jueves, 11 de junio de 2009

Crisis en la Amazonía


Fueron más de 50 días los que duró la toma generalizada de carreteras en la selva (Bagua). Tiempo durante el cual el gobierno esperó que la solución llegue por un toque de varita mágica de la ministra del interior, Mercedes Cabanillas o del primer ministro, Yehude Simon o, mejor aún, por obra y gracia de un ser superior que para el partido de gobierno, no es otro que el presidente de la república, Alan García. El saldo de semejante desatino político, todos lo conocemos, 24 policías y 9 civiles muertos, debido a los enfrentamientos llevados a cabo durante el operativo de desalojo de la carretera Fernando Belaunde Ferry bloqueada por los nativos durante 56 días.

En medio del dolor de los deudos por la pérdida de sus seres queridos, la indolencia y la frivolidad de nuestra clase dirigente se volvieron a poner de manifiesto con declaraciones tan desatinadas como las proferidas por nuestras autoridades políticas y policiales. “Nuestra misión era desalojar a los que estaban obstruyendo el tránsito y eso se logró, obviamente con las bajas lamentables para nuestro personal”, señaló el director general de la Policía Nacional, teniente general PNP José Sánchez Farfán. A su turno, el jefe del Estado Mayor, general Miguel Hidalgo, aseguró que hubo un trabajo previo de la policía antes de realizar el operativo; sin embargo no supo ni pudo explicar la razón de las bajas policiales en dicha acción policial. Finalmente, y como ya es costumbre en ella, la ministra del interior dijo: “Solo estaban para restablecer el orden interno. Solo lanzaron bombas lacrimógenas”, fueron las explicaciones que le ofreció al país.

Como puede apreciarse de las propias declaraciones de los actores del sector interior, las mismas carecen de un absoluto mea culpa que asuma la responsabilidad funcional que les corresponde, pareciera que tanto la ministra como los altos mandos policiales han perdido el absoluto sentido de la realidad, no se dan cuenta que con dicha actitud sólo se acrecienta el sentimiento de tristeza y dolor que hoy por hoy experimentan los familiares de los fallecidos. Y es que a estas horas, todos sabemos que el operativo fue un desastre, que los efectivos policiales enviados a la zona desconocían la situación real del conflicto, y que dicha responsabilidad obedece a la necedad de la ministra de no observar los canales de información a su disposición, el manejo profesional de la institución y a su continua falta de reacción frente a problemas de este tipo, los cuales no han dejado de estallarle en las narices desde que asumió el cargo de ministra; que entendemos, obedece más a un afán de protagonismo personal de cara a las elecciones generales del 2011, que al deseo sincero de conducir con eficacia y perfil de estado a una institución a la cual está llevando por el camino de la más absoluta ineficiencia.

Se sabe que hace más o menos dos semanas, agentes del Departamento de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) advirtieron a sus superiores que los nativos conseguían armamento y planeaban un enfrentamiento si el gobierno ordenaba el desbloqueo de las vías tomadas. En sus respectivas notas de inteligencia, los mismos agentes, sugirieron s sus superiores que se debía actuar de inmediato, con la finalidad de desactivar cualquier intento de violencia que pudiera escapárseles de las manos. Esa misma información, fue enviada a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, órgano que depende del director general de la institución, a cargo en esos días del tristemente célebre ex director general, Mauro Remicio, quién también habría recomendado la intervención y la captura de los dirigentes nativos que estaban promoviendo la violencia. Ante ello ¿Qué hizo la ministra? Nada, ¿Por qué no solicitó esa información? Y si lo solicitó ¿Por qué no tomó las medidas correctivas del caso y esperó 56 días para actuar? La respuesta es una: por incompetencia e indolencia política.

Pero la cuestión de fondo es otra, las preguntas que todos debemos de hacernos y tratar de responder son las siguientes: ¿Qué tipo de conflicto es este? ¿Quiénes son los actores sociales del conflicto? ¿Cuáles son las demandas que los pueblos nativos tienen frente al gobierno? ¿Cuál es la lectura que la clase política ha hecho de este conflicto? ¿Cuáles son las posibles salidas a este problema? A continuación trataremos de responder a estas interrogantes.

El problema amazónico tiene un trasfondo social y no político o delincuencial como algunos se esfuerzan en señalar. No se trata de una conspiración digitada y financiada por gobiernos extranjeros como el de Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, o por ONG’S izquierdistas u opositoras al actual gobierno, como errónea e interesadamente ha tratado de hacernos creer el partido de gobierno y el propio presidente Alan García. Estamos frente a una movilización social que tiene tintes de protesta reivindicativa, es una protesta frente a la eterna indiferencia y autoritarismo con que los diversos gobiernos de nuestro país han tratado a los pueblos amazónicos, se trata de una justa denuncia de los niveles de exclusión y marginalidad en los que éstos pueblos viven, sintiéndose víctimas de un Estado que los invisibiliza, que no los toma en cuenta, que con arrogancia y visión paternalista los define o concibe como ignorantes, salvajes, atrasados y violentos; se trata de de un reclamo frente a un Estado que en esta oportunidad les pretende imponer una visión de desarrollo ajena a la cosmovisión que ellos manejan, de un Estado que les ofrece la salvación, ya no a través del evangelio como en tiempos anteriores, sino a través de la inversión y el capital.


