutor válido entre el gobierno y el pueblo. Simon cree que su imagen después de lo de Bagua ha quedado sin mácula alguna gracias a las últimas gestiones que se ha esforzado por hacer desactivando los conflictos sociales en Andahuaylas, Sicuani, o la Oroya. Simon presume que la fórmula de conducir un gabinete es firmando actas y formando mesas de trabajo con todo grupo que cargado de un pliego de reclamos válido o no decide tomar una carretera, un puente o paralizar una ciudad, Simon no se da cuenta que hace mucho tiempo dejó de entender lo que algunos denominamos principio de autoridad y orden democrático.

Nadie, con dos dedos de frente, cree que el principio de autoridad se impone al caballazo y mediante el uso indiscriminado de la fuerza, nadie pide una masacre contra aquellos que democráticamente protestan, nadie está a favor de criminalizar o penalizar el derecho constitucional de los peruanos a patalear contra aquello que les parece injusto o perjudicial para sus intereses. Pero, por favor, nadie quiere un gobierno que pierda la brújula constantemente, que sea incapaz de dar respuesta a los conflictos sociales, un gobierno que desde sus inicios siempre actuó de manera tardía, cuando los puentes ya habían sido tomados, cuando las carreteras ya habían sido clausuradas, cuando el pánico ya se había instalado en la población, en fin, cuando la bomba ya les había estallado en las narices.

Al final de su alocución el premier le dice a la nación: “En el incidente de Bagua se inmolaron efectivos policiales para evitar una masacre, que los intereses desestabilizadores querían provocar”. Es cierto señor Simon, los policías se inmolaron, se inmolaron por la falta de pericia de una ministra a la cual la cartera del interior le quedó más grande que la de educación y por un comando policial que sólo sabe decir Chi Cheñor, frente a cualquier propuesta rocambolesca y rayana que doña Mercedes Cabanillas les planeta. Y ya saben, todos están avisados, aquél alto mando que no se cuadre frente a la ministra, porque desea mirar con la frente en alto a sus oficiales y no agacha la cabeza por más cómodo que le parezca el sillón que ocupa, es inmediatamente incentivado a dejar la institución, sino porque la policía ha tenido más de 4 inspectores generales, en menos de medio año. Lo curioso, sin embargo, es que meses antes, un general, decente y probo como el general Jordán, fue invitado al retiro y llamado cobarde por el mismísimo presidente de la república, cuando decidió rendirse y capitular frente a los agitadores que habían tomado el puente Montalvo, con la finalidad de salvaguardar la vida de sus oficiales que se veían ampliamente superados en número por la turba. Entonces, en que quedamos, con que gobierno nos quedamos, con el que llamó cobarde a un general por capitular y salvar la vida de sus oficiales, o con aquél que dice que los 24 policías muertos se inmolaron para evitar un mayor derramamiento de sangre.

Un párrafo aparte merece la ministra Cabanillas. Fiel admiradora de Poncio Pilatos, ella no se lavó las manos en un pequeño recipiente y con un chorrito de agua, ella se lavó las manos con todo el líquido que administra Sedapal. “El general Sánchez Farfán informó que el operativo de desalojo se llevaría a cabo el viernes 5 de junio. Dicha orden fue acordada por todo el Consejo de Ministros, no por un ministerio en particular. Tengo la conciencia tranquila. El ministro no es un mariscal de campo”, fueron las palabras con que la ministra defendió su cómodo sillón en el Consejo de Ministros y las gollerías que un cargo de este tipo ofrece a quien lo ejerce.

Háganos el favor señora ministra, todo el Perú sabe que una operación de esa envergadura no se realiza sin el consentimiento y apoyo de la autoridad política a cargo del sector. Querer hoy en día, escudarse en que la decisión fue tomada por todos los ministros, es decir por ninguno, y que la decisión del operativo recayó en la persona del general Sánchez Farfán, el cual tenía a penas una semana en el cargo de Director General de la Policía, es un acto de felonía política. O bien conoció de lo ocurrido, dio la orden, por encargo del presidente de la república, y en virtud de ello debe asumir su responsabilidad política por lo fatídico del operativo, o usted no es más que una recepcionista en el ministerio del interior en el cual los generales hacen y deshacen a su antojo, ordenan desbloquear puentes o carreteras y no le comunican en lo más mínimo el contenido de lo decidido. En ambos supuestos usted debe renunciar, por haber ordenado un operativo mal diseñado como a continuación lo señalaremos o por permitir que en su sector reine la anarquía y el desgobierno. Conociendo el carácter de la ministra ¿Alguien puede creer que Mercedes Cabanillas Bustamante no conocía de la fecha y la hora del operativo?

Ahora bien, y luego de conocer las conclusiones a las cuales arribó la Junta Especial de Investigación de Bagua , documento secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, queda claro que la responsabilidad política del primer ministro y de la ministra del interior es a todas luces una verdad incontrastable y que sus esfuerzos y discursos que ellos llevaron al parlamento no son más que los esfuerzos desesperados de dos políticos criollos que no quieren dejar de saborear la miel que el poder ofrece. De acuerdo con ese informe se llega a las siguientes conclusiones:

1.- Que no se llevó a cabo un planeamiento conjunto desde el momento en el cual se autoriza el apoyo de las FF.AA., hecho que produjo vacíos operacionales y descoordinación, como el presentado al desconocerse del día y la hora del inicio del operativo policial.

2.- Que el comando policial responsable de la conducción del desalojo inició el operativo sin tener en cuenta el término del despliegue del personal de las FF.AA solicitado el apoyo.

3.- Que los 800 efectivos dispuestos como refuerzos aún no habían llegado a Bagua cuando se dio inicio al operativo policial.

Queda claro entonces, que la interpelación del día de ayer tenía que haber servido para esclarecer estos hechos, pues era la única manera de establecer las verdaderas y correspondientes responsabilidades políticas y funcionales, además de ser un deber que la clase política de este país tiene frente a los deudos de los 24 policías caídos en esta acción y de los 10 civiles muertos debido al fuego cruzado en la zona.

En cualquier otro país del mundo, un hecho de similar naturaleza habría traído consigo la renuncia inmediata de los ministros responsables de los sectores vinculados a la problemática en la Amazonía, y la salida casi automática del primer ministro. En nuestro país, sin embargo, hemos sido testigos de los esfuerzos de ambos interpelados por mantenerse inamovibles en sus cargos, sacándole la lengua al país y burlándose con su indolencia de todos los peruanos. En ese sentido, es muy posible que la oposición no consiga los votos necesarios para proceder con la censura a ambos ministros; por ello, sólo resta confiar en que la sordera y la ceguera política de la cual por ahora son víctimas, tanto el premier Simon como la ministra Cabanillas, les de una tregua y les permita percibir la censura moral con la que hoy en día todo el Perú los sanciona.

Rafael Rodríguez Campos