Pareciera que el gobierno, el Estado y la sociedad se esfuerzan por minimizar el problema, se olvidan que los aguarunas o awajun (grupo mayoritario en la parte nororiental del país) son un pueblo ancestral, que es dueño de sus tierras, antes que el mismo Perú naciera como nación independiente, olvidan que resistieron la violencia de los incas, los españoles y los explotadores del caucho en el siglo pasado. Pero lo más penoso es que el Estado olvida que ellos mismos ofrecieron su vida durante el conflicto del Cenepa con el Ecuador por la defensa de ese mismo Estado que hoy los tilda de delincuentes, asesinos o ignorantes.

Muestra de la exclusión e indiferencia con la que a lo largo de la historia estos pueblos han sido tratados, fue la falta de voluntad por parte del gobierno de dialogar con ellos y tomar en cuenta su opinión en torno a temas que afectan, ya sea de manera directa o indirecta, la integridad de sus tierras. Fueron 45 días los que tuvieron que transcurrir para que el gobierno decidiera instalar la mesa multisectorial de solución de conflictos; es decir, el gobierno tuvo que esperar que las regiones de Amazonas y San Martín se quedaran sin abastecimiento para que recién de muestras reales de querer solucionar el diferendo mediante el diálogo y con la participación de los nativos.

Queda claro entonces, que el conflicto en la selva de nuestro país es un conflicto netamente social, debe quedar claro que la actitud de algunos políticos de pretender convertir a este diferendo en un pretexto para desestabilizar al régimen, como es el caso del Partido Nacionalista, resulta ser una reacción advenediza y oportunista, pretenden generar en la movilizaciones y mediante el caos y la violencia, aquello que no pueden conseguir en las urnas, debido a que el pueblo mayoritariamente le da la espalda al programa político que ellos ofrecen. Lo mismo ocurre con la posición de otros líderes políticos, como el ex presidente Alejandro Toledo, quien luego de tildar de incompetente, autoritario y torpe al gobierno de turno, se ofrece como mediador en este conflicto, en un acto de total incoherencia ¿Cómo ser mediador de un gobierno incompetente, autoritario y torpe? No cabe duda, que la mezquindad y la miopía de nuestra clase política les impide ver y analizar con objetividad la naturaleza real del problema, un problema que pinta de cuerpo entero la figura de un país, que se divide entre los excluidos y los inmersos en el mercado y la globalización, y no entre los hortelanos y los amigos de la inversión, como maniqueamente ha pretendido hacernos creer el gobierno, un gobierno que considera revoltoso, terrorista y desestabilizador a todo aquél que no piensa y no comparte el discurso de García.

El reclamo de los pueblos nativos además de ser socialmente justo, es también jurídica y constitucionalmente atendible. Las comunidades solicitan la derogación de los decretos legislativos 1090 (Ley Forestal) y 1064 (promueve el cambio de uso en tierras de aptitud forestal) por haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por el Perú en enero de 1993), el mismo que a la letra señala: “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.

Queda claro, que en este caso el gobierno no cumplió con lo dispuesto en ese convenio internacional, tal y como ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo, institución que ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1064, por la Comisión de Constitución del Congreso, y por la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, quien en su momento ha instado al gobierno peruano a consultar a los pueblos nativos en todo lo relacionado al uso de las tierras donde viven.

Esperemos en todo caso que la decisión del día de ayer del Congreso de la República de suspender la vigencia de ambos decretos legislativos abra un espacio de diálogo entre el gobierno y las comunidades nativas a fin de buscar una solución a este problema que lleva ya más de 50 días de vigencia. Creo que la decisión del parlamento es acertada, pues es una muestra de la voluntad del Estado de dialogar y llamar a la participación a los pueblos nativos, es una muestra del interés del Estado y la sociedad por reconocer el derecho y la legitimidad de los reclamos provenientes de la amazonía. Están equivocados los que creen que una medida de este tipo evidencia la pérdida de autoridad del gobierno por ceder ante la violencia y el caos y no imponer el orden por la fuerza. Creo que lo importante es llevar a cabo las negociaciones con humildad y respeto por las opiniones diversas; el Perú, la sociedad peruana, debe reconocer que los nativos viven ancestralmente en esas tierras, y que el progreso y el desarrollo no les puede ser impuesto, por eso es importante el trabajo político y comunicacional del gobierno para convencer a los pueblos originarios de las bondades de la inversión privada y la explotación regulada de los recursos naturales, ya que la intransigencia y la sordera política sólo traen consigo pánico, caos y muerte.

Rafael Rodríguez Campos

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